13-02-13
San José, Costa Rica - 13 de febrero de 2013- Esta mañana, el caso Gelman v. Uruguay, litigado
por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),tuvo
una audiencia privada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en su sede en Costa Rica. La audiencia se realizó para supervisar el
cumplimiento de la sentencia y las reparaciones dictadas por ese mismo Tribunal el 24 de febrero de 2011.
La sentencia condena a Uruguay por la
desaparición forzada en 1976 -en el marco del Plan Cóndor, coordinación
represiva entre países del Cono Sur- de María Claudia García
Iruretagoyena de Gelman y su hija Macarena, quien nació en cautiverio
durante la dictadura militar uruguaya. De acuerdo con los compromisos
internacionales asumidos por el Estado uruguayo, el pleno cumplimiento
de esta sentencia es obligatorio y vinculante.
En la audiencia, la representante de
CEJIL resaltó la importancia del reconocimiento público de
responsabilidad por los hechos del caso, efectuado el 21 de marzo de
2012, por el Presidente de Uruguay, José Mujica, en nombre del Estado y
que contó con la participación de representantes de los tres poderes del
Estado. Asimismo, informó a la Corte que aún se encuentra pendiente la
realización de una investigación efectiva tendiente a esclarecer el
paradero de María Claudia y las circunstancias de su desaparición y el
nacimiento en cautiverio de su hija Macarena, hechos que aún permanecen
impunes.
También fue puesto en conocimiento de la
Corte, la existencia de numerosos recursos de inconstitucionalidad
pendientes ante la Suprema Corte uruguaya que cuestionan la validez de
la Ley N° 18.831 de Restablecimiento de la Pretensión Punitiva del
Estado.
En palabras de Liliana Tojo, Directora
del Programa de CEJIL para el Cono Sur y Bolivia, que participó en la
audiencia: "Para dar pleno cumplimiento a la Sentencia, el Poder
Judicial debe calificar los delitos ocurridos bajo la dictadura como
crímenes de lesa humanidad y debe remover todos los obstáculos que
impidan el avance de las investigaciones y el establecimiento de
responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos
ocurridas durante la última dictadura en Uruguay".
Se prevé que en las próximas semanas la
Corte emita una resolución de supervisión de cumplimiento detallando los
próximos pasos a seguir para asegurar el cumplimiento por parte de
Uruguay de la Sentencia del 24 de febrero de 2011.
CEJIL y WOLA expresan profunda preocupación por traslado de la jueza Mota .
Uruguay debe superar impunidad
15-02-13
Buenos Aires, San José y Washington, D.C., 15 de febrero de 2013-
Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que ordenó
el traslado a un juzgado civil de la jueza Mariana Mota, titular hasta
hace unos días de un Juzgado Letrado en lo Penal; el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington
para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresan su profunda preocupación
por el impacto que dicha acción pueda tener en la tramitación de causas
por delitos de lesa humanidad.
En tiempos en que Uruguay debe saldar el
cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en la causa Gelman y, por tanto, satisfacer su obligación de
organizar las estructuras del Estado para superar la impunidad en que se
encuentran los crímenes cometidos durante la última dictadura, el
sorpresivo y hasta ahora no explicado traslado de la jueza Mota al fuero
civil, profundiza las dificultades que hasta este momento enfrenta la
justicia uruguaya.
La alegada legalidad de la medida
ordenada por la Suprema Corte de Justicia, no resulta suficiente para
explicar la inesperada decisión del traslado de la jueza Mota, quien se
encontraba a cargo de más de cincuenta casos vinculados con el
terrorismo de Estado cometidos durante la última dictadura y cuyo
trámite activo representaba una esperanza para la sociedad uruguaya.
CEJIL y WOLA expresan su solidaridad con
las víctimas, sus familiares y con toda la sociedad en Uruguay, que
desde hace décadas persiste en su lucha por la justicia y el cese de la
impunidad.
Notas al editor
El Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) es
una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el
hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la
plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en
los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos
y otros mecanismos de protección internacional.
La Oficina en Washington para
Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) promueve los
derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del
trabajo conjunto con contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe
para influenciar las políticas en los Estados Unidos y el exterior.
16 de Febrero de 2013
El traslado de la jueza Mota no es inocenteEntre derechos humanos y Air Class
El traslado a la órbita civil de la jueza Mariana Mota es un cimbronazo muy fuerte para las causas sobre violaciones de los derechos humanos. Entre ellas, la del homicidio de Aldo Perrini en el Batallón de Colonia. Aunque también se mezcla con “el desacato” en el que incurrió el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, cuando la jueza le solicitó información sobre el accidente del avión Air Class y que, según supo EL ECO, estaría protegiendo a militares. Pero sea lo que sea, su traslado obedece a razones políticas y no del ámbito judicial.
Con cerca de cincuenta casos de delitos cometidos en dictadura -y una investigación sobre la caída del avión de Air Class en curso-, la noticia de su traslado a un juzgado civil no era esperada por la jueza Mariana Mota. Su transferencia fue una decisión de la Suprema Corte de Justicia.
Las causas
De acuerdo a la información que recabó EL ECO, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) comunicó que el traslado de la doctora Mota se debió a razones técnicas, diciendo que es un ascenso. Eso es real, pero en la interna judicial existen otros puntos, como por ejemplo que es inminente que la SCJ falle en que no es inconstitucional el caso Perrini, y si es así el expediente vuelve al juzgado para que el juez resuelva si procesa o no. Y no deseaban que fuera la doctora Mariana Mota. Porque existen fuertes intereses para que no se procese al general ® Pedro Barneix. Y quien tendría esta decisión sería la jueza Beatriz Larrieux, que a mediados del año pasado había sido trasladada desde Colonia, donde ejercía como titular, a Montevideo.
La jueza Mariana Mota era cuestionada por abogados de defensa de militares que estaban con fallos inminentes, por ser comprobados violadores de los derechos humanos en la última dictadura cívico militar que azotó nuestro país desde junio de 1973 a marzo de 1985.
Entre quienes la cuestionaban, estaba la defensa del militar Pedro Barneix, quien ya había pasado por el banquillo de los acusados, y quien, además, (el veredicto era inminente) sería hallado responsable de la muerte del carmelitano Aldo Chiquito Perrini, ocurrida en el Batallón de Colonia en marzo del año 1974.
El doctor Oscar López Goldaracena, consultado por EL ECO, señaló que “no conocemos los verdaderos motivos del traslado, pero un hecho objetivo es que la doctora Motta fue objeto permanente de hostigamiento por parte de un sector de la sociedad que no quiere que se avance en las causas de derechos humanos, y, lamentablemente, otro hecho objetivo es que como consecuencia de la decisión adoptada por la Suprema Corte, la jueza es apartada de los casos de derechos humanos".
Para el abogado defensor de la familia de Aldo Chiquito Perrini, "la doctora Mariana Motta demostró profesionalidad en la recopilación de pruebas, sensibilidad con las víctimas y una fundamentada y avanzada idea del derecho que debe regir en casos de crímenes de lesa humanidad. Esto, sin duda, molesta a los involucrados. Lo que resulta a mi juicio sorprendente es que la Suprema Corte adopte esta decisión de trasladarla, cuando era inminente la finalización de varias causas, entre ellas la del homicidio de Aldo Perrini o las torturas a presos y presas en la base aérea de Boiso Lanza. Fue una decisión desacertada. Si el verdadero motivo de la Suprema Corte fue apartarla de las causas de derechos humanos o de otras indagatorias, por la protesta de quienes todavía se sienten poderosos, asistimos al verdadero desprestigio del Poder Judicial y sería hora de repensarlo".
López Goldaracena agregó a su vez que si “realmente el traslado de la jueza Mota es un ascenso, como se ha dicho por parte de algunos voceros de la Corte, deberíamos pronosticar que dado los antecedentes de la magistrada, dentro de muy poco tiempo debería ser ministra de la Suprema Corte”.
¿Aviones en malas condiciones?
También esta la causa del avión de Air Class, accidentado el 6 de junio de 2012 en el Río de la Plata, y la situación se ha tornado muy grave entre las investigaciones de la Justicia –donde actuaba la jueza Mariana Mota- y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.
La doctora Mota tenía la indagatoria de este accidente y había realizado un pedido de información ante el Ministerio de Defensa, y como esa información fue negada, la magistrada hizo una denuncia por “desacato” al ministro, Eleuterio Fernández Huidobro. Por ello, también los familiares de las personas que murieron en el accidente de Air Class están muy descontentos con el traslado de Mota. Porque en este pedido de información había otro punto muy oscuro: el avión era de militares, y los pilotos habrían avisado en varias oportunidades que los aviones estaban en malas condiciones, y por ello la indagatoria habría sido frenada.
Pero surgieron más hipótesis cuando un barco pesquero de arrastre recogió esta semana en una de sus redes la puerta del avión Air Class que se precipitó a las aguas del Río de la Plata el pasado 6 de junio de 2012.
Como la pieza fue hallada fuera de la zona de exclusión, existe la posibilidad de que este elemento se haya desprendido antes del accidente, aseguró a Canal 10 el buzo Héctor Bado que encabezó las operaciones de búsqueda.
"Esta pieza en particular yo se la había nombrado a la jueza (Mariana Mota) como una de las prioridades de búsqueda, porque hubo muchas versiones públicas de que tuviese algún problema, que se podía haber desprendido. Si esto ocurrió, eventualmente la puerta pudo haber pegado en la cola del avión", explicó Bado.
Las pericias y el análisis permitirían determinar por qué razón el avión se precipitó al mar, causando la muerte de los pilotos Walter Rigo y Martín Riva hace ocho meses.
Ahora, sin la doctora Mariana Mota, también se enlentecerá esta investigación, independientemente de la profesionalidad del magistrado que comience a actuar en la causa.
PODER SUPREMO
Las tres salidas de la Suprema Corte de Justicia
Por Enrique Ortega Salinas, analista.
No necesito dar explicaciones de por qué esto es un escándalo. Ya se han escrito montañas de notas sobre los motivos reales que llevaron a la SCJ a bajar de un hondazo a la jueza Mariana Mota de la órbita penal, recibiendo de inmediato las felicitaciones del Centro Militar.
Si bien constitucionalmente está eximida de justificar la sustitución, la cristalinidad, la ética y la responsabilidad de evitar la alarma pública, obligan a la SCJ a demostrar un mínimo de respeto republicano y dar explicaciones a quienes pagan sus sueldos: todos los uruguayos. No es de recibo pretender mimetizar su traslado entre otros sin mayores consecuencias.
En primer lugar sería bueno que un organismo que debe mantenerse limpio de toda sospecha aclare que la magistrada Beatriz Larrieux no tiene ninguna clase de parentesco con Jorge Larrieux, uno de los cinco ministros que consumaron el acto que está haciendo arder las redes y es motivo de brindis en Domino Arenas.
Un Ministro señaló a la prensa que Mota tiene sumarios pendientes. Si es cierto, no es ético comentarlo a los medios antes que ella sea notificada. Si no lo es, ya no estamos frente a una simple operación de enchastre, sino de un delito de difamación pública.
El casi medio centenar de expedientes referidos a violaciones de los Derechos Humanos que Mota tenía en estudio, reciben un golpe paralizante con su traslado, ya que Larrieux tendrá que comenzar recién a leer las decenas de miles de páginas antes de dar un paso. Los torturadores y violadores de la dictadura están festejando junto a sus protectores políticos. Sólo falta el golpe de gracia: que la SCJ determine la inconstitucionalidad de la Ley interpretativa de la Ley de Caducidad y sepulte para siempre nuestras esperanzas de tener un país sin criminales intocables. Si encima el Estado fuera demandado y tuviera que indemnizarlos, la indignación popular sería tan grande que las instituciones temblarían hasta los cimientos; y eso sin recordar la reciente declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles rurales.
Estas gotas traerán tempestades, porque desde ahora la ciudadanía parece dispuesta a señalar al único poder del Estado que parecía incuestionable y tendrá su lupa puesta sobre cada resolución.
Con tal panorama, permítanme aclarar a la Suprema Corte de Justicia las tres salidas posibles a este conflicto.
1. Que los ministros se atrincheren en su palacio del Olimpo y hagan oídos sordos a los reclamos de los vulgares mortales que exigen explicaciones, atentando incluso contra la inteligencia de los mismos al decir que estos traslados son comunes.
2. Atender el reclamo de la ciudadanía y tener la grandeza de rectificar su decisión. Sería lo ideal y yo sería el primero en aplaudirlos, porque los hombres que valen algo son aquellos capaces de reflexionar y cambiar de opinión si la situación lo amerita.
3. Tener la decencia de renunciar.
Las tres salidas de la Suprema Corte de Justicia
Por Enrique Ortega Salinas, analista.
No necesito dar explicaciones de por qué esto es un escándalo. Ya se han escrito montañas de notas sobre los motivos reales que llevaron a la SCJ a bajar de un hondazo a la jueza Mariana Mota de la órbita penal, recibiendo de inmediato las felicitaciones del Centro Militar.
Si bien constitucionalmente está eximida de justificar la sustitución, la cristalinidad, la ética y la responsabilidad de evitar la alarma pública, obligan a la SCJ a demostrar un mínimo de respeto republicano y dar explicaciones a quienes pagan sus sueldos: todos los uruguayos. No es de recibo pretender mimetizar su traslado entre otros sin mayores consecuencias.
En primer lugar sería bueno que un organismo que debe mantenerse limpio de toda sospecha aclare que la magistrada Beatriz Larrieux no tiene ninguna clase de parentesco con Jorge Larrieux, uno de los cinco ministros que consumaron el acto que está haciendo arder las redes y es motivo de brindis en Domino Arenas.
Un Ministro señaló a la prensa que Mota tiene sumarios pendientes. Si es cierto, no es ético comentarlo a los medios antes que ella sea notificada. Si no lo es, ya no estamos frente a una simple operación de enchastre, sino de un delito de difamación pública.
El casi medio centenar de expedientes referidos a violaciones de los Derechos Humanos que Mota tenía en estudio, reciben un golpe paralizante con su traslado, ya que Larrieux tendrá que comenzar recién a leer las decenas de miles de páginas antes de dar un paso. Los torturadores y violadores de la dictadura están festejando junto a sus protectores políticos. Sólo falta el golpe de gracia: que la SCJ determine la inconstitucionalidad de la Ley interpretativa de la Ley de Caducidad y sepulte para siempre nuestras esperanzas de tener un país sin criminales intocables. Si encima el Estado fuera demandado y tuviera que indemnizarlos, la indignación popular sería tan grande que las instituciones temblarían hasta los cimientos; y eso sin recordar la reciente declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles rurales.
Estas gotas traerán tempestades, porque desde ahora la ciudadanía parece dispuesta a señalar al único poder del Estado que parecía incuestionable y tendrá su lupa puesta sobre cada resolución.
Con tal panorama, permítanme aclarar a la Suprema Corte de Justicia las tres salidas posibles a este conflicto.
1. Que los ministros se atrincheren en su palacio del Olimpo y hagan oídos sordos a los reclamos de los vulgares mortales que exigen explicaciones, atentando incluso contra la inteligencia de los mismos al decir que estos traslados son comunes.
2. Atender el reclamo de la ciudadanía y tener la grandeza de rectificar su decisión. Sería lo ideal y yo sería el primero en aplaudirlos, porque los hombres que valen algo son aquellos capaces de reflexionar y cambiar de opinión si la situación lo amerita.
3. Tener la decencia de renunciar.
DECLARACION DEL COMITE DE BASE GRAL.VICTOR LICANDRO, EN MEXICO
Comité de Base del Frente Amplio de Uruguay en México “Gral. Víctor Licandro”
DECLARACIÓN
México, D.F., 15 de febrero de 2013
Presidenta del Frente Amplio de Uruguay
Compañera Mónica Xavier
Estimada compañera.
Hacemos de su conocimiento, la profunda indignación
de nuestro Comité por la decisión de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay,
de trasladar -sin fundamento alguno- a la Jueza Mariana Mota del Juzgado Penal
al Civil. El verdadero fundamento no explicitado, es el de impedir que continúe
con las investigaciones complejas y transparentes a las que nos tiene
acostumbrados dicha Jueza, respecto de los crímenes del período del terrorismo
de Estado.
También le comunicamos que nos solidarizamos con la
Jueza Mota y apoyamos todas las manifestaciones de las organizaciones en
defensa de los derechos humanos en Uruguay y del PIT-CNT, así como esperamos
que el Frente Amplio emita una declaración en la que deje en claro su
desacuerdo, más allá del derecho que le asiste a la SCJ (Art. 99 de la Ley
15.750) de tomar dicha decisión, sin ofrecer ningún tipo de explicación.
Además nos declaramos en estado de alerta respecto de
la próxima decisión que respecto de la Ley 18.831, deberá expedirse la Suprema
Corte; en el entendido de que no admitiremos ningún tipo de retroceso
antidemocrático, que abra algún camino para la impunidad en beneficio de personeros de la dictadura.
Fraternalmente.
El Secretariado del Comité de Base del Frente Amplio de Uruguay en México,“General Víctor Licandro”
Toma de la SCJ
por Aldux
.
VALERIA GIL / PABLO MELENDREZ
El Frente Amplio mantiene su decisión de convocar a la Suprema Corte de Justicia para que explique el traslado de la jueza Mariana Mota. En la Corte, al menos dos de los cinco ministros están en contra de aceptar la convocatoria del FA.
El planteo del oficialismo para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) expliquen el traslado de Mota desatará un duro cruce político entre los legisladores del Frente Amplio y los representantes de la oposición, que entienden que no corresponde la convocatoria.
El diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) le planteó el viernes el tema al presidente de la Comisión de Constitución, Pablo Iturralde (Alianza Nacional), quien se comprometió a comunicar la citación a la Corte, dijo el frenteamplista a El País.
La jueza Mota, quien estaba al frente del juzgado penal de 7° turno desde marzo de 2009, fue trasladada a la sede civil de 1° turno.
Mota concentraba más de 50 casos de violaciones a los derechos humanos
durante la dictadura, por lo que su traslado fue duramente cuestionado
por organizaciones sociales y sectores de izquierda.
El viernes, la jueza prestó el tradicional juramento previo a asumir en su nuevo cargo, pero la ceremonia tuvo que postergarse durante más de dos horas debido a la ocupación e incidentes que se registraron en la sede de la SCJ.
Si bien Bayardi tramitó la citación a la Corporación, inicialmente la iniciativa fue lanzada por el senador Enrique Rubio, líder de la Vertiente Artiguista.
En forma inmediata, los líderes de la oposición (Luis Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres) cuestionaron duramente la iniciativa al entender que no corresponde que la SCJ explique una decisión administrativa ante el Parlamento.
A nivel de la SCJ la posición se encamina a no aceptar la citación del Frente Amplio. Dos de los cinco ministros de la Corte consultados por El País, adelantaron que la citación no corresponde.
GUARANGADA.
"Tengo 25 años de legislador y me precio de ser inteligente ¿Alguien va a pensar que la guarangada que dijo Lacalle respecto a que no se puede invitar a la Corte, porque lo que estamos haciendo es invitarlos y no convocarlos, es así?", sostuvo Bayardi.
Lacalle pidió a los legisladores del Frente Amplio que "no sean bestias" ya que no se puede convocar a la SCJ por un tema de esta naturaleza.
Bayardi sostuvo que la citación está amparada en el artículo 118 e la Constitución. "Lo que no podemos -y es obvio que no podemos- y en el pedido que hago para invitar a la Corte lo digo: es que esto es independiente de las facultades que le otorga la Constitución a la Corte en el artículo 239 (numeral segundo) de ejercer la superintendencia del Poder Judicial", explicó el diputado.
"En este caso lo que quiero intercambiar con los ministros son los fundamentos que llevaron a tomar una medida administrativa de traslado de un juez", agregó.
El legislador indicó que la Constitución (en su artículo 246) establece la "inamovilidad" de los magistrados. "Lo que quiero saber es si se oyó al fiscal de Corte y cuáles son las razones de `buen servicio` por las que justifica el traslado", remarcó Bayardi.
"Esto el doctor Lacalle lo tiene que saber y los otros legisladores que opinaron también. Pero el doctor Lacalle, por ser abogado, haber sido diputado, senador y expresidente es mucho más imperdonable que no lo sepa", criticó el diputado.
Un ministro de la SCJ consultado el viernes por El País, mostró sus dudas sobre la legalidad de la convocatoria. Otro magistrado dijo ayer a El País considera que la citación "no corresponde", pero que será la Corte la que decidirá.
Los ministros de la SCJ tienen previsto tratar el tema mañana lunes.
INVESTIGACIÓN.
Por otro lado, la jueza penal Gabriela Merialdo y el fiscal Gustavo Zubía comenzaron la instrucción en torno a la ocupación de la sede de la SCJ del viernes. Ayer tomaron declaraciones a los policías que actuaron en el operativo de seguridad. La Policía aportó videos y fotografías de los incidentes, en las cuales se basará la investigación.
"Hay independencia de los tres poderes y tenemos que continuar con ella", dijo Cairoli, quien fue ministro de la SCJ entre 1993 y 2003.
El exmagistrado recordó que en 2001, año en que él presidió la Corporación, en el Parlamento se planteó convocar a los ministros del máximo órgano del Poder Judicial para que explicaran las libertades dadas en la visita de cárceles de aquel año. Sin embargo, los magistrados entendieron que al ser un asunto técnico, no correspondía concurrir. "Dijimos que no íbamos y no fuimos", recordó Cairoli.
De todos modos, aclaró que en torno a la situación de Mota "puede ser otra cosa", ya que la Constitución no permite a los legisladores pedir información sobre asuntos técnicos de la SCJ pero sí sobre aspectos administrativos.
JUECES. Por otro lado, la Asociación de Magistrados del Uruguay analizará mañana en su reunión de Directiva el traslado de la jueza Mota, según informó a El País el titular de la gremial, Rolando Vomero.
"La Corte tiene entre sus facultades el traslado y ascenso de los jueces", dijo Vomero, y aclaró que Mota no pidió apoyo a la gremial. Agregó que no le "gustó" la movilización del viernes en la sede de la SCJ.
El Frente Amplio mantiene su decisión de convocar a la Suprema Corte de Justicia para que explique el traslado de la jueza Mariana Mota. En la Corte, al menos dos de los cinco ministros están en contra de aceptar la convocatoria del FA.
El planteo del oficialismo para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) expliquen el traslado de Mota desatará un duro cruce político entre los legisladores del Frente Amplio y los representantes de la oposición, que entienden que no corresponde la convocatoria.
El diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) le planteó el viernes el tema al presidente de la Comisión de Constitución, Pablo Iturralde (Alianza Nacional), quien se comprometió a comunicar la citación a la Corte, dijo el frenteamplista a El País.
La jueza Mota, quien estaba al frente del juzgado penal de 7° turno desde marzo de 2009, fue trasladada a la sede civil de 1° turno.
El viernes, la jueza prestó el tradicional juramento previo a asumir en su nuevo cargo, pero la ceremonia tuvo que postergarse durante más de dos horas debido a la ocupación e incidentes que se registraron en la sede de la SCJ.
Si bien Bayardi tramitó la citación a la Corporación, inicialmente la iniciativa fue lanzada por el senador Enrique Rubio, líder de la Vertiente Artiguista.
En forma inmediata, los líderes de la oposición (Luis Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres) cuestionaron duramente la iniciativa al entender que no corresponde que la SCJ explique una decisión administrativa ante el Parlamento.
A nivel de la SCJ la posición se encamina a no aceptar la citación del Frente Amplio. Dos de los cinco ministros de la Corte consultados por El País, adelantaron que la citación no corresponde.
GUARANGADA.
"Tengo 25 años de legislador y me precio de ser inteligente ¿Alguien va a pensar que la guarangada que dijo Lacalle respecto a que no se puede invitar a la Corte, porque lo que estamos haciendo es invitarlos y no convocarlos, es así?", sostuvo Bayardi.
Lacalle pidió a los legisladores del Frente Amplio que "no sean bestias" ya que no se puede convocar a la SCJ por un tema de esta naturaleza.
Bayardi sostuvo que la citación está amparada en el artículo 118 e la Constitución. "Lo que no podemos -y es obvio que no podemos- y en el pedido que hago para invitar a la Corte lo digo: es que esto es independiente de las facultades que le otorga la Constitución a la Corte en el artículo 239 (numeral segundo) de ejercer la superintendencia del Poder Judicial", explicó el diputado.
"En este caso lo que quiero intercambiar con los ministros son los fundamentos que llevaron a tomar una medida administrativa de traslado de un juez", agregó.
El legislador indicó que la Constitución (en su artículo 246) establece la "inamovilidad" de los magistrados. "Lo que quiero saber es si se oyó al fiscal de Corte y cuáles son las razones de `buen servicio` por las que justifica el traslado", remarcó Bayardi.
"Esto el doctor Lacalle lo tiene que saber y los otros legisladores que opinaron también. Pero el doctor Lacalle, por ser abogado, haber sido diputado, senador y expresidente es mucho más imperdonable que no lo sepa", criticó el diputado.
Un ministro de la SCJ consultado el viernes por El País, mostró sus dudas sobre la legalidad de la convocatoria. Otro magistrado dijo ayer a El País considera que la citación "no corresponde", pero que será la Corte la que decidirá.
Los ministros de la SCJ tienen previsto tratar el tema mañana lunes.
INVESTIGACIÓN.
Por otro lado, la jueza penal Gabriela Merialdo y el fiscal Gustavo Zubía comenzaron la instrucción en torno a la ocupación de la sede de la SCJ del viernes. Ayer tomaron declaraciones a los policías que actuaron en el operativo de seguridad. La Policía aportó videos y fotografías de los incidentes, en las cuales se basará la investigación.
La citación del FA "no es normal"
Jueces analizarán mañana el traslado de Mariana Mota
El catedrático penalista y exministro de la Suprema Corte de Justicia (SJC), Milton Cairoli, dijo a El País que la convocatoria del senador frenteamplista Enrique Rubio para que las actuales autoridades de la Corporación expliquen el traslado de la jueza Mariana Mota "no es una cosa normal"."Hay independencia de los tres poderes y tenemos que continuar con ella", dijo Cairoli, quien fue ministro de la SCJ entre 1993 y 2003.
El exmagistrado recordó que en 2001, año en que él presidió la Corporación, en el Parlamento se planteó convocar a los ministros del máximo órgano del Poder Judicial para que explicaran las libertades dadas en la visita de cárceles de aquel año. Sin embargo, los magistrados entendieron que al ser un asunto técnico, no correspondía concurrir. "Dijimos que no íbamos y no fuimos", recordó Cairoli.
De todos modos, aclaró que en torno a la situación de Mota "puede ser otra cosa", ya que la Constitución no permite a los legisladores pedir información sobre asuntos técnicos de la SCJ pero sí sobre aspectos administrativos.
JUECES. Por otro lado, la Asociación de Magistrados del Uruguay analizará mañana en su reunión de Directiva el traslado de la jueza Mota, según informó a El País el titular de la gremial, Rolando Vomero.
"La Corte tiene entre sus facultades el traslado y ascenso de los jueces", dijo Vomero, y aclaró que Mota no pidió apoyo a la gremial. Agregó que no le "gustó" la movilización del viernes en la sede de la SCJ.
RECLAMOS, CRÍTICAS Y POLÉMICA
1.LA POLÉMICA POR EL IRPF A PASIVOS
El primer cruce significativo desde que el Frente Amplio llegó al gobierno ocurrió en marzo de 2008, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, cuando la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aplicado a los jubilados. Esa posición fue duramente cuestionada por varios legisladores oficialistas, que acusaron a los ministros de la Corporación de ceder ante presiones de la oposición. Incluso, el entonces senador y actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, amenazó con iniciarle un juicio político al entonces ministro de la SCJ, Hipólito Rodríguez Caorsi, quien acusó a dos de sus compañeros de sala de demorar los fallos.2.CRÍTICAS POR SEGURIDAD
La seguridad pública también ha sido un punto que generó varios conflictos entre el gobierno del Frente Amplio y la Justicia. Además de cuestionamientos hacia jueces por casos puntuales, siendo ministra del Interior, la actual diputada socialista Daisy Tourné, le reclamó a los magistrados que "se pongan" las pilas para procesar con prisión a menos personas y así mejorar el hacinamiento carcelario.3.DD.HH DELITOS COMUNES
En mayo de 2011, la SCJ estuvo otra vez en el centro de la polémica cuando determinó que los ilícitos cometidos por militares y policías durante la dictadura son delitos comunes y no de lesa humanidad, tal como lo había pedido la entonces fiscal Mirtha Guianze. Esa posición de la Corporación motivó duras críticas de las organizaciones sociales promotoras de los casos de derechos humanos y también de los sectores frenteamplistas vinculados a esa temática.4.SUBORDINADA AL PODER POLÍTICO
La senadora Constanza Moreira (MPP) cree que el Poder Judicial es un poder político del Estado porque está "relativamente subordinada" al mando político. Para Moreira, el Poder Judicial "escucha bastante y absorbe bastante del ánimo político del contexto en el que está actuando", opinó la senadora, que es politóloga, en una exposición en 2011.
El País Digital
Desacatados con la injusticia        |
Cuando usted mira la cara de los jovenes que integran la guardia republicana, no hace falta decifrar son caras de pobreza, que venden su fuerza fisica y mental por unos pesos para defender la clase rica y latifundista. No son conscientes de la division de clases, y sus instrumentos de defensa que son ellos carnes de canon de la burguesia donde estos jovenes sin porvenir pasaran sus trabajos a sus futuros hijos. Consciencia jovenes, que son del pueblo.
ResponderEliminarSus hermanos sufren la injusticia y al mismo sienten pena por sus almas jovenes de la republicana.
Nunca crei que la Suprema Corte fuera independiente, siempre actúa con el poder politico, ahoar asi como hay presiones para sacar a Mota, también el poder politico puede presionar para que la dejem.Si hubiera voluntad del Ejecutivo no?
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