07.07.2013
Presentación ante el juzgado federal nº 7, a cargo de sebastián casanello
Piden investigar si hubo un centro clandestino en la Embajada de Uruguay
El diputado oriental Luis Puig solicitará a la justicia que determine el rol de la sede diplomática de su país en Buenos Aires durante la última dictadura.
Por:
Gerardo Aranguren
Gerardo Aranguren
Las fotos de tres calabozos en el subsuelo de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires serán presentadas mañana ante la justicia argentina para que se empiece a investigar si allí funcionó un centro clandestino dedicado a mantener en cautiverio a ciudadanos uruguayos exiliados en el país. La denuncia y la documentación serán presentadas por Luis Puig, diputado por el Partido por la Victoria del Pueblo (PDP), fundado por exiliados uruguayos que fue reprimidos por las dictaduras del Cono Sur en el marco del Plan Cóndor.
El legislador había realizado una presentación en el mismo sentido
el año pasado en Uruguay, pero ante el nulo avance en la investigación
decidió recurrir a la justicia argentina, donde se instruye una causa
por los crímenes del Plan Cóndor y ya se realiza el primer juicio oral
de la región por esos delitos.
El legislador Puig se presentará a las 10 en el Juzgado Federal Nº
7, a cargo de Sebastián Casanello, para denunciar la existencia de estas
celdas en el primer subsuelo del consulado oriental. "El hecho de que
numerosos ciudadanos uruguayos fueran secuestrados en Buenos Aires por
agentes del Estado uruguayo, siendo algunos de ellos posteriormente
trasladados a Uruguay y otros desaparecidos en el país, y la
constatación de la existencia de centros clandestinos de detención
durante este período, nos lleva a preguntarnos si en esta sede
diplomática funcionó uno de estos centros", señaló.
La presentación, con el patrocinio de la abogada Elizabeth Gómez
Alcorta, aportará las fotografías tomadas por el propio Puig de las
celdas, así como el pedido para determinar si en el edificio de avenida
Las Heras y Ayacucho funcionó un centro clandestino de detención.
El funcionamiento de la embajada como un eslabón más de la
represión de la dictadura uruguaya fue denunciado por los sobrevivientes
hace varios años y en 2011 presentaron ante la justicia argentina
documentos para investigar ese rol. "Era un secreto a voces que la
embajada uruguaya en Argentina ejercía la función de información y cerco
de exiliados", señaló en ese momento el fallecido Sergio López Burgos,
sobreviviente uruguayo del Plan Cóndor, al entregar la documentación.
Entre esos archivos figuraban circulares diplomáticas con listados
de ciudadanos buscados por la justicia militar uruguaya por realizar
"actividades subversivas". Los listados eran distribuidos en las
embajadas y consulados, donde acudían exiliados si querían renovar su
pasaporte o realizar algún trámite.
En uno de esos listados, de marzo de 1975, figura como buscada
María Emilia Islas de Zaffaroni, una militante del PVP quien, con tres
meses de embarazo, fue secuestrada por fuerzas conjuntas de ambos países
el 27 de septiembre de 1976 junto con su hija Mariana y llevadas a
Automotores Orletti. Mariana Zaffaroni Islas fue apropiada y luego
restituida por Abuelas de Plaza de Mayo mientras todavía se busca a su
hermana o hermano, quien habría nacido en cautiverio. En la lista
también están Mary Norma Luppi Mazzone, desaparecida el 10 de junio de
1977, y Cecilia Irene Gayoso Jauregui, sobreviviente de Orletti.
Un documento presentado a la justicia explica el procedimiento que
realizaba la embajada para identificar a los blancos de la dictadura
uruguaya. Se trata de un cable diplomático del cónsul general del
Uruguay durante la dictadura, Adolfo Menini Terra, dirigida al embajador
de Uruguay en Buenos Aires, Luis María de Posadas Montero, que resulta
revelador: "La única guía que tiene el funcionario consular para brindar
esa información radica: a) algún tipo de trámite que motivara su
intervención ante las autoridades militares o policiales, donde se
constatara la actividad subversiva de un ciudadano uruguayo; b) la
comunicación de No Autorización efectuada por nuestra Cancillería ante
la solicitud de expedición o renovación de pasaportes que hçubieran
requerido ciudadanos uruguayos ante las oficinas consulares."
UNA DENUNCIA PRESENTADA EN URUGUAY SOBRE LA EMBAJADA EN BUENOS AIRES
Mazmorra con fachada de consulado
El diputado del Partido por la Victoria del Pueblo
Luis Puig y pide que se investigue si la sede diplomática de Uruguay en
Argentina funcionó como centro de clandestino de detención.
Por Adrián Pérez
A simple vista, parece un depósito para guardar estanterías y enseres en desuso de la sede diplomática. Sin embargo, se cree que fue una mazmorra donde se confinó a presos políticos uruguayos. Con esa sospecha, el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP, que integra el Frente Amplio) Luis Puig presentó ayer un escrito en el juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno de Montevideo, en el marco de la causa “Rodríguez Larreta y otros”, para que se investigue si el Consulado de Uruguay en Buenos Aires, donde se hallaron tres compartimentos que habrían funcionado como calabozos, se utilizó como centro clandestino de detención en el marco del Plan Cóndor durante la dictadura uruguaya.
Recientemente, un grupo de residentes charrúas en Argentina se comunicó con Puig para contarle (a partir del relato de gente que había trabajado en la embajada) sobre la existencia de tres celdas desplegadas en el primer subsuelo del edificio, ubicado en Las Heras 1907, en el barrio porteño de Recoleta. Entonces el legislador viajó a Buenos Aires para verificar la denuncia de sus compatriotas. El escrito elevado ante los tribunales uruguayos, y al que accedió este diario, señala: “El hecho de que numerosos ciudadanos uruguayos fueran secuestrados en Buenos Aires por agentes del Estado uruguayo –siendo algunos de ellos posteriormente trasladados a Uruguay y otros desaparecidos en el vecino país– y la constatación de la existencia de centros clandestinos de detención durante este período nos llevan a preguntarnos si en esta sede diplomática funcionó uno de estos centros”.
En el escrito se exige también que se exhorte al Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitándole planos o croquis y cualquier otra información relativa a la edificación del consulado, y la incorporación de las fotos adjuntadas a la denuncia. El inmueble en cuestión fue construido en 1974. Página/12 conversó con el diputado del PVP, quien ofreció detalles sobre el documento entregado en los juzgados de su país. Puig afirma que la existencia de celdas en un edificio erigido en esa época se asocia con mecanismos represivos en Argentina.
La coordinación de esa violencia institucional entre Argentina y Uruguay existió, sostiene Puig, y prueba de ello fue que varios militantes uruguayos fueron secuestrados de este lado del Río de La Plata, para aparecer asesinados en la localidad de Soca, departamento de Canelones, en 1974. “Al juez le preguntamos si existió allí un centro clandestino de detención. Y, por supuesto, le pedimos una inspección ocular del lugar para comprobar lo que nosotros comprobamos en nuestra visita”, señala Puig. En su último viaje a Buenos Aires, el legislador tomó fotografías de las celdas en el primer subsuelo de la embajada uruguaya.
Esas fotos fueron entregadas ayer en sede judicial para que dentro de la causa “Rodríguez Larreta y otros”, diligenciada en 1984 en el juzgado Penal de Segundo Turno, a cargo del juez Pedro Salazar, el magistrado cite a los querellantes para ampliar la denuncia. “Queremos saber, además, quiénes fueron los funcionarios que estuvieron a cargo del consulado durante la dictadura”, manifiesta el diputado. Al mismo tiempo, se busca determinar el itinerario de los viajes de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad uruguayas a la Argentina en ese período. Eso dependerá de las acciones que realice el juez, aclara.
–¿Cómo pudo mantenerse en secreto, durante casi cuarenta años, la existencia de una prisión en el consulado? –pregunta este cronista.
–Nos imaginamos que debe haberse manejado con muchísima reserva, incluso, dentro de las fuerzas armadas, dado que es una situación muy particular. Estamos hablando de una cárcel dentro de una embajada, con lo que eso significa y sus posibles connotaciones internacionales.
Por ahora, asegura Puig, no existen testimonios de detenidos que hayan pasado por donde, se supone, funcionó un centro clandestino. Por estas horas, la prensa uruguaya difunde las fotos de los calabozos tomadas por el legislador. “Esperamos que pueda haber alguna respuesta en la medida en que haya sobrevivientes”, se esperanza el militante del PVP. El primer subsuelo de la embajada uruguaya se conecta con el segundo subsuelo, donde está el garaje, mediante una escalera en L. Para acceder a las celdas hay que atravesar dos puertas de acero. Según Puig, cuando llegó al primer subsuelo tuvo la impresión de encontrarse con un sistema carcelario. “Las planchuelas de acero de las rejas son muy consistentes. Son tres celdas de dos metros veinte por un metro”, describe el lugar y afirma: “Estando en obra, el entrar y salir de militares uruguayos era permanente en ese edificio”.
Luego de la visita a la embajada, se reunió en Montevideo con el canciller Luis Almagro. “Se comprometió a realizar una investigación administrativa, le informamos que íbamos a hacer una denuncia en Argentina y le pareció excelente. Por parte de Cancillería, la Justicia va a tener plena colaboración”, hace un balance de ese encuentro el diputado. Durante la dictadura, en el consulado, hubo departamentos para agregados militares de ejército, fuerza aérea y marina. “Se lo conocía como ‘el hotelito’, ellos (por los militares) vivieron allí en los ’80 pero esos departamentos dejaron de funcionar en los ’90”, reconstruye.
El legislador le apunta a Juan Carlos Blanco, ministro de Relaciones Exteriores en la dictadura uruguaya. Detenido desde 2006 por violaciones a los derechos humanos, bloqueó los pasaportes de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, legisladores asesinados en Argentina. “Desde la Cancillería, a cargo de Blanco, se instruía a los embajadores para que negaran torturas, desapariciones y muertes en Uruguay”, recuerda Puig. En su estrategia, el diputado charrúa no descarta vincular la denuncia con los crímenes cometidos en el Plan Cóndor o Automotores Orletti.
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ESTAS SON LAS COSAS QUE HAN OCULTADO,QUE INDIGNAN POR LA HIPOCRESIA POLITICA .QUE SE INVESTIGUE Y LOS QUE SABIAN "QUE PAGUEN LA CUENTA"...
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