domingo, 16 de marzo de 2014

Hay reparto...de cedulones de desalojo

Gabriel Arrieta colono de Kiyú
Productor de Kiyú resiste el desalojo que le ordena Colonización
 Apuesta a la tierra
Gabriel Arrieta ocupó en 2008 con otros productores el predio, formó una cooperativa y el Instituto de Colonización les cedió la tierra. Ahora están en litigio.
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EDUARDO DELGADO09 mar 2014
"Venga por Ruta 1 hasta el kilómetro 61, que es la entrada a Kiyú. Entre y antes de llegar al mar va a ver un ómnibus de Cutcsa. Ahí vivo yo", explicó Gabriel Arrieta.
Es un hombre de 46 años, con la piel curtida a la intemperie, que cultiva cinco hectáreas y cría 10 vacas de raza Holando en ese lugar de San José. Duerme en ese viejo ómnibus, que ha acondicionado con cama y heladera. Su joven hijo reside a pocos metros en un pequeño remolque prestado.
Junto con otras cinco personas formaron una cooperativa a la que, en 2011, el Instituto de Colonización le otorgó un campo de 32 hectáreas, pero en octubre de 2013 esa institución resolvió que esa fracción le sea devuelta.
Algunos años antes, en mayo de 2008, Gabriel Arrieta había armado una carpa en este predio, en la que vivió ocho meses, a la manera habitual de los ocupantes ilegales. Luego construyó un rancho muy humilde y húmedo -en el que los ratones eran la presencia habitual- hasta que se trasladó al viejo ómnibus donde vive.
Arrieta dice que en reiteradas ocasiones informó al INC que la cooperativa "no funcionaba como tal" y que él era el único de los seis miembros que cumplía con los requisitos del colono, entre ellos el de vivir en el terreno. "Estoy con mi familia en el campo y los otros hacen lo que quieren sin vivir acá, plantan soja y trigo y tienen negocios por fuera de este campo. Si les quitan este campo no se verán afectados económicamente, mientras yo y mi familia quedaríamos en la calle", dijo.
Por eso reclama que se le permita seguir viviendo en el lugar, del que no se quiere ir y donde dice que ya tiene vínculos con otros pobladores.
La presidenta del Instituto Nacional de Colonización, Jacqueline Gómez, dijo a El País que no puede haber marcha atrás en la resolución de que la cooperativa devuelva la tierra, ya que incumplió con las condiciones acordadas (ver nota aparte).
El campo donde está asentado Arrieta era parte del fondo de recuperación de activos tras el cierre del Banco de Crédito y por ley debía pasar al INC, pero como esto no se concretaba, él decidió instalarse en el terreno el 12 de mayo de 2008, dijo.
Comentó que se le recomendó que hablara con un grupo de productores de Libertad, que también pretendían un campo, para formar una cooperativa.
"Así lo hice, y la cooperativa anduvo muy bien durante un año. Al segundo sólo quedamos trabajando tres de los seis, luego quedamos dos, plantando y cosechando papas, con lo que ni siquiera sacábamos para los costos", contó Arrieta.
Entonces, él les comunicó a los otros cooperativistas que se abría, y que en su predio haría quinta. Plantó zapallito, zucchini, zapallo criollo y boniato. Pero los números tampoco le cerraron. "Sin un vehículo para comercializarlo y venderlo me liquidaba la intermediación. Pero quise ver qué pasaba".
Ahora tiene alfalfa que en parte vende y en parte utiliza para alimentar a las 10 vacas que cría. El dinero no le da para mantener a la familia, dijo, por lo que junto a su hijo realiza changas en campos de la zona y su esposa realiza trabajo doméstico en Montevideo.
Aseguró que para tener un proyecto "serio y productivo" necesita más hectáreas, por lo que pide que el INC "acceda a dialogar, que sepa el proyecto que tengo para el campo".
"Dicen que el campo fue dado a seis familias pero no es así; fue dado a una familia y a cinco personas que nunca se instalaron en el lugar", añadió.

"No existe".

Arrieta es crítico de cómo el INC se comportó. "En una reunión de directorio le dije a (el entonces presidente del INC, Andrés) Barterreche que esto no era una cooperativa, sino un grupo de productores que buscaban una forma jurídica para agarrar un campo de Colonización. La cooperativa no existe, no tiene ni hojas de trabajo ni actas. Faltaron formalidades y la cooperativa cayó", expresó.
Está en muy malos términos con los otros integrantes. "Yo me peleé con ellos, lo que incluyó denuncias policiales y judiciales", dijo. Por esto, "el año pasado le envié otra nota al INC y les dije que la cooperativa no existe. Les pedí que intervinieran, que hagan algo".
Comentó que recientemente dialogó por teléfono con la actual presidenta del INC quien le solicitó que salga de la fracción.
"El INC siempre quiere que la familia esté afianzada en la tierra y yo he cumplido", dice Arrieta. "No es cuestión de que te den un campo y vivas en Punta del Este", acotó.
A Arrieta no le han informado aún del plazo que tiene para abandonar el campo, pero sabe que la medida de desalojo se puede ejecutar en cualquier momento.
"A mí me sacarán con la Republicana o con los GEO. No negocio con ir al frente, a los costados o a Punta del Este. Tengo los lazos acá", dijo y se volvió para mirar el campo sembrado de alfalfa.

INC: "Es difícil para nosotros también"

"En este caso, lamentablemente no logramos cambiar la situación; para nosotros también es difícil pero tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades", dijo la presidenta del Instituto Nacional de Colonización (INC), Jacqueline Gómez, sobre la decisión de intimar la entrega del campo en el que reside Gabriel Arrieta.
Aclaró que la decisión del INC "no tuvo relación con su persona sino con la cooperativa, y no podemos meternos en la interna del grupo".
La jerarca dijo que los afectados recibieron un cedulón con la notificación de que deben devolver el predio y que la propuesta del INC será acordar cuándo se concretará su salida del lugar. Pero "si no se soluciona por una vía razonable y de negociación, tendremos que recurrir al formato que corresponde", en este caso una orden judicial de desalojo.
Gómez hizo hincapié en que el INC tomó la decisión sobre un colectivo. "No podemos tomar decisiones sobre cualquiera de las personas que integra el grupo, porque el terreno fue entregado en su momento a una cooperativa, integrada por seis personas".
Cuando el campo sea devuelto, afirmó, el INC dispondrá un mecanismo para que las personas interesadas en instalarse en él como colonos se presenten. "Y quienes están actualmente, si tienen el perfil, pueden presentarse".

Compromisos.

Gómez comentó que cuando un grupo accede a un campo del INC "asume distintos compromisos", entre ellos hacer frente a una renta, avanzar en un proceso de formalización de la figura legal que se presentó (en este caso una cooperativa), la residencia en el medio y el cuidado del medio natural. En este caso, varios requisitos no se cumplieron.
Sostuvo que existen unos 5000 colonos y que para el INC "es importante cuidar que los recursos del Estado, en este caso tierras, sean usufructuados en cumplimiento de obligaciones que asumimos el INC y los colonos. Es de justicia también con los otros colonos".
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RÍO NEGRO | DANIEL ROJAS16 mar 2014
Las familias asentadas en campos de Río Negro dicen sentirse perseguidas a tal punto que algunos se han enfermado por la presión psicológica que supone recibir un cedulón tras otro, conminándoles a dejar las tierras. Incluso, la esposa de un colono intentó quitarse la vida después de recibir la notificación judicial.
Sostienen que les están buscando "la quinta pata al gato" y que, para ello, han recurrido a "falsear" los informes elevados a Montevideo, dando cuenta de casas vacías y campos descuidados. No descartan presentar una denuncia penal.
Algunos arrendatarios indicaron que los relevamientos son diametralmente opuestos cuando los técnicos son enviados desde Montevideo y aclararon que la decisión de desalojarlos no pasa necesariamente por deudas en la renta.

Hasta la puerta.

La familia de Álvaro Lorduguín ocupa desde 1954 la fracción 122 de Colonia Herrera. Su hermano Juan denunció serias irregularidades "en algunos informes que no concuerdan con la realidad de varias fracciones. También nos sentimos presionados por los reiterados cedulones que nos mandan. Incluso ha llegado el juez hasta la puerta de las casas", expresó el productor.
Juan indicó que a pesar de la adversidad planteada existe voluntad "de solucionar los problemas, en un grupo donde algunos tienen deudas pero también existen casos de colonos que no deben nada e igualmente están en la misma situación".
Su hermano José contó que hace algunos años sufrieron cuantiosas pérdidas por la muerte de las vacas de ordeñe como consecuencia del llamado "hongo de la pradera".
El tambo se vio reducido a unos pocos animales que se vieron en la necesidad de vender. Eso generó deudas, pero a principios de este año, pagaron US$ 10.000 sobre un total de US$ 35.000 y se comprometieron a saldar el resto antes de fin de año. Aun así, el Instituto de Colonización los quiere fuera.
"Hicimos una propuesta de pago, se pagó una importante suma y a los tres días el informe fue muy malo, recomendando que no se dé andamiento a la propuesta de pago", informó a El País, Juan Lorduguín.

De bebé.

Otro caso es el de la familia Pons Kasmenko. Francisco llegó allí con 8 meses y hoy tiene 78 años. El instituto le pide que entregue el campo.
"Con Colonización no tenemos deudas, nos encontramos al día. Vivimos con nuestros hijos y trabajamos la fracción como nos pide el Instituto. El tema es que hace un tiempo recibimos una notificación por una inspección ocular de un ingeniero que falta a la verdad y nos quieren obligar a cosas que no están dentro del reglamento", indicó Raquel Kasmenko a El País.
Dijo que el mismo técnico redactó en el informe que su esposo padece una enfermedad. "Nosotros pedimos que certifique eso porque no es verdad", indicó.
Leonel Vidart, otro de los colonos, dijo que recibió tantas presiones que entregó uno de los dos campos que tenía para lechería. Al poco tiempo se enteró que fue destinado a la siembra de soja.
Admitió que en su tierra también tiene una plantación de soja, 15 hectáreas para verdeo de invierno, además de vacunos, lanares y yeguarizos.
"Vivo ahí y vivo de eso. Como seguían insistiendo opté por entregarle uno de los dos campos. Tenía un atraso que saldé hace 7 meses pagando todo al contado y ahora me siguen pidiendo el campo que me queda", dijo indignado el productor.

Grave.

Diego Henderson, presidente de la Mesa Nacional de Colonos, dijo que éste es el resultado de un largo proceso de delegaciones regionales "que marchan muy mal", como la de Paysandú, a cargo de Ana Fernández, "que ya tiene antecedentes de mala gestión en Artigas donde tiempo atrás ocurrió una situación similar".
Henderson denunció que en un caso "tildan de loco a un colono sin ninguna constancia, cuando para hacer lo mismo con un funcionario público hay que hacer, por lo menos, una pericia psiquiátrica".
"Desde que asumí como presidente de la Mesa, vengo sosteniendo que el lápiz de un técnico es más peligroso que una ametralladora. Es muy perverso", añadió.
Cuando se le preguntó cuáles son las razones por las que se intenta despojarlos de la tierra, Henderson respondió que él se formula la misma pregunta. "Así como a lo largo y ancho del país hay colonos para defender y otros que no, hay funcionarios públicos que rayan con la delincuencia", expresó.



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