El ambiente enrarecido que causa la injusticia

A la plaza Libertad con los ojos bien abiertos

 
 CONVOCATORIA 
La gente en la calle reclamará verdad y justicia
La movilización de hoy, en contra de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, se espera sea una de las más convocantes de los últimos tiempos. La actividad se producirá prácticamente a un año de que la Corte Interamericana de DDHH fallara contra el Estado uruguayo, por impedir las investigaciones de delitos cometidos en dictadura.

Convocada por el Frente Amplio y el PIT-CNT, se llevará hoy, desde las 18 horas, una concentración en silencio como manifestación de rechazo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de Caducidad.
La actividad será en la plaza Cagancha y adhieren a la misma numerosas organizaciones sociales, entre los que se encuentran Familiares, Crisol, FEUU, Fucvam, Serpaj y Onajpu.
Para el caso, la Jefatura de Policía de Montevideo montará un operativo especial de custodia de la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de especial importancia a fin de evitar los incidentes que ocurrieron recientemente cuando la jueza Mariana Mota, trasladada de la órbita penal a la civil, firmó para desempeñar la nueva tarea.
Además de esta movilización, que se estima convocará a miles de personas, más tarde en el Velódromo se desarrollará una actividad artística para recaudar fondos para la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos.
La concentración en la Plaza Cagancha, denominada “por verdad y justicia”, tendrá la participación de militantes de izquierda, dirigentes y legisladores, así como representantes del PIT- CNT y de numerosas organizaciones sociales.
Además de Montevideo, en Paysandú también el FA convoca a una movilización en la Plaza Constitución a partir de las 19 horas. Se exhorta a concurrir portando solo la bandera uruguaya.
La declaración de inconstitucionalidad de la SCJ se remite a los primeros artículos de la ley 18.831 (interpretativa de la Caducidad) que evita la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura.
Ayer, se cumplió exactamente un año de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenando a Uruguay por impedir la investigación en el caso de la nuera del poeta Juan Gelman.
En el fallo, la CIDH establece: “En consecuencia, el Estado (uruguayo) debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo.”
En tanto, el diputado José Carlos Cardoso (Partido Nacional) pidió una reunión urgente del Directorio blanco para analizar si jurídicamente la convocatoria del día de hoy no configura un atentando contra la Constitución. “La escalada que ha puesto en marcha el Frente Amplio respecto a las acciones de la Suprema Corte es extremadamente grave”, dijo.
El legislador destacó que “una cosa es la protesta pública, la discrepancia, el comentario y otra cosa es movilizarse” e indicó que “no se puede meter una atropellada o amenazar a la Suprema Corte”.
Por su parte, la senadora Lucía Topolansky (MPP) afirmó que la decisión de promover un juicio político a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por no comparecer ante el Parlamento Nacional ante el llamado, así como por la declaración de inconstitucionalidad como por el traslado de la jueza Mariana Mota, debe ser tomada “por todo el Frente Amplio”.
La legisladora dijo a El Espectador que se esperará la argumentación por escrito de la SCJ sobre el traslado de Mota y que, una vez se tenga la respuesta, se analizará si las mismas son de recibo. En caso contrario, “habrá que ver si eso dispara o no los mecanismos para pedirle cuentas, que es el juicio político”.

Alta Comisionada preocupada por fallo
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó ayer su “preocupación” por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de Caducidad. La noticia fue calificada como “alarmante” por el comunicado de la ONU.
“Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, dijo la jerarca y jurista sudafricana en un comunicado divulgado por el organismo internacional.

ONU critica a la Suprema Corte de Justicia y advierte de la "alarmante" situación  

Goldaracena refutó a la SCJ


El abogado Oscar López Goldaracena formuló ayer un alegato en contestación al fallo de la Suprema Corte de Justicia de declaró inconstitucional algunos artículos de la ley Interpretativa de la Ley de Caducidad.
Señaló que el planteo de la SCJ parte de un razonamiento jurídico erróneo, porque sostiene que en algún momento operó prescripción o que se extinguió la acción punitiva para el delito que se indaga en autos y que, en consecuencia, la continuación de la indagatoria vulnera derechos adquiridos protegidos constitucionalmente y viola el principio de irretroactividad de la ley penal.
Según adujo Goldaracena, “sucede que no operó prescripción, no se generaron derechos adquiridos y, además, el Estado uruguayo está jurídicamente obligado a indagar y juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Sostiene que la imprescriptibilidad del crimen que se indaga en autos debe quedar fuera de toda duda en virtud de que así lo disponía el derecho vigente al momento en que el crimen se cometió.
Enfatiza que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido, porque rige para la especie lo dispuesto en la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

Los casos que cierra el fin de la Ley Interpretativa de la Caducidad

"Pajarito" Silveira celebró el fallo de la Suprema Corte

Ministros de la Suprema Corte con blindaje policial