Denuncian que militares retirados pretenden presionar a la justicia para contrarrestar las nuevas demandas
Medios legales
Escrito por: Samuel Blixen
Mientras algunos militares insisten en "más de lo mismo" (presiones, amenazas), otros admiten que el "camino largo" no es redituable ante el inminente desmoronamiento del pacto de silencio. Una carta fechada a fines de 2010 y divulgada días atrás por Últimas Noticias revela la génesis de una coordinación entre organizaciones de militares retirados que mediante operativos "psicosociales" pretenden presionar a la justicia para contrarrestar las demandas sobre de-sapariciones, asesinatos, torturas y abusos sexuales que se multiplicaron en los últimos tiempos y cuyo trámite quedó confirmado con el pronunciamiento parlamentario sobre la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura.
La carta, atribuida al coronel (r) José Araujo, habría oficiado de catalizador del activo Foro Libertad y Concordia, del cual Araujo es uno de sus más visibles responsables.
A fines del año pasado Araujo proponía una "coordinación operativa" entre los oficiales retirados de cada una de las promociones militares para la defensa de aquellos que se sienten amenazados por las acciones judiciales y en general segregados por la sociedad. Araujo definía una "recalcitrante, indiscriminada y evidentemente interminable persecución mediática y judicial de cualquier combatiente de la guerra contrarrevolucionaria", y proponía "luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los prisioneros políticos, militares, policías y civiles".
Sin definir muy exactamente quién es el enemigo en "esta nueva forma de la misma guerra" (guerra que exigió torturar, asesinar y violar), Araujo describía la organización que debían darse las promociones, con un Comando Coordinador y múltiples equipos de tareas para "formar opinión pública, psicosocial y política para alcanzar el objetivo, en principio por medios legales". Para formar opinión pública por medios ilegales habría que remontarse a los años más duros de la dictadura, métodos que, "en principio", no están explicitados para esta etapa de la "guerra".
OFENSIVA. La propuesta de coordinación habría derivado en la creación del Foro Libertad y Concordia, que surgió un mes después de la divulgación de la carta abierta. Se estima que la iniciativa también habría fortalecido la tendencia a coordinar las acciones de los centros militares que ahora se expresan a través de una Plenaria.
Fue la Plenaria de Centros Militares la que denunció una suerte de manipulación del hallazgo de los restos óseos en el Batallón 14, en Toledo. Se atribuyó al profesor José López Mazz y su equipo de antropólogos el haber "ajustado" los tiempos del hallazgo para que coincidieran con el debate parlamentario de la ley que eliminó la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura.
Y una vez sancionada la ley, la Plenaria de Centros Militares anunció, a través del diario El País, la decisión de estimular a militares retirados y a familiares de víctimas que promuevan denuncias judiciales por asesinatos cometidos antes del golpe de Estado, atribuidos a militantes de las organizaciones de izquierda.
Voceros de la Plenaria informaron que era "inminente" la presentación ante juzgados penales de ocho denuncias de homicidios, en los que estarían implicados 14 ex guerrilleros, ninguno de los cuales –se apresuraron a aclarar– ostenta cargos públicos.
En previsión de los tiempos que se vienen en los estrados judiciales, los centros que agrupan a militares retirados han recopilado la información sobre unos 34 delitos cometidos presuntamente por tupamaros que no fueron procesados. Para el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez, la decisión de impulsar esas denuncias (por episodios que se remontan en algunos casos a 1952) no lo pone "feliz", pero explicó que la iniciativa tiene su razón de ser en que "no se cumple con la palabra". La crítica afirmación no permite saber quién empeñó su palabra y no la cumplió.
De todas formas, los 34 casos se transformaron días más tarde en 61 asesinatos: 41 con "responsables identificados" y 20 sin identificar. En las reseñas periodísticas de esos casos la información no es muy confiable pues se asegura que algunos presuntos responsables no fueron procesados, cuando es notorio que permanecieron 13 años en prisión. El objetivo último de la Plenaria es ejercer presión sobre los ex tupamaros que actualmente ocupan los más altos cargos de gobierno, amenazando con formular denuncias penales por su responsabilidad última como integrantes de la dirección del mln.
JUZGADOS A PRUEBA. Tan evidente es la ofensiva –en principio por medios legales– para presionar a la justicia, que el abogado Pablo Chargoñia interpuso una denuncia penal contra unos 400 militares retirados y en actividad por el delito de asociación para delinquir, por lo que se anunció que se radicará en uno de los juzgados para el crimen organizado. Según explicó Sergio López Burgos, militante de derechos humanos, sobreviviente del centro clandestino Automotores Orle-tti, de Buenos Aires, la denuncia se origina en la carta del coronel Araujo y en los diferentes hechos que confirman la existencia de un plan coordinado para ejercer presión sobre los magistrados.
Sin embargo, el intento de interferir en la acción de la justicia hasta el momento no parece haber dado frutos, en la medida que, una vez consagrada la imprescriptibilidad de los delitos, los jueces han retomado las citaciones a militares por casos que se venían tramitando desde hacía algún tiempo. Hay otras denuncias colectivas, concretadas en las últimas semanas, sobre las que aún no hay pronunciamientos de los fiscales. Fuentes judiciales han advertido que con los nuevos casos que se abren, la estructura judicial será puesta a prueba.
De la misma forma que estas nuevas denuncias han incorporado episodios por delitos que no habían sido denunciados anteriormente, como es el caso de los abusos sexuales sistemáticos, también han aparecido involucrados en los delitos nombres de oficiales hasta ahora no mencionados. Es el caso de 12 oficiales responsables de la Operación Morgan, cuya participación en la represión desatada a mediados de 1975 quedó confirmada por un documento encontrado por el equipo de investigadores de la Facultad de Humanidades, en el que el general Esteban Cristi difundió una orden de servicio extendiendo las felicitaciones a nombre de la comandancia de la Región 1.
La ubicación de ese documento en uno de los archivos militares da una idea del aporte documental que podría manejar la justicia si hubiera acceso a toda la documentación disponible. Por lo pronto, se sabe que los militares procesados y recluidos en la cárcel de Domingo Arena manejan en sus páginas web información de documentos a los cuales los investigadores designados por la Presidencia y la propia justicia no han accedido hasta el momento. Tal es el caso de cuerpos enteros de documentación, en especial sobre la represión al Partido Comunista y en particular la captura de Rodney Arismendi, que no han sido ubicados pese a que hay registros de su existencia.
En esta coyuntura, la organización para presionar a la justicia es uno de los caminos que eligen ciertos militares en retiro y en actividad. Otros, en cambio, aceptarían la evidencia de que el "camino largo" no es en definitiva redituable. No lo es en los estrados judiciales, donde los magistrados encuentran los modos de obtener la evidencia; y no lo es tampoco en la búsqueda de restos, donde la desinformación y la manipulación de datos no lograron desarticular la difícil pero constante búsqueda, ahora revitalizada con información confidencial de personal militar subalterno.
En este segundo plano –de aceptación de una realidad irreversible– se inscriben las recientes declaraciones del comandante de la Armada, contralmirante Alberto Caramés: "No quepa duda de que siempre estaremos decididos a contribuir con aquello que sirva para mitigar todos los dolores. Dolores que aún persisten en muchos de nuestros conciudadanos, y que son imposibles de olvidar".
Si sus propósitos son sinceros, es de esperar que desde la Armada surjan los elementos que permitirán saber qué pasó con prisioneros torturados en el Fusna, y de los que no se tiene noticia.
La carta, atribuida al coronel (r) José Araujo, habría oficiado de catalizador del activo Foro Libertad y Concordia, del cual Araujo es uno de sus más visibles responsables.
A fines del año pasado Araujo proponía una "coordinación operativa" entre los oficiales retirados de cada una de las promociones militares para la defensa de aquellos que se sienten amenazados por las acciones judiciales y en general segregados por la sociedad. Araujo definía una "recalcitrante, indiscriminada y evidentemente interminable persecución mediática y judicial de cualquier combatiente de la guerra contrarrevolucionaria", y proponía "luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los prisioneros políticos, militares, policías y civiles".
Sin definir muy exactamente quién es el enemigo en "esta nueva forma de la misma guerra" (guerra que exigió torturar, asesinar y violar), Araujo describía la organización que debían darse las promociones, con un Comando Coordinador y múltiples equipos de tareas para "formar opinión pública, psicosocial y política para alcanzar el objetivo, en principio por medios legales". Para formar opinión pública por medios ilegales habría que remontarse a los años más duros de la dictadura, métodos que, "en principio", no están explicitados para esta etapa de la "guerra".
OFENSIVA. La propuesta de coordinación habría derivado en la creación del Foro Libertad y Concordia, que surgió un mes después de la divulgación de la carta abierta. Se estima que la iniciativa también habría fortalecido la tendencia a coordinar las acciones de los centros militares que ahora se expresan a través de una Plenaria.
Fue la Plenaria de Centros Militares la que denunció una suerte de manipulación del hallazgo de los restos óseos en el Batallón 14, en Toledo. Se atribuyó al profesor José López Mazz y su equipo de antropólogos el haber "ajustado" los tiempos del hallazgo para que coincidieran con el debate parlamentario de la ley que eliminó la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura.
Y una vez sancionada la ley, la Plenaria de Centros Militares anunció, a través del diario El País, la decisión de estimular a militares retirados y a familiares de víctimas que promuevan denuncias judiciales por asesinatos cometidos antes del golpe de Estado, atribuidos a militantes de las organizaciones de izquierda.
Voceros de la Plenaria informaron que era "inminente" la presentación ante juzgados penales de ocho denuncias de homicidios, en los que estarían implicados 14 ex guerrilleros, ninguno de los cuales –se apresuraron a aclarar– ostenta cargos públicos.
En previsión de los tiempos que se vienen en los estrados judiciales, los centros que agrupan a militares retirados han recopilado la información sobre unos 34 delitos cometidos presuntamente por tupamaros que no fueron procesados. Para el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez, la decisión de impulsar esas denuncias (por episodios que se remontan en algunos casos a 1952) no lo pone "feliz", pero explicó que la iniciativa tiene su razón de ser en que "no se cumple con la palabra". La crítica afirmación no permite saber quién empeñó su palabra y no la cumplió.
De todas formas, los 34 casos se transformaron días más tarde en 61 asesinatos: 41 con "responsables identificados" y 20 sin identificar. En las reseñas periodísticas de esos casos la información no es muy confiable pues se asegura que algunos presuntos responsables no fueron procesados, cuando es notorio que permanecieron 13 años en prisión. El objetivo último de la Plenaria es ejercer presión sobre los ex tupamaros que actualmente ocupan los más altos cargos de gobierno, amenazando con formular denuncias penales por su responsabilidad última como integrantes de la dirección del mln.
JUZGADOS A PRUEBA. Tan evidente es la ofensiva –en principio por medios legales– para presionar a la justicia, que el abogado Pablo Chargoñia interpuso una denuncia penal contra unos 400 militares retirados y en actividad por el delito de asociación para delinquir, por lo que se anunció que se radicará en uno de los juzgados para el crimen organizado. Según explicó Sergio López Burgos, militante de derechos humanos, sobreviviente del centro clandestino Automotores Orle-tti, de Buenos Aires, la denuncia se origina en la carta del coronel Araujo y en los diferentes hechos que confirman la existencia de un plan coordinado para ejercer presión sobre los magistrados.
Sin embargo, el intento de interferir en la acción de la justicia hasta el momento no parece haber dado frutos, en la medida que, una vez consagrada la imprescriptibilidad de los delitos, los jueces han retomado las citaciones a militares por casos que se venían tramitando desde hacía algún tiempo. Hay otras denuncias colectivas, concretadas en las últimas semanas, sobre las que aún no hay pronunciamientos de los fiscales. Fuentes judiciales han advertido que con los nuevos casos que se abren, la estructura judicial será puesta a prueba.
De la misma forma que estas nuevas denuncias han incorporado episodios por delitos que no habían sido denunciados anteriormente, como es el caso de los abusos sexuales sistemáticos, también han aparecido involucrados en los delitos nombres de oficiales hasta ahora no mencionados. Es el caso de 12 oficiales responsables de la Operación Morgan, cuya participación en la represión desatada a mediados de 1975 quedó confirmada por un documento encontrado por el equipo de investigadores de la Facultad de Humanidades, en el que el general Esteban Cristi difundió una orden de servicio extendiendo las felicitaciones a nombre de la comandancia de la Región 1.
La ubicación de ese documento en uno de los archivos militares da una idea del aporte documental que podría manejar la justicia si hubiera acceso a toda la documentación disponible. Por lo pronto, se sabe que los militares procesados y recluidos en la cárcel de Domingo Arena manejan en sus páginas web información de documentos a los cuales los investigadores designados por la Presidencia y la propia justicia no han accedido hasta el momento. Tal es el caso de cuerpos enteros de documentación, en especial sobre la represión al Partido Comunista y en particular la captura de Rodney Arismendi, que no han sido ubicados pese a que hay registros de su existencia.
En esta coyuntura, la organización para presionar a la justicia es uno de los caminos que eligen ciertos militares en retiro y en actividad. Otros, en cambio, aceptarían la evidencia de que el "camino largo" no es en definitiva redituable. No lo es en los estrados judiciales, donde los magistrados encuentran los modos de obtener la evidencia; y no lo es tampoco en la búsqueda de restos, donde la desinformación y la manipulación de datos no lograron desarticular la difícil pero constante búsqueda, ahora revitalizada con información confidencial de personal militar subalterno.
En este segundo plano –de aceptación de una realidad irreversible– se inscriben las recientes declaraciones del comandante de la Armada, contralmirante Alberto Caramés: "No quepa duda de que siempre estaremos decididos a contribuir con aquello que sirva para mitigar todos los dolores. Dolores que aún persisten en muchos de nuestros conciudadanos, y que son imposibles de olvidar".
Si sus propósitos son sinceros, es de esperar que desde la Armada surjan los elementos que permitirán saber qué pasó con prisioneros torturados en el Fusna, y de los que no se tiene noticia.
Manipulación mediática
17/11/2011
El 55% de los uruguayos favorable a amnistiar a los militares
Militares entregaron la encuesta al ministro y ex tupamaro Fernández Huidobro. Seguridad y educación ranquean mejor que los crímenes de la dictadura, según InterconsultUn 55% de los uruguayos cree que habría que amnistiar a los militares acusados de delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, según una encuesta de Interconsult divulgada hoy por el semanario Búsqueda.
La investigación fue contratada por un grupo de altos oficiales del Ejército y fue remitida al Ministerio de Defensa, hoy al mando del ex tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro.
El secretario de Estado repartió los resultados de la encuesta entre ministros y altos funcionarios de gobierno.
El 34.5% estima que los militares deben ser juzgados. Uno de cada diez consultados no respondió la pregunta.
Tres de cada cuatro votantes blancos, nueve de cada diez colorados y uno de cada tres frenteamplistas piensan en la amnistía a militares como forma de curar las heridas del pasado.
Cuando se le preguntó a la población qué temas en realidad preocupan más que el revisionismo a la dictadura aparecieron varios tópicos.
El 71% manifestó que la seguridad ciudadana es una prioridad para el gobierno. En segundo lugar, pero lejos de la preocupación por la violencia, se encuentran los problemas de la educación (48%), un tema que en estos días vive una intensa controversia entre sindicatos y organismos oficiales respecto al rumbo que deben tomar los planes de enseñanza.
TUPAMAROS. Uno de cada cuatro uruguayos cree que el movimiento guerrillero tupamaros comenzó a actuar durante la dictadura militar (1973-1984), según la encuesta.
En realidad casi todos los historiógrafos coinciden que el Movimiento de Liberación Nacional comenzó a actuar entre 1963 y 1964 con la conformación de "El Coordinador", y que su primer acto público fue el asalto al Tiro Suizo.
De esa situación dio cuenta el relevamiento de Interconsult. El 60% de los uruguayos apuntó que los tupamaros iniciaron acciones durante "un gobierno democrático". En ese momento, el Poder Ejecutivo estaba en manos del Partido Nacional.
La investigación fue contratada por un grupo de altos oficiales del Ejército y fue remitida al Ministerio de Defensa, hoy al mando del ex tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro.
El secretario de Estado repartió los resultados de la encuesta entre ministros y altos funcionarios de gobierno.
El 34.5% estima que los militares deben ser juzgados. Uno de cada diez consultados no respondió la pregunta.
Tres de cada cuatro votantes blancos, nueve de cada diez colorados y uno de cada tres frenteamplistas piensan en la amnistía a militares como forma de curar las heridas del pasado.
Cuando se le preguntó a la población qué temas en realidad preocupan más que el revisionismo a la dictadura aparecieron varios tópicos.
El 71% manifestó que la seguridad ciudadana es una prioridad para el gobierno. En segundo lugar, pero lejos de la preocupación por la violencia, se encuentran los problemas de la educación (48%), un tema que en estos días vive una intensa controversia entre sindicatos y organismos oficiales respecto al rumbo que deben tomar los planes de enseñanza.
TUPAMAROS. Uno de cada cuatro uruguayos cree que el movimiento guerrillero tupamaros comenzó a actuar durante la dictadura militar (1973-1984), según la encuesta.
En realidad casi todos los historiógrafos coinciden que el Movimiento de Liberación Nacional comenzó a actuar entre 1963 y 1964 con la conformación de "El Coordinador", y que su primer acto público fue el asalto al Tiro Suizo.
De esa situación dio cuenta el relevamiento de Interconsult. El 60% de los uruguayos apuntó que los tupamaros iniciaron acciones durante "un gobierno democrático". En ese momento, el Poder Ejecutivo estaba en manos del Partido Nacional.
Terroristas de estado aterrorizados
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