La caída de los prófugos

Los criminales de lesa humanidad de las dictaduras del cono sur, que habían huido de sus países cuando sintieron que perdían su impunidad, siguen siendo perseguidos por la justicia y, más temprano que tarde, terminan detenidos. Enciso cayó en Río de Janeiro. Ohanessian está en la cárcel de Villa Devoto. Cordero con prisión domiciliaria en Buenos Aires. Bardesio procesado en Uruguay. Tróccoli aislado en Italia. Sofía escondido en Miami...

ROGER RODRIGUEZ 

para Caras y Caretas 14 enero 2011

Brasil detiene al represor argentino Encizo implicado en las muertes de Barredo y Whitelaw

La justicia brasileña decretó la prisión preventiva del ex agente de la dictadura argentina César Alejandro Enciso, quien aparece implicado en el asesinato de los uruguayos Rosario Barredo y William Whitelaw, cuyos cuerpos aparecieron muertos junto a los de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976.

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Enciso, quien también ha sido encausado por la justicia de su país, fue apresado en Río de Janeiro en 30 noviembre de 2010, por una requisitoria internacional solicitada por el fiscal italiano Gianncarlo Capaldo, quien en octubre de 2007 ordenó a Interpol la captura de 149 represores de las dictaduras del cono sur, entre los que incluyó a 33 uruguayos y 13 brasileños.

Uno de esos uruguayos, es el coronel Antranig Ohanessian Ohannian, quien también fue detenido en el aeropuerto de Argentina en marzo de 2008 y aún permanece bajo prisión preventiva a la espera de una demorada resolución de la justicia de ese país, que también analiza la posibilidad de juzgarlo por su participación en la coordinación represiva entre las dictaduras de la región.

Ohanessian permanecía encarcelado en la Prisión de Devoto, de donde ya fue extraditado hacia Uruguay en noviembre de 2009 el ex fotógrafo policial y miembro del Escuadrón de la Muerte, Nelson Bardesio, quien se encuentra procesado en la cárcel central de Montevideo, junto al ex policía Pedro Fleitas, por decisión de la jueza penal de 8º turno, Graciela Eustachio

Antranig Ohanessian Ohannian

La lista del fiscal Capaldo también incluía al coronel uruguayo Manuel Cordero, pero su juzgamiento fue solicitado previamente por la justicia argentina, que logró su detención en Brasil en febrero de 2007 y tras otro largo proceso de extradición fue finalmente trasladado a Buenos Aires e internado en el Hospital Militar porteño hasta diciembre último, cuando pasó a prisión domiciliaria.

Cordero y Enciso habrían participado directamente de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw, cuyas muertes serán juzgadas junto a otras violaciones a los derechos humanos en el marco de la causa denominada “Plan Cóndor” que se procesará este año en uno de los juzgados orales federales ubicados en la avenida Comodoro Pi de Buenos Aires.

Manuel Cordero

Otro de los represores argentinos implicados en el homicidio de los cuatro uruguayos, está el ex comisario inspector Miguel Ángel Timarchi, sindicado por el periodista norteamericano John Dinges como el autor material de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, quien en 2010 logró una absolución primaria de los cargos que aún lo implican en la llamada Masacre de Fátima.

Otros dos represores uruguayos también se encuentran prófugos de la justicia: el capitán de navío Jorge Tróccoli, radicado en Italia donde no se concedió su extradición, y el empresario Miguel Sofía, implicado en el Escuadrón de la Muerte que actuó antes de la dictadura uruguaya, quien escapó de la jueza Eustachio y se mantendría ocultó en Miami, Estados Unidos.

Barredo y Whitelaw

César Alejandro Enciso no promete tener la suerte que tuvo su colega Manuel Cordero, quien logró demorar por años la causa de extradición que se le realizaba en Brasil. Su caso, quedó en manos del Ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Melo, quien fue el relator y quien se oponía a su extradición para evitar que el caso permitiera un revisionismo aún pendiente en ese país. La causa de Cordero, quien también había huido en 2004 a Brasil hasta que fue ubicado en Santana do Livramento por el activista Jair Krischke, en enero de 2005. La suerte de Cordero continúa, ya que hoy esta recluido “por razones de edad y salud” en un domicilio desconocido de capital federal argentina.

Enciso se había radicado en Río de Janeiro hace 21 años y utilizaba el nombre de Domingo Echebaster para trabajar como “fotógrafo especializado en competiciones náuticas”. También, según Interpol, usaba el nombre de Horacio Andrés Ríos Pino, que era uno de sus seudónimos cuando trabajaba en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de la dictadura argentina.

En Brasil, Enciso decía ser un ex militante de un grupo de izquierda que había luchado contra la dictadura, cuando en realidad estaba casado con la hija del general Otto Paladino, uno de los comandante del “pozo” Automotores Orletti, donde fueron detenidos medio centenar de uruguayos, varios de ascendencia italiana, razón por la que lo requiere el Fiscal italiano, Giancarlo Capaldo.

La principal prueba contra Enciso es el testimonio del represor arrepentido Orestes Estanislao Vaello, quien declaró ante la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP) que “también en el curso del año 1976, después del golpe de Estado, ocurrió el caso de los uruguayos. Sus nombres eran Rosario Barredo y William Whitelaw. Eran jóvenes y fueron entregados por gente de SIDE”.

“Los levantaron en Capital –continúa Vaello-. Al dicente les fueron entregados en el “Pozo de Bernal”… “Que después vino gente del SIDE como lo dijo anteriormente, era la gente de Gordon, que llegó con dos o tres personas que por los dichos durante el almuerzo pertenecían a los servicios de inteligencia del Uruguay”, agrega. Uno de ellos sería el propio Manuel Cordero.

“La persona que se los lleva se llama Enciso, alias “Pino”. Que pertenecía a SIDE y es el que se ha casado con la hija de Otto Paladino. Que desconoce la suerte seguida por estos uruguayos. Que en cambio tiene conocimiento de que esos traslados se hacían por intermedio de la División Potencial Humano del Departamento de Inteligencia Exterior, donde se encontraba un Teniente Coronel Pérez Rosen y un Mayor de apellido Taubers”, declaró Vaello.

Un extraditable, dos prófugos

La demora en la extradición de Antranig Ohanessian a Italia se justifica oficialmente por el largo trámite procesal del sistema judicial argentino que obliga a que el expediente pase por las manos de los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia, llegue a la vista del Procurador General de la Nación y finalmente pase a resolución y sentencia.

Ohanessian fue acusado por el fiscal Capaldo de participar en el secuestro y desaparición de los uruguayos Gerardo Gatti, Bernardo Arnone, Juan Pablo Recagno y María Emilia Gatti de Islas, todos ellos secuestrados en Buenos Aires en setiembre y octubre de 1976 y recluidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Sin embargo, la propia justicia argentina se encuentra actuando en los mismos casos de desaparición forzada, la mayoría de los cuales fueron incluidos en la causa “Plan Cóndor” que se abrirá este año como juicio oral y público, y que tendrá al coronel Manuel Cordero como uno de los principales implicados junto a otros represores argentinos.

Sin embargo, Ohanessian podría ser incluido en la causa Cóndor a partir del testimonio de los uruguayos Raúl Antuna y Margarita Michelini, quienes testificaron ante el juez Daniel Rafecas en las indagatorias sobre “Automotores Orletti” que el ”turco” fue uno de quienes los detuvo en su domicilio de la calle French 443 el 13 de julio de 1976.

En la lista de requeridos del fiscal Capaldo también se encuentra el capitán de navío uruguayo Jorge Tróccoli, quien al ver próxima su detención en Uruguay a fines de 2008 decidió fugar a la propia Italia. Tróccoli había ordenado años antes sus papeles de ciudadanía para asegurarse de que no sería extraditado, pero aún puede (y debería) ser juzgado por la justicia italiana.

El actual Secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, fue el embajador uruguayo que en diciembre de 2008 reiteró ante el gobierno italiano el pedido sobre Tróccoli. Breccia ocupó la misión en Roma luego que fuera cesado el embajador Carlos Abín, a quien se cargó la culpa de la demora en el trámite de solicitud de extradición que llegó al juzgado un día tarde y fue rechazado.

El otro uruguayo que aún se encuentra prófugo, es el empresario Miguel Sofía, quien en una entrevista otorgada a Caras&Caretas (Nº 486) negó haber integrado el Escuadrón de la Muerte o pertenecer a la paraestudiantil Juventud Uruguaya de Pie. Amenazó entonces con volver al país y decir toda su verdad ante la justicia. Sofía estaría en Miami. La jueza Eustachio lo sigue esperando.