sábado, 24 de agosto de 2013

Los santos nenes de los bancos offshore

Las bananas progre 

Enviado por Paranaguazú/Francia
http://www.mundooffshore.net/banca-offshore-en-uruguay/

Banco offshore en Uruguay

Los adinerados de Latinoamérica han tenido cuentas bancarias en Uruguay durante décadas, pero no es tan conocido como un centro bancario offshore en el resto del mundo. Eso podría ser una buena noticia para su privacidad.

Uruguay ha adquirido un apodo, “la Suiza de Sudamérica” debido a su discreto estilo de bancos privados suizos y a su participación de bajo perfil en el negocio de servicios financieros offshore. Aunque no es generalmente conocido como un paraíso fiscal, Uruguay fue uno de los cuatro países que adquirió una calificación más alta de lo que deseaba para sus negocios offshore del sector financiero este año, entrando a la lista negra de la Cumbre del G20/OCDE como paraíso fiscal no cooperativo. Sin embargo, de un modo muy civilizado, típico del país más estable de Sudamérica, Uruguay fue uno de los primeros en ser removidos de la lista negra de la banca offshore. Entonces, ¿qué es lo que pasó?

Uruguay cuenta hoy con dos categorías distintas de bancos. Está el sistema bancario nacional, dominado por dos bancos de propiedad estatal, el mayor de los cuales es el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Fundado en 1896, el BROU realizaba anteriormente muchas de las funciones de un banco central. Hoy en día es posible para los extranjeros abrir cuentas en el sistema nacional, pero normalmente se requiere la Residencia uruguaya, y es difícil abrir cuentas corporativas offshore para las empresas extranjeras.

De mayor interés para los no residentes en Uruguay son los llamados 'SAIFE' Estas son las entidades locales uruguayas que son enteramente propiedad de bancos extranjeros establecidos. Su condición de offshore significa que se les prohíbe hacer negocios en el mercado local, por ejemplo: No pueden hacer negocios con residentes uruguayos, y no pueden ofrecer cuentas de cheques locales. Sin embargo, pueden ofrecer una amplia gama de servicios bancarios comerciales privados a extranjeros no residentes y a las empresas.

La idea de permitir a los bancos extranjeros participar 'offshore' en Uruguay era originalmente para estabilizar el sistema local con el consiguiente flujo de capital extranjero. A pesar de los escándalos por dinero de la droga de los años noventa y las repercusiones de la crisis financiera de Argentina, Uruguay ha logrado mantener un perfil bajo y limpio- y este es uno de sus principales atractivos en la actualidad.
Con frecuencia presentamos a nuestros miembros con cuotas al día un par de estos bancos extranjeros que operan en Uruguay. Se encuentra ubicado en la capital, Montevideo, mientras que el otro está situado en el centro turístico de moda de Punta del Este. Un encuentro personal es necesario, pero no es necesario que se celebre en Uruguay. Por ejemplo, si usted decide trabajar con uno de los bancos privados suizos o europeos con un SAIFE en Uruguay, el encuentro podría realizarse en la sede europea y luego los documentos se enviarían a Uruguay para abrir la cuenta.
Uruguay, hay que decirlo, respeta la banca offshore y el secreto bancario por su Constitución, definitivamente un signo positivo. A pesar de una inevitable violación del secreto bancario en los últimos años, sigue manteniendo la actitud correcta.

Tras figurar en la lista negra del G-20 de la OCDE, por ejemplo, furiosos artículos aparecieron en la prensa local condenando los ataques a la soberanía uruguaya de las grandes naciones, abusando de sus poderes. Algunos de los argumentos convincentes de esos artículos:

- El texto de la OCDE dice que los paraísos fiscales deberían adecuarse a los “estándares internacionales” para el intercambio de información fiscal, como si se tratara de una convención de la ONU o algún otro acuerdo multilateral firmado por Uruguay. Realmente se trata de una convención de la OCDE, de la cual Uruguay no es un miembro y con quien no tiene nada que ver.
- ¿Por qué hacen esto? Debido a que durante varias décadas los países de la OCDE han venido ampliando y complicando sus sistemas de tributación fuera de toda proporción con el retorno que estas administraciones dan a los contribuyentes. En otras palabras es su problema. ¿Qué tiene que ver Uruguay con todo eso?

- ¿Cómo beneficia el secreto bancario a Uruguay? En realidad la cuestión no se está presentando de forma correcta. El secreto bancario está consagrado en la Constitución. Por supuesto que hay límites y normas de secreto bancario, pero estos no son pre-requisitos. En otras palabras… no importa si beneficia o no a Uruguay, es un derecho. Punto final.

  

Con frecuencia presentamos a nuestros miembros con cuotas al día un par de estos bancos extranjeros que operan en Uruguay. Se encuentra ubicado en la capital, Montevideo, mientras que el otro está situado en el centro turístico de moda de Punta del Este. Un encuentro personal es necesario, pero no es necesario que se celebre en Uruguay. Por ejemplo, si usted decide trabajar con uno de los bancos privados suizos o europeos con un SAIFE en Uruguay, el encuentro podría realizarse en la sede europea y luego los documentos se enviarían a Uruguay para abrir la cuenta.

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http://www.mundooffshore.net/como-obtener-facilmente-ciudadania-alternativa-instantanea/

“Cuando agarramos a estos bandidos de marca mayor, impolutos que ni se ensucian sus camisas, ahí sale el insólito argumento que no se puede hacer un allanamiento como si fuera una bodega. Con perdón de los bodegueros, pero ¿qué tienen estos que no tengan unos contrabandistas? ¿Confeccionar “protocolos”? Siempre se puede y se debe. Pero antes: que se vayan. Es una muy buena señal. Clara. Que en Uruguay no queremos inversión chatarra. Lo único que traen son transacciones sucias, tráfico de drogas, corrupción y dolores de cabeza. Confidencialidad si, pero no para negocios turbios”, escribió el embajador uruguayo.
Romani se refiere a declaraciones del vicepresidente Danilo Astori y el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara.
Astori consideró que el allanamiento se podría haber hecho de otra forma, “más cuidadosa”, dijo a El Espectador. Para él no es una buena noticia la salida del país del RBC.
"Me preocupa porque no es buena cosa para Uruguay que un banco de esta relevancia se vaya. Creo que las cosas se pudieron haber hecho de otra manera. De una manera más cuidadosa. Lo digo con el mayor de los respetos. Quizás se pudo haber hecho de otra manera”, declaró en entrevista con El Espectador.
Por su parte, el presidente del Banco Central, Mario Bergara, anunció que se busca establecer un protocolo junto al Poder Judicial para estas actuaciones. “Acá el tema no es que si alguien del exterior nos pide algo, no actuemos; el tema es buscar las mejores modalidades de actuación para que todo el mundo perciba que la justicia da todas las garantías”, afirmó.
"El objetivo es obtener la información necesaria, no más, no menos, y con los mejores procedimientos posibles; en eso estamos comprometidos con los jueces del crimen organizado y con los fiscales asociados a esos juzgados”, agregó Bergara.
El director de la Secretaria Antilavado, Carlos Díaz, dijo a El Observador que se enteró por la prensa de la elaboración de ese protocolo. “A nosotros no nos informaron del protocolo. Y no está bueno hablar del protocolo en este momento, porque eso qué quiere decir. ¿Que surgió la necesidad? ¿Qué fue lo que determinó que surgiera esa necesidad, algo que se hizo mal?”.
Díaz cuestionó que se “descalifique” a los jueces de Crimen Organizado al determinar cómo debe hacerse un procedimiento. Consideró que los allanamientos nunca son cómodos y recordó que en el procedimiento de 2007 los policías preguntaban y los funcionarios uruguayos del RBC contestaban exclusivamente en inglés. “El clima de este tipo de situaciones las crean las dos partes. No veo en Crimen Organizado el talante de andar llevando gente por delante. Si no se atropella a algún narcotraficante, no se atropella a un trabajador de un banco”, dijo a El Observador.
“Todas las actuaciones son duras. Esta aparentemente es dura por la crítica que se ha levantado. Las otras son duras porque corremos el riesgo de que alguien nos mate y nadie habla de ellas. Hablamos de Crimen Organizado”, agregó.
El allanamiento de las oficinas del Royal Bank of Canadá (RBC) en Zonamerica a pedido del juez argentino Norberto Oyarbide y la incautación de la documentación de todos sus clientes provocó que el banco resolviera cesar sus operaciones en el país el próximo 31 de octubre.
Desde la Presidencia de la República la actuación de la Justicia fue defendida de los ataques que recibió por parte de actores vinculados a la actividad financiera, quienes afirman que el procedimiento pone en riesgo la confianza de la plaza bancaria local.
Ayer el vicepresidente Danilo Astori quebró esa línea de razonamiento surgida desde la Torre Ejecutiva y admitió que le "preocupa" la salida del banco. "No es buena cosa para Uruguay que un banco de esta relevancia se vaya. Y también me preocupó el evento que originó esta decisión (allanamiento a pedido de la Justicia argentina). Yo creo que las cosas se pudieron haber hecho de otra manera, más cuidadosa", sostuvo Astori en radio El Espectador.
Las declaraciones de Astori no cayeron bien en el entorno de la Presidencia donde predomina otra visión de los hechos. Días pasados el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, defendió el operativo judicial sobre el RBC y desestimó los efectos de su salida del país.
El alto jerarca dijo que la decisión del banco de cesar las operaciones en Uruguay no afectaban la imagen del país sino que, por el contrario, "repercute de forma positiva porque demuestra un control y que Uruguay se está adaptando a los nuevos tiempos".
En el gobierno conviven dos visiones sobre la regulación bancaria y el combate al lavado de activos. Esas dos visiones quedaron enfrentadas en estos días con lo ocurrido en el RBC, donde un sector del gobierno defiende a capa y espada lo hecho por la jueza Adriana De los Santos mientras otros actores observan una serie de graves errores cometidos en el proceso judicial.
Quienes se alinean en una visión más financiera del tema entienden que la jueza De los Santos cometió excesos y errores "graves" que comprometen la actividad de todo el sistema. Uno de los errores fue haber incautado documentación de todos los clientes y exponerla al escrutinio de los peritos argentinos, resolución judicial que fue revocada días después ante el revuelo y alarma que provocó en el sistema bancario e, incluso, algunas autoridades del gobierno.
La otra mirada, instalada fundamentalmente en la Torre Ejecutiva, prioriza el combate al crimen organizado y el cumplimiento a rajatabla de normas internacionales vinculadas al lavado de activos. Allí se afirma que no había otra manera de proceder en los allanamientos ya que habría sido ingenuo pedirle al banco que suministrara la información de los clientes que investiga Oyarbide.
También se señala que pese al error cometido por la jueza al ofrecer la documentación a Oyarbide, luego se procedió a revocar la medida y no se entregarán a la Justicia argentina datos fiscales ni elementos probatorios que permitan acciones retroactivas en el vecino país.
Como manera de defender lo actuado por la jueza y de desdramatizar la salida del banco, días atrás fuentes del gobierno recordaron a El País que el RBC recibió en 2008 la mayor de las multas aplicadas por el Banco Central vinculadas a la normativa sobre lavado de activos. Mediante la resolución D/646 del 17 de diciembre de 2008, el BCU dispuso "sancionar a RBC Investments Uruguay S.A. con una multa de UI 650.000 (Unidades Indexadas), por las omisiones constatadas en el sistema integral para prevenirse del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, especialmente en lo que tiene que ver con la diligencia debida con respecto a sus clientes y el reporte de operaciones sospechosas".
Sin embargo, operadores financieros coinciden con lo expresado ayer por Astori. El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay y expresidente del Banco Central, Julio de Brun, había dicho a El País que el allanamiento al RBC causó "preocupación" en la institución y advirtió que el episodio genera "una mala señal" porque afecta "la imagen de la banca y del país". "Se montó el allanamiento de un banco de la misma forma en que se haría un allanamiento en una bodega en busca de contrabando", expresó ayer de Brun, y aclaró que el accionar de la Justicia "no está en discusión", pero cuestionó que se trató de un operativo "muy mal implementado".
Por su parte, el presidente de Zonamerica, Orlando Dovat, alertó sobre la intranquilidad que la situación ha generado en otras instituciones offshore y sus clientes.

Inquietud en los clientes argentinos

La prensa argentina se ha hecho eco de los allanamientos en Uruguay y afirma que la situación ha generado preocupación en los clientes de ese país.
El diario El Cronista, especializado en economía, afirma que el "efecto Oyarbide" ha generado incertidumbre y que muchos argentinos están explorando nuevas posibilidades de inversión. El medio de prensa adjudica al allanamiento una caída de los depósitos en dólares de los argentinos, que pasaron de US$ 2.707 millones en junio a US$ 2.697 millones en julio.
"Ahora, como si se tratara del mercado futbolístico, ya comenzó a funcionar el libro de pases: otras representaciones están a la pesca de los asesores que trabajan en el RBC para hacerlos pasar a sus filas, con el objetivo de que traigan a su clientela. Como siempre pasa, los asesores terminan firmando con los bancos que pagan más porcentajes de comisiones. Pero los clientes, por otro lado, muchas veces tampoco aceptan estos cambios de entidades financieras que eligen sus asesores, porque la movida no les cierra", sostiene el Cronista citando palabras de un operador financiero.
Ese medio sostiene que estimaciones de mercado afirman que el Royal Bank of Canada podría tener alrededor de 3.000 cuentas abiertas de argentinos por un total de US$ 1.800 millones. "Este tipo de entidades actúan como representaciones bancarias, que en realidad son nexo entre inversores y las casas matrices de las instituciones radicadas en Suiza, Estados Unidos, Alemania, Austria y Singapur", acota. Hay alrededor de 25.000 cuentas abiertas de banca privada de argentinos por un total de US$ 15.000 millones, ya que cada uno tiene un promedio de US$ 600.000.
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Topolansky y el retiro de Uruguay del Royal Bank of Canadá: “¿cola sucia?”
Mientras todas las miradas se posan sobre la Jueza Adriana de los Santos y se le atribuye un mal manejo de todas decisiones vinculadas al allanamiento de la sede de RBC en Uruguay, desde el espectro político Topolansky minimiza el episodio.
El RBC es uno de los diez bancos más importantes del mundo. Su negocio en Uruguay tenía un perfil dedicado a no residentes de los cuales la mayoría eran argentinos. Una decisión que implicó el allanamiento de la sede del banco para obtener los datos de un cliente con operaciones sospechosas.
Ese allanamiento fue realizado con una dura intervención de la justicia y policía actuante que ha sido criticada desde la mayoría de los sectores vinculados al tema.
El vicepresidente Astori había criticado la forma en cómo se llevó este procedimiento y dijo que todo pudo haberse hecho con otros recaudos.
Ahora la senadora Lucía Topolansky, declaró ante la pregunta de Brecha ‘¿Para usted es una mala señal, como dijo Astori, que el banco se vaya del país?’ respondió ‘-No, para mí no. No tengo ningún problema con que se vaya’.
Y agregó en otro pasaje ‘La cuestión bancaria es una cosa muy compleja, pero yo confío en lo que se hizo en el allanamiento, porque tenemos que estar con cuatro ojos” expresó. “En el mundo circula plata de cualquier origen. Y si el banco se ofendió… nadie se tiene que ofender si no tienen la cola sucia’.


23 Agosto 2013
Escrito por: Samuel Blixen
La controversia en el oficialismo por la retirada del Royal Bank of Canada
Astori vuelve a patear la mesa a propósito del sistema financiero. Esta vez la discrepancia es con el allanamiento a un banco off shore acusado de lavar dinero, falsificar documentos y realizar estafas con supuestas ventas de pases de futbolistas.

De la misma forma que, en plena campaña electoral, en 2009, Danilo Astori no dudó en cuestionar al candidato José Mujica a propósito de la famosa “lista gris” de países cuyas legislaciones facilitan el lavado de dinero, hoy el allanamiento de las oficinas de un banco off shore vuelve a generar controversia entre Presidencia y Vicepresidencia, una contradicción que no logró resolverse después de tres años de gobierno y que expresa distintas sensibilidades sobre bancos y actividades financieras, donde unos impulsan el combate al crimen organizado y otros priorizan la confidencialidad de los depósitos.
A mediados de junio pasado la Policía allanó, cumpliendo una orden judicial, las oficinas del Royal Bank of Canada (rbc) en la zona franca Zonamérica, y la representación de la financiera Alhec Group, en el World Trade Center. El operativo, ordenado por la jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez, fue solicitado por el juez argentino Norberto Oyarbide y coincidió con otros 150 allanamientos simultáneos en Argentina y Chile.
El juez Oyarbide instruye una megacausa sobre lavado de activos con el pretexto de la compra y venta de jugadores de fútbol. La investigación incluye los pases de unos 15 futbolistas argentinos y la responsabilidad de dirigentes de clubes, como San Lorenzo, Vélez e Independiente, y de representantes de los futbolistas. Acciones judiciales previas habían detectado que la financiera Alhec era el centro del lavado de dinero, en operaciones por decenas de millones de dólares. Alhec tenía oficinas en Chile y Uruguay, a través de las cuales se habrían realizado las transferencias falsas de jugadores. Oyarbide pretende demostrar que se cometieron delitos de lavado de activos, falsificación documentaria y estafa.
Recién ahora, transcurridos dos meses de los allanamientos del 14 de junio, que implicaron la confiscación de todas las computadoras, toda la información almacenada, todo el papelerío e incluso los teléfonos celulares de los empleados, se genera la polémica y se multiplican las advertencias sobre el temor que se expande en la plaza financiera. ¿La razón? Las autoridades del rbc anunciaron que piensan retirarse de nuestra plaza, porque los allanamientos “erosionaron la confidencialidad” sobre los clientes y generaron un daño “irreparable”. El primero en amplificar el cuestionamiento implícito a la justicia uruguaya y al gobierno fue el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Julio de Brun (el mismo De Brun que fue protagonista, desde la administración de Jorge Batlle, de la crisis financiera de 2002), advirtió que el allanamiento fue “una mala señal” porque afecta “la imagen de la banca y del país”. Además, extendió una dura crítica a la justicia porque “se trató de un operativo muy mal implementado”. Y ejemplificó: “Se montó el allanamiento de un banco de la misma forma en que se haría un allanamiento en una bodega en busca de contrabando”. Esa peculiar sensibilidad con los bancos y con los banqueros (el lavado de dinero es, efectivamente, contrabando) no tuvo en cuenta que el Banco Central le había aplicado al rbc la multa más grande de la historia, 1.200.000 pesos, “por las omisiones constatadas en el sistema integral para prevenirse del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, especialmente en lo que tiene que ver con la diligencia debida con respecto a sus clientes y el reporte de operaciones sospechosas”, según decía la resolución.
Por si fuera poco, Estados Unidos había acusado al rbc de lavar cientos de millones de dólares a través de operaciones fraudulentas de comercio, con contratos de negocios en acciones de la bolsa de futuro. “El esquema comercial fue diseñado supuestamente como parte de la estrategia del rbc para hacerse de lucrativos beneficios fiscales canadienses por tenencia de títulos de algunas empresas públicas en sus cuentas de comercio de Canadá y offshore”, dijo una comisión estadounidense que investigó al rbc entre 2007 y 2010. “El rbc incurrió en prácticas ilegales no competitivas, ventas que implicaron lavado de activos y ventas ficticias”, precisamente lo que investiga el juez Oyarbide. El público podía estar ignorante de esos antecedentes, pero no la Asociación de Bancos del Uruguay, que no dio a conocer su preocupación antes del allanamiento.
Fuentes de Presidencia consultadas por Brecha confirmaron que ya han aparecido indicios de irregularidades en la documentación incautada en los allanamientos, lo que hacía muy probable que el gobierno solicitara a la autoridad monetaria acciones para retirarle la licencia para operar, es decir para expulsarlo. “Sabíamos que el rbc tenía decidido suspender sus actividades en Uruguay a fines de octubre. Su anuncio de retirada sugiere que quisieron adelantarse a una probable expulsión.”
Tampoco podía ignorar los antecedentes el vicepresidente Astori, quien en una entrevista concedida al programa Suena tremendo, de El Espectador, admitió su “preocupación” por el episodio: “No es buena cosa para Uruguay que un banco de esta relevancia se vaya. Y también me preocupó el evento que originó esta decisión (se refería al allanamiento, no al lavado de dinero). Yo creo que las cosas se pudieron haber hecho de otra manera, más cuidadosa”.
La “indelicadeza” que al parecer tuvo la justicia con un banco, en la que coincidieron Astori, De Brun y el presidente de Zonamérica, Orlando Dovat, puso nuevamente en evidencia la contradicción dentro del gobierno sobre la manera de encarar la regulación bancaria y de combatir el lavado de activos. Mientras los trascendidos de “fuentes presidenciales” subrayaban el malestar en la Torre Ejecutiva por las declaraciones de Astori (“Debía haberse informado antes de hablar”), oficialmente la respuesta estuvo a cargo del secretario de la Presidencia, Homero Guerrero. En un diálogo con periodistas se le preguntó si coincidía en que el allanamiento era una mala señal que afectaba la imagen del país: “Creo que es totalmente al revés. Repercute de forma positiva porque demuestra un control, y que Uruguay se está adaptando a los nuevos tiempos”, dijo enfáticamente.
La batahola por el anuncio de retirada del rbc encendió una luz de alarma sobre la eventualidad de que los ahorristas no residentes comiencen a sacar sus ahorros de Uruguay. Desde Argentina se informó sobre una caída de los depósitos en dólares de los argentinos, que habrían pasado de 2.707 de dólares millones en junio a 2.697 millones en julio, es decir apenas 10 millones de dólares menos). De Brun, con cautela, explicó que no existe ninguna señal sobre una “corrida” de no residentes, y Dovat fue enfático en puntualizar que ninguna institución financiera que opera en Zonamérica esté pensando en tomar una medida similar a la del rbc.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancarios del Uruguay (aebu), Gustavo Pérez, descartó que la acción de la justicia contra el rbc afecte a la plaza financiera y que configure una mala señal. “Estaremos, en todo caso, ante una mala gestión de la empresa, que se retira porque la investigan”, dijo. “El Royal Bank of Canada es una institución offshore, no es un banco; se trata de una simple oficina de representación ubicada, además, en una zona franca. No hay ningún uruguayo que sea cliente de esta empresa, que tenga allí dinero o sea deudor de ella.”
En otro plano, ante las críticas sobre la forma de la acción judicial y policial, la Suprema Corte de Justicia, que había solicitado un informe a la jueza De los Santos, ahora salió, en boca del ministro Jorge Larrieux, a defender la independencia técnica de los jueces. En un principio se creyó que la jueza había enviado a Argentina todo el material incautado, pero ahora se sabe que simplemente solicitó al juez Oyarbide que designe peritos para analizar la documentación que ella determine. Al parecer, en las computadoras del rbc había información sobre unas 3 mil cuentas de no residentes y será tarea de la jueza establecer cuáles deben ponerse a disposición de los peritos argentinos. Este aspecto delicado de la confidencialidad llevó al presidente del Banco Central, Mario Bergara, a proponer el diseño de un protocolo para orientar la labor de la justicia, cuando se trate de temas bancarios.
Diluidos los “temores”, y puestas en su verdadera dimensión las “preocupaciones”, resta saber cómo evolucionará el contencioso interno en el gobierno y en qué medida las declaraciones del vicepresidente Astori fueron meditadas para generar la confrontación. Veinticuatro horas después del entredicho por el rbc, Astori sacudió otra vez la manta al anunciar un cambio de opinión respecto de la no devolución del dinero del Fonasa cobrado de más a un espectro de los usuarios de la salud. Pero esa es otra historia, o al menos otro capítulo de la misma historia.




Economía 23.8.13

Indignación .

Me tienen muy indignado la reacciones corporativas y de algunos políticos ante los procedimientos de la señora jueza en Crimen Organizado Adriana de los Santos y el Fiscal Juan Gómez contra el Royal Bank of Canadá (RBC) -que no es un banco-. Opino desde la dimensión ética que tiene este asunto.
¿En qué quedamos? ¿Nos rasgamos las vestiduras por “los planchas y fumetas”, los cuales no tienen voz y terminan siempre como los culpables del drama? Llenan las cárceles. ¿Mandamos a nuestros policías, los honestos (porque a los corruptos los están corriendo), al frente, y luego nos lamentamos por la estabilidad bancaria que supondría que esta manga de delincuentes se fuera del país? Cuando agarramos a estos bandidos de marca mayor, impolutos, que ni se ensucian sus camisas, ahí sale el insólito argumento de que no se puede allanar como si fuera una bodega. Con perdón de los bodegueros, pero ¿qué tienen estos que no tengan unos contrabandistas? ¿Confeccionan “protocolos”? Siempre se puede y se debe. Pero antes: que se vayan. Es una muy buena señal, clara, de que en Uruguay no queremos inversión chatarra. Lo único que traen son transacciones sucias, tráfico de drogas, corrupción y dolores de cabeza. Confidencialidad sí, pero no para negocios turbios.
A mí me importan tres bledos las internas. Sean las que sean. No me llega. Siempre hay gente bienintencionada en ambos lados.
Pero vamos despacito por las piedras. Hay una grieta grande en el tan manido problema mundial de las drogas. Si estamos realmente preocupados por resolver este grave problema, debemos admitir que la economía ilícita y la base del crimen organizado están en estos mecanismos de "entrada" de los beneficios del tráfico hacia la economía formal. Si no miramos para ese lado, va a ser el colmo de la hipocresía y seguiremos reproduciendo el crimen organizado, con o sin tráfico de drogas. Para dejar de hacerlo, tenemos no sólo jueces argentinos que quieren investigar (no sé si se repara en que el crimen organizado es transnacional), sino también tíos y familiares de presidentes cercanos que saben pilotar avionetas. Vaya otra arista grande, siempre bien ocultada: la banalidad del delito, la corrupción en las altas esferas. Me pregunto cómo reciben estas noticias de corruptela los pibes chorros, que lo miran por televisión, y que aspiran a los Nike, a las led, a las tabletas... igual que otros. Cuando miran televisión aprenden, además, todos los modus operandi que les ofrecen gratuitamente nuestros noticieros.
El RBC no es un banco de plaza, es una agencia de valores que gira en torno a operaciones off shore. Actúa impunemente desde una zona franca. Ahora son sujetos obligados, lo que quiere decir que deben reportar toda operación "inusual" al Banco Central. El RBC ya fue allanado en 2007 por operaciones irregulares con una Sociedad Anónima Financiera de Inversión vinculadas a la compra de la estancia de Salto, donde fueron incautados 500 kilogramos de cocaína. Unos santos los nenes.
Estuvimos al frente de la Junta Nacional de Drogas y pusimos el acento en esta faceta cruel y siempre oculta del fenómeno de las drogas. Estamos ahora en la OEA y en toda la región abriendo un debate para superar un modelo que puso el acento en la represión de toda la cadena. Porque criticar el paradigma prohibicionista no basta para abarcar las complejidades del problema de las drogas. Sería importante que el movimiento canábico se expidiera, porque es un tema para protestar y para demostrar la vil asimetría que hay en los esquemas represivos, que por otra parte deben ser sustentados en términos de racionalidad del uso de la fuerza y adecuado a los derechos humanos, e incluso mantenidos con mercados regulados. La aplicación de la ley contra estos bandidos es una necesidad, también de salud pública y del derecho a la seguridad ciudadana. Esto no crea zozobra porque no es comentado por los noticieros policiales y porque el daño que hace es como el que hacen los drones: a distancia.
Milton Romani Gerner

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