Asesinó a 53 detenidos
Una confesión y un nuevo grupo de tareas
En un reclamo administrativo, un militar narró cómo le ordenaban matar a los prisioneros, inyectarles una droga mortal y envolver los cuerpos en nylon para ser arrojados al río. A partir de ese documento se reconstruyó de qué manera operaba la Sección de Operaciones Especiales de Campo de Mayo, que participó en la represión de la Contraofensiva.
Por Alejandra Dandan y Victoria Ginzberg
“Las
prácticas concretas que afectan al suscripto (...) están referidas
virtualmente al método ordenado para la ejecución física de los
subversivos prisioneros, los cuales sin ningún tipo de juicio de
defensa, se me ordenaba matarlos a través de los distintos médicos a mis
órdenes con inyecciones mortales de la droga Ketalar. Luego los cuerpos
eran envueltos en nylon y preparados para ser arrojados de los aviones
Fiat G 22 o helicópteros al Río de la Plata. Dichas máquinas partían en
horarios nocturnos desde el batallón de aviación del ejército
seiscientos uno (601). Las ejecuciones o asesinatos llevados a cabo por
este método fueron cincuenta y tres, siendo cuatro de ellos extranjeros.
Otro método de ejecución fue el fusilamiento ordenado por el comandante
de Institutos Militares con la presencia de los directores de las
distintas escuelas de armas y otros institutos para que dichos oficiales
superiores adquieran una responsabilidad comprometedora al avalar con
su presencia esta práctica aberrante.” La confesión pertenece al
represor Eduardo Francisco Stigliano. No fue hecha en la Justicia, sino
que figura en un reclamo administrativo ante el Ejército. Fue uno de los
hallazgos que dejó el trabajo de reconstrucción que está realizando la
Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. El
documento es una prueba fundamental en el juicio que se está realizando
por el asesinato y desaparición de quienes participaron de la
Contraofensiva. Y es importante porque aportó detalles en primera
persona sobre delitos de lesa humanidad, confirmó que en Campo de Mayo
se concentró el accionar represivo a los miembros de la organización
Montoneros que regresaron al país entre 1979 y 1980 y, además, fue clave
para identificar a un grupo de tareas hasta el momento desconocido: la
SOE (Sección de Operaciones Especiales de la guarnición de Campo de
Mayo).
Los familiares de las víctimas reclaman ahora que la jueza Alicia
Vence llame a declarar a los represores que salieron a la luz a partir
de esa investigación, que son varias decenas. Vence convocó en las
últimas semanas a trece integrantes del Ejército, cuadros medios y
superiores. Hasta el momento quedaron bajo arresto domiciliario cinco
acusados, entre ellos, Ricardo Pianta, ex jefe del Ejército durante el
gobierno de Raúl Alfonsín y jefe de Operaciones del Estado Mayor del
Comando de Institutos Militares en los años que abarca este expediente;
Raúl Muñoz, ex intendente interventor de Florencio Varela y jefe del
Departamento Personal del Estado Mayor entre 1980 y 1982, y Roberto
Dambrosi, ex jefe de la Compañía de Actividad Psicológica del Batallón
601.El martes, el juzgado retomará la actividad con la indagatoria de Marcelo Cinto Corteaux, ex jefe de la primera sección del Ejército del 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. Las querellas integradas por hijos de los militantes, sobrevivientes, madres o hermanas se alegran por los avances pero entienden que son un primer paso. Hace meses, entregaron a la Justicia decenas de nombres integrantes de las patotas, cuadros medios e inferiores con responsabilidad en la acción directa. Los datos provienen de una reconstrucción casi arqueológica realizada por familiares y distintas agencias del Estado abocadas a las políticas de desclasificación y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas. Los familiares encontraron en los archivos documentación que confirma hipótesis supuestas desde hace treinta años o piezas del rompecabezas que todavía faltaban.
Uno de los primeros documentos importantes fue el expediente por el trámite de salud de Stigliano. El 17 de octubre de 1991, el teniente coronel hizo su descargo sobre su trastorno de salud –“una especie de neurosis con síndrome violento”– en su domicilio, ante un oficial de la Brigada de Caballería Blindada Dos de Entre Ríos, que se trasladó hasta su casa. Stigliano tenía en ese momento 48 años. Había sido jefe de la Sección de Operaciones Especiales (SOE) de Campo de Mayo y había recibido una condecoración del entonces jefe del Comando de Institutos Militares Cristino Nicolaides, “por su lucha contra la delincuencia terrorista”. Es en ese trámite donde describe cómo le ordenaron ejecutar prisioneros indefensos y arrojarlos vivos al Río de la Plata. El testimonio, con el que el militar pretendía conseguir un retiro anticipado por las secuelas que le había dejado “la lucha contra la subversión”, se encontró entre 2006 y 2007. Allí, el militar afirma tener “pesadillas en forma permanente, relacionadas con las actividades que, como jefe de la Sección Operaciones Especiales de la guarnición militar de Campo de Mayo, se me ordenaron ejecutar y que constituyeron violaciones flagrantes a la Constitución, las leyes y reglamentos militares, toda vez que se identificaron con las prácticas más aberrantes que se puedan concebir, en relación al respeto básico de los derechos del prisionero de guerra consagrados en los Convenios de Ginebra, el derecho internacional de guerra y otras leyes que rigen el orden internacional”.
En su escrito, Stigliano argumenta que “sufre una especie de neurosis con síndrome violento” y que tiene “un impulso irrefrenable de venganza hacia quienes lo llevaron a esta situación, ‘combatientes de escritorio’, que mientras nos ordenaban asesinar, ellos se preocupaban por el mantenimiento de sus prebendas y de los mal llamados botines de guerra”. Stigliano relató también una visita del general Leopoldo Fortunato Galtieri a “un campo de prisioneros borrado oportunamente” dentro del ámbito de Campo de Mayo y amenazó con difundir la lista de las víctimas, las matrículas de los aviones usados en los vuelos de la muerte, los nombres de los gendarmes que vigilaron a los prisioneros y del personal que fue testigo de “los fusilamientos y otras formas de ejecución”. En ese sentido, advertía que si le sucedía “cualquier evento natural o traumático”, la información que estaba a resguardo en “dos sobres lacrados en la caja fuerte de un estudio jurídico” sería revelada.
Stigliano murió poco después de hacer este reclamo. Cuando su legajo y los valiosos datos que contenían fueron advertidos por el Ministerio de Defensa, se ordenaron allanamientos a su casa en Entre Ríos y los estudios jurídicos involucrados, pero no se encontró ninguna documentación en la que figuraran los nombres de las víctimas o las matrículas de los aviones que se usaron para asesinarlas.
Campo de Mayo
El juez Ariel Lijo condenó en 2007 a una decena de represores del 601 –Nicolaides, Jorge Luis Arias Duval, Pascual Omar Guerrieri y Santiago Manuel Hoya, entre otros– en una causa en la que se ventiló la responsabilidad del 601 en la represión de la Contraofensiva y que involucró a seis víctimas. El expediente que tiene a su cargo Vence, que abarca a 85 víctimas, intenta reunir a todos los sectores y responsables que intervinieron y reconstruir y entender el episodio completo. De acuerdo con la información obtenida hasta ahora se desprende que la persecución del grupo de la Contraofensiva fue realizada por dos estructuras del Ejército: el Batallón de Inteligencia 601, que desde 1978 estaba en Campo de Mayo (y de la que dependía el 201, de Inteligencia de Campo de Cayo) y la SOE (Sección de Operaciones Especiales) del Comando de Institutos Militares. El 601 trabajaba en las persecuciones al exterior (Brasil, Europa) y hacia adentro hacía el “trabajo” la SOE.El hallazgo del trámite administrativo de Stigliano permitió comenzar a reconstruir la Sección Operaciones Especiales (SOE), que era casi una estructura fantasma, porque hasta ese momento no aparecía asentada como parte del organigrama de Campo de Mayo. El año pasado, Página/12 dio cuenta del trabajo de reconstrucción que realizó en los últimos años la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, a cargo de Stella Segado. En ese momento se dijo que la SOE se había creado en el Comando de Institutos Militares, que era una institución educativa y no de combate. La Orden Parcial 405-76 de mayo de 1976 incorpora este lugar a la zonificación militar, nombrándola como “Zona 4”. En esta zona tomó cuerpo una estructura de inteligencia ad hoc que por falta de personal debió nutrirse de las distintas Escuelas del Comando de Institutos. Estos oficiales integraron la Sección Operaciones Especiales, la SOE, que en criollo era un grupo de tareas. La mayor parte de sus miembros estuvieron en el SOE sólo de modo transitorio. Permanecían dos o tres meses en “comisión de servicios” y solamente iban a hacer tareas operativas. El área estuvo comandado por el capitán Martín “El Toro” Rodríguez y a partir de 1979 por Stigliano. De acuerdo con la reconstrucción que hizo el Ministerio de Defensa, es posible que en cada etapa de la SOE haya habido unas 20 o 30 personas que rotaban cada dos o tres meses. De esta manera, los “operativos” que estuvieron involucrados en los dos años que se investigan en la causa son varias decenas.
La patota
En el legajo de Stigliano figura un reclamo por una herida. Eso fue fundamental para vincularlo directamente con los secuestros de la Contraofensiva. El 17 de septiembre de 1979 fueron asesinados en Munro y en una emboscada dos integrantes de la conducción nacional de Montoneros: Armando Croatto y Horacio Mendizábal. Habían vuelto al país en el marco de la primera Contraofensiva y la patota llevó a una cita a Jesús María Luján, el “Gallego Willy”, que ya estaba secuestrado. Cuando los vio, salió del auto, les gritó que era una cita cantada y se armó un tiroteo. Stigliano estaba ahí y terminó herido. En su legajo se asentó entonces la felicitación de Nicolaides por el mérito al combate. A partir de esa mención, Defensa comenzó a buscar los nombres de quienes habían recibido la misma buena nota. Sabían que podían ser 30 o 25 porque en el legajo de Stigliano aparecía en lápiz un “1sobre25”. En Defensa dicen que en ese momento se dieron cuenta de que a Nicolaides le encargaba felicitar a su gente, lo hacía frente a cada operativo y eso facilitó la tarea. Además, la relación de Stigliano con la Contraofensiva estaba confirmada por un viejo testimonio de una sobreviviente en la Conadep. Ella indicaba que él le levantó la capucha y que le tomó “declaración”. Con esos datos comenzó la reconstrucción de la SOE. Fueron encontrando integrantes de Gendarmería, del Servicio Penitenciario Federal, o sea, que el grupo de tareas estaba formado por fuerzas conjuntas. De allí sacaron la lista de decenas de imputados que tiene ahora la jueza.La otra pata represiva en esta causa está integrada por el 601, lo que se conoce como el “grupo Hoya” y que fue en parte investigada por el juez Lijo. Pero los querellantes descubrieron que quienes trabajaban con Hoya podían ser más de veinte y aspiran a que se profundice esta línea en el expediente de Vence.
“Hicimos un trabajo de investigación y van surgiendo responsabilidades. Tenemos sospechas, testimonios. Ahora falta el trabajo de la jueza y la fiscalía”, señaló a Página/12 Florencia Tajes Albani, hermana de Daniel Crosta, desaparecido en septiembre de 1979. “Queremos que la jueza llame a todos y que no desguace la causa, que arme una megacausa”, agregó en el mismo sentido Daniel Cabezas, sobreviviente y hermano de Gustavo, secuestrado en 1976 por un grupo de la escuela de comunicaciones de Campo de Mayo. El abogado Pablo Llonto, representante de los familiares de las víctimas, cree que “lo que hizo la jueza hasta ahora es importante y estamos conformes, pero sabemos que son más y no podemos sino hacer los deberes para que todos los genocidas vayan a la cárcel. Los querellantes esperan el segundo paso, que sería la indagatoria a todos los involucrados”.
El Legajo de Stigliano
09.06.2013 | Las confesiones del teniente coronel Eduardo Francisco Stigliano
El represor que relató en primera persona los delitos de la dictadura
Tramitaba una pensión militar por "neurosis de guerra". En tren de fundamentar esa solicitud, concibió uno de los documentos más estremecedores sobre el terrorismo de Estado. Entre sus víctimas, tres jefes montoneros.
El pacto de silencio entre los militares de la última dictadura y la
destrucción –o el ocultamiento– de los archivos sobre la llamada "lucha
antisubversiva", hicieron que la reconstrucción de su esquema operativo y
la identidad de los represores dependieran principalmente del
testimonio de sobrevivientes. Pero hubo excepciones.
El general Ramón Camps, por ejemplo, solía alternar las tareas punitivas
con la escritura de sus andanzas. Prueba de ello es su libro Caso
Timerman, punto final (editorial Roca /1982), en el cual agradecía al ex
gobernador bonaerense Ibérico Saint-Jean, a su ministro Jaime Lamont
Smart y a otros funcionarios por la asistencia brindada en "la
investigación y los interrogatorios tendientes a establecer el trasfondo
del diario La Opinión". Tres décadas después, aquella frase fue el
punto de partida del procesamiento de Smart, quien tuvo el dudoso mérito
de ser el primer civil detenido por delitos de lesa humanidad.
Lo cierto es que, en los últimos tres años, la desclasificación y el
análisis de legajos del personal del Ejército, la Armada y la Fuerza
Aérea –realizados por equipos del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y
la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia–
abrieron el acceso a nuevos nombres y datos acerca del terrorismo de
Estado; en especial, al evaluarse las condecoraciones por "actos de
servicio" y los reclamos administrativos por traumas mentales y
enfermedades "de guerra".
Al respecto, es digno de mención el del ya finado teniente coronel
Eduardo Francisco Stigliano, cuyo expediente está ahora incorporado a la
Causa Nº 4012 –a cargo de la jueza federal de San Martín, Amelia
Vence–, sobre los crímenes cometidos en jurisdicción del Comando de
Institutos Militares, con asiento en Campo de Mayo. Los ya amarillentos
papeles, presentados por ese oficial en 1991 ante la Dirección de
Personal del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) –a los que Tiempo
Argentino tuvo acceso– constituyen un documento de enorme valor
histórico y judicial. Allí se autoincrimina en 53 asesinatos. Confiesa
su rol en secuestros y ejecuciones callejeras de jefes de Montoneros.
Describe las visitas del general Leopoldo Galtieri a los campos de
exterminio. Revela fusilamientos ante la presencia de todos los jerarcas
militares del área. Deja al descubierto la estructura de inteligencia
que actuaba en Campo de Mayo. Admite –incluso, antes que Adolfo Silingo–
los vuelos de la muerte. Y no duda en reconocer el carácter criminal de
la represión.
PONER EL HOMBRO. La historia clínica de Stigliano
certifica que "el 17 de septiembre de 1979, fue asistido por presentar
una perforación en la mano derecha por esquirla de granada, con entrada
en el dorso y salida por la palma, a la altura del dedo índice, en
circunstancias en que el causante cumplía una misión de combate ordenada
contra la subversión".
Aquel día, el integrante de la conducción nacional de Montoneros,
Horacio Mendizábal, y el ex diputado Armando Croatto, quien encabezaba
el brazo sindical de la "Orga", aguardaban en el estacionamiento del
supermercado Canguro, de Munro, al "Gallego Willy". No suponían que él
–cuyo nombre era Jesús María Luján Vich– había caído dos días antes en
manos del Ejército. Y que ahora, traído para "marcarlos", permanecía a
unos metros, en un Ford Falcon estacionado sobre la Avenida San Martín.
Los represores, a su vez, no imaginaron que él saltaría del auto para
malograr la emboscada con un grito. Fue el primero en caer. El tiroteo
fue breve y concluyó con la muerte de sus dos compañeros, luego de que
Mendizábal alcanzara a arrojar una granada. Sus esquirlas atravesaron la
mano del jefe de la patota.
Ahora se sabe que este era el entonces capitán Stigliano.
No fue su primera herida "en combate". El 26 de marzo de 1976 –siempre
según su historia clínica– sufrió una "herida en hombro derecho con
proyectil 9 milímetros de punta hueca, que le ingresa por detrás y le
sale por la región deltoidea anterior, en circunstancias que el causante
cumplía una misión de combate ordenada contra la subversión".
Aquel día, como flamante interventor militar de la comisaría de Escobar
–en la cual prestaba servicio Luis Patti–, Stigliano encabezó un
operativo en una casa de Escobar. Desde su interior, le fue disparada
esa bala. Si bien no se conoce la identidad de sus ocupantes ni el
destino que corrieron, trascendería –a través del testimonio prestado el
3 de agosto de 1979 ante un sumariante militar por el sargento Carlos
Ahumada, quien participó en la refriega– la identidad del resto de la
patota; a saber: el teniente Carlos Subiría, el cabo primero Villarreal y
el cabo Juan Koval, junto a los policías bonaerenses Sibetta y
Ballesteros. De igual modo, en el sumario iniciado a raíz de las heridas
sufridas por Stigliano cuando Mendizábal, Croatto y Luján fueron
acribillados, el 2 de octubre de 1979 se les tomó declaración a dos
integrantes de aquella patota: los sargentos Roberto Ramos y Adrián
Barberis, quienes dieron fe del percance sufrido por el capitán, quien
encabezaba la jefatura de la Sección de Operaciones Especiales (SOE),
tal como se llamaba el grupo de tareas del Comando de Institutos
Militares.
Doce años después, muy alicaído, con un cuadro depresivo creciente y
aprisionado por persistentes pesadillas, Stigliano motorizó su reclamo
ante el EMGE para obtener un plus salarial en concepto de invalidez y
"neurosis de guerra", una plegaria, por cierto, no debidamente atendida.
EL VENTILADOR. Dicho trámite fue tomando caminos
escarpados. Tanto es así que, el 7 de noviembre de 1991, nada menos que
el entonces jefe del II Cuerpo del Ejército, general de brigada Diego
Soria, elevó las actuaciones al respecto hacia el EMGE con la siguiente
aclaración: "Señalo la gravedad de las afirmaciones vertidas a fs. 7/8
por el causante, que deben ser analizadas por afectar a la Fuerza,
exteriorizando con ello un deliberado propósito de generar problemas
institucionales."
Poco antes, el 17 de octubre de 1991, un instructor de la Brigada de
Caballería Brindada de Paraná le tomó declaración al ahora teniente
coronel, quien a los 49 años se encontraba postrado en su domicilio de
esa ciudad. En resumidas cuentas, arrancó: "Como jefe del SOE se me
impuso órdenes que violaban la Constitución, las leyes y los reglamentos
militares, toda vez que se identificaron con las prácticas más
aberrantes que se puedan concebir."
Así fue el comienzo. A continuación, atribuiría sus trastornos
emocionales a los asesinatos que se vio obligado a consumar. "Se me
ordenaba matar a los subversivos prisioneros a través de médicos a mis
órdenes, con inyecciones de la droga Ketalar. Luego, los cuerpos eran
envueltos con nylon y se los preparaba para ser arrojados desde los
aviones Fiat C22 o helicópteros al Río de la Plata." Stigliano –según
sus propios cálculos– asesinó a 53 personas con esa modalidad. Pero
también mencionó fusilamientos ordenados por el jefe máximo de
Institutos Militares, general Santiago Omar Riveros, con la presencia de
los directores de todas las escuelas del Comando para que ellos
"adquirieran una responsabilidad compartida".
Con posterioridad, el 19 de noviembre de ese año, Stigliano envió el
EMGE un escrito de siete carillas con su firma, en la que, entre otras
consideraciones, relata una visita de Galtieri al centro clandestino El
Campito. "Su propósito era dialogar con el delincuente subversivo
'Petrus' (luego ejecutado), que fuera capturado por una sección a mis
órdenes." Todo, para decir que Galtieri se interesó en esa ocasión por
su herida en la mano.
Pero en aquellas 20 palabras, también echó luz acerca de uno de los
últimos instantes vividos por Horacio Domingo Campiglia, nada menos que
el responsable de la inteligencia montonera, quien fue secuestrado el 12
de marzo de 1980 en el aeropuerto de Río de Janeiro junto con Mónica
Susana Pinus, tras ser bajados a los golpes por una patota de
argentinos, bajo la atenta mirada de efectivos del Ejército de Brasil.
Ahora se sabe que Stigliano era quien allí también llevaba la voz
cantante.
En 1991, al borde de la invalidez y ante la indiferencia de sus
superiores, Stigliano pateó el tablero con el único fin de acelerar sus
trámite de retiro. El arrepentimiento no estaba en su horizonte. Moriría
por causas naturales unos meses después. Sus confesiones, en cambio,
están más vivas que nunca. «
Terrorismo de Estado y la salud
La Armada suele pagar a rajatabla las pensiones por secuelas en "actos de servicio", a pesar de que el beneficiario ya haya muerto.
Tal es el caso de la señora Haydée de la Serna Lynch, viuda del marino Gustavo Lynch Jones, acusado de participar en los vuelos de la muerte en la ESMA. El tipo –hermano del oficial Ricardo Lynch Jones, actualmente en juicio oral por esa misma causa– murió en 1989.
Su esposa, al respecto, dijo: "Gustavo expuso la vida en la lucha contra la subversión para salvar a la patria del flagelo que la amenazaba, y esa, justamente, fue la causa de su temprana muerte."
Un cuñado para el batallón 601
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| Florencio Arteaga, |
Nada de "dar vuelta la página": ¡qué se abran los archivos militares!
"Hace meses, entregaron a la Justicia decenas de nombres integrantes de las patotas, cuadros medios e inferiores con responsabilidad en la acción directa. Los datos provienen de una reconstrucción casi arqueológica realizada por familiares y distintas agencias del Estado abocadas a las políticas de desclasificación y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas. Los familiares encontraron en los archivos documentación que confirma hipótesis supuestas desde hace treinta años o piezas del rompecabezas que todavía faltaban."
De esta manera se expone con claridad en el artículo-denuncia acerca del nuevo "grupo de tareas" de los militares cuando la dictadura en Argentina y como se ha hecho un trabajo de investigación a partir de los archivos y documentos que están abiertos para el análisis de los familiares, organizaciones de DDHH y abogados. Lo hemos sostenido todo el tiempo, así como lo han hecho de manera heroica e incansable los familiares y las organizaciones de DD.HH. en Uruguay: LOS ARCHIVOS ESTAN, Y EN LOS ARCHIVOS ESTA TODO, LOS ARCHIVOS DEBEN DE ABRIRSE Y LOS RESPONSABLES DE LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD QUE SURJAN DE LO QUE ESTA EN LOS ARCHIVOS DEBEN DE SER SOMETIDOS A JUICIO Y CONDENADOS.
El mundo se pregunta sobre cuál es la razón de que no se abran los citados archivos militares. Son de propiedad del Estado y en el gobierno de ese Estado están las fuerzas llamadas progresistas. Qué, además, sufrieron en carne propia tal cual el resto del pueblo, las consecuencias de los crímenes. Y dado que los militares dicen no haber cometido ninguna ilegalidad ni crimen alguno, que todo lo que hicieron se ajustó a "la ley" o a "las tradiciones" como hace poco definiera el Comandante en Jefe que pretende "dar vuelta la página", es aún más inexplicable el que los archivos no se abran. Si nos atenemos a la versión militar respaldada al menos por la derecha en su conjunto a pesar de que también tienen sus asesinados y sostenida también al menos por la derecha de la izquierda para darle algún nombre y no caer en improperios, más apuntalada por la Suprema Corte de INjusticia compuesta por gente que hizo su carrera judicial durante la dictadura, de abrirse los archivos los investigadores, juristas internacionales, familiares, abogados defensores, periodistas, etc, se encontrarián con un "todo en orden", la más completa legalidad, ni rastros de crímenes de lesa humanidad. Entonces: ¿por qué no se abren los archivos?, ¿cual es la razón para NO demostrar la inocencia que proclaman y que estaría expuesta con claridad en toda la documentación mencionada?, ¿por qué insisten en que persista la duda, que la sombra de los crímenes cometidos y no resueltos se cierna sobre todos y cada uno de los integrantes de los aparatos represores?.
¿Por qué no quieren abrir los archivos?
La negativa nos conduce a que debe de deducirse que han cometido todos los crímenes de los cuales son acusados pero por los que no han sido juzgados,debe de deducirse de que utilizando esos archivos los investigadores y la Justicia logren conformar el "rompecabezas" del que hablan los familiares en Argentina y que les ha dado tantos logros en el esclarecimiento de muchos casos, debe de deducirse de que allí están estampados organigramas, órdenes, directivas, nombres y más nombres, días y horas, que proyectarán claridad sobre los asesinatos (incluyendo los frecuentes por la espalda, o en prisión), que echen luz sobre los asesinatos en la tortura, sobre las violaciones, sobre los secuestros, sobre los bebés robados y desaparecidos, sobre los saqueos sistemáticos, los robos a mano armada a la población civil y al mismo Estado, y muchos más crímenes para los cuales hay figuras jurídicas estipuladas y penas también. Con un sustancial agravante: SON CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD QUE NO PRESCRIBEN (como se podrá ver en algunas de las informaciones que a continuación presentamos) y para los casos de la desaparición forzada constituyen muy serios agravantes en la medida que el delito se renueva cada día y a cada hora en tanto que no se sabe lo que ha pasado con el desaparecido. En estos instantes que ustedes están leyendo este artículo se están cometiendo centenares de crímenes de lesa humanidad a través de secuestros y desapariciones forzadas. Así lo establece toda la legislación internacional vigente en la materia así como la Convención de la Naciones Unidas sobre la desaparición forzada que Uruguay ratificó.
Cuando los archivos se abran no solamente se estarán esclareciendo muchos crímenes del pasado sino también tendrán un efecto preventivo dado que el día que se mande a juicio a los secuestradores y se sepa que pasó con los desaparecidos y estos criminales sean condenados, ahí se habrá terminado con la reiteración cotidiana de estos crímenes. Bonomi habla a cada rato de la labor "preventiva", la derecha lo mismo, y muchos del Frente Amplio también, aquí tendrían una gran oportunidad para mostrar CON HECHOS que pretenden combatir los delitos y que estos no se repitan día a día. Lo que, sin duda, y aunque no se grite por todos cotidianamente genera una enorme INSEGURIDAD CIUDADANA. La inseguridad de sentirse amenazados por una enorme banda armada a la que incluso se le paga un sueldo para que mejore la amenaza. Ya que si los crímenes no se esclarecen de suyo surje que los autores están preparados y en disposición, más aún cuando se saben impunes, de repetirlos.
La Jueza Mota dijo la verdad: Mujica la hizo echar
La Jueza Mariana Mota constató una realidad y la expresó: los procesos en Argentina están mas avanzados que en Uruguay. A las pruebas nos remitimos, pero si acaso no fueran suficientes, hoy se puede ver una parte de los resultados a través de esta labor que los familiares llaman de "armar el rompecabezas", y eso que se trata de solo una unidad militar. Pero más que suficiente para llevar a juicio a docenas de criminales que todavía están impunes y hasta ocupan cargos. Mujica hizo echar a la Jueza Mota, malamente, muy pero muy suciamente, apelando a la clique de la SCJ que no solamente la echó y paralizó más de 50 casos que estaban listos para proceso, sino que fué más allá -ante el estupor internacional- y dictaminó que los crímenes de lesa humanidad son delitos comunes.Y con ello dieron el puntapié inicial a la intentona de "lavado" de la historia de la Institución asesina: las FF.AA. que hoy en día pretenden "dar vuelta la página".
Se alegan los resultados de las consultas ciudadanas. Hay que indicar (como siempre que se trata de analizar los crímenes) que si los archivos se abrieran y aparecieran las pruebas y éstas se dieran a conocer y fueran divulgadas a la ciudadanía, sin ahorrar los detalles del horror y la putrefacta perversidad de los "valientes" militares, es seguro que los resultados serían otros. Expresado de otra manera: cuando la ciudadanía fué a resolver sobre este problema carecía y aún carece de toda la información, es decir que fué a decidir con unos pocos elementos concretos. Aquí radica también una de las razones de la oposición a abrir los archivos, que repetimos, son un bien del Estado, es decir de todos. Se dice (aunque no se practica con honestidad) que ante las elecciones la ciudadanía debe conocer lo que piensan hacer los candidatos, programas, promesas, propuestas, y que entonces sí en el templo de la democracia pueden decir SABIENDO. Al ocultar los archivos se elimina la posibilidad ciudadana de decidir con todos los elementos en la mano y hacer un juicio. Supongamos que el progresismo no este afectado de ningún "síndrome de Estocolmo" o de cualquier otro lugar, supongamos, entonces debería de estar en su propio interés DEMOSTRAR que la democracia actual no está amenazada, que no vive en los marcos restringidos que le deja un permanente chantaje de la mafia que le da los indicativos para su actuación, esto sí, y esto no, y si no lo cumplen aquí tenemos los "fierros" para hacerlos entrar en razón, "¿tamo?".
La pandilla que proclama, como únicos en el mundo, que los crímenes de lesa humanidad son delitos comunes, es el revestimiento legal de esta gran estafa con todas las cúpulas comprometidas, que se decora con simbolismos para decir que se respetan los DD.HH. No es cierto ya que -lo repetimos- el delito de la desaparición es diario y para nada es un delito común. Mientras no muevan un dedo y al contrario tapen y caigan en perversas complicidades, no habrá ninguna página a dar vuelta, y los hijos, familiares, nietos, y personas decentes en general continuarán por decenios y decenios en la brega por la Verdad y Justicia para hacer posible que en Uruguay se logre hacer lo que, por ejemplo, se está llevando a cabo en la Alemania capitalista COMERCIALMENTE ADMIRADA por el progresismo y tomada como ejemplo, menos eso sí en el juzgar a los carceleros de los campos de exterminio que están yendo a juicio con edad casi centenaria. Nadie podrá olvidar el asco, el repudio, la indignación ciudadana cuando se supo la suerte corrida por el Maestro Julio Castro, ¿que pasaría si se abren los archivos, se encuentran a los responsables de los crímenes, y se hacen públicas las atrocidades cometidas?, no con un caso sino con cientos, o con miles si incluímos todo el conjunto de atropellos, violaciones tambien, y la ilegalidad de todas y cada una de las detenciones, "juicios militares" y prisión a ciudadanos. ¿Y si después de esto se hiciera una consulta?,¿qué pasaría? porque horrores similares a los de Argentina van a aparecer marcando a fuego a los que pretenden "dar vuelta la página". No se llenen la boca con "la democracia", mientras que esto no esté resuelto no habrá ningún tipo de democracia, ni de seudo, ni de restringida, ni de vigilada. Será una farsa para ocultar los crímenes de una banda mafiosa.
Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
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