Delitos probados

Resultaron probados los delitos de dos integrantes de partidos gobernantes: el nacionalista Agustín Bascou fue inhabilitado para ejercer el comercio durante un lustro por maniobras cometidas durante su período como intendente de Soriano, y el excolorado y actual dirigente del Partido de la Gente Mauricio de Benedetti fue hallado culpable de practicar contrabando.

 

Exintendente Bascou inhabilitado por cinco años a ejercer el comercio

19 de agosto de 2021 · Procesos judiciales

El exjefe departamental de Soriano todavía puede apelar el fallo de la Justicia, que consideró que “tenía plena noción” de que sus actividades comerciales eran insolventes.

La jueza de concurso Susana Moll resolvió a principios de agosto que el exintendente de Soriano Agustín Bascou (2015-2020) fuera inhabilitado para ejercer el comercio y administrar bienes propios y ajenos por cinco años a raíz de una serie de irregularidades cometidas desde 2017, según informó este jueves el semanario Búsqueda.

El exdirigente del Partido Nacional tenía un establecimiento agropecuario que se dedicaba al engorde de ganado y producción de soja, que enfrentó un embargo de siete millones de dólares por parte de sus acreedores. La empresa fue llevada a concurso en agosto de 2017 a pedido de dos sociedades anónimas que le arrendaban campos y denunciaban el incumplimiento de varios pagos.

Además, Bascou debía al banco Scotiabank 400.000 dólares, de los que eran garantía 1.000 vacas y 3.000 novillos. El entonces intendente vendió en enero de 2017 el ganado prendado, lo que posteriormente motivó su imputación en 2019 a raíz de una denuncia del banco por violar la Ley de Prendas.

 

Un año después, la jueza Moll decretó la liquidación de los bienes de Adriana Inella, esposa de Bascou. La mujer se había presentado voluntariamente a concurso para pagar sus deudas y el exintendente pidió que se relacionara el concurso de su pareja con él. La justicia concursal accedió a rematar los bienes de Inella para pagar la deuda, pero al poco tiempo Inella fue acusada de insolvencia fraudulenta, porque entre los bienes a rematar no se encontraba su casa en la ciudad de Mercedes, que había sido donada a su hija meses antes.

 

Según la resolución de Moll publicada este jueves por Búsqueda, Bascou tenía “plena noción y conocimiento de que no podía cumplir con sus obligaciones desde muchos meses antes de que los acreedores solicitaran su concurso necesario”, pero de todos modos tomó medidas que lo agravaron, por lo que se configura una situación de “culpa grave del concursado”.

Moll también señaló que Bascou se ausentó el día fijado por la junta de acreedores, incumpliendo su obligación de asistir personalmente, al tiempo que su abogado “no brindó explicación sobre su ausencia” pese a que ya se había votado una prórroga y el exintendente conocía la fecha de realización de la audiencia “con seis meses de antelación”.

El fallo aún no es firme y la defensa del exdirigente nacionalista puede apelar.

Bascou también fue denunciado en 2017 junto a su esposa por librar cheques sin fondo, aunque la causa posteriormente fue archivada al año siguiente. Luego, la bancada de ediles del Frente Amplio de Soriano denunció que el intendente había abastecido a la intendencia con combustible de dos estaciones de servicio de su propiedad por unos 600.000 pesos en 2014 (cuando era suplente del entonces intendente Guillermo Besozzi) y en 2016.

El ex edil del Partido Colorado y candidato a diputado por el Partido de la Gente en las pasadas elecciones, Mauricio de Benedetti, fue sorprendido por la Prefectura de Paysandú mientras se disponía a recibir en un campo de su propiedad, a orillas del río Queguay, 25 mil cajillas de cigarrillos de contrabando
 

El ex edil y candidato a diputado por el Partido de la Gente, Mauricio de Benedetti, fue condenado, junto a otros dos hombres, por el delito de contrabando, según informó el periódico sanducero El Telégrafo.
De acuerdo a lo divulgado por dicho medio, la detención de los tres hombres se produjo el lunes por la noche en un campo a orillas del rió Queguay, propiedad de De Benedetti, en el marco de un operativo de la Prefectura de Paysandú.
En el lugar, el personal de Prefectura constató la presencia sospechosa de una embarcación con dos personas a bordo, que al notar la presencia de los oficiales procedieron a darse a la fuga.
Uno de los hombres que pretendía darse a la fuga, era Mauricio de Benedetti, ex edil por el Partido Colorado y candidato a diputado por el Partido de la Gente en las pasadas elecciones.
En la embarcación incautada se encontró un lote de 50 cajas que contenían aproximadamente 25 mil cajillas de cigarrillos Coronado, aparentemente adulterados.
La detención de los involucrados se produjo después de que personal de Prefectura efectuara disparos de advertencia tras dar la voz de alto, desoída por los sospechosos.
Uno de los detenidos poseía al momento del arresto un arma de fuego calibre .38 cargada y con un proyectil detonado.
La Fiscalía Letrada Departamental de Paysandú de 4º turno, a cargo de la doctora Cecilia Irigoyen, formalizó a de Benedetti y a los dos tripulantes de la lancha, que fueron condenados por el delito de “contrabando especialmente agravado en (grado de) tentativa”.
Al político se le impuso una pena de 16 de prisión en régimen de libertad a prueba con arresto domiciliario nocturno por los primeros 8 meses. Deberá presentarse en una comisaría una vez por semana durante 10 meses, realizar tareas comunitarias durante dos horas por el mismo plazo y no podrá salir del país mientras transcurra la totalidad de la pena.
Asimismo, fue incautada la mercadería, la embarcación, un arma de fuego y un tractor con zorra que hubiera sido utilizado para esconder la mercadería de contrabando.

 

>>> Lista de delitos

 AÑO 2021 CORRUPCION

En abril, la policía de Salto realizó un operativo para desarticular una banda de abigeos y se llevó una sorpresa al comprobar que tanto el alcalde del municipio Rincón de Valentín (por el Partido Colorado) como su hijo eran integrantes de aquella.

En mayo, el diputado suplente Nicolás Ortiz (Ciudadanos) fue imputado por explotación sexual de menores en el marco de la Operación Océano.

El intendente de Soriano, Agustín Bascou (Partido Nacional) fue formalizado en 2020 por haber vendido ganado que había puesto como garantía ante el Scotiabank por deudas cercanas a los 400.000 dólares. También tuvo problemas por librar cheques sin fondo y realizar compras directas desde la intendencia a dos estaciones de servicio de su propiedad. En agosto, la Justicia lo formalizó nuevamente a raíz de una denuncia realizada por el Banco República en diciembre de 2017, por haber dispuesto de granos y ganado que estaban en prenda como parte de pago de un crédito. La garantía era por más de dos millones de dólares.

En julio, la Junta Departamental de Río Negro aprobó el pase a la Fiscalía de Fray Bentos y a la Jutep de las actuaciones en torno a las acciones del diputado blanco Omar Lafluf, ya que cuando era intendente compraba combustible en forma directa en una estación de servicio perteneciente a su propio hermano y al arquitecto Guillermo Bordoli, director de Obras de la intendencia y que también fuera candidato a diputado por el Partido Nacional.

En Artigas, Pablo Caram (Partido Nacional) fue reelecto, pese a estar pendientes de resolución judicial las denuncias por corrupción, nepotismo e irregularidades en licitaciones. Entre otras acciones, creó un cargo que no existía para colocar en el mismo a su sobrina Valentina Dos Santos. También acomodó a su pareja, Karolina Gómez, y a sus primos, Rodolfo y Manuel Caram, en cargos de dirección. La exintendente de Lavalleja Adriana Peña también había practicado el nepotismo en nombre del Partido Nacional.

En cuanto a las licitaciones, la Jutep estableció que Caram “violó los principios de probidad, legalidad y transparencia”. Entre otros casos, se encontró que su administración adjudicó licitaciones a tres empresas vinculadas a funcionarios de la intendencia por un monto cercano a los cuatro millones de dólares.

En junio, en Mercedes. Oscar Daniel Fracuelli Fernández, edil de la lista 22 del Partido Nacional (que llegó a dirigir la Junta Departamental) fue formalizado por haber abusado de su hijastra, junto al abuelo de la niña y la complicidad de la madre, desde que la víctima tenía 8 años o menos.

En setiembre, el general (r) Guido Manini Ríos, que había prometido no ampararse en ninguna clase de fueros, tras ser convocado por la Justicia para declarar por no haber informado los crímenes confesados por un camarada de armas ante un tribunal de honor, cambió de opinión y se atrincheró en su banca.

En octubre, en Cerro Largo, Pablo Cáceres Pereira, que encabezaba la lista 195 del Partido Nacional a la Junta Departamental, fue enviado a prisión por amenazar, agredir y lesionar a su pareja. El dirigente ya tenía un antecedente penal por apropiación indebida.

En noviembre fue formalizado el exdiputado por Colonia Edmundo Roselli (Partido Nacional) por cuatro libramientos de cheques sin fondo y nueve violaciones de ley de prendas. Los damnificados son el Banco República y varios particulares.

Comenzando diciembre, los inspectores municipales de Salto requisaron el auto y le retiraron la libreta de conducir al diputado de Cabildo Abierto Rodrigo Albernaz, ya que conducía con 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre. Al principio se negó a que le realizaran la espirometría, metiendo por delante su condición de diputado, lo cual originó una discusión con los funcionarios; pero finalmente pudieron hacerla.

A fines de noviembre murió Ariel Blanco, quien conducía una moto llevando a un acompañante y fue embestido por el vehículo del edil del Partido Nacional Hugo Suárez, quien tenía, exactamente, el doble de alcohol en la sangre que Albernaz.

A ellos se sumó, en tan solo un mes, el presidente de la Junta de Cerro Largo, detenido y condenado por pagar a un menor de edad para tener sexo. Gustavo Viera, del Partido Nacional, fue condenado a dos años y medio de prisión (tras un acuerdo en juicio abreviado para evitar el juicio oral) por un delito de retribución o promesa de retribución a adolescentes a cambio de relaciones sexuales.

En febrero de 2021, Pablo Gallo, que fuera edil por el Partido Colorado en Maldonado, fue condenado a 12 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba por haber maniobrado con terrenos en La Juanita, cayendo junto con él el escribano Ángel Teodoro Ferraz Techera. Ambos habían falsificado documentos para vender los terrenos de manera fraudulenta. El político colorado tenía antecedentes por contrabando (1997), violencia doméstica (1999) y violencia privada (2012). Protagonizó otros escándalos, como el inte

 A través de investigación llevada adelante durante este tiempo se estableció el vínculo de Ferraz Techera y de José Francisco Pablo Gallo (60, ex edil colorado en la Junta de Maldonado), quienes luego de ser localizados comparecieron este martes en la sede judicial de 2º turno de San Carlos.

Tras la instancia, se dispuso la condena de Ángel Teodoro Ferraz Techera como autor de 3 delitos de falsificación material de documento público por funcionario público y un delito de estafa, todos concurriendo en régimen de reiteración real.

Se ordenó pena de 3 años de penitenciaría, a cumplir en el régimen de libertad a prueba con condiciones.

También fue condenado José Francisco Pablo Gallo como autor de un delito de uso de documento o certificado falso. En su caso deberá cumplir pena de 12 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba con condiciones.