Los sobornos millonarios de Odebrecht
Ningún uruguayo afrontó consecuencias en la Justicia de su país, que rechazó pedidos de colaboración, pese a que estudios, testaferros y bancos administraron millones de dólares de la corrupción
19 de julio de 2022
Hugo Alconada Mon
Seis años después del escándalo hemisférico que provocó Odebrecht,
ningún uruguayo afrontó consecuencias penales en su país por participar
en el lavado de las coimas que recibieron funcionarios argentinos y de
otros países. Al contrario, la Justicia uruguaya archivó denuncias y rechazó pedidos de colaboración o extradición
para evitar que los ciudadanos de su país acusados en el extranjero
quedaran sometidos a investigaciones, según surge de un análisis
desarrollado por la “Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas” que integran periodistas de LA NACION y otros ocho medios de comunicación del hemisferio.
El relevamiento expone que los estudios jurídicos uruguayos que asesoraron en la trama delictiva, los bancos que escondieron los fondos y los testaferros que prestaron sus nombres no afrontaron mayores contratiempos en los tribunales de su país. Y si bien algunos extranjeros fueron detenidos y extraditados por lavar “para la corona” desde Montevideo o Punta del Este, los principales responsables permanecen libres y sin acusaciones ante la Justicia uruguaya o eludieron los pedidos de extradición.
¿Quiénes fueron los engranajes uruguayos que hicieron funcionar la maquinaria del lavado para Odebrecht? Son al menos 17 contadores, abogados y operadores de ese país, según determinó la revista Sudestada. Entre ellos, Carlos Dentone, quien presidió Sabrimol Trading, una sociedad anónima uruguaya que funcionaba en la zona franca de Montevideo y por cuyas cuentas bancarias circularon millones de dólares de las coimas argentinas.
Así, Sabrimol Trading recibió US$2,1 millones de la firma offshore Select Engineering Consulting and Services, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, además de otros US$4,8 millones de la también offshore Klienfeld Services, y US$315.000 de InterTrading Ltd, además de US$1,5 millón de Innovation Research Engineering and Development Ltd y, por último, US$251.000 de la panameña Magna International Corporation.
Todos esos fondos provinieron, en realidad, de la contabilidad paralela de Odebrecht y se destinaron al pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y de la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Pero Dentone declaró ante LA NACION y la Justicia argentina que el verdadero dueño de Sabrimol Trading era el lobista argentina Jorge “Corcho” Rodríguez, quien lo negó de manera tajante.
Dentone declaró y se encuentra procesado por la Justicia argentina, pero no afrontó problemas en su país, ni tampoco los otros uruguayos que participaron en la trama local de Sabrimol Trading, como tampoco registró dificultades Andrés Norberto “Betingo” Sanguinetti Barros, otro viejo conocido del capítulo argentino del Lava Jato.
Miembro de la comisión directiva del Club Atlético Peñarol, uno de los clubes “grandes” del fútbol uruguayo, y gestor de cuentas en la sede montevideana de la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde llegó a ocupar una de las vicepresidencias, “Betingo” Sanguinetti pareció encarnar la excepción a la regla uruguaya en 2018, cuando ingresó a una cárcel en Andorra, procesado por el delito de lavado de activos por la jueza Canòlich Mingorance.
Sanguinetti pasó casi dos meses detenido en el principado europeo, pero luego logró volver a Uruguay gracias a un acuerdo que le permite cumplir su condena en libertad, donde retomó sus actividades laborales.
El cúmulo de pruebas que logró reunir la jueza andorra muestra cómo el medio hermano del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti movió sus influencias personales con el entonces ejecutivo de Odebrecht, Luis Eduardo da Rocha Soares, para que la constructora se convirtiera en cliente del BPA y utilizara su sucursal uruguaya para lavar cientos de millones de dólares –entre otros, de la trama argentina de la corrupción- entre los años 2006 y 2015.
Sanguinetti apareció incluso en los intercambios del sistema Drousys que Odebrecht montó para preservar el anonimato de sus transacciones ilícitas, directamente con su correo electrónico del BPA y con su nombre completo, por lo que no quedaron dudas sobre su participación y relevancia en la operatoria.
“Andrés Sanguinetti es un uruguayo, amigo mío, conocido de mi familia. Él trabajó en el [banco suizo] PKB también en Uruguay y trabajó en el Espirito Santo Bank de Portugal. Fue para la Banca Privada de Andorra, me buscó, y comenzamos a tener una relación. Fui a Andorra y conocí a la cúpula del banco y empezamos a trabajar”, explicó Da Rocha Soares ante la Justicia de Brasil.
Al igual que con la trama alrededor de Dentone y Sabrimol Trading, sin embargo, la Justicia uruguaya no abrió una investigación local sobre la operatoria de “Betingo” Sanguinetti, ni sobre la trama de lavado que desde Uruguay salió a la luz ante la inoperancia de las autoridades que debían ejercer el control de sus actividades.
A Dentone y Sanguinetti se sumaron otros uruguayos. Entre ellos, los socios del estudio BGL Asesores Legales y Financieros, Juan Carlos González Lerena y Gonzalo Fernández Ameglio, con sede central en Montevideo. También, sus exsocios Washington Fernando Belhot Fierro y Claudio Marcelo Chakiyian Vázquez, quienes abrieron su propio negocio, el estudio South Capital Partners, que prestó servicios en Holanda y Panamá.
Según declaró el abogado brasileño Rodrigo Tacla Durán ante la Justicia española, Marcelo Odebrecht contrató directamente los servicios de Belhot Fierro y González Lerena, a través de la sucursal uruguaya de Mossack & Fonseca. Pero a pesar de los testimonios y pruebas que los mencionan directamente, tampoco fueron llamados por la Justicia uruguaya para responder por su rol en la estructura delictiva de Odebrecht.
Allí no se acaban los nombres de abogados, contadores y operadores uruguayos vinculados directa o indirectamente al capítulo latinoamericano del Lava Jato por cientos de millones de dólares. También aparecen los responsables del estudio Posadas, Posadas & Vecino (PPV) -vinculado al exministro de Economía uruguayo Ignacio de Posadas- que apareció como asesor y administrador de bienes obtenidos gracias a la corrupción.
Según un informe de la Policía brasileña, ese estudio colaboró con la “administración” de empresas de papel y fondos negros, además de asesorar en el flujo de esos fondos en paraísos fiscales, lo que negó Ignacio Posadas de manera contundente en abril de 2016. “Es un invento”, afirmó. “Nosotros no tenemos nada que ver, y yo menos, estoy retirado. El estudio sigue con mi nombre porque lleva el nombre de mi padre, pero eso ya está todo aclarado y no tuve ningún vínculo”. Pero no fue así, según probó el Ministerio Público Fiscal brasileño.
Al igual que en todos los casos anteriores, sin embargo, la Justicia uruguaya no investigó la participación del estudio PPV en la corrupción que financió Odebrecht, aunque la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) abrió una investigación sobre este y otros buffets. Al final, sin embargo, la pesquisa se demoró tanto que cambió el gobierno y asumió un director al frente de la Senaclaft, Jorge Chediak, quien no dudó en archivar el caso.
Este artículo forma parte de la serie “Viaje al centro de Lava Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).
Por Fabián Werner / @fwernerv / Sudestada*
La audiencia que iba a realizarse este lunes 18 en Panamá se suspendió, como en otras ocasiones, por la ausencia de los abogados de varios acusados con diferentes excusas. Así las cosas, la jueza Baloisa Marquínez, suspendió la instancia y la reprogramó para una fecha a confirmar entre el 12 y el 30 de setiembre.
En ese juicio, que tiene 50 imputados por distintos delitos a la causa "Panabrecht", aparecen tres personas con nacionalidad uruguaya por su participación en la trama que permitió a Odebrecht lavar cientos de millones de dólares. Uruguay y Panamá eran dos de las principales guaridas fiscales donde la constructura brasileña sentó sus bases para el blanqueo de los capitales ilícitos.
Para ello, personajes como Andrés “Betingo” Sanguinetti, Maya Cikurel Spiller y Juan Francisco Mutio fueron fundamentales. Prestaron sus valiosos servicios para abrir cuentas y empresas, ocultar beneficiarios finales y encubrir transacciones dolosas. Todo para eludir a la Justicia y los controles fiscales en América, África y Europa.
En el caso de Betingo, es conocida ya su participación en el esquema que utilizó el expresidente Ricardo Martinelli para ocultar el dinero de las coimas mediante cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), de la que el uruguayo llegó a ser vicepresidente de la filial en Montevideo.
El exdirectivo de la empresa Odebrecht, Luis Eduardo da Rocha Soares, fue uno de los que detalló la intervención
de Sanguinetti en las maniobras, durante una de sus comparecencias ante la Justicia de Brasil. “Indicábamos al BPA, en la persona de Andrés Sanguinetti, para la apertura de cuentas a nombre de testaferros. Entretanto, los reales beneficiarios eran personas políticamente expuestas. Uno de ellos era el hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli”, contó Soares.
“Luisinho”, como le decía Betingo, también detalló que Martinelli usaba las cuentas de dos empresas panameñas (Pachira y Mengil), a las que se transfirieron a su nombre alrededor de 30 millones de dólares gracias a las gestiones de Betingo en BPA. Martinelli y sus dos hijos también están entre los 50 imputados en la causa panameña.
Varios ministros del gobierno panameño también recurrieron a Betingo para lavar sus coimas. Por ejemplo, a través de las offshore Westfall, Ralfim y Randalle, según confesó Soares.
El abogado Rodrigo Tacla Durán también fue uno de los testigos que narró con lujo de detalles cómo Betingo asesoraba a empresarios y testaferros a operar cautelosamente dentro de BPA, según los videos que publicó Sudestada.
La intermediaria
La fiscalía panameña también mencionó entre aquellas personas que “prestaron los servicios o su identidad para elaborar la estructura financiera que le permitiera a la caja 2 de Odebrecht, encubrir, ocultar, transferir la suma de dineros ilícitos hacia los beneficiarios finales” a la contadora uruguaya Maya Cikurel Spiller.
Según los datos obtenidos de cuentas bancarias uruguayas, Cikurel era quien administraba los fondos a nombre de la sociedad panameña Arcadex SA. Esta empresa de papel era “intermediaria en el esquema de ocultamiento de dinero ilícito”, ya que recibía fondos que luego se depositaban en otras cuentas a nombre de fachadas como Baxley Assets Inc, Select Engineering Consulting and Services o Constructora Internacional del Sur.
El exdirectivo de Petrobras Renato de Souza Duque también fue uno de los clientes de Cikurel, ya que como representante de la empresa panameña Milzart Overseas SA recibió dinero desde la cuenta de Arcadex SA a través de bancos suizos.
“Dice el Ministerio Público de la Confederación Suiza, que además pudieron identificar a Barry W. Herman, Maya Cikurel Spiller, Olivio Rodrigues como los beneficiarios finales de las cuentas a nombre de las sociedades controladas por la empresa Constructora Norberto Odebrecht”, explicó la fiscalía.
Juan Francisco Mutio Cerdeiras es el otro uruguayo en la lista de acusados por lavado de dinero ante la Justicia de Panamá. Mutio fue identificado como uno de los “beneficiarios finales de sociedades que alimentaron con dinero ilícito cuentas en las cuales se beneficiaron funcionarios públicos panameños, en razón de coimas por proyectos estatales”.
Mutio asumió el 16 de julio de 2010 la presidencia de Sherkson International, una SA uruguaya que lavó decenas de millones de dólares para Odebrecht, la verdadera dueña de la sociedad. El nombre de Mutio Cerdeiras fue mencionado como gestor de Sherkson por el delator Vinicius Veiga Borin, quien trabajó en el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, encargado de gestionar el pago de coimas.
El rol de este hombre de 59 años en la estructura de lavado fue definida en la acusación fiscal como la de una “interpuesta persona dentro de la conducta del blanqueo de capitales”, ya que tanto él como Cikurel “resultan ser testaferros de la empresa Odebrecht, debido a que su actuar dificultó la identificación del verdadero origen de la transferencia y los verdaderos beneficiarios finales”.
La suerte de Sanguinetti, Cikurel y Mutio se conocerá en setiembre, cuando la jueza Márquez vuelva a convocar a la audiencia en ciudad de Panamá.
TANTO QUE LE RECLAMAN LA DECLARACION JURADA DE BIENES A SARTORI, EL ACTUAL MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA DA SILVEIRA HABRA INCLUIDO EN SU DECLARACION, LOS PANAMA PAPERS, Y OTRAS BIYUYAS, CORRESPONDIENTES A SU SEÑORA ESPOSA, REQUERIDA Y COBIJADA EN ESTE LAVADERO, NARCO PAIS.....
ResponderEliminar