Política 14.11.11
El presidente en su cárcel
“No puedo vivir angustiado, sólo mirando para atrás; mi angustia son los que van a venir, porque el mundo de atrás no lo puedo arreglar. Quiero que los orientales se encuentren, quiero que no tengan que odiar, que no tengan cosas que perdonar, que no tengan cosas que olvidar”, afirmó el presidente José Mujica en una rueda de prensa en Porto Alegre, donde se encontraba de visita oficial, ante la pregunta sobre la posibilidad de liberar a los presos mayores de 70 años, entre los que estarían varios militares procesados por violar sistemáticamente los derechos humanos durante la dictadura civil-militar. Expresiones similares realizó hace unos días su esposa, senadora y primera dama, Lucía Topolansky con el argumento de que “no es bueno tener gente vieja en las cárceles”. De acuerdo a esta propuesta, es lo mismo ser mayor de 70 años y estar en una cárcel VIP que tener la misma edad pero vivir hacinado en una cárcel común.
Lo peor no es la propuesta en sí, lo peor es pensar y actuar desde una perspectiva de izquierda sin reflexionar sobre las implicancias de la violencia política y el terrorismo de Estado. Es cierto, con todo derecho y como políticos que son, pueden plantear lo que consideren conveniente. Pero lo que no pueden hacer es eludir el debate sobre el pasado escudados en argumentos humanitaristas. Y esta propuesta anula esa discusión. En el caso específico de los militares y civiles no hablamos solo de “viejitos” que están llegando al final de sus vidas. Son hombres hasta no hace mucho impunes, que elaboraron o participaron en un plan de exterminio y de violación a los derechos humanos delante del cual ningún valor y ninguna ideología puede encontrar justificación. Si no es ético mantener a septuagenarios presos, ¿lo es ir a visitar a un general en actividad acusado de estrangular a una muchachita indefensa? En el caso de los ex guerrilleros que también son hombres y mujeres que, en una circunstancia histórica específica, adoptaron decisiones extremas. Discutir públicamente su accionar tendría repercusiones en su imagen, pero colaboraría en la posibilidad de pensar un proyecto de país más democrático.
Nosotros, los ciudadanos que gozamos de un Uruguay democrático, que festejamos cada edición del Latinobarómetro, hemos contraído una deuda con los sindicalistas, los militantes políticos y sociales, que hicieron todo lo posible para llegar a este presente. Pero una democracia amnésica, que no mira su pasado, es frágil, y más frágil lo es en un continente que ha conocido (y conoce) dictaduras, golpes de Estado y nostalgias de la mano dura. Por ende, no se trata de poner en cuestión las virtudes del humanitarismo, sino analizar e interpretar la violencia política y sus consecuencias. Esta versión conservadora y simplista del humanitarismo, que lo presenta como el corolario del fin de un combate, anula cualquier debate.
El presidente, por más que sea presentado como un “viejo sabio”, no es un guardián del pasado; pero, desde su ámbito, puede colaborar en la interpretación de ese pasado antes que pregonar la reconciliación y la unidad nacional. La sociedad debería conocer las atrocidades que cometieron los militares uruguayos y también por qué murió Pascasio Baez. No para ponerlas en un pie de igualdad.
Nada justifica una cosa o la otra. Nada las hace iguales. Es porque estos actos (como otros) exigen una explicación. Colaborar en ese sentido pondría al presidente a la altura de las tareas de la hora. Por el contrario, sin un balance sobre el pasado es inviable cualquier horizonte estratégico, y deseable, de una nueva política de izquierda. El filósofo alemán Karl Jaspers nos enseñó, reflexionando sobre su propia impasibilidad ante el nazismo, que la falta de castigo en un crimen repercute en el ámbito político ya que aquellos que pudieron hacer algo para sancionar al criminal y no lo hicieron también tienen cierto grado de responsabilidad. No hay duda, la impunidad revela mucho de la esencia estatal. Sería bueno que a caballo del planteo sobre la conveniencia de la prisión domiciliaria en el caso de los mayores de 70 años, alguien desde el gobierno hiciera un llamamiento para cuestionar si es humanitario que la legislación ampare a torturadores, o sobre las limitantes del orden institucional vigente, las injusticias que encierra y la posibilidad de extender sus potencialidades en vez de considerarlo algo eterno y dado.
La discusión sobre la violencia política y la violación a los derechos humanos seguirá vigente porque ninguna liberación de septuagenarios eliminará su presencia. Su existencia es una llaga social, para la izquierda, la derecha, los apolíticos y todos los que vengan. Intentar eliminarla anteponiendo declaraciones abstractas es una banalidad, un acto de pereza intelectual gigantesco y una irresponsabilidad importante. Si el presidente desea que los “orientales” no tengan “cosas que odiar” tampoco deberían substraerse del debate con argumentos simplistas.
Nicolás Duffau
Denuncias DDHH
La base es una carta del coronel (r) José Carlos Araújo;
el Foro libertad y concordia toma distancia
Denuncian a retirados militares
por asociación para delinquir
La Mesa Permanente Contra la Impunidad presentará hoy ante la Justicia Penal una denuncia contra retirados militares por "asociación para delinquir". La base es una carta donde el coronel (r) José Carlos Araújo llama a organizarse para "liberar a los presos políticos". El Foro Libertad y Concordia toma distancia. |
La carta, redactada por el coronel (r) José Carlos Araújo, propone una serie da acciones para "liberar a los presos políticos", como adelantó Ultimas Noticias el pasado sábado.
Según explicó Araújo a este medio, "la carta fue redactada para impulsar la creación del Foro. Hace un año que estamos funcionando y ¿qué hemos hecho de ilegal?". Agregó que la propuesta apunta a defender a sus camaradas enjuiciados y a denunciar "el mal uso del derecho por el que hoy la Justicia procesa sin pruebas".
Sin embargo, desde el Foro Libertad y Concordia el mayor (r) Juan Pérez y el coronel (r) Elmar Castiglioni tomaron distancia de la propuesta de Araújo. Pérez indicó que la carta “fue redactada el 22 de diciembre de 2010 y el Foro se fundó el 27 de diciembre.
No estamos de acuerdo. Ese texto fue descartado”. Castiglioni, en tanto, dijo a Ultimas Noticias que la denuncia constituye un "acto perverso, un sentimiento de querer silenciar las voces de quienes quieren liberar a sus camaradas".
Aclaró que el Foro no es una organización sino un espacio de discusión y coincidió con Pérez en que la carta no refleja el sentir del grupo. El texto de la denuncia que será presentada por el abogado Pablo Chargoñia, a la que accedió Ultimas Noticias, expresa que "no se cuestiona el derecho del coronel de expresar sus opiniones por más detestables que sean, como en este caso lo son, desde el punto de vista moral o político.
Sus convicciones, merecen empero la tutela jurídica". Los denunciantes argumentan que se "invita, promueve y organiza a una serie de acciones 'en principio por medios legales'. Si es en principio, las acciones que se promueven u organizan podrían ser a la postre, ilegales".
En tanto, se agrega que el texto redactado por Araújo "pronostica acciones ilegales sobre denunciantes en causas de derechos humanos, abogados, fiscales o jueces involucrados en tales procesos, testigos o periodistas".
Por otra parte, la denuncia argumenta que el llamado a organizarse para realizar acciones concretas con el fin de "liberar a los presos políticos" está dentro de los "tipos legales penales". Esto se debe a que la carta propone acciones coordinadas con las Fuerzas Armadas, lo que "encaja su conducta en el delito de asociación para delinquir, previsto en el artículo 150 del Código Penal". Respecto a la coordinación denunciada, Araújo aseguró que los miembros del grupo están en contacto permanente con el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Aguerre, ya que se conocen "desde niños" y jugaban juntos porque sus padres eran camaradas. Por lo tanto, la coordinación mencionada en la carta refiere a conversaciones y contactos que, según Araújo, "ya se tuvieron con los tres comandantes en jefe".
Según el militar, las reuniones no sólo son en dicho ámbito sino que también hubo encuentros con todos los sectores políticos, logias, y organizaciones políticas. "Hoy la Justicia procesa sin pruebas. Nosotros fuimos legitimados y reconocidos por el presidente José Mujica. A él tendrían que interrogarlo entonces", agregó. Asimismo, afirmó que se planea salir al interior para reclutar adeptos no sólo del ámbito militar, sino "personas de la sociedad civil que estén sufriendo situaciones similares".
Para quienes denuncian esta situación, "involucrar a la institución armada estatal en la actividad asociativa ilícita constituye un paso más en una acción gravísima atentatoria del estado democrático de derecho. A poco que recordemos nuestro pasado reciente, el anuncio de coordinación futura con las FF.AA. produce una alerta cívica inmediata: la institución militar no debe ser involucrada en aventuras antidemocráticas, contrarias al orden jurídico".
Se argumenta que la denuncia es presentada para e denunciar un plan de acción, en protección a la "seguridad personal y a la defensa de la labor independiente del Poder Judicial". Se solicita la realización de una "exhaustiva" investigación para determinar responsabilidades penales.
Un mensaje con diez objetivos concretos
1- Política y psicosocial: ejecutar acciones en partidos, gobierno e instituciones nacionales.
2 - Propaganda: acciones por los medios de comunicación, atendiendo la reivindicación de la lucha antisubversiva y la injusticia de los actos de venganza.
3 - Jurídica: acciones para formar un equipo de abogados y juristas dispuestos a luchar contra el "derecho penal del enemigo", formando opinión pública (no para defender en los estrados a los acusados).
4 - Acciones de apoyo a la reclusión de los prisioneros políticos.
5 - Acciones de apoyo con nuestras familias y esposas, hijos y familiares de acusados y prisioneros, en coordinación con familiares de caídos y víctimas civiles.
6 - Internacional: acciones de coordinación y apoyo mutuo con organizaciones en otros países e internacionales.
7 - Organización: acciones internas de personal y reclutamiento.
8 -Inteligencia: acciones de búsqueda, análisis y diseminación.
9 - Ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas.
10 - Finanzas y logística: acciones de apoyo a los puntos anteriores.
Ninguno de los que aparece en la filmación es el cnel. José Araujo Sbarra, el de bigotes es el ex oficial S2 Juan Pérez del arma de caballería.
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