Efectos cancerígenos

Plantación de soja en Nueva Helvecia, departamento de Colonia. (archivo, mayo de 2010) Foto: Nicolás Celaya

 

Región 4.2 13

Éramos tan pobres 

 Convenios con Monsanto se deben a falta de recursos para desarrollar tecnología propia, alegan organismos públicos de la región.
Fue la empresa que desarrolló la sacarina. Pero hoy nadie la recuerda por eso. Monsanto es casi el nombre de la soja transgénica en la región. La estrategia de la empresa incluye la firma de convenios con organismos estatales para ganar legitimidad y formalidad para su negocio. Mario García, ex vicepresidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), opinó que los eventos transgénicos “no deberían ser patentados” pero hizo notar la falta de recursos del sector público para desarrollar tecnología propia. Argumentos similares esgrimen en Argentina y Paraguay, según un informe de la Red de Economistas del Mercosur que se publicará próximamente.

Fue la empresa que desarrolló la sacarina 

Entre 2004 y 2011 la producción de soja en Uruguay se multiplicó por tres. Sin embargo, el rendimiento por hectárea se mantuvo incambiado, según datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias. Esta situación fue la que motivó al INIA a firmar en mayo del año pasado un convenio con la empresa transnacional Monsanto, con sede en Estados Unidos, para desarrollar un evento transgénico adaptado a las condiciones climáticas de Uruguay, mediante la tecnología denominada RR2Y-Bt. “Partiendo de la base de que la tecnología de transgénicos está impuesta, nos guste o no nos guste, se buscó poner a disposición de los productores uruguayos materiales adaptados a las condiciones de Uruguay”, explicó Mario García, ex vicepresidente del INIA, quien participó en la firma del convenio. Señaló que el bajo rendimiento por hectárea que se registra en la soja se debe a que los cultivares disponibles están pensados sobre todo para Argentina, y por tanto para condiciones climáticas y para suelos distintos.

La situación que llevó al INIA a firmar con Monsanto

Natural Killer
 05 Octubre 2012   Escrito por: Eliana Gilet/Betania Núñez

 El reciente convenio firmado entre la multinacional Monsanto y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria reafirma el rumbo del Uruguay sojero. Las nuevas evidencias que vienen de Europa sobre la potencialidad contaminante y cancerígena del maíz transgénico nk603 –de venta libre en Uruguay– y del herbicida estrella de la compañía, cuestionan la liviandad con que se resuelve su liberación comercial en el país.
Monsanto viene ganando terreno hacia el sur. Porque ya es tiempo de generar escenarios latinoamericanos que faciliten el cobro de regalías. Y en ese plan los países de la región
–los mayores productores de soja transgénica– son lógicamente su prioridad. Pero además se acerca una fecha clave: en 2014 vence su patente mundial por la tecnología en soja transgénica (denominada rr1), y en ese contexto la multinacional lanzó un nuevo producto (la Intacta rr2 pro) que intentará imponer. Previsora, la empresa ya comenzó a hacer su campaña comercial y política. Uruguay está comprendido en sus objetivos.*
Aunque la polémica respecto a que se puedan patentar tecnologías que usan genes como “materia prima” está lejos de resolverse, en los hechos Monsanto y las otras cinco empresas que controlan el mercado de los transgénicos –Syngenta, DuPont, Bayer, Basf y Dow– ya cobran regalías por sus “inventos”. Monsanto empezó a hacerlo en la década del 70 cuando patentó el glifosato, un poderoso herbicida para el que fue necesario “crear” plantas (transgénicas) que lo sobrevivieran (véase recuadro). Pero la expansión e imposición de los sistemas de cobro de regalías no fueron parejas para todo el mundo. Lo que pretende ahora Monsanto es que Uruguay “mejore” su sistema, al menos eso puede inferirse de las conversaciones que mantiene con el gobierno y de un acuerdo que firmó con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (inia). Lo mismo quiere para Argentina, Brasil y Paraguay, donde desde hace tiempo se difunden y denuncian negociaciones y presiones.
CONFIDENCIAL. El convenio Monsanto-inia fue gestado por la anterior dirección del instituto, encabezada por el actual subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech. Según informó La Diaria, la Comisión Nacional de Fomento Rural (cnfr), integrante de la Junta Directiva del instituto, no concurrió al acto del pasado 16 de mayo, donde se firmó el convenio. El presidente de esta gremial, Mario Buzzalino, dijo a Brecha que aún no ha logrado hacerse de una copia del documento, envuelto en una nube de misterio. El argumento que fue dado a la cnfr para restringir su acceso es que contiene cláusulas confidenciales.
El único material que se conoce, y al que accedió Brecha, es el que fue entregado a los diputados Edgardo Rodríguez, representante del mpp por Tacuarembó, y a Pablo Mazzoni, del Espacio 609 por Lavalleja, quienes realizaron pedidos de informes al inia.
En conversación con Brecha, el actual presidente del inia, Álvaro Roel, y el gerente de Vinculación Tecnológica, José Silva, explicaron que lo que se busca es mejorar la productividad de los sojeros locales, que viene rezagada en relación con sus pares de la región, lo que deja a Uruguay fuera de competencia. El convenio forma parte de la estrategia delineada en el plan 2011-2015 del instituto para “fortalecer las actividades de mejoramiento de soja a nivel nacional”. En el marco del acuerdo fueron enviados 500 gramos de semillas a la sede de Monsanto en Puerto Rico para que se les aplique (o introgrese) la tecnología de la soja Intacta rr2 pro. La diferencia entre la soja rr1y la rr2 es que la primera es resistente al glifosato y la segunda suma una resistencia a los lepidópteros, especie a la que pertenece la famosa plaga conocida como lagarta.
Según el informe que recibieron los diputados, las condiciones de Monsanto para que las semillas vuelvan al inia a hacer el proceso de adaptación al medio local son cuatro: que la soja Intacta sea liberada comercialmente en Uruguay, que se le otorgue la patente a Monsanto, que “exista un procedimiento para que Monsanto pueda cobrar las regalías que establezca”, controlado por la Asociación Uruguaya de Obtentores Vegetales (Urupov), y por último que China, la Comunidad Europea, Estados Unidos, Japón, Corea, Malasia y México acepten la importación de este transgénico. Se prevé que las semillas tratadas no regresarán a Uruguay hasta dentro de dos años, y que la posterior adaptación requerirá otros siete años aproximadamente. “Se podría esperar que en torno al año 2020 se produzca la liberación del primer cultivar generado por inia con la tecnología Intacta”, explica el informe.
Pese a que la comercialización de la soja Intacta se liberó el pasado 19 de setiembre, y pese a que el informe plantea que Monsanto se mostró satisfecho con el sistema de Urupov, diversas fuentes –entre ellas el ex vicepresidente del inia– dijeron a Brecha que es improbable que se ponga a la venta antes de que se reglamente un sistema que dé más garantías a la empresa para el cobro de las regalías.
Brecha intentó obtener la visión del subsecretario Benech –que tuvo y tiene activa participación en estos temas–, pero el jerarca se negó a hacer declaraciones si el semanario no se comprometía a enviarle una copia del artículo –para su revisión– antes de que fuera publicado, extremo que entra en contradicción con la innegociable independencia periodística que se practica en este medio.
MÁS QUE LOBBY. El cobro de patentes está causando problemas en Brasil, donde la empresa enfrenta un juicio por apropiación indebida de regalías. El fallo se produjo en abril de este año cuando el juez Giovanni Conti entendió que la patente había caducado en 2003. Monsanto apeló, pero en junio la Suprema Corte de Justicia extendió el fallo a todo el territorio brasileño. De hacerse efectivo, la empresa tendrá que desembolsar 7.500 millones de dólares para devolver las regalías que vienen pagando los 5 millones de productores brasileños desde 2004.
Pero si bien, como en este caso, se han concretado numerosos fallos contra Monsanto, esa no es la norma. Para empujar la liberación comercial de sus productos la empresa es experta en estrategias de lobby y –según se ha denunciado– también en ofrecer coimas.
El mundo según Monsanto, una investigación periodística realizada por la francesa Marie Monique Robin entre 2005 y 2008,** indagó acerca de los productos que la empresa ofrece y las presiones que ejerce sobre la comunidad científica. Una entrevista publicada en Brecha en 2009 iluminó sobre otras prácticas comunes de la multinacional, como el probado caso de corrupción (que se llevó a cabo entre 1997 y 2002) de cien altos funcionarios de Indonesia para que pusieran en el mercado su algodón transgénico. También se mencionó la modalidad de “puerta giratoria” que aplica Monsanto, y para explicarla se citó el caso de Michael Taylor, abogado de la empresa que ingresó a la órbita pública en la administración estadounidense de alimentos y medicamentos (fda por sus siglas en inglés) para redactar la reglamentación que regula los transgénicos en Estados Unidos, y luego de esa “gesta” fue ascendido a vicepresidente de Monsanto.
Las presiones siguen: para comprobarlo sólo hace falta conocer las precauciones a las que tuvo que enfrentarse el grupo de Seralini y el criigen para realizar su investigación (véase Brecha, del 28-IX-12), un estudio que probó que el maíz nk603 (que se vende libremente en Uruguay desde junio de 2011) y el Round up de Monsanto son cancerígenos.


Mediante la tecnología denominada RR2Y-Bt.

Alerta Mundial! transgénicos cancerígenos Monsanto

La periodista francesa Marie Monique Robin escribió "El mundo según Monsanto". En ese libro se reconstruye la génesis y desarrollo de este gigante industrial, la primera productora mundial de semillas, modificadas genéticamente. "Monsanto no sólo controla una parte importante de la alimentación mundial y la forma en que se produce, sino que pretende extender su poder sobre las formas de vida tradicionales de una parte importante del planeta"

“Incorporar estas nuevas tecnologías en la genética nacional colocará a la agricultura del país en posición competitiva y a su vez, el acceso temprano a estas tecnologías es una clara señal de que se reconoce la seriedad, el cumplimiento de los acuerdos y respeto por la propiedad intelectual que el país ha construido mediante las políticas nacionales”, alegó el INIA.

Sábado 08 de septiembre de 2012

Controversia 
Alertan sobre convenio entre INIA y Monsanto para producir soja transgénica en Uruguay
l acuerdo entre el INIA y  Monsanto tiene como principal objetivo introducir  en su material genético de soja la tecnología “RR2Y-Bt” a efectos de hacerla disponible en los futuros cultivos de la mencionada legumbre.

Desde el INIA se argumenta que la tecnología que desarrolló la empresa multinacional combina la resistencia al herbicida “glifosato” con la resistencia a los insectos (lepidópteros), confiriendo a los cultivos “ventajas relevantes desde el punto de vista productivo y ambiental ya que potencialmente  posibilita  reducir la utilización de pesticidas”.
Además, el INIA asegura que la utilización de tal tecnología se encuentra en proceso de “desregulación para su uso a nivel comercial en Uruguay y está siendo validada en el marco de acuerdos  entre INIA y Monsanto”.
Sin embargo, representantes de la Comisión de Fomento Rural presentaron en las últimas horas a las autoridades del INIA sus reparos con el acuerdo firmado para producir soja transgénica.
La Comisión de Fomento Rural presentó a las autoridades del INIA un documento en el que plantea una serie de disconformidades con el funcionamiento del INIA, pero por sobre todo el rechazo a la firma del convenio con Monsanto y piden “explicaciones”.
En ese encuentro estuvieron presentes el presidente del INIA, Álvaro Roel y el director Alfredo Picerno, y por la CNFR, Mario Buzzalino, y el integrante de la Mesa Ejecutiva de la gremial y también representante en la Junta Directiva del INIA Joaquín Mangado.
Según publicó La Diaria, el convenio consiste en “el envío de tres variedades de soja a un laboratorio de Estados Unidos que trabaja para Monsanto, para que se les introduzcan los dos genes resistentes, uno a herbicidas y otro a insectos. Este trabajo demoraría unos tres años y el INIA deberá abonar 6.000 dólares por cada variedad”
Buzzalino dijo al mismo medio que “luego de los tres años de investigación, el INIA utilizaría esas variedades como fuente del material genético y de continuarla, en unos años más, se podrían generar variedades adaptadas al medio local. Esta segunda fase es la que no ha sido negociada aún. La patente del gen RR1, que actualmente se utiliza en Uruguay y que es propiedad de Monsanto, cae en 2014”.
“Es claro que Uruguay tiene que crecer en tecnología y la investigación genética es muy cara, pero sabemos que el mercado mundial de semillas lo manejan cinco empresas y estamos en contra de ese tipo de monopolios, porque se parece mucho a regalar la independencia, dijo Buzzalino. Leer mas LR21

En el convenio firmado con Monsanto, y según consta en la respuesta de INIA a un pedido de informes del diputado frenteamplista Edgardo Rodríguez (MPP), se garantiza a Monsanto la titularidad de la patente del nuevo evento que se desarrolle, se le otorga la autorización para la liberación comercial del nuevo evento y el cobro de las regalías a los productores (pago por el uso de la patente).
El convenio recibió críticas de la Comisión Nacional de Fomento Rural y de la organización ambientalista Redes-Amigos de la Tierra. Esta última declaró que Monsanto busca “privatizar” los recursos fitogenéticos.

Uruguay: Acuerdo INIA-Monsanto. Alimentando las estrategias corporativas 

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No es una excepción

El acuerdo firmado en mayo es similar a los que ha firmado Monsanto en otros países de la región. En Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Monsanto firmaron cerca de diez acuerdos de colaboración. En 1998 suscribieron uno de vinculación tecnológica en el sector del algodón, por intermedio del cual INTA le otorgó a Monsanto una licencia exclusiva para todo el mundo sobre líneas de algodón obtenidas por el organismo estatal con tecnología de la transnacional.
Un informe elaborado por Valeria Arza y Patrick van Zwanenberg del Centro de Investigaciones para la Transformación (Cenit) de Argentina para la Red Mercosur de Investigaciones Económicas, en el marco del proyecto “¿Cómo mejorar el impacto socioeconómico de la colaboración público-privada en I+D en el sector de biotecnología agropecuaria?”, advierte que este tipo de convenios de organismos públicos con empresas transnacionales conlleva el riesgo de que las empresas “utilicen herramientas de propiedad intelectual (por ejemplo, secreto o patentes) que les permitan apropiarse de los resultados de las innovaciones que se produzcan” en ese contexto.

Rasca donde no pica

El picudo del algodonero es un insecto que se alimenta de las flores y los frutos del algodón. Pese a su simpática apariencia, se trata de una de las plagas más temibles en Argentina y en Paraguay para ese cultivo. Según el informe de Cenit de Argentina para la Red Mercosur de Investigaciones Económicas, Monsanto es propietaria de 100% de las semillas de algodón en Argentina. Sin embargo, dicha empresa no realiza investigación específica que busque soluciones a los problemas agronómicos de las distintas regiones del país porque no le es rentable. Este rol, en cambio, lo ocupa el INTA.

En 2004, el sector privado productivo de Paraguay firmó un Acuerdo Marco sobre Incorporación de Biotecnología Agrícola que asegura un mecanismo de pago de regalías a las empresas propietarias de los eventos transgénicos, las que a su vez deben contribuir con un fondo de investigación en biotecnología.

Escalas y prioridades

Monsanto tiene más de 400 establecimientos repartidos en 66 países. Las ventas netas de la empresa ascendieron a casi 12.000 millones de dólares en 2011. El 9% de esas ventas se registró en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La empresa cuenta con más de 100 establecimientos destinados a la investigación en mejoramiento genético para maíz, oleaginosas y algodón.
La falta de recursos presupuestales y en algunos casos humanos es el argumento que se esgrime desde los organismos públicos de la región para la firma de este tipo de acuerdos. “En cuanto a biotecnología, estamos muy escasos de trabajo en ese tema. No se hace nada por los costos que esto requiere, más bien somos usuarios de la tecnología generada en otros países”, reconoció Cristina Soerensen, coordinadora de la Comisión de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal de Paraguay, en diálogo con la diaria. García hizo notar que Monsanto está gastando, sólo en sus investigaciones vinculadas a Uruguay, más que todo el presupuesto del INIA, del Laboratorio Tecnológico del Uruguay y de la Universidad de la República juntos. El ex vicepresidente del INIA afirmó que “hay un problema de escala” que hace “impensable” el desarrollo de tecnología propia por parte de los Estados.
En Argentina, el informe de la Red arroja como conclusión que la principal debilidad del INTA para llevar al mercado desarrollos propios tiene que ver con su “incapacidad financiera para afrontar los costos de desregulación de semillas transgénicas”. La liberación de los eventos puede costar hasta diez veces más que su desarrollo. “INTA, Conicet y las universidades son capaces de desarrollar eventos transgénicos, y están tratando de hacerlo, pero ningún evento desarrollado por estas instituciones había sido aprobado para el mercado hacia el año 2010”, indica el informe. Los autores agregan que los laboratorios argentinos tampoco tienen capacidades para conducir los ensayos requeridos para la desregulación, ya que no cumplen con la normativa internacional a tales efectos.

Problema de agenda

La falta de priorización de estos temas entre las políticas de Estado explica en parte la falta de presupuesto asignado. El informe argentino para la Red señala que no existe “una política explícita desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de capacidades domésticas para la generación de transgénicos que puedan darle al país el control de todos los aspectos del desarrollo tecnológico y la comercialización”. “Si existiera el interés político, los costos de desregulación podrían no resultar un obstáculo insuperable”, estiman los autores.
Otro informe, de Carmen Galdona, Víctor Vázquez Aranda y Alejandra Bazzano, del Instituto de Desarrollo de Paraguay para la Red Mercosur de Investigaciones Económicas, en el marco del proyecto mencionado anteriormente, llega a conclusiones similares. Señala que las áreas de investigación en ese país en biotecnología “son limitadas, y la cantidad de proyectos promovidos actualmente es mínima” debido a la “falta de priorización de estos temas entre las políticas de Estado”.
El informe sobre Argentina elaborado para la Red recomienda preservar en el dominio público, “en la medida de lo posible”, el conocimiento que producen los centros públicos de investigación. Asimismo, sugiere no conceder licencias exclusivas a empresas en el marco de acuerdos de cooperación público-privados, o en todo caso, establecer por ejemplo precios máximos de comercialización de la tecnología para asegurar que ésta llegue a los pequeños y medianos productores.
Natalia Uval

Si existiera  el interés político