Un ambiente regional

Ariel Arcos, Enrique Pagardoy y Juan Povaschuk 


Daniel Gatti
REL-UITA/Brecha
Adital

El mismo día que los diputados uruguayos terminaban adoptando la ley que restaura la "pretensión punitiva del Estado", en Brasil el Senado decidía crear una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente, y en Argentina la justicia fallaba en una causa emblemática: la de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), condenando a prisión perpetua a 18 militares, entre ellos al marino Alfredo Astiz.

Al otro lado de la cordillera, también el miércoles, un juez chileno acusó a siete ex militares de ese país por el secuestro de tres uruguayos. Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pagardoy Saquieres se habían exiliado en Chile, y luego del golpe de Pinochet se escondieron en una mina abandonada. Fueron detenidos y luego desaparecidos antes de llegar al Estadio Nacional de Santiago, improvisado campo de concentración de la dictadura. El ex general Francisco Martínez, los coroneles Mateo Durruty y Lander Uriarte, el suboficial René Eloy Cruces, y los también militares Gabriel Montero, Moisés Retamal y Guillermo Vargas, son quienes enfrentan la acusación. No es nuevo para ellos. Los siete ya están procesados por otras causas similares.

De estos países del Cono Sur, Brasil es el que tiene un mayor retraso respecto al pasado reciente. Ni un militar ha marchado preso por los delitos ocurridos entre 1964 y 1985. En ese terreno, es difícil que avance: no hay consenso en el gobierno para revisar la ley de amnistía promulgada en plena dictadura, más de treinta años atrás. Pero sí podría haber avances en el conocimiento de lo sucedido. Así por lo menos piensa el gobierno. El Senado brasileño refrendó una decisión previa de la Cámara de Diputados y la noche del miércoles decidió habilitar la creación de una Comisión de la Verdad para investigar desapariciones, asesinatos y torturas. Abarcará un período bastante mayor al de la dictadura (parte de 1946, concluye en 1988), como concesión a los militares, y funcionará durante dos años, integrada por siete personas nombradas por la presidenta Dilma Rousseff, ex guerrillera y presa política.

Entre familiares de víctimas, ex presos y militantes de asociaciones humanitarias hay escepticismo respecto a lo que la comisión aportará. "La prueba de que no será significativa es que los militares no la cuestionaron demasiado. Ni siquiera llegará a esclarecer la verdad", afirma una dirigente de la ONG Tortura Nunca Más. Y agrega que Brasil se vio obligado a "hacer algo" en este terreno luego de que a fines del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenara por el secuestro y asesinato de 61 guerrilleros en los años sesenta y declarara "sin efectos jurídicos" la ley de amnistía de 1979.

Donde es más difícil encontrar dos lecturas de lo sucedido esta semana es en Argentina. Una veintena de represores de la Esma fueron juzgados por la desaparición del escritor y periodista Rodolfo Walsh y del llamado Grupo de la Iglesia Santa Cruz, integrado entre otros por una de las fundadoras de Madres de la Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Dos de los acusados fueron absueltos y los otros 18 condenados, 12 de ellos a cadena perpetua. Entre estos últimos están Astiz y el jefe operativo de la Esma, Jorge "Tigre" Acosta.

Astiz, "el ángel de la muerte", no paró de desafiar durante el juicio oral a los sobrevivientes que lo presenciaban y hasta a los integrantes del jurado. Dos años atrás, cuando el juicio comenzó, Astiz entró a la sala de audiencias con un libro en sus manos, Volver a matar, que trata sobre la lucha contra la guerrilla. En 1998 el marino había sido destituido por unas declaraciones en las que se ufanó de ser "el mejor preparado para matar a políticos y periodistas". Fue demasiado hasta para el gobierno de Menem y lo condenaron (sin prisión) por apología del delito.

Poco después insistió: "No me arrepiento de nada. La Armada me enseñó a destruir, a poner bombas, a infiltrarme, a matar". Y tampoco tuvo reparos entonces en reconocer cómo había operado para secuestrar a la primera camada de dirigentes de las Madres de Plaza de Mayo, en 1977, infiltrándolas y haciéndose pasar por hermano de un desaparecido. O en contar cómo, un año después, en plena campaña en Europa de boicot al Mundial de Fútbol de 1978, fue enviado a París para infiltrarse en un comité de refugiados argentinos. Descubierto por un sobreviviente de la Esma, logró zafar. Pensaba tal vez Astiz, al admitir todo, años atrás, que nunca sería condenado.

El miércoles, en el Tribunal Oral número 5 estaban presentes varios de los cien sobrevivientes de ese campo por el que pasaron más de 5 mil secuestrados. Todos aplaudieron de pie la sentencia contra Astiz, el Tigre Acosta y sus compinches. Astiz protestó: "Esto es terrorismo judicial".

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PAGARDOY SAQUIERES, ENRIQUE JULIO: 21 años, estudiante, uruguayo, detenido desaparecido en Puente Alto a fines de septiembre de 1973.

 ARIEL ARCOS: Uruguayo, detenido desaparecido en Puente Alto a fines de septiembre de 1973.

POVASCHUK GALEAZZO, JUAN ANTONIO: 24 años, casado, uruguayo, fotógrafo, detenido desaparecido en Puente Alto, Santiago, a fines de septiembre de 1973.

 

Ariel Arcos, Enrique Pagardoy y Juan Antonio Povaschuk fueron detenidos cerca de San José del Maipo en el Cajón del Maipo, probablemente el 29 de septiembre de 1973, por funcionarios de Carabineros y por efectivos del Ejército, y trasladados al entonces Regimiento de Ferrocarriles de Puente Alto. Desde entonces se desconocen sus paraderos. De acuerdo a testigos sobrevivientes, también de nacionalidad uruguaya, al 11 de septiembre de 1973, todo ellos, incluidos Ariel Arcos, Enrique Pagardoy y Juan Povaschuk, se encontraban viviendo en la localidad de El Ingenio en el Cajón del Maipo. Habían viajado a Chile en calidad de exiliados políticos, pues en sus país se les vinculaba el movimiento Tupamaro.

 

Según los testigos, debido a los sucesos del 11 de septiembre de 1973, el grupo había acordado que en caso de que cualquiera fuera detenido, el resto debía huir hacia Argentina atravesando la cordillera. Por ese motivo, cuando uno de los integrantes del grupo fue detenido por Carabineros el día 20 de septiembre, los demás se precipitaron en el viaje planificado. Así, en los últimos días de septiembre de 1973, el grupo se dirigió a la localidad de El Volcán en el Cajón del Maipo, y mientras Juan Povaschuk y Ariel Arcos se adelantaron reconocer el terreno, los demás, entre los que estaba Enrique Julio Pagardoy, se refugiaron en el interior de una mina abandonada que había cerca del lugar. Al día fueron sorprendidos en ese lugar por carabineros, quienes los condujeron a la Comisaría del San José de Maipo, donde se les sometió a interrogatorios y a malos tratos.

 

En horas de esa misma noche, fueron sacados por militares del entonces Regimiento de Ferrocarriles de Puente Alto y conducidos hasta su recinto militar, donde volvieron a ser interrogados y golpeados, ahora por personas vestidas de civil. En este lugar los sobrevivientes vieron que también estaban detenidos Ariel Arcos y Juan Povaschuk. Posteriormente los militares separaron al grupo. Tres integrantes fueron conducidos

al Estadio Nacional y Enrique Pagardoy, Juan Povaschuk y Ariel Arcos permanecieron en el Regimiento. Desde entonces no se volvió a saber de ellos.

 

Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta el Consejo Superior llegó a la convicción de que Ariel Arcos, Enrique Pagardoy Saquieres y Juan Antonio Povaschuck Galeazzo desaparecieron mientras estaban privados de libertad por agentes del Estado. Por tal razón los declaró víctimas de violación de derechos humanos.

(Corporacion)

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Jueves 15 de enero de 2009   La Nación

Procesan a militares (R) por secuestro de uruguayos

Un general y un brigadier retirados fueron procesados por el juez Joaquín Billard, como autores del secuestro y desaparición en septiembre de 1973 de los ciudadanos uruguayos, Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres.

Los encausados son el general Francisco Martínez Benavides y el coronel Lander Uriarte Burotto, además del suboficial también retirado René Cruces Tapia.

Antes había sido igualmente declarado reo por este mismo delito el ex comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña de Puente Alto, coronel (R) Mateo Durruty Blanco.

Días después del golpe militar, seis uruguayos fueron arrestados por Carabineros de la subcomisaría de San José de Maipo al interior de una mina abandonada de la zona cordillerana.

Al parecer, ellos se ocultaban para planificar una huida a Argentina, pues se habían refugiado en Chile después de la asonada militar uruguaya el 27 de junio de 1973.

Los policías los condujeron hasta el referido regimiento, donde de acuerdo a los antecedentes del proceso fueron torturados reiteradamente, al igual que los centenares de prisioneros que pasaron por ese cuartel que comandaba Durruty.

A algunos incluso se les obligó a tragar vidrio molido, como lo testificó judicialmente el ex detenido Alfonso Brizuela Durán.

Desde aquel cuartel son sacados una noche por personal de Ejército para trasladarlos supuestamente al Estadio Nacional. Sin embargo, en el trayecto los custodios bajaron del vehículo militar a los tres uruguayos mencionados y los hicieron desaparecer hasta hoy.

Tanto el general Francisco Martínez como el coronel Lander Uriarte y el suboficial René Cruces, pertenecen a la franja de acusados de cometer crímenes de lesa humanidad menos conocidos y por primera vez procesados.

En el caso de Durruty Blanco, éste tiene ya una condena de 10 años y un día dictada en primera instancia por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marta Hantke, por el secuestro y desaparición desde el regimiento de Puente Alto en septiembre de 1973 de Juan Manuel Llanca Rodas.

Pero esta condena debe ser aún revisada por esa corte y luego por la Sala Penal de la Corte Suprema, que podría dejar a Durruty en libertad si le rebaja considerablemente la pena como es el criticado criterio jurídico que instaló ese tribunal hace más de dos años.

Los procesados por Billard fueron beneficiados con la libertad provisional mientras sigue adelante la investigación.