OPE PASQUET Y LA REVISION DEL COLABORACIONISMO CON LA DICTADURA
La responsabilidad de los partidos políticos en el golpe de Estado de 1973 y la connivencia de algunas de sus figuras públicas con la dictadura, era un debate largamente pospuesto por parte del sistema político uruguayo que durante 40 años había cobijado el tema con un manto teñido de impunidades bajo el cual, cada protagonista relata su versión oficial de los hechos para que solo en un lejano futuro sus acciones u omisiones sean, eventualmente, juzgadas. Pero algo cambió durante el acto recordatorio que se celebró hace una semana en el Parlamento…
TEXTO: ROGER RODRIGUEZ / rogerrodriguez@adinet.com.uy
"Yo siento que no puedo señalar responsabilidades de nadie, pero creo que tengo el derecho de hacerlo y tengo el deber de hacerlo para señalar las responsabilidades de mi partido. El decreto de disolución de las Cámaras está firmado por el presidente Juan María Bordaberry. El presidente Bordaberry fue elegido por el lema Partido Colorado, esa es nuestra gran responsabilidad, es cierto que no fue elegido en una elección interna y no fue elegido por la Convención, pero eso no le quita al hecho su carácter de tal, fue elegido por el lema Partido Colorado y esa es nuestra responsabilidad"…
La histórica frase de autocrítica que surgió de los labios del diputado colorado Ope Pasquet Iribarne (quien tenía apenas 17 años aquel 27 de junio de 1973) no estaba en el libreto preparado para la sesión parlamentaria de recordación del golpe de Estado, en la cual las bancadas habían acordado la intervención de un solo orador por cada partido y, de algún modo, no pretendían que el acto se constituyera en una sesión de interminables debates –a pesar de que se trataba de un aniversario “redondo”-, cuando otros temas, como el ingreso de la ley presupuestal estaban por colocarse sobre la mesa.
Sin embargo, las palabras de Pasquet Iribarne provocaron una fuerte repercusión dentro de su propio partido, donde Julio María Sanguinetti salió a explicar que Juan María Bordaberry “no era una figura política, no tenía tradición partidaria, venía del mundo del gremialismo rural y desgraciadamente tuvo una débil convicción democrática y no supo enfrentar al golpe” y Jorge Batlle (que tenía previsto emerger en la sesión como un héroe por su encarcelamiento de aquellos días) espetó un “está clavado que es idiota. Esto estaba mucho antes organizado, esto no lo organizó Bordaberry. El imbécil de Pasquet… Nunca he visto un imbécil más grande”
La discusión pública implicó al actual líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, hijo del dictador, quien primero evitó la polémica con un “el compañero que hizo uso de la palabra expresó lo que era su opinión sobre un tema, opinión que es la de él y como tal se podrá compartir o no; yo en gran parte no la comparto”; y luego advirtió “si el camino que van a seguir es ese de discutir el pasado, la pelea o el insulto, están yendo contra la nueva forma de hacer política. En ese camino no hay lugar para mí. Por lo que si la mayoría de ustedes decide ir por él no cuenten conmigo. Si me quieren acompañar, los espero. Si no quieren sigan su camino”
TERRORISMO DE ESTADO
El tema, para el pesar de Jorge Batlle y de Bordaberry (h), quedó instalado en la prensa y, particularmente, en las redes sociales donde volvieron a circular notas con listados de los “civiles de la dictadura” que años atrás se habían publicado en Brecha, La República, El Popular y otros medios; a la vez que se recordó que por la Ley N° 18.596 del 18 de setiembre de 2009 se reconoció que el terrorismo de Estado en Uruguay comenzó el 13 de junio de 1968 cuando el también colorado presidente Jorge Pacheco Areco impuso sucesivamente las medidas prontas de seguridad, bajo las cuales se practicó sistemáticamente la tortura.
Efectivamente, fue desde mediados de aquel 1968, cuando se descartó la introducción del Impuesto a la Producción Mínima Exigible (IMROME) y se negaron los intentos de solución a la paralización en el puerto, la banca y la prensa, que la represión gubernamental se desató y con el nacimiento del “pachecato” se produjeron cambios ministeriales por los cuales los intereses de los sectores financieros, agropecuarios e industriales, tuvieron representación directa en el gabinete con figuras como el banquero Jorge Peirano Facio, los hacendados Carlos Frick Davie, Jaime Montaner o Juan María Bordaberry, o el baldomirista César Charlone.
Desde entonces se sucedieron las renuncias ministeriales: Manuel Flores Mora, Alba Roballo y Pablo Moratorio dejan las Secretarías de Trabajo, Cultura y Defensa; había caído el Ministro del Interior, Eduardo Jiménez de Arechaga, interpelado por Zelmar Michelini ante la muerte de estudiantes; Wilson Ferreira había tirado a Guzmán Acosta y Lara en Trabajo y luego lo haría con Pedro Cersósimo por su ineficiencia en Interior y con Charlone en Economía, por beneficiar al Banco Mercantil del propio Peirano Facio, por entonces convertido en canciller.
La debilidad política del gobierno colorado continuó en la siguiente administración luego de las elecciones de 1971 en las que surge el Frente Amplio, Pacheco no logra la reforma constitucional que le permitiera ser reelecto, Ferreira Aldunate denuncia un fraude electoral y la presidencia de la República queda en manos de un casi desconocido Bordaberry quien asume el 1 de marzo de 1972, en medio de las denuncias contra el Escuadrón de la Muerte y que, luego de las acciones del Movimiento de Liberación Tupamaros del 14 de abril y la sangrienta respuesta represiva, termina por impulsar una ley de seguridad que limitó al Poder Judicial y abrió el camino de la insurrección militar.
También el gabinete bordaberrista se desgaja en poco tiempo: Jorge Mora Otero se desvincula por el avance de los militares, que provocan sucesivas crisis en el Ministerio de Defensa donde desfilan Enrique Mangini, Augusto Legnani, Armando Malet y Antonio Francese, hasta llegar a la rebelión del 9 de febrero de 1973. Se fueron de Transporte Carlos Ribeiro y José Manuel Urraburu, renunció Julio María Sanguinetti en Cultura, Julio Amorín Larrañaga lo hace de Trabajo y Moisés Cohen de Economía por el encarcelamiento de Jorge Batlle. Cuando se produce la disolución del Parlamento, renuncia el vicepresidente Jorge Sapelli, el socialista Pablo Purriel (Salud Pública), José María Robaina Ansó (Educación y Cultura), Jorge Presno (Industrias y Energía) y Javier Barrios Tassano (Secretario de la Presidencia). También se va Ángel Servetti (Obras Públicas).
DICTADURA CIVICO-MILITAR
El cierto que los batllistas del Partido Colorado asentaron su discrepancia con el golpe de Estado a través de la encendida intervención que el senador Luis Hierro Gambardella hizo aquella noche en el Parlamento, como es correcto que “Unidad y Reforma” (Lista 15) de Jorge Batlle hizo una declaración pública el 3 de julio en contra del golpe y en favor de una “salida electoral” que lo separó del resto del bloque opositor; pero a la vez, quedaron apoyando a la dictadura importantes referentes de la Unión Colorada y Batllista (UCB) del ex presidente Pacheco Areco, para entonces embajador ante el reino de España.
El gabinete dictatorial quedó integrado por el colorado Alvaro Pacheco Seré en la secretaría presidencial, el coronel Nelson Bolentini en el Ministerio del Interior, los pachequistas Walter Ravenna en Defensa y Juan Carlos Blanco en la Cancillería, y sostenido por los blancos José Etcheverry Stirling en Industria y Comercio, Juan Bruno Iruleguy en Salud Pública, Benito Medero en Ganadería, Marcial Bugallo en Trabajo, Francisco Mario Ubillos en Transporte y Comunicaciones, surgen los “independientes” Edmundo Narancio en Educación, Eduardo Crispo Ayala en Obras Públicas, Federico Soneira en Transporte y Obras Públicas, y en Economía y Finanzas queda “por error” Manuel Pazos (se dice que pretendían a otro técnico de Ancap) quien en poco tiempo será sustituido por el quincista Alejandro Vegh Villegas.
La presencia de Vegh Villegas en la dirección económica de la dictadura desde 1974 a 1976, durante las presidencias de Bordaberry y Alberto Demicheli, y su regresó al ministerio entre 1983 y 1985, bajo el mandado del general Gregorio Álvarez, se constituye en uno de los puntos más sensibles del revisionismo histórico de los colorados, que defienden su permanencia como un “caballo de Troya” que siempre mantuvo informado a sus dirigentes, que incidió en la caída de Bordaberry y que, cuando era inminente la salida democrática, intentó ordenar las finanzas de un país sacudido por la inflación provocada en el quiebre de la “tablita” de 1982.
A partir de la gestión Demicheli (colorado que ya había integrado la junta de gobierno de la dictadura de Terra) y de Aparicio Méndez (blanco de Por la Patria que firmó la denuncia de fraude electoral), aunque se mantienen Alejandro Rovira (UCB), Estanislao Valdéz Otero (Herrerismo) y Walter Ravenna (UCB), es que en el gabinete comienzan a surgir nuevas figuras sin mayor “pedigrí” político, que se transformarían en los rostros civiles de la dictadura: Daniel Darracq (vinculado al grupo Soler), Adolfo Cardoso Guani (Supermercados Disco y Canal 12 ), Mario Arco Pérez (Tradición Familia y Propiedad), Julio Eduardo Aznárez (Plan Agropecuario, Rausa, Astra), Luis Heriberto Meyer (Federación Rural, Inac ), Francisco Tourrelles (Radio Clarín, Estancia La Ibérica), Jorge León Otero (primo de Valdéz Otero), Carlos Maeso (abogado empresarial laboralista) o Luis Vargas Garmendia (Atma, Hotel Nirvana, Banco Comercial, Acsa) y Valentín Arismendi (ex cadete militar que pidió la baja por una problema de salud y fue convocado por su camaradas en el poder... creador de la “tablita”).
LOS ROSADITOS VERDOSOS
Pero a pesar del enojo de los actuales líderes colorados y del silencio que sobre el tema están haciendo los blancos (quienes en su momento juzgaron y expulsaron del partido a colaboracionista de la dictadura), ambas colectividades políticas tienen una fuerte presencia en el órgano que sustituyó como legislativo al Parlamento: el Consejo de Estado, que presidía el herrerista Martín Echegoyen, e integrado por Alberto Demicheli, Hamlet Reyes, Aparicio Méndez, María Luisa Coolighan Sanguinetti, Daniel Rodríguez Larreta, Alfredo Lamaison, José Francisco Franca, Jorge Seré del Campo o Federico García Capurro, entre otros.
Incluso, durante la dictadura del Goyo Alvarez, se integraron al Consejo de Estado varios dirigentes de los partidos tradicionales que se habían presentado a las elecciones internas de 1982 como Pedro Cersósimo, Wilson Craviotto, Hugo Amondarain, Fernando Assuncao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño, Juan José Burgos, Eduardo Carreras Hugues, Milton de los Santos, Antonio Gabito Barrios, Carlos Gelpi, Ruben Riani, Dardo Casas del Río, Werther Martínez, Cesalino Silveira, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Pablo Millor, Daniel Ordóñez, o Ricardo Reilly Salaverry. Varios de ellos fueron electos luego en democracia.
Del mismo modo, permanecieron como intendentes los colorados Oscar V. Rachetti (Montevideo), Basilio Borgatto (Artigas), Gervasio González (Canelones) y Walter Belvisi (Paysandú); o los blancos Juan Carlos Paysee (Montevideo), Juan José Burgos (Cerro Largo), Pedro Ramos Mañe (Flores), Milton de los Santos (Rocha), Néstor Minutti (Salto), Norberto Bernachín (Tacurembó), Ruben Silveira Zuloaga (Treinta y Tres) y Juan Chiruchi (San José); y hubo casos como el de Nicolas Storace Arrosa que aceptó integrar una Corte Electoral que tenía en su departamento jurídico a Cristina Maeso y en Asuntos Políticos a Mario Cataldi.
Cientos de dirigentes y militantes de los partidos tradicionales ocuparon cargos de dirección o de confianza política durante la dictadura militar. Desde los que se movieron en embajadas y consulados, los que integraron el Poder Judicial sometido a un ministerio, los que figuraron en órganos de contralor, direcciones e institutos, en entes y órganos descentralizados, en bancos del Estado o fueron interventores de la Universidad, el Sindicato Médico y otras instituciones. Todos ellos gozan o sufren de la impunidad del olvido.
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado