Artilugios del grupo Von Appen en Uruguay
Se presenta como “la segunda terminal de contenedores de Montevideo”, pero nunca ganó una licitación. Exhibe con orgullo su calidad de “empresa uruguaya”, pero desde 2006 está en manos del grupo Von Appen de Chile, con un pasado siniestro en tierras trasandinas. Montecon, la empresa que jugó a la mosqueta en una licitación pública, presiona ahora al Estado para la adquisición de “grúas pórtico”. La posición de la Administración Nacional de Puertos (anp). El juicio adverso. La apelación. La raíz nazi.
A pocos metros de la vieja aduana, ahí donde el ancla del Graf Spee reposa para la contemplación de los visitantes, todo aparenta una relativa tranquilidad. Uno a uno, la grúa deposita los contenedores sobre el muelle. El barco, de procedencia coreana, espera. La imagen es siempre la misma. Y el lunes 17 de junio no fue la excepción. La llegada a Montevideo del Qingdao, un “megabarco” portacontenedores que junto a otras embarcaciones opera una nueva línea de transporte semanal de carga a Oriente, fue el pretexto para que el gerente general de Montecon, Juan Olascoaga, reclamara al presidente de la anp, Alberto Díaz, “dotar a los muelles públicos de grúas pórtico que permitan optimizar su uso y el ritmo de las operaciones”. Hace un año la empresa –con mayoría de capitales chilenos– solicitó a la administración del puerto de Montevideo el permiso para la adquisición de dos grúas pórtico con las que aspira a reducir la brecha que hoy mantiene con tcp. Según dijo Díaz a Brecha, se trata de “un tema complejo” que está siendo analizado con “informes” en base a los cuales el directorio del ente deberá tomar una definición. No es tarea sencilla: el actual plan director del puerto, consagrado en la ley de puertos, inhibe a los muelles públicos a incorporar grúas pórtico, una prerrogativa reservada sólo a la terminal de contenedores. Sin embargo, según explicó Díaz al semanario Búsqueda, el cuerpo de gerentes de la anp estaría analizando nuevas “facultades legales” que permitan incorporar las grúas pórtico en los muelles públicos, para lo cual es necesario modificar el plan director. Porque según el conjunto de normas actuales, al menos hasta el año 2015 sólo la terminal de contenedores puede operar con esta tecnología. Los muelles públicos, en cambio, únicamente están autorizados a mover contenedores mediante grúas móviles.
De ahí que Montecon se presente en su página web como “terminal de contenedores”, un estatus que, según explicó Díaz a Brecha, no tiene (véase recuadro). Juan Olascoaga, gerente general de la empresa, lo explica así: “Montecon es un operador privado, que opera las áreas públicas y opera las áreas de contenedores. En realidad somos un operador privado, un operador de contenedores. Actuamos frente a los clientes como terminal. Pero no somos una concesión, somos permisarios del puerto de Montevideo”. Sin embargo, tanto en el espacio que ocupa en el puerto como en documentos internos, Montecon sí se presenta como terminal de contenedores, mote bajo el cual ansía recibir la autorización para operar las grúas pórtico, algo a lo que ya aspiraba en diciembre de 2002, cuando tras la subasta de la terminal de contenedores Montecon –que aún no formaba parte del grupo Von Appen– interpuso una demanda por competencia desleal contra Terminal Cuenca del Plata (tcp), Nelsury sa, Katoen Natie, Sea Port Terniman y la mismísima anp, argumentando que la negativa del puerto a la instalación de una grúa pórtico “exponía a Montecon a una situación de inferioridad de condiciones frente a la sociedad concesionaria de la terminal de contenedores”, compuesta en un 80 por ciento por Nelsury sa (un holding conformado en un 60 por ciento por Seaport, que representa a Katoen Natie, y Zona Franca de Montevideo, Fanapel sa, Tacua y la empresa Brend, cada una con el 10 por ciento). El restante 20 por ciento de las acciones de tcp pertenece a la anp.
El oculto pasado nazi del patriarca del clan Von Appen
http://www.portalnet.cl 17 de Mayo de 2013
Fue declarado “elemento indeseable” y expulsado del país por el gobierno de la época
Julio Alberto von Appen ostenta una cátedra con su nombre en la Universidad Adolfo Ibáñez, financiada por sus hijos. Uno de ellos, Sven von Appen, sacó ronchas esta semana por sus declaraciones sobre los chilenos. Pero no es la primera vez que la familia enfrenta la ira nacional: en 1945 el ciudadano alemán y fundador de Ultramar fue expulsado por sus actividades de sabotaje en medio de La Segunda Guerra Mundial sindicado como “un peligro” para el país. Historia detallada en el libro “Chile y los Hombres del Tercer Reich”, de María Soledad de la Cerda, que da una versión muy diferente a la contada en el portal de la UAI.
por Claudia Urquieta Ch..
“Apfel” que en alemán significa “manzana”, era la chapa del espía que durante la Segunda Guerra Mundial lideró desde Chile la dirección de las actividades de sabotaje en toda la costa occidental de Sudamérica, y que tuvo por años de cabeza a los encargados de investigar los movimientos de las redes de espionaje del Tercer Reich que se habían tejido en el país transformándose en un constante reproche desde Estados Unidos.
La verdadera identidad de “Apfel”, que fue descubierta por los investigadores del Departamento 50, la unidad de contraespionaje chilena que logró desbaratar dos redes alemanas en el país, correspondía al ciudadano alemán conocido en Chile como Julio Alberto von Appen Oestman, radicado en Chile y padre de los hoy poderosos empresarios Wolf y Sven von Appen.
La historia del patriarca de uno de los grupos económicos más relevantes del país, cuyo hijo Sven von Appen sacó ronchas esta semana tras señalar que los chilenos se volvieron “hambrientos” por los beneficios de la economía y que sería bueno que “gane la izquierda comunista” para que haya una crisis “y el chileno llegue al nivel que corresponde y no se vuele”,está detallada en el libro “Chile y los Hombres del Tercer Reich”, de María Soledad de la Cerda.
Investigación que explica cómo el padre de la familia hoy líder del negocio portuario nacional a través de Ultramar, y también importante financista del Centro de Estudios Públicos (CEP), donde Wolf von Appen es vicepresidente del consejo directivo, tenía encomendado por el régimen nazi hacer volar usinas, barcos y fábricas. Y sobre todo el canal de Panamá.
Relato muy distinto a la historia que cuenta el portal del “Centro de Empresas Familiares Albert von Appen” de la Universidad Adolfo Ibáñez(UAI)donde se presenta al capitán de marina mercante como un extranjero que llegó a Chile con su esposa y sus dos hijos en 1937, omitiendo los verdaderos motivos que lo mantuvieron en el país y que terminaron con su expulsión ocho años después, sindicado por el gobierno como un peligro.
Según la versión de la UAI, “la II Guerra Mundial pone fin a su carrera y en 1943 se instala en una pequeña parcela que adquiere en Limache, iniciando un criadero de gallinas y una plantación de tomates”. Agregando que “a consecuencia de las contingencias de la guerra, en mayo de 1945 es internado en los EE.UU., desde donde vuelve recién después de 3 años”.
Pero los hechos, documentados en el libro de la investigadora, que hoy es casi imposible de conseguir, cuentan una historia muy distinta.
Julio von Appen
, relataba que su tarea ya estaba determinada y consistía
“en sabotear la producción industrial y minera y el tráfico naval, que
constituyera aporte bélico al enemigo”…. “Así aprendí cómo se preparan y
arman las bombas explosivas e incendiarias. Me enteré del rodaje
mecánico de las grandes industrias chilenas (…). En la última sesión se
nos hizo entrega de alambre de estaño y de algunos fulminantes muy
sensibles. Éste es todo vuestro equipaje de soldados sin uniformes.
Alemania confía en que lo demás lo hará vuestro patriotismo. ¡Heil
Hitler!”.El remolcador "Kiwi"
El Remolcador “Kiwi” fue utilizado durante la dictadura militar, por personal de la Armada de Chile para lanzar cuerpos de presos-políticos al mar. Un miembro de la tripulación del Kiwi relato que después del golpe militar varias veces llevaron a bordo cuerpos de personas que eran lanzados desde el muelle a la cubierta y que luego la nave salía a alta mar donde los tiraban. “A nosotros, la tripulación del “Kiwi”, nos encerraban en el pañol de cadenas cuando hacían estas operaciones”. Relato también que contaban los bultos cuando caían a la cubierta. Y que después contaban los chasquidos cuando caían al agua mar adentro. Cada vez sumaron diez a doce cuerpos. Al parecer los cuerpos de los presos-políticos eran trasladados de distintos centro de tortura (posiblemente desde Londres 38, Villa Grimaldi y José Domingo Cañas) en camiones de transporte de la estatal Pesquera Arauco para tirarlos a la cubierta del “Kiwi” y botarlos en alta mar.
El Remolcador “Kiwi” pertenece al consorcio marítimo Ultramar de los hermanos Sven y Wolf Von Appen. Recientemente la empresa trasladó esta nave a Perú y la rebautizó como “El Brujo”
Criminales y Cómplices
Capitán Rodolfo Iván Pearce Hartmann (Capitán de corbeta de la Armada de Chile en San Antonio y Jefe de Puerto después del golpe militar); Capitán Renato Barrientos Subiabre; La Compañía Maritima Kenrick (esta Compañía sabia exactamente para que se utilizaba el remolcador cuando era entregado a la Marina)
Fuentes de Información: Diario: “La Nación”
Operación Kiwi: Enterrados en el mar
El
temporal azotaba violento en el Canal de la Mancha. Los hombres del
Canguro se dieron cuenta de que el remolcador hacía más agua de la que
podían bombear y supieron que se irían al fondo del mar si no recibían
auxilio. Habían zarpado desde el puerto alemán de Husum en el Mar del
Norte, donde la compañía Kenrick los envió a buscar la nave. Era 1981.
Lanzaron el S.O.S. repetidas veces. Pero al Pituco Reyes no sólo lo
aterró la muerte, sino que además lo atacó el peso de la conciencia.
Pensó que si no se liberaba del secreto que le quemaba desde hacía años,
quizás no entraría en el reino de Dios. La idea le golpeó más fuerte
que el pensamiento de la muerte y las gigantescas olas que barrían la
cubierta. Le insistió varias veces al capitán del Canguro para que le
prestara atención por lo que tenía que contarle, pero éste estaba
preocupado de los llamados de auxilio y las maniobras para evitar
hundirse. Finalmente, el capitán se dio cuenta de que lo que el Pituco
quería contarle era grave y lo tenía descompuesto. Entonces el Pituco le
contó. “Es que no me quiero llevar el secreto capitán”, le dijo medio a
gritos por el ruido de la tormenta.
Con
la voz temblorosa por el miedo y el frío, le dijo que después del golpe
militar mientras era patrón del remolcador “Kiwi” en el puerto de San
Antonio, varias veces llevaron a bordo cuerpos de personas que eran
lanzados desde el muelle a la cubierta y que luego la nave salía a alta
mar donde los tiraban. “A nosotros, la tripulación del “Kiwi”, nos
encerraban en el pañol de cadenas cuando hacían estas operaciones”,
relató.
Le
dijo que, cómo él, el maquinista Manuel Miño y el ayudante el Nacho
Ortiz, a la segunda vez ya se dieron cuenta de qué se trataba. Que
contaban los bultos cuando caían a la cubierta. Y que después contaban
los chasquidos cuando caían al agua mar adentro. Cada vez sumaron diez a
doce cuerpos. Mientras el Pituco terminaba la confesión, los hombres
escucharon el motor de un helicóptero. Estaban salvados. Un buque de
salvataje de la Armada británica los auxilió y los remolcó hasta un
puerto inglés.
En
el viaje hasta el puerto británico el capitán pensó que esta era la
segunda confesión que escuchaba sobre estos hechos, aunque no se lo dijo
al Pituco Reyes. En 1977, la misma historia se la había confidenciado
en San Antonio, a bordo de un barco mercante panameño, el capitán de
corbeta y práctico de la Armada de Chile en San Antonio, Rodolfo Iván
Pearce Hartmann. A él le había tocado hacer los viajes en el “Kiwi”, de
la misma Kenrick, para tirar los cuerpos en alta mar. Las operaciones se
realizaron principalmente entre 1974 y 1975. Pearce era amigo del
capitán del Canguro, Vicente, nombre de fantasía en esta crónica porque,
tras relatarnos a fines de 2003 esta historia y confirmarla en
conversaciones posteriores durante 2004 agregando detalles, pidió
reserva de su identidad.
El
capitán Vicente, oficial de Marina en retiro, fue apresado en San
Antonio en las primeras horas después del golpe militar de 1973. Desde
1970 trabajaba en una empresa del Estado. En San Antonio y apenas
producido el golpe, el teniente coronel Manuel Contreras, que pocos
meses después se convirtió en el jefe de la DINA, nombró al capitán
Pearce como jefe del puerto. Además, entre otras disposiciones, confiscó
los camiones de transporte de la estatal Pesquera Arauco. Los temidos
camiones tres cuartos platinados se convirtieron en el traslado de la
muerte para los prisioneros políticos. A bordo de éstos decenas de ellos
fueron sacados vivos desde distintos recintos de detención,
especialmente desde Londres 38, y nunca más regresaron a ningún lugar.
Fue en estos camiones en los que cada vez llegaron los cuerpos al muelle
de San Antonio para tirarlos a la cubierta del “Kiwi” y botarlos en
alta mar.
La Gobernación
Cada
vez que los camiones llegaban al muelle con su cargamento de cadáveres y
el Pituco, Miño y el Nacho Ortiz eran encerrados en el pañol de
cadenas, estrecho lugar donde va el ancla, a bordo subía un equipo de
marinos de la Gobernación Marítima de San Antonio para apoyar las
operaciones. La participación de estos hombres de la Armada en el “Kiwi”
fue confirmada por el capitán Pearce a Vicente, según lo relata este
último.
“El
remolcador 'Kiwi' siempre lo pidió la Gobernación Marítima de San
Antonio”, dijo en su ofuscación Víctor Hugo Reyes Castillo, El Pituco,
cuando lo ubicamos en San Antonio hace unos días después de una larga
búsqueda. Hombre atrevido y de armas tomar, nos echó de la puerta de su
casa tras decir “mire, no indague más sobre esto. ¿Quién lo manda a
usted?”.
“Yo
no puedo decir ni sí ni no, porque tengo que velar por la carrera de mi
hijo que es militar y por mi tranquilidad ahora que estoy jubilado. No
quiero problemas de esto o de esto otro. Vaya a preguntarle esto a la
compañía (Kenrick) porque a ellos la Gobernación Marítima les pedía el
remolcador. La compañía sabe de todo esto porque una vez me lo
preguntaron”, dijo con vehemencia. Pero no negó ni al capitán Vicente,
ni el viaje a Alemania a buscar el Canguro. Cada vez que le insistimos
en que dijera si todo era verdad, respondió lo mismo: “No puedo decir ni
sí ni no, porque no quiero problemas”. Además, dijo enojado, “yo no sé
si usted es un militar que anda indagando”, a pesar de que le habíamos
mostrado las credenciales de prensa. El punto de quiebre con el Pituco
llegó cuando le preguntamos por tercera o cuarta vez cuántos viajes se
hicieron para botar los cuerpos. Entonces levantó la mano amenazante y
dijo “ya le dije, no indague más. Usted será vivo pero yo no soy
huevón”. Y cortó la conversación entrando rápidamente a la casa
profiriendo amenazas de enviar gente a investigarnos.
Pero
el Pituco confirmó un antecedente no menos importante: que el capitán
Pearce no había dicho la verdad cuando lo ubicamos en su departamento en
Viña del Mar. Pearce dijo no conocer ni al capitán Vicente ni al
Pituco, cuando sí sabe perfectamente quiénes son. De hecho, Vicente dijo
que hace tres semanas Pearce se encontró con un amigo común y preguntó
por él, por su salud. Además, Pearce afirmó que “jamás estuve a bordo de
un remolcador”. Cosa que el Pituco retrucó cuando le hicimos la misma
pregunta: “claro que estuvo, cuando la Gobernación pedía el remolcador y
él estaba de guardia”.
Cuando
después de negar conocer a todos por quienes le preguntamos, al capitán
Pearce le hicimos directamente la pregunta ‘¿Niega usted que a bordo
del “Kiwi” sacó varias veces cuerpos de prisioneros para lanzarlos al
mar?’. Su respuesta, repetidamente, fue similar a la del Pituco: “Mire,
yo no puedo negar nada porque no conozco de eso”.
Pearce
estuvo en el puerto de San Antonio entre 1970 y 1976, junto a otro
oficial de igual graduación que él y también práctico, de nombre Renato
Barrientos Subiabre.
El tercer testigo
Un
tercer testigo de los viajes del “Kiwi” con su cargamento humano es
quien fue en el “Kiwi” ayudante del maquinista Miño, Nacho Ortiz. (Miño
ya falleció). En 1995 Ortiz reconoció a dos abogados de derechos humanos
cuando le fueron a preguntar por la historia que “a nosotros nos
encerraban en el pañol de cadenas”. La terminología “pañol de cadenas”
también fue usada por Vicente y el Pituco Reyes. Esa vez Ortiz dijo a
los entrevistadores que los viajes “fueron varios”. También les confirmó
que “en el remolcador iba Miño que era el maquinista, y el patrón (El
Pituco)”. Y les dijo que de esta historia “hay otros más que también
saben”, refiriéndose a determinados hombres del puerto de aquellos años
que no nombró. “En ese tiempo los marinos hacían lo que querían”, dijo
Ortiz, confirmando que por el tiempo en que sucedieron los hechos
“estaban el capitán Pearce y el capitán Barrientos”. “Los cuerpos los
llevaban envueltos”, agregó en esa entrevista Nacho Ortiz.
Los camiones
En
declaraciones judiciales, el ex agente de la DINA Enrique Fuenzalida
Devia relata la forma de operar de los camiones de la Pesquera Arauco
respecto de los prisioneros en los centros clandestinos de detención en
la Región Metropolitana. “A Londres 38 llegaban camiones tres cuartos
cerrados y acondicionados para la mantención de pescado en frigoríficos,
que eran de la Pesquera Arauco. En ellos se traía y sacaba detenidos.
Preciso que estos camiones frigoríficos de la Pesquera Arauco sacaban
desde Londres 38 a prisioneros de la DINA”, afirmó Fuenzalida en una de
sus múltiples declaraciones en los procesos que se instruyen por
detenidos desaparecidos y ejecutados.
La
utilización de estos camiones para estos fines también es reconocido
por otros ex agentes en los expedientes de los procesos. Desde el lugar
de detención salían vivos, pero al muelle de San Antonio llegaban de
noche muertos y amortajados y con un peso para que se fueran al fondo
del mar, de acuerdo a lo que relata el capitán Vicente. La altura del
muelle a la cubierta del remolcador era de unos diez metros.
Salimos
en una lancha a buscar el “Kiwi” por las aguas del puerto de San
Antonio, pero sin suerte. “Está en Caldera hace varios años”, gritó
desde otro remolcador un tripulante. En San Antonio, los hechos que
sucedieron a bordo de esta nave se comentan entredientes por algunas
personas que todavía tienen miedo de hablar.
Según
datos de la Dirección del Territorio Marítimo de la Armada, el “Kiwi”
aparece todavía prestando servicios, al 31 de diciembre de 2001, en el
puerto de Caldera, pero ahora para la Sociedad Naviera Ultragas
Limitada. Su número de matrícula es el 2804, su tonelaje de registro
grueso (TRG) es de 154,67, y mide 25,40 metros de eslora (popa a proa) y
8,22 metros de manga (ancho). Y su frecuencia para comunicarse por
radio es Charli-Bravo-Segunda-Quinta-Segunda-Segunda (CB 2522). Hoy es
un remolcador viejo, pero lleva a bordo una cuota de la historia oscura
del régimen militar.
En los barcos
Estos
hechos forman parte hasta ahora de la historia no oficial de la
represión, de aquella no divulgada o desconocida, y tampoco investigada
por un juez. Episodios de este tipo todavía hay bastantes. Lo que se
afirma que sucedió a bordo del “Kiwi” no fue consignado en el Informe
Rettig, ni el informe posterior consolidado de la Corporación Nacional
de Reparación y Reconciliación. ¿Cuántos fueron los viajes que hizo el
“Kiwi”?, la cifra no está precisada.
Pero
sobre todo, son sucesos que vinculan a la Armada, rama que hasta ahora
no aparece demasiado manchada con la muerte y la sangre de las víctimas,
salvo la que corrió por los cuerpos torturados, especialmente en el
fuerte Miller de la Infantería de Marina en Las Salinas en Viña del Mar,
donde el entonces teniente Arturo Samith Aasman se destacó por su
crueldad.
Siempre
se ha hablado de que los cuerpos de los prisioneros no sólo fueron
arrojados al mar desde helicópteros del Comando de Aviación del
Ejército, como está comprobado en la investigación del juez Juan Guzmán
en el proceso por la muerte de Marta Ugarte, sino que también fueron
lanzados desde algún barco y su obra se atribuye a la Armada. Sin
embargo, de los dos barcos que más se mencionan, el Maipo y el Lebu,
ambos mercantes de la Compañía Sudamericana de Vapores prestados a la
Armada para usarlos como prisión y anclados en Valparaíso tras el golpe
militar, indagaciones de LND permiten afirmar que desde estas naves no
desaparecieron prisioneros vivos, ni se utilizaron para lanzar cuerpos
al mar. Tampoco desaparecieron detenidos desde el Buque Escuela
Esmeralda, aunque a bordo de éste se torturó a los prisioneros, algunos
de los cuales intentaron suicidarse en la desesperación como fue el caso
de uno de apellido Barrientos. O el del sacerdote Miguel Woodward que
murió en el Hospital Naval de Valparaíso producto de las torturas en la
Esmeralda y cuyo cuerpo desapareció.
El
Maipo ancló en el molo de abrigo en Valparaíso el mismo 11 de
septiembre de 1973 y llegó a tener en sus bodegas unos 500 a 600
detenidos, varios de los cuales salieron en libertad en los primeros
días. El viernes 14 de septiembre se produjo en Valparaíso la principal
resistencia coordinada, cuando grupos de militantes de izquierda
atacaron con disparos cuarteles de policía y el regimiento Maipo en el
cerro Playa Ancha. También hubo refriegas en la plaza O’Higgins con
marinos que estaban apostados en la escuela Ramón Barros Luco. Producto
de este acontecimiento el Maipo zarpó al día siguiente a Pisagua con
unos 200 prisioneros. De ellos no desapareció ninguno. A Valparaíso
regresaron casi dos meses después a bordo del Orella, comandado por el
hoy día senador de la UDI Jorge Arancibia. Algunos volvieron en buses.
En
cuanto al Lebu, este barco-prisión tomó el lugar del Maipo en el molo
inmediatamente después que éste zarpó a Pisagua. Pero el Lebu tenía la
característica de que era un buque que estaba para ser desguazado, por
lo que no podía navegar. No existen registros serios ni memoria
colectiva que indiquen que desde estas naves desaparecieron prisioneros o
se arrojaron cuerpos al mar.
Pero
la respuesta a lo que siempre se sigue hablando puede estar en el
“Kiwi” y en el personal de la Armada que, de acuerdo a los antecedentes
que se relatan en este reportaje, habrían tomado parte en estos viajes
mar adentro. La única forma de transformar estos relatos en una verdad
jurídica, es que un juez investigue este episodio. Esto termina casi
siempre por asustar a los agentes, que concluyen admitiendo los hechos
como viene ocurriendo en centenares de procesos por violaciones a los
derechos humanos.
Ante la policía
El
capitán Vicente ya prestó declaración ante la policía de
Investigaciones acerca de estos sucesos. En ellas sostiene refiriéndose a
las confesiones del Pituco Reyes: “En el viaje de vuelta (a Chile)
desde Alemania, las condiciones de navegación eran malas. El se asustó y
me confesó que en su remolcador ““Kiwi”” botaban los cadáveres de
presos políticos al mar, haciéndome hincapié en que nada tenía que ver
en esto. Me dijo que a él lo iban a buscar a medianoche, junto a toda su
tripulación, pasando a recogerlos una camioneta de la Gobernación
Marítima. Se hacía un zarpe normal, pero posteriormente a la tripulación
la encerraban en el pañol de proa donde se guarda la cadena del ancla.
Entonces una vez a bordo, llegaba Pearce o Barrientos con una
tripulación de marinos de la Gobernación Marítima. Se procedía a cargar
los muertos para lo que, según relató, atracaban el remolcador en el
muelle, hasta donde llegaban los camiones de la Pesquera Arauco con unos
bultos, los cuales eran lanzados desde el muelle a la cubierta del
remolcador, a diez metros de altura aproximadamente. Luego se salía a
alta mar y a la cuadra del faro de San Antonio, ignorando a qué
distancia, botaban los cadáveres. Esta tripulación contaba los
chapuzones de los cuerpos en el agua, los que eran comparados con los
golpes en la cubierta al momento de cargar. Estos operativos se
efectuaron en varias ocasiones y en cada viaje llevaban entre 10 a 12
bultos. El Pituco Reyes me contó que como al segundo viaje se percataron
de que se trataba de cuerpos de personas que iban amortajados y
llevaban un peso para que se hundieran”.
El
testigo sostiene que está dispuesto a ser careado ante un juez con el
capitán Rodolfo Pearce y el Pituco Reyes, quienes no quisieron negar ni
admitir a LND lo que el capitán Vicente asegura que le confesaron. No
obstante, en sus escurridizas respuestas tanto Pearce como el Pituco
emitieron dichos que, analizados en el contexto de los datos, revelan
que ocultan información.
Nombres y cifras
No
se puede afirmar quiénes podrían ser los detenidos que tuvieron como
destino final el fondo del mar en la “Operación “Kiwi””. Pero sí se
puede decir que desde el campo de prisioneros de Tejas Verdes
desaparecieron al menos 16 detenidos. Ellos son José Nanjarí Astorga;
Rebeca Espinoza Sepúlveda; Gustavo Farías Vargas; Julio Fernández
Fernández (uruguayo); Nelsa Gadea Galán (uruguaya); Miguel Heredia
Vásquez; Víctor Mesina Araya; Luis Norambuena Fermandois; Jorge Ojeda
Jara; José Orellana Meza; José Pérez Hermosilla; José Rivas Rachitoff;
Gerardo Rubilar Morales; Ernesto Salamanca Morales; Ceferino Santis
Quijada; y Félix Vargas Fernández.
Algunos
de ellos desaparecieron entre 1974 y 1975, y otros en 1973. De todas
formas, lo más probable es que la gran parte de quienes llegaron a bordo
del “Kiwi” fueron prisioneros sacados en los camiones de la Pesquera
Arauco desde Londres 38, Villa Grimaldi o José Domingo Cañas.
Revisadas
las estadísticas oficiales de detenidos desaparecidos de la Región
Metropolitana entre los años 1973 a 1978, el período de la DINA, estos
suman 590. (En 1978 hay sólo dos víctimas). Si se considera que desde
los helicópteros del Comando de Aviación del Ejército se lanzaron al mar
en ese período por lo menos 400 a 450 cuerpos, de acuerdo a las
investigaciones del juez Juan Guzmán en el proceso por el homicidio de
Marta Ugarte, se tiene que es perfectamente posible que entre 1974 y
1975, desde el “Kiwi” se lanzaran al mar 50 a 100 cuerpos, dependiendo
de la cantidad de viajes que un juez pueda precisar si investiga los
hechos. Las cifras cuadran y aportan otro elemento para hacer creíble la
historia. Son los desaparecidos que nunca más serán encontrados. Las
víctimas de la DINA cuya información el Ejército no logró aportar a la
Mesa de Diálogo de Derechos Humanos en 2000, y que el Informe de las
Fuerzas Armadas emanado de esa reunión en enero de 2001 tampoco incluyó.
Es el primer vínculo entre la Armada y la DINA en una operación de
exterminio masiva
“EL BRUJO” DE LOS VON APPEN
Coincidencia
o no, una vez publicado por LND en diciembre de 2003 el reportaje “400
cuerpos al mar”, arrojados desde helicópteros del Ejército, los dueños
del remolcador Kiwi rápidamente lo hicieron desaparecer de aguas
chilenas. La vieja nave cumplió la misma tarea de muerte, según nuestro
reportaje del 12 de septiembre pasado.
Hoy
existen cuatro antecedentes nuevos. El juez Alejandro Solís ordenó la
instrucción de un proceso sobre los hechos acaecidos a bordo del Kiwi;
las primeras indagaciones policiales y judiciales confirmaron los viajes
macabros mar adentro en San Antonio; la credibilidad de estos sucesos
fue descartada en 2000 por la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos,
informada allí por la Gran Logia Masónica de Chile; y el Kiwi ya no es
más el viejo Kiwi, porque su nombre fue cambiado por El Brujo y llevado a
Perú por el consorcio marítimo chileno Ultramar de propiedad de los Von
Apeen.
El
remolcador, que se encontraba en el puerto de Caldera, opera desde
diciembre de 2003 en el fondeadero de Pimentel, a 12 kilómetros de
Chiclayo, bajo bandera peruana como nave de la compañía Petrolera
Transoceánica de la cual los hermanos Sven y Wolf Von Appen son dueños
del 50 por ciento. Wolf también es vicepresidente del Centro de Estudios
Públicos, CEP.
Transoceánica
pasó a formar parte de la compañía madre Ultramar, donde los Von Appen
son dueños absolutos. El Kiwi pertenecía en rigor a la Sociedad Naviera
Ultragas Ltda. otra firma de Ultramar, de la cual los empresarios de
origen alemán son también sus únicos propietarios. Pero la dueña
originaria del Kiwi en la década de los años 70’ cuando se hicieron los
viajes para arrojar cuerpos de prisioneros políticos al mar, era la
Kenrick, compañía luego absorbida por los hermanos Von Appen para
anexarla a Ultramar. La única posibilidad de que el ministro Solís pueda
hacer una reconstitución de los hechos a bordo del Kiwi-El Brujo, es
que los Von Appen devuelvan el remolcador a Chile. Si no colaboran con
la justicia, el juez tendría que pedir autorización a la Corte Suprema
para viajar a Perú y hacer sus indagaciones vía exhorto internacional.
LOS AVANCES
La
investigación que inició el magistrado a partir del reportaje de LND
comienza a arrojar resultados. Se hilvanan hechos y detalles que
constatarían que de estas operaciones estaban perfectamente informados
en la compañía Kenrick (que aún no pertenecía a los Von Appen), y que la
Armada tenía el control absoluto del puerto y los sitios de embarque de
San Antonio. De hecho, fue el propio Manuel Contreras Sepúlveda, en ese
tiempo teniente coronel y jefe militar de San Antonio después del golpe
militar, quien entregó el mando del puerto al capitán de corbeta de la
Armada, Rodolfo Iván Pearce Hartmann.
Los
viajes se hicieron en la oscuridad de la noche encerrando a la
tripulación civil del remolcador en los camarotes o pañol de cadenas,
indistintamente. Los capitanes hoy en retiro de la Armada, ambos además
prácticos de puerto, Pearce y Renato Barrientos Subiabre, imputados de
comandar el remolcador junto a personal de la Gobernación Marítima de
San Antonio o de Ejército para botar los cuerpos en alta mar, continúan
negando, ahora ante el juez. Aunque con excusas infantiles.
Cuando
LND entrevistó al principal imputado, Pearce, en Viña del Mar, éste
negó todo, aunque no directamente, pues siempre dijo “yo no puedo negar
nada, porque no conozco de eso que me pregunta”. En los avances de las
indagaciones judiciales cumplen un papel relevante funcionarios del
Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones, quienes en pocos
días han obtenido valiosos antecedentes.
La
historia del Kiwi fue relatada a LND por un capitán de la Armada en
retiro a quien identificamos entonces como Vicente, porque pidió reserva
de su identidad. Esta misma fuente ha aportado valiosa información al
ministro Solís y será careado con quienes siguen negando haber
participado en las maniobras del Kiwi. De hecho, el mismo Vicente pide
esos careos.
Hasta
ahora no está determinado de cuántos viajes se está hablando ni de
cuántos cuerpos, pero el Kiwi salió varias veces con su carga, mientras
un barco de la Armada lo controlaba apostado en la bahía de San Antonio.
Los cuerpos llegaban al muelle a bordo de camiones de la Pesquera
Arauco, empresa estatal hasta el golpe militar, cuyos camiones fueron
confiscados por Manuel Contreras. Estos vehículos fueron utilizados para
sacar detenidos vivos, desde los centros de detención de la DINA en
Santiago, y que desaparecieron. Las operaciones a bordo del Kiwi fueron
realizadas entre fines de 1973 y 1974, pero aún falta establecer en la
investigación judicial iniciada a comienzos de octubre, las fechas
exactas o aproximadas.
ATORMENTADO
Algunos
testigos de la tripulación del Kiwi en aquel tiempo han comenzado a
morir. Primero falleció el maquinista del remolcador, Manuel Miño. Y
este año lo hizo su ayudante en la embarcación, Francisco Ortiz Ponce,
el “Nacho” Ortiz. El mismo que en 1995 dijo a dos abogados de derechos
humanos que lo visitaron en San Antonio para consultarle por los hechos
que “a nosotros nos encerraban en el pañol de cadenas”. Familiares suyos
sostienen que nunca más pudo vivir en paz, y que en los últimos meses
ya ni siquiera se atrevía a entrar a rezar a una iglesia. “Nacho” Ortiz
murió atormentado y convencido de que su Dios lo había olvidado. Lloraba
en las noches con lo que vio y con el recuerdo de los horribles viajes a
alta mar. Pero él, Miño y el mismo patrón del remolcador, “el Pituco”
Reyes (Víctor Reyes Castillo), a quien entrevistamos en San Antonio,
fueron también víctimas de órdenes militares superiores. Reyes no negó
entonces, ni confirmó, lo que LND le fue a preguntar, pero dejó claro
que sí sabía bien acerca de lo que le consultábamos, desmintiendo en
varios puntos al capitán Pearce. Sencillos hombres de mar toda la vida,
el destino los enfrentó a tener que oler la muerte en los sacos que se
cargaban a bordo.
Antes
de morir, Manuel Miño escribió en un cuaderno estos traumáticos
recuerdos. La evidencia podría llegar ahora a manos del ministro Solís,
si su hijo se decide a entregársela. Para estos hombres los únicos
culpables de su sufrimiento, el de sus familias, y del dolor causado a
los familiares de aquellos arrojados al mar en estas operaciones, son
quienes las ordenaron y las realizaron materialmente.
LA MASONERÍA Y LA MESA
No
está claro por qué la Mesa de Diálogo no dio credibilidad a esta
denuncia, instancia a la cual llegó informada desde la Gran Logia
Masónica de Chile bajo el índice “Situación Nº3, V Región”. Fue nuestra
propia fuente, el capitán Vicente, quien entregó esa información a la
Masonería el año 2000. Vicente relató, grosso modo, exactamente lo que
contó a este medio, luego de leer el reportaje de diciembre de 2003
sobre los cuerpos arrojados al mar desde los helicópteros Puma del
Comando de Aviación del Ejército. Tal vez, la razón del descrédito de la
Mesa de Diálogo puede explicarse porque el informe de la Gran Logia
equivocó la cifra mencionada por Vicente. En vez de consignar “70”
cuerpos aproximados que según Vicente sostiene que dijo, el informe
anotó “700 cadáveres al mar”. Tal cifra es insostenible dado que, de
acuerdo a estadísticas oficiales, entre 1973 y 1978, el período de la
DINA, en la Región Metropolitana desaparecieron 590 personas (en 1978
hay sólo dos casos).
No
obstante, según Vicente, -quien cada vez se enoja más por no haber sido
escuchado antes o porque sus antecedentes aparecieron distorsionados en
la Mesa de Diálogo- esa instancia debió consignar el caso para que
fueran los tribunales de justicia los que dilucidaran el asunto. “No
tendríamos ahora a algunos testigos ya fallecidos y habríamos ganado
tiempo”, comenta.
Se
desconoce si el comandante en jefe de la Armada -durante la Mesa de
Diálogo- y hoy senador de la UDI, Jorge Arancibia, supo de los viajes de
la muerte realizados por el Kiwi en los que evidencias apuntan hoy a
que participó personal en servicio activo de su institución. La Armada
niega todo de lo cual se le acusa acerca de crímenes cometidos durante
la pasada dictadura. El nuevo conflicto lo enfrentará este mes que se
inicia, cuando se haga público el informe de la Comisión sobre Prisión
Política y Tortura. Parte de su contenido desmentirá las negativas de la
institución, porque establece que en la Armada, al igual que en las
otras fuerzas uniformadas, en todo el país, la tortura a los prisioneros
fue una política sistemática.
Extraña
casualidad el nombre con el que fue rebautizado el Kiwi por sus dueños.
Pero ahí está, en el puerto peruano de Pimentel, según las
informaciones de las empresas del consorcio Ultramar en Chile y de
Petrolera Transoceánica en Lima, cumpliendo tareas menores por su
antigüedad. No es razonablemente explicable este traslado a Perú de una
nave con tan poca capacidad técnica hoy día, además de desgastada por
los años. Los actores de esta tragedia que no fue consignada en el
Informe Rettig ni en ningún documento que relate los horrores de la
dictadura de Augusto Pinochet, tendrán que volver a subir a bordo para
reconstituir los crímenes cuando llegue el momento judicial. El capitán
Vicente está contento porque, finalmente, alguien le creyó.
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