domingo, 7 de junio de 2020

No nos enteramos




Gobierno se niega a informar quiénes donaron dinero a la campaña por covid-19

6 de junio de 2020 | Escribe: Natalia Uval



El 20 de marzo, en una conferencia de prensa, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció la apertura de dos cuentas en el Banco República (BROU) para “recabar la iniciativa de trabajadores y de empresarios” que quisieran colaborar ante la emergencia sanitaria originada por la covid-19. Delgado dijo que había “muchos empresarios trabajando” en la gestión de donaciones y que la apertura de las cuentas era una forma de canalizar estas iniciativas. Aclaró que esos aportes se destinarían a la compra de instrumental médico y sanitario.

la diaria hizo dos pedidos de acceso a la información pública para conocer quiénes realizaron donaciones en especies al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y quiénes donaron dinero en las cuentas abiertas a tales efectos en el BROU.

En el primer caso, el Mides respondió con un listado que detallaba las donaciones y los donantes, entre los que figuraban desde instituciones como The British Schools Old Boys & Old Girls hasta empresas multinacionales como Unilever y gremiales empresariales como la Asociación de Cultivadores de Arroz del Uruguay.

En el segundo caso, se consultó a Presidencia de la República acerca del monto depositado en las dos cuentas del BROU abiertas por el Sistema Nacional de Emergencias, un listado de los donantes y el monto depositado en cada caso, así como el detalle de las compras realizadas con el dinero recaudado. En la respuesta que elaboró la Prosecretaría de Presidencia se responde el primer y el tercer punto, pero no el segundo.

Según el informe de la División Financiero-Contable que acompaña la respuesta, hasta el 26 de mayo de 2020 se recibieron donaciones por un monto de 2.869.037 pesos uruguayos en una de las cuentas, y de 1.358.044 dólares en la otra. Se aclara que el dinero está “en proceso de transferencia, previa intervención del Tribunal de Cuentas”, a las cuentas del Fondo Solidario Covid-19, a los efectos de centralizar todas las donaciones recibidas. Por tanto, el dinero se utilizará para atender las erogaciones que se realizan con cargo al Fondo Solidario Covid-19. Este fondo ya ha financiado, por ejemplo, la compra de estudios diagnósticos y tomas de muestras.

Acerca de los nombres de los donantes, Presidencia se negó a contestar la información amparándose en los artículos 7 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales 18.331. El artículo 7 establece el principio del “previo consentimiento informado”, que indica que “el tratamiento de datos personales es lícito cuando el titular hubiere prestado su consentimiento libre, previo, expreso e informado, el que deberá documentarse”. Ese mismo artículo dispone que no será necesario el previo consentimiento cuando “se trate de listados cuyos datos se limiten en el caso de personas físicas a nombres y apellidos, documento de identidad, nacionalidad, domicilio y fecha de nacimiento”, y “en el caso de personas jurídicas, razón social, nombre de fantasía, registro único de contribuyentes, domicilio, teléfono e identidad de las personas a cargo de la misma”.

En su respuesta, Presidencia alega que no fue posible recabar el consentimiento informado de los donantes para difundir sus datos personales y recuerda que los datos sujetos al previo consentimiento informado constituyen una de las excepciones al derecho de acceso a la información pública previstas en la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública. Efectivamente, esta norma, en su artículo 10, señala que los datos personales que requieran previo consentimiento informado pueden ser considerados información confidencial.

El Decreto 232/010, que reglamenta la ley de acceso a la información pública, establece que una información confidencial debe ser clasificada como tal por la autoridad competente, pero Presidencia no señala expresamente en su respuesta que haya tomado la decisión de clasificar la información requerida como confidencial. “Para que la información pueda ser clasificada como confidencial, se requerirá resolución fundada de la autoridad administrativa competente”, indica el decreto. Y añade: “La documentación clasificada como información confidencial deberá tener incorporada una leyenda indicativa de su carácter confidencial, la fecha de su clasificación, su fundamento legal y la firma de la autoridad correspondiente”. Donaciones anónimas

En Uruguay, las donaciones anónimas están permitidas, incluso en los casos de financiamiento de los partidos políticos; la Ley 18.485, que regula el funcionamiento de los partidos políticos, habilita a estos a recibir donaciones anónimas siempre que no superen las 4.000 unidades indexadas (aproximadamente 18.400 pesos). En la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en cambio, las donaciones anónimas están prohibidas, ya que presentan problemas de transparencia y supervisión, según señalaba un estudio de esa organización sobre gobernanza pública de 2013. En Uruguay, durante el período legislativo pasado se discutió un cambio en la normativa de regulación de los partidos políticos para prohibir las donaciones anónimas, pero finalmente esta disposición no llegó a aprobarse.

En este caso, no se trata del financiamiento de partidos, sino del financiamiento de una campaña impulsada por el gobierno. Presidencia de la República resolvió no brindar la información amparada en la ley mencionada, pero dispone de los datos, ya que el Decreto 133/2020, que reglamenta la creación del Fondo Solidario Covid-19, establece en su artículo 5 que el BROU “brindará al Ministerio de Economía y Finanzas la información relacionada a cada depósito recibido, incluyendo la identificación del depositante” en las cuentas bancarias que se abrieron con el objetivo de recaudar fondos para combatir la pandemia. “En el caso en que el medio utilizado para efectuar el mismo no permita su identificación, la Presidencia de la República habilitará una página web, donde permitirá que quien haya realizado una donación en dinero, y desee ser identificado, registre su depósito y adjunte una copia del mismo”, añade el decreto.

Los empresarios donantes en Uruguay, en general, no han tenido inconvenientes en que se conozcan sus contribuciones al combate de la pandemia. Las gremiales agropecuarias dieron una conferencia de prensa para anunciar que donarían 100 millones de dólares a la causa (aunque gran parte de estos recursos catalogados como donación constituían en realidad dinero público), y un grupo de empresas nucleadas en la campaña #NosCuidamosEntreTodos lleva recaudados más de cinco millones de dólares que se destinaron a la compra de respiradores, kits de diagnóstico, ambulancias y prendas para personal médico. Las empresas donantes son conocidas: entre otras, figuran UPM, Montes del Plata, SURA, Tienda Inglesa, Divino y Piso 40.
El exministro de Economía propuso gravar los “volúmenes patrimoniales que manejan algunos compatriotas, que constituyen un porcentaje ínfimo de la población y no están aplicados a actividades productivas” (Océano FM, 22-IV-20). El ahora senador se refería al dinero que los uruguayos tienen en el exterior. Algunas fuentes calculan que el monto llega a los 6.236 millones de dólares (El País, con datos del Banco Internacional de Pagos de 2018); otras, que son más de 8 mil millones de dólares. En la entrevista, Danilo Astori dijo: “Hay miles de millones de dólares de uruguayos depositados en el exterior, que no tienen nada que ver con la reactivación productiva de Uruguay, lamentablemente. […] ¿Por qué no pensar en algún tributo que grave precisamente, incluso modestamente, no estoy pensando en un tributo importante, a los miles de millones de dólares de residentes uruguayos que están depositados en cuentas en el exterior? Eso no tiene nada que ver con la reactivación productiva, ni tampoco le afectaría. Al contrario, tendría un efecto coherente con el hecho de que esos uruguayos pudieran repatriar esos capitales y ayudar ahora que el país lo necesita tanto”.

Ariel Pfeffer, uno de los imputados por explotación sexual de menores, enfrenta un juicio por estafa que inició un grupo inversor canadiense. El empresario de Endeavor y Piso 40

Los amables donantes
¿Cuál es el verdadero aporte del sector agropecuario al Fondo Coronavirus?


Campo Unido, agrupación formada por seis cámaras empresariales del sector agropecuario –entre ellas, la Asociación Rural del Uruguay–, propone una donación para el combate del covid-19 / Foto: adhoc, Javier Calvelo
Seis cámaras empresariales del sector agropecuario anunciaron que donarían 100 millones de dólares para combatir el covid-19. Sin embargo, ese dinero, en esencia, surge más de fondos públicos aportados por toda la sociedad que del bolsillo de los productores.
El Fondo Coronavirus y el modo de financiarlo se aprobó en el Parlamento el segundo día de abril. Sus recursos provendrán de la recaudación del impuesto a los sueldos de los funcionarios públicos (incluidos los parlamentarios y los jerarcas estatales), de las jubilaciones y las pensiones más altas, y de un 30 por ciento de las ganancias del Brou. Además, se maneja la posibilidad de utilizar la totalidad de los recursos de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
El gobierno pronostica que, para atender las consecuencias sanitarias, económicas y sociales, serán necesarios 400 millones de dólares (el equipo económico calcula que el gravamen a los funcionarios públicos será de 20 millones). En ese sentido, también prevé utilizar parte de los préstamos contingentes otorgados a Uruguay por organismos multilaterales, como el Bid, el Banco Mundial y la Comisión Andina de Fomento (Caf). Esta posibilidad es manejada para el caso en que la recaudación de los organismos fiscales caiga debido a la menor actividad económica.
A esta dificultad se agrega el desembolso que deberá hacer el Bps, que entre los primeros días de marzo y el 19 de abril recibió 143.944 solicitudes de seguro de paro y más de 80 mil solicitudes de subsidio por enfermedad. Deben sumarse también los recursos que demandarán las medidas anunciadas para resolver, en parte, los problemas de los trabajadores informales, los monotributistas y las empresas que facturan menos de 305 mil unidades indexadas anuales (equivalentes a 1.372.000 pesos).


JUEGOS DE ARTIFICIO. El financiamiento de las medidas contra el covid-19 es una de las cuestiones fundamentales. Aparte del “impuesto solidario” a los funcionarios estatales –aprobado por ley–, el gobierno no ha determinado un aporte significativo ni de los empleados privados en relación con los impuestos actuales ni del empresariado. Con respecto al aporte al fondo de este último sector, el gobierno ha apostado a la donación voluntaria. La novedad que surgió el 14 de abril fue que un agrupamiento denominado Campo Unido anunció –luego de reunirse con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte– que donaría 100 millones de dólares.
Campo Unido está integrado por la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural, la Comisión Nacional de Fomento Rural, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Asociación Nacional de Productores de Leche. Pero ¿de dónde salen esos 100 millones de dólares? De acuerdo al cálculo de las agremiaciones, unos 40 millones provienen de la renuncia, por un año, a la devolución que los gobiernos departamentales le hacen a la producción pecuaria por la venta de ganado. Es decir, mediante un sistema de certificados, los productores descuentan un 1 por ciento de sus obligaciones con el Bps o la Dgi. Otros 20 millones provienen del Instituto Nacional de Carnes (Inac); específicamente, de fondos públicos de promoción del sector. Y los 40 restantes, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Inia); específicamente, de fondos públicos para la investigación.
En otras palabras, el único dinero que sale del bolsillo de los productores es el del descuento del 1 por ciento. Además, las cifras oficiales contrastan con los cálculos de los integrantes de Campo Unido: en 2019, según la Opp, el monto del reintegro hecho por las intendencias fue de 20 millones de dólares, una cifra que, incluso, puede disminuir si se mantienen las condiciones económicas internacionales actuales, al disminuir la colocación de semovientes en el mercado. Pero, además, para que esa donación fuera efectiva y no quedara librada a la decisión individual de cada productor, el Estado debería fijar alguna norma (decreto o ley). Esto también se aplica en el caso de los fondos del Inac y el Inia de los que hablan los integrantes de Campo Unido. De nuevo: son fondos públicos cuyo destino depende de decisiones políticas y no de la voluntad de los productores, por más que los contribuyentes se conglomeren con la intención de redireccionarlos.
El diputado y expresidente del Inac Alfredo Fratti (FA, Mpp) dijo a Brecha que lo que plantean las asociaciones rurales “es un desvío de fondos”: “La ley de creación del Inac dice claramente que no se puede derivar recursos del instituto a cometidos que no sean los específicos, que no tengan que ver con la función establecida en su fundación. Es decir, aunque el presidente de la junta, todos sus integrantes y el ministro estén de acuerdo, no pueden destinar fondos a otros propósitos, a no ser que exista una normativa que enmiende la original de constitución del Inac. Esto es muy claro. Por ejemplo, cuando el tornado en Dolores, aunque el instituto hubiera querido colaborar con el techo del liceo, no habría podido hacerlo, porque no le está permitido”.
El diputado agregó que los dineros públicos del Inac “no son recaudados en un año, sino en varios”, y que, si bien este funciona bajo el derecho privado, no deja de ser una institución pública. Argumentó que es cierto que hay un gran aporte de los productores, pero también de los consumidores, porque el Inac recibe el 0,7 por ciento de la venta de carne en el mercado interno, es decir, este dinero proviene del bolsillo del consumidor final. Es más, por la compra de carnes porcina y vacuna de Brasil y Paraguay –o sea, que no salen de la producción nacional–, el consumidor final también paga el 0,7 por ciento. Por tanto, concluyó, “no es verdad que esa plata proviene puramente de los productores, y, aunque así fuera, serían fondos públicos: una vez que se aportó, no se los puede redirigir”. El otro componente de financiación que tiene el Inac es el 0,6 por ciento que pagan los productores y la industria frigorífica por las exportaciones Fob (free on board), es decir, el precio que cobran los exportadores por el producto a bordo del barco. “Donación es cuando metés la mano en el bolsillo y ponés la plata sobre la mesa. Lo otro es redireccionar el dinero público”, sentenció el exjerarca.
Por su parte, el Inia se financia con el aporte de los productores y el Estado. No obstante, el legislador aseguró que el Inia usa el mismo mecanismo: el desvío de fondos públicos con otros fines. “Yo no estoy cuestionando si están justificados o no, pero no pueden ser presentados como donaciones. También digo claramente que el sector agropecuario tiene la importancia que tiene y, además, es el que más va a cinchar después de la pandemia. Justamente, esas dos instituciones a las que se quiere afectar son las que fortalecen el sector para salir a pelear los mercados. Y de la investigación ni hablamos, porque es la madre del borrego: justamente, no debería tocarse, para que esas entidades lideren la presencia de Uruguay internacionalmente”, subrayó Fratti.















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