Los olvidados del barrio Capra

El Uruguay de la gente bien, no el de los que okupan como en otros lados

LA ESPERANZA “INVADE” TERRENOS BALDÍOS

En el Montevideo de hoy, entre 170 y 250 familias “okupas” fueron persuadidas por las autoridades a desandar el camino emprendido para acceder a una parcela de 27 x 11m, donde pensaban construir una vivienda. Por sus propios medios y para darles techo a sus hijos. Algo que el gobierno no ha sido capaz de hacer y lo más triste del caso es que además está dispuesto a impedirlo. Téngase en cuenta que la ocupación de la que hablamos (barrio Nuevo Capra) no se realizó en ningún balneario de lujo reservado para turistas o millonarios, sino en un espacio vacío, en zona rural y sin valor urbanístico o especulativo. El vicepresidente Astori sacó la palangana y se lavó las manos en público manifestando que esto: “no es un problema de gobierno, no se ha tratado en la reunión de ministros y es un asunto que está en manos de la justicia”. Punto

Parafraseando a Gandhi: el Uruguay es suficientemente grande para que alcance para todos pero siempre será demasiado pequeño para las leyes capitalistas. Esta definición tenía vigencia planetaria en siglos anteriores y se refuerza en el presente. No importa que la “ocupación” trate de 6 hectáreas desocupadas e improductivas a dividir entre 250 familias con la intención de levantar un hogar. Pudo ser pero no puede ser. Hay que respetar la propiedad privada.

El mantenimiento de privilegios y derechos propios de la edad media no son temas de discusión en la republica frenteamplista del siglo 21. Todos los “elegibles” dedican sus esfuerzos a defender la propiedad privada “porque si”. Como se sabe el paisito dispone de tres agrupaciones políticas y todas ellas defienden la propiedad “legal” como principio, sin importarles las necesidades reales de la población y sin considerar si la tal “propiedad” es ociosa, inútil y contraproducente desde el punto de vista social.

De los tres “partidos” que se encargan y turnan en la conducción del país; dos de ellos son dirigidos por millonarios con exactamente la misma orientación sin diferencias de formas, funcionamiento u objetivos. El tercer grupo ahora en el poder está dirigido por restos de la clase media que pudieron sobrevivir a la paliza dictatorial. Antes había dos partidos políticos “hermanos” ahora son tres. Es la única diferencia.

Si habláramos de futbol podríamos entender que el Frente como equipo recién ascendido a primera división como todos los cuadros chicos que vienen del descenso jugara para no descender. Pero no entendemos ni disculpamos que los 90 minutos de cada periodo electoral los juegen con todos los ministros defendiendo el arco. No le han hecho un solo gol al capitalismo en todo el campeonato y ni siquiera han llegado una vez al área enemiga. Salieron con un penal de ventaja (anular la ley de caducidad) y lo patearon deliberadamente “pa las chapas “.En algo estoy de acuerdo con Larrañaga… al Frente le faltan goleadores.

Dejando de lado la analogía futbolística y pasando a la dolorosa realidad; las cifras difundidas de “okupas invasores “en la zona de Manga pueden corregirse con fracciones decimales lo que no cambiará la esencia de esta “solución popular” al acuciante problema de la vivienda. Una suerte de bomba que ha sido depositada en las puertas del juzgado de turno.

Que nadie lo dude...vendrán mas y mas ocupaciones. Hay miles y miles de familias en la “sala de espera” de los asentamientos. Por ahora para alegría de los propietarios de predios socialmente improductivos y físicamente abandonados la “justicia” Made in Uruguay ha logrado desarmar esta bomba sin derramamiento de sangre.

En este caso (excepcional por la modalidad de la “solución, pero no por las características del problema a solucionar) una de las tantas familias invasoras está compuesta por una señora y sus once hijos y en total los “pioneros” serian unas setecientas personas con una estructura grupal parecida. Necesitaban soluciones y encontraron una sin quitarle el pan a nadie. Alrededor de 250 familias ocuparon un predio abandonado y arrasado por un incendio. El abandono del lugar es de décadas y el propietario al parecer, podría estar muerto.

Pero semejantes detalles no son importantes para las autoridades. Aunque el dueño esté muerto es el dueño según la interpretación de la ley y tiene más derecho que los vivos… sin importar que los ocupantes sean gente necesitada que está dispuesta a respetar la propiedad privada y legal retribuyendo económicamente por su traspaso. Gente que propone endeudarse pagando un precio de mercado y lo único que piden es la legalización del proceso. No es necesario recordar que históricamente los procesos fundacionales de cualquier ciudad o pueblo se inician con la ocupación de un espacio vacío por parte de algunas familias que están dispuestas a compartir organizadamente no solamente el lugar sino también el futuro.

Queremos construir un barrio, somos gente que necesita una vivienda, no queremos quedarnos a prepo, queremos arreglar con el dueño… ninguno de estos argumentos convenció al juez Miguez que en primera instancia quería mandar a prisión a los ocupantes por el delito de usurpación.

Un comentario firmado por Fabián, publicado en La Republica informaba lo siguiente: Hace 101 años los habitantes de Nico Pérez habitaban en un terreno privado que nos le pertenecía. Su dueño les entabló juicio y estuvieron por ser desalojados. El Poder Ejecutivo con su jefe a la cabeza (el Pepe Batlle) compró el terreno y lo cedió a los vecinos.

El actual presidente no parece estar enterado de este caso. Tampoco ayudó el que muchos de los “okupas” manifestaran haber votado por el Pepe. El Pepe ni apareció ni mandó representante alguno a pesar de la relevancia social del acontecimiento que marca una nueva etapa en la lucha por el derecho a la vivienda. Por la parte municipal la intendencia de Montevideo también en poder del Frente declaró que el proyecto era inviable porque los costos de saneamiento y tendido de cables para el suministro de energía serían muy altos y por lo demás el terreno no era ¿¿¿fraccionable??? Punto

Luego de idas y venidas al juzgado y ante la amenaza de cárcel, los ocupantes fueron persuadidos a desocupar pacíficamente el predio y devolverlo a la “legalidad” privada. Se logró también un milagro inesperado: Resucitar al dueño “legal”, que reapareció a recuperar la propiedad luego de treinta años de ausencia.

Es de destacar que este caso policial según el gobierno y social según las malas lenguas quedo cerrado de manera que los conceptos de propiedad privada y valor social no sean relacionados. Se sabía que en el siglo 21 estos valores no eran compatibles entre sí. Y queda bien claro que para los tres “partidos“que nos representan, en el caso de confrontación entre los dos conceptos, la defensa de la “propiedad privada” goza de prioridad absoluta.

El gobierno ha proclamado tácitamente: No hay más Nico Pérez. Pero la necesidad de los orientales no siempre puede seguir el camino de las leyes.

jaime g

 postaporteñ@ - 2011-01-22

¿NO HAY CON QUÉ DARLES?

LA CARA OCULTA DE LA IMPUNIDAD:

EL NUEVO CAPRA, LA VIEJA MEGACORRUPCIÓN Y LAS TORRES INCONCLUSAS DE LA DICTADURA DE LOS RAPIÑEROS ORGANIZADOS Y PROTEGIDOS…

Hace ya casi 20 años –durante 1992, desde sus comienzos- alrededor de un centenar de familias acuciadas por la verdadera tragedia social de la falta de vivienda y de trabajo decoroso y estable, y sin más alternativas que vivir a la intemperie y de la mendicidad pública, el arrebato o el jodido asistencialismo gubernamental, u ocupar lugares abandonados de muy precarias condiciones edilicias y sanitarias, arremetimos en masa sobre cinco de las decenas y decenas de “torres” “del BHU” inconclusas que pululaban entonces por Montevideo como resultado y evidencia material –contante, sonante y vergonzosa- de los fraudes, las estafas y los robos lisos y llanos, cometidos por empresarios de la industria de la construcción, inmobiliarias, bancos, financieras y afines, con la complicidad o la vista gorda de jerarquías estatales –muy especialmente durante la dictadura-, en perjuicio del Banco Hipotecario “del Uruguay”, del Banco República y de promitentes familias compradoras que habían financiado las construcciones luego abandonadas, a través del ahorro sistemático y prolongadísimo en las arcas de dicha institución “social” oficial, creada por el reformismo burgués de la primera mitad batllista del definitivamente extinguido Uruguay del siglo XX.

Algunas de estas llamadas “promotoras” –auténticas mafias capaces de cualquier disparate-, pertenecían a cadenas multinacionales que operan en el mundo entero y que, en muchos casos, su negocio consiste, parcialmente, en invertir en aventuras bélicas imperialistas que significan la destrucción de ciudades enteras (y el genocidio más salvaje, por supuesto) y el posterior negoción de su reconstrucción (además del negocio de la venta y tráfico de armas, entre otros, como lo vemos hoy en Irak y Afganistán, por mencionar únicamente los ejemplos actuales más gruesos y conocidos).

Pero volvamos al 1992, aquel ´92 en el que lo único considerado relevante en el plano político, fue el abrumador rechazo popular a la Ley de Empresas Públicas con la que se pretendía imponer la privatización casi total del Estado. El otro hecho estimado como muy importante, lo fue la movilización estudiantil a nivel secundario, con huelgas y ocupaciones de centros de estudio contra la reforma neoliberal de la enseñanza y contra criterios oficiales represivos y regresivos. Las ocupaciones de los edificios inconclusos, sin embargo, no tuvieron casi más eco que el que recibieron como asunto de la “crónica roja”, y, también entonces, como expresión de caprichos “ultraizquierdistas”. Prácticamente, tampoco hubo atención del tema por parte de los grupos políticos institucionalizados, ya muy entretenidos en la siembra y la cosecha electoralista; la poquísima militancia orgánica que “arrimó” a las ocupaciones, fue más un problema que un aporte (amagues de traslado a ese ámbito de pujas y protagonismos propios de los aparatos y aparatitos; vedetismo, puro deporte ocupacional, no exento en algunos casos de actitudes éticas francamente condenables, que terminaron incidiendo sensible y nocivamente en el desarrollo ulterior de este auténtico movimiento social de abajo, muy difícil de ser controlado partidariamente, pero también muy contaminable por individualidades e individualismos fuertemente egoístas, sectarios y divisionistas).

Todo empezó en enero con la toma masiva del edificio inconcluso de Avda. Agraciada y Suárez –en el verano, como pasó ahora con los dos centenares de familias del barrio Nuevo Capra que ocuparon las cuatro o cinco hectáreas baldías de esa zona- y llegó hasta setiembre-octubre de 1992, con la ocupación de lo que hoy es un coqueto edificio de Constituyente y Magallanes, en el que un bebé de meses falleció al caer desde el noveno piso por ausencia de condiciones mínimas de seguridad –a semejanza de lo ocurrido poco antes en el de Agraciada con otro niño, de tres años-. En todos los casos hubo automáticamente denuncias penales contra las familias ocupantes, intervención policial intimidatoria con algún empujón a los cachiporrazos e insultos –pese a que algunos de los ocupantes habían sido milicos-, interminables plantones y amansadoras en los juzgados, amenazas de procesamiento, cárcel y envío de los menores a albergues del INAU (INAME, en aquellos años); gente que se asustó y abandonó las ocupaciones para terminar abajo de alguna ochava o algún puente de la ciudad, y gente que, sin embargo, resistió exponiéndose al riesgo de las rejas y el escarnio público, sin desistir de la firme determinación de poner fin, de una vez por todas, organizadamente y con dignidad obrera, a la ominosa odisea tras un techo decoroso, que en algunos casos lo era desde toda la vida, generación tras generación, como una auténtica condena histórica y hereditaria, sin fin, más brutal y vergonzante que la de ser considerado un delincuente o un violador de la famosa y nauseabunda “propiedad privada” (no la del rancho donde se vive, el pantalón que vestimos o el cepillo de dientes, se entiende) elevada a la categoría de sublime razón de ser de los chupasangre de toda laya.

No parece ser éste ni el lugar ni el momento apropiados para entrar en detalles –muy jugosos y “pedagógicos”, por cierto, que, lo prometemos, trataremos de registrar entre unos cuantos en poco tiempo, por escrito, no como repertorio de anécdotas pintorescas o negocio editorial, y sí como sistematización de enseñanzas que a estas alturas deben ser colectivizadas para que el pueblo pobre se las apropie, las use, las mejore, las imponga, en una lucha que no sólo no ha perdido sentido para nada –como podemos apreciarlo diariamente-, sino que es parte sustancial de una muy dura lucha más general, más profunda y más prolongada, por abolir esta sociedad inmunda que postula como mandato divino un “derecho a la propiedad privada” que no es otra cosa, precisamente, que la pretensión de que respetemos religiosa y obedientemente el robo organizado desde el mismo Estado, pues la propiedad privada es en definitiva la apropiación privada y compulsiva de lo que sale de las manos de los trabajadores -los mismos que penan por un techo en condiciones dignas-, y que nos es arrebatado regular e incesantemente mediante la fuerza, la violencia institucionalizada, las leyes promovidas por los mismos ladrones y un sistema judicial que actúa siguiendo incondicionalmente sus mandatos (siempre, “naturalmente”, con la complicidad activa de todo el aparato estatal coercitivo-represivo y la industria mediática, puestos al servicio de la minoría rapiñera que es la misma minoría opresora y explotadora que reclama a gritos medidas duras contra ocupantes de predios baldíos o de lugares de trabajo donde se viola sistemáticamente el derecho a la sindicalización y leyes y normas laborales básicas). Dejemos esos detalles para otra oportunidad más propicia, y detengámonos en las siguientes consideraciones que seguramente no habrán de motivar la intervención “de oficio” de ningún juez, fiscal o legislador (a no ser algún profesional “desubicado” que esté dispuesto a resignarse a un traslado obligado hacia la sede de algún juzgado lejano de la campaña, o, directamente, al despido o la jubilación anticipada tras ser “sumariado” con cualquier pretexto arbitrario aplicado por los que cortan realmente el bacalao):

En 1992, tras las dos primeras ocupaciones de edificios sin terminar en manos, teóricamente, del BHU, las familias ocupantes fuimos descubriendo con sorpresa, perplejidad y muchísima bronca e impotencia, un paquete impresionante de mega-chanchullos multimillonarios, por los que nadie estuvo preso siquiera un segundo, ni siquiera en calidad de “indagado”, ni ayer, en plenos gobiernos “cívico-militares” y blanqui-colorados, ni hoy, en plenos gobiernos “progresistas” preocupadísimos por la defensa de la “sagrada e intocable propiedad privada” y el salvataje de un sistema capitalista que se cae a pedazos y que en su caída nos agarra de las patas y los testículos, a algunos resistiendo y a otros, colaborando servilmente.

Fue especialmente en el proceso “cívico-militar” que se impuso una modalidad lisa y llanamente delictiva prolijamente organizada, que venía practicándose ya, incipientemente, desde la época “demokrática” del Pachecato:

Se presentaban ante el BHU y el Banco República, en calidad de “promotoras”, empresas fantasmas (en general, paralelas, truchas, piratas, de mentira, inventos temporarios y fantasiosos de “prestigiosas” y renombradas empresas del negocio de la construcción y del financiamiento habitacional, consorcios, etc., la mayoría de ellas actuando todavía con total impunidad en el presente) a las que se les aprobaban cuantiosísimos planes de financiación oficial por el “compromiso” (a través de contratos y convenios rigurosamente “legales”) de construir “torres” habitacionales destinadas fundamentalmente a sectores pertenecientes a “capas medias” en condiciones de poder bancar mes a mes cuotas importantes con las que, supuestamente, dejarían la condición de “promitentes propietarios”, para pasar a ser “propietarios plenos”, luego de añares de aportes mensuales que irían cobrándose las mismas empresas promotoras, o, de manera mixta, entre ellas y el mismo BHU y el BROU.

La operativa fraudulenta era tan elemental y sencilla, y tan escandalosamente monumental, que parece increíble que no haya saltado a la luz pública antes de la cadena de ocupaciones de 1992, pero más increíble todavía es que aún hoy pueda mantenérsela en el silencio más absoluto y sugestivo, siendo muy evidente que no hay nadie –absolutamente nadie, ni siquiera con intención proselitista o electorera- dispuesto a hincarle el diente al asunto aunque más no fuera superficialmente y sin meterse muy a fondo con “el poder” y estafadores profesionales claramente identificables y justificadamente encarcelables. De hecho, toda una caterva de encubridores, sigue colaborando con quienes debieran estar entre rejas y con sus bienes inmuebles y otros, legítimamente expropiados por el Estado.

Operaban así de sencillo: la empresa comprometía la construcción en etapas, por las que previamente recibía los dineros estatales en cifras abultadísimas y en condiciones que, además, oficiaban de “aval” para interesantes líneas de crédito privado otorgado ligeramente por comerciantes y despachantes de aduana proveedores de máquinas, herramientas, materias primas y otros materiales, y hasta mano de obra calificada (pues ya funcionaba la maldita y podrida tercerización), a la espera de pagos virtuales que resultarían jugosísimas ganancias futuras, pero que, en general, no se harían efectivos en su totalidad, jamás (más de una empresa acreedora, dio quiebra por esta vía, dejando más tendal de desocupación, salario impago e incobrables deudas con la DGI y otros organismos estatales).

Las “promotoras”, se puede decir que cumplían formalmente con dichas etapas constructivas, paso a paso (aunque en la mayor parte de los casos, el “cumplimiento” significara pésimas construcciones realizadas con los peores materiales, fácil y rápidamente deteriorables y con serios riesgos de derrumbe o cortocircuitos eléctricos, o cualquier otro siniestro ante fuertes embates de la naturaleza, por ejemplo).

Pero la joda, la gran joda planificada y olfateable hasta por el más tonto de los mortales, sobrevenía y cristalizaba “magistralmente” en la etapa póstuma de la construcción: la etapa “finalista”, aquella en la que resulta imposible truchar implementos y materiales referidos al aspecto sanitario y de saneamiento; a la cerámica y los mármoles, al granito auténtico; a ductos adecuados para el servicio de agua potable, energía eléctrica y líneas telefónicas; ascensores, placares, vidrios de buen grosor, espejos, mampostería de calidad, etc., etc., etc.. Todo en general importado y de altísimos precios cotizados en el mercado y que, obviamente, representaban la parte más suculenta de los frívolos y generosísimos “préstamos” anticipados del BHU y el BROU a las promotoras privadas sedientas de lucro y curros al por mayor y sin importar cómo, pero siempre actuándose en aras de la “propiedad privada” y al amparo de la inexpugnabilidad del gran capital impune.

Desdichadamente, nuestra muy poca conciencia, entonces, de las proyecciones escandalosas de todo esto, nos llevó a subestimar los resultados documentados de nuestra propia investigación. Está claro: no éramos cazafantasmas, éramos gente que ni siquiera sospechaba qué pudiera haber atrás de tanto edificio inconcluso y abandonado. Nuestra investigación, en principio, respondía al propósito inmediato de obtener un techo adecuado en condiciones asumibles, que no pasaba necesariamente por quedarnos en esas instalaciones ubicadas en barrios con todos los servicios comunitarios necesarios, sino que apuntaba a que las ocupaciones operaran como puente hacia otras soluciones más accesibles, a las que, supuestamente, se prestaría atención desde “el poder” en la misma medida que éste sintiera peligrar, en última instancia, su famosa y execrable “propiedad privada”, por más que ella fuera obtenida por medios escandalosamente fraudulentos y corruptos, como era evidente.

Tan “pajaritos” fuimos, que las voluminosas carpetas que logramos ir armando con datos muy firmes sobre esta mega-joda a varias puntas, las entregamos una a una a los legisladores del momento y a algunos ediles departamentales, sin quedarnos siquiera con un original a mano copiable para hacerlo público luego (aunque es probable que aparezca alguno o que alguno de esos ex-legisladores tenga la bondad de proporcionarlo a algún medio de prensa, aunque ninguno de los semanarios “de izquierda” del ´92 ni la prensa “plural” reprodujo siquiera un párrafo de los facsímiles que se les envió entonces, prolijamente). Nos pasamos días enteros recorriendo los más impensables rincones de la burocracia estatal financiera y entrevistando a acreedores jodidos por las promotoras; identificamos señorones de la política y la politiquería delicadamente comprometidos en la corrupción inmobiliaria y afines; hasta personajes del poder judicial lo estaban, aunque muy bien “cubiertos” por las formalidades de la superestructura del sistema; más de un alto oficial de las FF.AA. quedaba repegado en el curro, incluso alguno que todavía tenía cierta jerarquía en el aparato represivo, a pesar de tristísimos prontuarios criminales (es más, algunas referencias conducían a la sospecha, por lo menos, de que algunas muertes nunca aclaradas de empresarios que habían aparecido carbonizados en sus autos o en sus domicilios, en plena dictadura, tenían que ver con toda esta mierda).

Nos faltó precisamente eso que hoy desde “el poder” se les achaca gratuitamente a los ocupantes del Nuevo Capra o a cualquiera que deje de llorar sus derechos para ejercerlos en lo concreto: visión política, articulación operativa, clara comprensión de los piolines que habíamos empezado a tocar y tironear, comprensión de que en realidad éramos una pequeña expresión de eso que hemos dado en llamar imprecisamente “poder popular”… Faltó espíritu “Monty”; o sea, no contabilizamos como herramienta de fuerte presión y de impacto psicológico sobre la “opinión pública”, la revelación masiva de toda la documentación probatoria, incluso para promover demandas penales que hubieran alcanzado a más de un mandamás todavía activo políticamente y en la joda financiera actual a niveles hasta extra nacionales (me refiero a la financiera “Monty”, intervenida en los ´60 por el ex MLN, capturándose enorme cantidad de documentos que probaban corrupciones e implicancias gigantescas indesmentibles por completo y que escrachaban fehacientemente a los múltiples y polifacéticos implicados, gente “de peso” del Pachecato y compañía).

Las cifras de lo que el BHU y el BROU eran (son) acreedores debido a estas estafas en cadena y organizadas, eran (son) monstruosas, siderales, y equivalen a decenas y decenas de miles de nuevas viviendas o reciclajes. Sencillos, prácticos y ágiles recursos de “justicia” elemental (y ésta no es monopolio de los jueces; lo es también de los poderes políticos), harían realizable el cobro de estas deudas fenomenales con el Estado, este Estado que algunos dicen “somos todos”. En efectivo o en valores no perecederos, como espectaculares mansiones en Carrasco y Punta del Este, interminables estancias plenas de ganado y buena tecnología de punta, costosísimos cero kilómetros, “inviolables” cuentas bancarias y secretísimos “cofre fort”, serían (son) la fuente natural con que cobrarse los mega-afanes y con que construirse señoras viviendas ni parecidas a los aberrantes núcleos básicos o las cuevas infrahumanas de “Un techo para mi país” o similares…

Porque, en realidad, la situación es la misma del ´92, de ese año en que las ocupaciones pasaron sin pena ni gloria, dejando muchas familias diezmadas, más jorobadas que antes, destruidas. Derrotadas, en definitiva (hay que admitirlo; sería un necio triunfalismo sostener lo contrario), por manipulaciones demagógicas y por contradicciones internas para nada insuperables, pero que para superarlas hacen falta la transmisión prolija y sistemática de las enseñanzas dejadas por nuestras propias experiencias; la comprensión, además, de que cualquier acción directa del pueblo, por más espontánea que ella aparezca, desenvuelve situaciones y potencialidades de enorme riqueza no sólo en cuanto a metas inmediatas y puntuales, por lo que exigen precisamente lo que hoy no poseemos aunque traten de endilgárnoslo los burócratas: perspectiva política, malicia política, avive político, al menos claro olfato o instinto de clase que nos diga que siempre-siempre, los que creen “representarnos” –aún con la “mejor” de las voluntades- terminarán cagándonos, si los dejamos, si no les hacemos sentir nuestra fuerza real y si no recurrimos a ventilar toda la podredumbre que actúa como freno anti “poder popular”, para lograr lo que con toda seguridad se logra apelando a la conciencia popular de nuestros iguales a través de la pura verdad sin fruslerías politiqueras, de frente, sin eufemismos, sin decir gre-gre para decir Gregorio.

Y, para terminar esta desprolijísima sarta de ocurrencias surgidas viendo cómo se ha intentado sopapear y engañar a las ejemplares familias trabajadoras del Nuevo Capra, una sugerencia lanzada como desafío para todos nosotros y nosotras, viendo cómo las cosas parecen haberse quedado congeladas por inercia en el año 1992:

¿No habrá que activar por todos los medios posibles (facebook, pintadas, lo que se te ocurra) la exigencia popular de que sean definitivamente ejecutados –materialmente ejecutados- los culpables de las estafas anti BHU y BROU y que lo rescatado sea empleado “como dios manda” de una vez por todas?

Por si hay dudas, démosle bola a estas pocas palabras y números extraoficiales pero ciertos, difundidos nada menos que por el diario de la burguesía cipaya, publicados el 31 de noviembre del año que recién terminó bajo el título “Desalojar intrusos no es nada fácil”:

Las cifras:

55.000 viviendas están deshabitadas en Montevideo. Hay unas 500 casas en ruinas y unos 80 edificios inconclusos.

Ciudades:

Vivienda. Empresarios del Parque Rodó buscan eliminar un foco de problemas comprando el edificio abandonado de Bulevar Artigas y Maldonado. Defensoría del Vecino tiene 25 casos problemáticos

(Diario El País, 31/10/2010, Montevideo).

Por último, la memoria libre y soberana, me trae el recuerdo casi mágico (que algunos, por supuesto, tratarán de desmentir) de una tarde-noche de los ´80, en la que se detuvo y se aniquiló por vía de la decisión política “de arriba”, una ola entusiasta, justa y valiente que había prendido con enorme fuerza en las bases del FA, al fin de cuentas gente de laburo entre la que mucha, muchísima, ya estaba en la situación en la que hoy están las familias del Nuevo Capra y un sinfín de familias orientales más, en la capital y en el interior:

PARA ESA NOCHE, COMO UNA TEMPESTAD DE JUSTICIA POPULAR IMPARABLE, SE HABÍA IMAGINADO Y ORGANIZADO MÍNIMAMENTE –y muy orgánicamente, por cierto- LA OCUPACIÓN MASIVA DE MUCHÍSIMAS DE LAS MÁS DE 40.000 VIVIENDAS ENTONCES DESHABITADAS EN MONTEVIDEO (mantenerlas sin alquilar, es una manera de mantener altos los precios de los alquileres, artificial izando y potenciando la demanda a la vez que se reduce también antojadizamente la oferta).

Nunca quedó claro de donde ni de quiénes partió la “contraorden”, pero aquellos tiempos, ya eran, no hay duda, estos tiempos en los que ni siquiera hay bases para emprender nada serio y comprometido con los intereses de los que están más jodidos, aunque éstos estén aludidos en cada discursillo de moda… Eran tiempos, ya, en los que los “dirigentes” no dirigían nada, pero sí mandaban y resolvían en todo y por todos monopólicamente (y con madurez político-ideológica, por supuesto, tanta que el hedor ya empezaba a sentirse a la legua), abandonándose aquella “otra forma de hacer política” con la que el FA había nacido en la época en que ningún militante soñaba con que la justicia saliera precisamente o exclusivamente del poder judicial, como hoy predica el vice recomendando “dejar hacer a la justicia” (dejar hacer, está claro, es seguir haciendo lo mismo que ya conocíamos: dejarnos cagar, mientras el vice y sus cómplices duermen placenteramente en sus regias casas con alarma de seguridad y GPS, “en el país de los cambios”).

Hacerse eco de todo esto, es también organizar la pelea con la gente del Nuevo Capra y de todos los Capra que están en el vientre de la loba que seguirá pariendo rebeldía y justicia desde abajo, a veces con frustración y más penurias y desengaños, pero no siempre.

Traducir al lenguaje de todos los días, estas líneas desprolijas, equivale no sólo a la necesaria denuncia. Es también una forma de potenciar y clarificar en los hechos qué es el famoso “poder popular”, darle fuerzas dándole razones que no vendrán de otra gente que no seamos nosotros mismos, el ultraje desparramado por todo el país, que no vive ni en Carrasco ni veranea en Punta, que es vilipendiado por la “izquierda tradicional”, que es “infantilista” por no transar con los que transan, que se tropieza más de una vez con la misma piedra, pero, como el común de la gente, no queda ni rengo de razones ni de principios elementales.

Así, pues: ¡Arriba todos los Nuevo Capra!!! ¡Abajo los que siguen amparando a los delincuentes de cuello duro! ¡Juicio y Castigo para los estafadores y los especuladores de una impunidad que es la misma que nos dejó tortura, desapariciones y niños durmiendo en la calle, “educados” para una vida de rejas, titulares de diario y el desprecio más inhumano y jodido imaginable: el desprecio a la pobreza que todavía no se ha convertido en desprecio a la pobreza y resignación a vivir como animales!

¡Arriba los que luchan!!!

Gabriel Carbajales

postaporteñ@ - 2011-01-22