La Diaria   En octubre de 2011, un grupo de 28 ex presas políticas denunció ante la Justicia haber sufrido torturas y violencia sexual durante el terrorismo de Estado. Esa violencia fue ejercida a través de agentes del Estado bajo la forma de desnudez forzada, humillación con connotación sexual, violación, amenaza de abuso sexual, abuso sexual, explotación sexual, acoso sexual y embarazos y abortos forzados, entre otras prácticas que, según las denunciantes, se ejercieron de manera sistemática y coordinada. El caso fue novedoso porque incluía por primera vez la perspectiva de género en una denuncia por crímenes cometidos en la dictadura de Uruguay.

Casi una década después, no ha habido avances. De los más de 100 exintegrantes de las Fuerzas Armadas denunciados, ninguno fue condenado. Sólo se concretó el procesamiento del excapitán Asencio Lucero, pero no fue detenido por delitos de violencia sexual, sino por privación de libertad.

Ante la falta de respuestas, las ex presas políticas decidieron elevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La audiencia tuvo lugar este jueves al mediodía, de forma virtual. Participaron Jacqueline Gurruchaga y Blanca Luz Menéndez en nombre de las ex presas; la abogada defensora, Flor de María Meza; y María Noel Leoni, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). También expusieron representantes del Estado uruguayo, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la CIDH.

“Esta comisión conoce muy bien que en el marco de la dictadura en Uruguay se cometieron varias violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y conoce muy bien también que la deuda de verdad, justicia y reparación con las víctimas y sus familiares no se ha saldado”, comenzó Leoni. En ese sentido, aseguró que, según la sociedad civil, 70% de las 200 causas activas se encuentran en etapa inicial de presumario, incluido este caso.

Este y otros factores “han determinado que la causa de las denunciantes siga impune”. Pero en este caso, se agrega “la estigmatización, la revictimización y la discriminación que enfrentan las mujeres que denuncian violencia sexual”, dijo la representante del Cejil, y aseguró que también en Uruguay “la violencia sexual constituyó un arma de guerra del Estado para humillar, castigar y violentar a las mujeres presas políticas”, pese a que son prácticas que “permanecen en el silencio”. “Estamos acá con la firme convicción de que esta audiencia y camino de la Justicia internacional pueda ayudar a derribar el silencio”.

Desde la sala Maggiolo de la Universidad de la República se conectaron las ex presas políticas y la abogada. Gurruchaga afirmó que “la sistematización y la repetición de los procedimientos represivos” a los que fueron sometidas “dejan en evidencia el carácter de delito de lesa humanidad y pone de manifiesto que la práctica de la violación contra las mujeres formaba parte de un estudiado método de tortura y aseguraba un nivel de daño que dejó secuelas tanto físicas como psicológicas muy profundas y difíciles de superar”. Diez años después de la denuncia penal, cuestionó, “aún no hemos recibido reparación integral”.

La denunciante criticó también la revictimización a la que han sido sometidas en cada etapa del proceso judicial, al verse obligadas a declarar varias veces y revivir en cada relato los episodios de violencia sexual. Al mismo tiempo, dijo que los denunciados “se amparan en mecanismos de impunidad”, anteponiendo “recursos dilatorios que entorpecen el accionar de la Justicia”. “La falta de justicia nos llevó a convivir en la misma sociedad con nuestros torturadores”, agregó.

Por su parte, Menéndez exigió “justicia y reparación integral y que el Estado reconozca que vulneró nuestros derechos, y que ello se difunda, pues forma parte de nuestro derecho a la reparación y a la garantía de no repetición”.

A la vez, denunció que en marzo de 2020 se discontinuaron los servicios de atención psiquiátrica y psicológica que recibían las ex presas y ex presos políticos y sus familiares, según lo establece el artículo 10 de la Ley 18.596.

La espera por la justicia demoró tantos años, dijo Menéndez, que ya fallecieron tres compañeras que iniciaron la denuncia colectiva. “El tiempo transcurrido sólo agrava los impactos de las violaciones que vivimos y de la impunidad. Cada día que pasa esa injusticia, nuestra dignidad se ve afectada”, puntualizó, y sentenció: “Con esta audiencia, iniciamos un camino de búsqueda de justicia internacional”.

La abogada de las denunciantes pidió a la CIDH que haga una visita virtual a Uruguay “para examinar los obstáculos de acceso de los casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, con especial énfasis en las mujeres que denuncian violencia sexual”. Solicitó además apoyo técnico para acompañar a las denunciantes durante el proceso judicial.

La palabra del Estado

La directora de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marina Sande, presentó la respuesta en nombre del Estado uruguayo. La jerarca dijo que el Estado “reconoce, condena y repudia los abusos ocurridos durante el periodo dictatorial” y aseguró que ha dado “pasos decididos para llegar a la verdad y condenar a los culpables”. Enumeró algunos, como la aprobación de la ley que dejó sin efecto la ley de caducidad, la búsqueda de restos de desaparecidos y la investigación de las circunstancias de la desaparición forzada de las personas, “así como la identificación y la imputación de los responsables”.

En la causa de las expresas políticas, Sande aseguró que el Estado “ha hecho y continúa haciendo todos los esfuerzos por aclarar todos los hechos y detener a los responsables”, y dijo que las demoras producidas durante el proceso responden a los recursos presentados “de manera abusiva” por la defensa de los denunciados.

Junto a ella estaban presentes Luis Bermúdez, de la Dirección para Asuntos Políticos de la cancillería; Luján Criado, en representación de Matilde Rodríguez Larreta, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia; Ricardo Perciballe, fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, y el secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia, Gustavo Licastro.

La interpelación de la CIDH

Después de escuchar las intervenciones de las dos partes, integrantes de la CIDH extendieron sus preguntas e inquietudes al Estado. La primera vicepresidenta de la comisión y relatora para Uruguay, Julissa Mantilla, preguntó si el Poder Judicial realiza capacitaciones específicas en materia de género a sus funcionarios y si la legislación uruguaya contempla la tipificación de los delitos de violencia sexual durante la dictadura.

La segunda vicepresidenta, Flávia Piovesan, quiso saber si existen protocolos específicos para el abordaje judicial de los casos de violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado. Consultó además si en el caso particular de las expresas políticas están garantizadas “su participación y escucha activa” en las etapas del proceso.

Por su parte, Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, insistió en la necesidad de que el Estado reafirme que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que cumpla con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman.

En los próximos días el Estado y el grupo de ex presas enviarán los comentarios requeridos por la comisión en formato escrito. En principio, Urrejola aseguró que la CIDH está dispuesta a cumplir con la visita virtual y el apoyo técnico solicitado para las denunciantes, si el Estado está de acuerdo.

“Ha pasado mucho tiempo y los avances en las investigaciones son muy lentos”, concluyó Urrejola antes de finalizar la audiencia. También se dirigió a las ex presas políticas: “Espero que este sea un espacio de escucha para esos silencios que ustedes llevan tanto tiempo queriendo que sean oídos”.