Según contó su padre a Montevideo Portal, el menor se encontraba con otros amigos en las inmediaciones del Parque Rodó, cuando la policía llegó al lugar. Bandera indicó que personal de la Guardia Republicana llegó para disolver una "aglomeración".
"Les dijeron que se tenían que retirar y en ese momento, un uniformado de azul apareció en escena y lo golpeó en la cara". Mi hijo nunca cometió ningún delito. Estudia y juega al fútbol. Es una chiquilín que solo salió a distraerse", dijo su padre.
"Mi hijo no anda insultando a la policía", aclaró. "Yo soy un simple guardia de seguridad y la madre es una ama de casa. No podemos pagar un abogado para llegar hasta el final", agregó.
La familia del menor radicó una denuncia en la Seccional 5ta. de Montevideo. El joven deberá presentarse mañana en Fiscalía, para ser visto por un médico forense.
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Se dispuso investigación por abuso policial a efectivos que obligaron a un hombre a borrar un video y lo golpearon
La Diaria 14 de marzo de 2021 ·
La ley impide que se obligue a las personas a mostrar los videos o a instar a borrarlos, sólo deben mostrarse bajo orden judicial si se incauta el dispositivo.
En las últimas horas, circuló en redes sociales un video que fue filmado en la zona de Pocitos. En el material se ve cómo tres policías obligan a un hombre a borrar un video. Dos son de la Jefatura de Montevideo y uno es de la Guardia Republicana. Hay un cuarto policía de la Guardia Republicana que custodia a otras dos personas pero no media en la situación.
Al hombre lo mantienen sobre el capó del patrullero. “En algo estás mintiendo”, le dicen. “Sí, sí, ya lo borro”, responde el hombre, al que se lo ve manipulando su celular. “Borre”, le dicen los policías. Hacen un conteo: “5, 4, 3, 2…”. En ese momento el policía de la Guardia Republicana lo golpea, y durante el video repite esta actitud. Lo golpea varias veces.
Mientras, los otros repiten: “Borre, borre”. Le preguntan “¿Dónde está el video?”, le siguen pegando. Los policías preguntan por “un video”, pero el hombre dice que es “una foto”.
El policía de la Guardia Republicana se dirige hacia el otro móvil policial que estaba estacionado, donde hay otros dos jóvenes. Le dice a uno de ellos que se apoye nuevamente sobre el capó: “Me calienta, yo te estoy diciendo que te pongas ahí”. Y lo patea para que se abra de piernas. “Hasta que no vengan los policías con los que ustedes estaban de vivos se van a quedar así”, les dice.
La normativa indica que está permitido filmar un procedimiento policial siempre y cuando no se obstruya el accionar. No hay obligación de mostrar el registro. Menos aún de borrarlo. Sólo debe mostrarse bajo orden judicial si se resolviera incautar el dispositivo.
El video circuló en varias cuentas de Twitter de distintos referentes sociales y políticos, también de periodistas. Uno de ellos fue Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio: “Desconozco las circunstancias del procedimiento. Lo que sí es claro es que hay abuso policial. Le pegan a un joven por la espalda para que borre un video. ¿Qué filmó? El ministerio debe aclarar este asunto”.
Horas más tarde, también en Twitter, Sánchez compartió: “Hace unos minutos se comunicó Jorge Larrañaga [ministro del Interior] para informarme que se dispuso una investigación administrativa para esclarecer estos hechos. Bien por el ministro! Es lo que corresponde, investigar y sancionar a los responsables”.
El Ministerio del Interior, en su cuenta oficial, comunicó que “frente a los hechos denunciados respecto a un procedimiento policial ocurrido el viernes de noche, se informa que se realiza una investigación del mismo a efectos de determinar responsabilidades”.
Todavía no se conoce qué artículo del Decreto 500/991, de procedimiento administrativo y disciplinario, va a aplicar el Ministerio del Interior para la investigación. Hasta el momento, se aplicó el artículo 180 (información de urgencia).
Si se aplica el artículo 182, se realiza una investigación administrativa, que es “el procedimiento tendiente a determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente aún siendo extraños a él, y a la individualización de los responsables”.
El artículo 183, en cambio, plantea el sumario administrativo como herramienta. “Es el procedimiento tendiente a determinar o comprobar la responsabilidad de los funcionarios imputados de la comisión de falta administrativa (artículo 169) y a su esclarecimiento”. En este caso, la falta y las personas responsables están identificadas.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó que desde la Policía el sábado se dio cuenta a la Fiscalía de Flagrancia de sexto turno a cargo de Pablo Rivas, “quien dispuso algunas medidas”. Luego, dijo que el domingo se dio cuenta del caso a la fiscal de Flagrancia Brenda Puppo. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, aseguró a la diaria que la Fiscalía actuará en el caso y ordenó que el video completo del hecho, que tiene una duración de ocho minutos, se incluya en la investigación.
El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo y la Asociación de la Jefatura de Policías de Maldonado, a través de la Unión de Sindicatos Policiales (USIP), emitieron un comunicado repudiando los hechos y reclamando un rápido accionar para resolver la situación.
“Ante los hechos de público conocimiento, donde un funcionario en un procedimiento agrede a un ciudadano en reiteradas veces mediante golpe de puño en una actitud agresiva y fuera de toda norma del proceder policial con referencia a la filmación que se pretende borrar. Los sindicatos policiales integrantes de la USIP expresamos nuestro total repudio a este tipo de acciones, las cuales no representan a la mayoría de los funcionarios policiales que día a día trabajan de forma honesta cumpliendo con la Constitución, las leyes, los decretos y reglamentos siendo siempre nuestro principal objetivo el bienestar de todos los habitantes de la República”, expresan. Por eso, sostienen, esperan “una pronta resolución sobre lo sucedido”.
Un grupo de vecinos de Punta Rubia (Rocha) emitió, por segunda vez en poco más de tres meses, una carta dirigida al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, por un nuevo presunto caso de abuso policial, que incluyó un irregular allanamiento.
En la carta, los vecinos denunciaron "el inexplicable uso de fuerza y despliegue policial" en una vivienda en la que el dueño no estaba presente y, a pesar de tener algunas plantas de marihuana, tenía todo en regla.
"El pasado 25 de febrero a las 14:30 horas un grupo de aproximadamente 20 efectivos policiales entre los que se cuentan uniformados de azul, policía técnica y efectivos vestidos de negro con metralletas, pasamontañas negros y chalecos antibalas irrumpieron en forma violenta y sin identificarse en el domicilio del vecino P.V., de 35 años, uruguayo, con residencia permanente en el balneario", inicia el relato de los vecinos.
"Ingresaron en el predio sin identificación. Allí se encontraban dos amigos del dueño de casa que fueron reducidos a punta de metralleta en la cabeza. A uno de ellos, L.S., de 32 años, también con un arma en la cabeza le dieron a firmar un documento que, según le dijeron, lo hacía responsable y tutor de las plantas de cannabis que se encontraran durante el allanamiento", continúa el relato.
"L.S. leyó el documento en presencia del mencionado despliegue policial y, como mencionamos antes, con un arma en la cabeza. No está seguro de lo que firmó, pero según el relato de los vecinos presentes, le repetían a los gritos que era como testigo y custodio de las plantas. Ahora él siente preocupación porque en realidad no conoce el tenor del documento que firmó", se añade en la carta.
El relato de los vecinos agrega que a quienes se encontraban en la casa "les pidieron documentos y no los dejaron moverse del lugar, amenazándolos con armas".
La denuncia añade que los policías ingresaron a la casa de P.V. y, para hacerlo, "rompieron la puerta de entrada con una patada y la arrancaron". "Una vez dentro, dieron vuelta todas sus pertenencias incluyendo ropa, instrumentos musicales, tambores que fueron golpeados, herramientas de trabajo, comida y todo lo que había en la casa, con mucha violencia y desprecio. También arrancaron la puerta de ingreso al baño".
"Mientras esto ocurría dentro de la casa, afuera sobrevolaban drones y un escuadrón de policías armados custodiaba la puerta y la esquina de la casa. En el jardín se encontraron unas pocas plantas de marihuana, dentro del número legalmente permitido para usuarios registrados ante el IRCCA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis), como P.V.", agregaron los vecinos.
El relato indica que P.V. es carpintero y en ese momento trabajaba en una obra en La Paloma. Una de las vecinas, de 28 años, apareció en la escena con documentos que demostraban que el dueño de la casa estaba registrado en el IRCCA. "En ese momento, la Policía desistió de arrancar las plantas y se comunicaron con los superiores, explicando que les habían mostrado el registro".
Según se expresa en la denuncia, el oficial responsable de la operación ordenó retirarse a los efectivos, "sin ofrecer explicaciones" a los vecinos "y dejando un tendal de destrozos en muebles, pertenencias, herramientas de trabajo y puertas".
"Sin mencionar el daño psicológico derivado de tan violento e injustificado procedimiento, una vez más en nuestra comunidad", añade la carta.
En la denuncia se indica, además, que cuando el dueño de la vivienda llegó a su casa y le explicaron lo sucedido, fue a la comisaría a exhibir nuevamente su inscripción en el IRCCA. "Lo recibieron, pero no le ofrecieron explicaciones, como tampoco le mostraron la orden de allanamiento".
Los vecinos aseguraron que estos abusos policiales no solo se han registrado en su balneario, sino en otros como Punta del Diablo y Valizas.
"Usted, señor ministro, aspira a que la Policía sea respetada y vista como un apoyo a la ciudadanía. Para eso debemos tener confianza en ella y saber que en todo momento actuará con respeto hacia las personas, acorde a derecho y no se excederá en el desempeño de sus funciones. Ya recurrimos a usted, señor ministro, cuando fuimos objeto de toda clase de atropellos en el mes de diciembre y no tuvimos respuesta. Somos gente de trabajo, familias con niños perturbadas en su tranquilidad. ¿Con qué objetivo?", preguntaron.
Los vecinos pidieron a Larrañaga que, "para evitar que este tipo de hechos vuelvan a repetirse", se investigue este nuevo presunto caso de abuso policial.
"No merecemos ser tratados con el prejuicio que proviene del que no conoce, del que no se acerca. Volvemos a reiterar, señor ministro, que nuestras puertas están abiertas para el diálogo. No es necesario derribarlas por la fuerza", concluye la carta.
Montevideo Portal
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