La SCJ acaba de consumar el golpe "blando legal"

Se acaba de consumar lo que ya se venía previendo: la Corte Suprema de INjusticia acaba de cerrar PARA SIEMPRE - SEGUN ELLOS - las investigaciones y procesos por los delitos de lesa humanidad y todas las violaciones a los DDHH. Y lo hace pisoteando la voluntad manifiesta de LA MITAD DEL ELECTORADO QUE EN SU MOMENTO SE PRONUNCIÓ POR TERMINAR CON LA IMPUNIDAD. Y los dinosaurios todavía se atreven a hablar en nombre de la democracia y del interés ciudadano. Qué hipócritas !.

Con ello se ha hecho realidad el GOLPE BLANDO estilo Honduras y Paraguay. Se acaba de LEGALIZAR EL FASCISMO, la SCJ acaba de resolver que NO ES ILEGAL asesinar personas por motivos políticos, asesinar prisioneros políticos, secuestrar y hacer desaparecer a opositores políticos, robar bebés de presuntos opositores al régimen, así como tampoco es ILEGAL la tortura masiva contra los prisioneros, las violaciones de los mismos, el encierro de los prisioneros en condiciones inhumanas durante mas de un decenio. La SCJ ha saltado al campo del fascismo MILITANTE tomando resoluciones e interviniendo en el proceso político. La SCJ cree que con ello cierra PARA SIEMPRE la investigación de todas las tropelías e ilegalidades del período dictactorial. Con esto acaba de LEGALIZAR AL FASCISMO.

La SCJ pasa DE HECHO Y POR RESOLUCIÓN a ser culpable de asistencia a la asociación ilicita para delinquir (la integrada por mafia militar secuestradora, desaparecedora y ladrona de bebés), la SCJ pasa a ser culpable del delito de incitación al delito de lesa humanidad en la medida que lo acaba de declarar IMPUNE, la SCJ es culpable de asistencia al atentado a la Constitución (ya no en grado de conspiración sino de CONSUMACIÓN), la SCJ ha tomado resoluciones atentatorias contra todas las resoluciones internacionales sobre CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, la SCJ viola esas disposiciones internacionales así como las convenciones internacionales contra la tortura, contra la desaparición forzada de personas y por crímenes de guerra y tratamiento a los prisioneros de guerra, Convenciones y tratados RATIFICADOS POR URUGUAY. La SCJ desde el ángulo del derecho internacional viola gravemente dichos tratados pertinentes que han sido firmados y ratificados por Uruguay. La SCJ se coloca en una situación muy dudosa desde el punto de vista del derecho internacionalmente aceptado ya que como es sabido estos tratados y convenciones están por encima de las disposiciones que cada país pueda hacer sobre los tópicos de referencia.

Políticamente y en lo nacional la SCJ sella una alianza con los pandilleros fascistas de las FFAA y pasa a actuar activamente junto a la ultraderecha que pretende, una vez más, sepultar los CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD a través de volver a hacer regir la IMPUNIDAD. En la medida que tales crimenes son de inspiración fascista las SCJ están aprobando la impunidad para el fascismo y de hecho ayudarlo a eludir sus responsabilidades penales. Aunque la SCJ se haga llamar democrática o se autodenomine legal, esa es la realidad.

La SCJ como también ya se habia adelantado esta sostenida por el conjunto de la derecha nacional, derecha en la que muchos sectores de una u otra manera no quieren ver que se investiguen a fondo las complicidades civiles durante el período dictatorial, que era el de una dictadura cívico-militar. Las FFAA apuntalan también este proceso de ocultamiento de la verdad y por la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus integrantes en el período pasado, entre otras cosas ocultando los archivos y registros y desinformando, utilizando para ello los métodos mafiosos de la "ley del silencio".

Este proceso está también sostenido por el imperialismo yanqui cuyo objetivo es hacer de Uruguay un centro de bases militares para la agresión a los países hermanos en la región, para reprimir protestas populares en Uruguay y como base para operaciones militares cuyo fin es robarse los recursos naturales de TODOS LOS PAÍSES DE LA REGIÓN INCLUYENDO AL URUGUAY. La utilización de las SCJ como supuestos árbitros con el derecho a la última palabra ya se ha aplicado para supuestamente legalizar los golpes militares en Honduras y en Paraguay. Lo que la SCJ hace hoy en día es implementar un golpe blando "legal".

Este proceso se ha visto favorecido por la actitud del Frente Amplio durante sus dos gobiernos. Impidiendo investigaciones y juicios, manteniendo la impunidad, saboteando el plebiscito de la rosada, torpedeando las votaciones en el parlamento, incluyendo la presencia a última hora del Presidente para intentar frenar a sus propios parlamentarios. Y como remate EL LLAMADO PÚBLICO DEL PRESIDENTE MUJICA A QUE LA SCJ INTERVINIERA SACANDO A LA JUEZA MOTA. Fué el Presidente Mujica quién los llamó a tomar medidas, quién fué el inspirador ideológico de la purga contra la jueza Mota no es otro que el Presidente Mujica. La SCJ cuando se decide a intervenir (después de garantizarse los apoyos políticos y militares) purga a Mota, le veta el impuesto-migajas en el agro de Mujica y por último DECLARA LA IMPUNIDAD PARA LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD. Todo en de una semana. El Presidente Mujica no puede desentenderse de su responsabilidad en estas decisiones de la SCJ ya que fué él mismo quien los llamó a tomar medidas. Aquí están a la vista los resultados de tal llamado.

Para el movimiento cívico por los DDHH y por la verdad y la justicia se abre un período negro. Ya que la SCJ al haber quemado todas las naves ante el movimiento democrático anuncia que seguirá en esa línea. Ya lo hemos visto en Honduras y Paraguay en donde a partir de la legalización del "golpe blando" han continuado cobijando y "legalizando" todo tipo de violaciones a la ley y a la Constitución en comandita con la derecha oligárquica, el imperio y las FFAA nacionales. En consecuencia se hace mas necesario que nunca la puesta en marcha de un MOVIMIENTO AMPLIO Y UNITARIO, DESDE LA BASE, SIN TUTELAJES NI CAPITANÍAS PARTIDARIAS, en defensa de la democracia, de las libertades públicas y de los DDHH, hoy y para el futuro, comenzando por la tarea de volver a voltear la impunidad y esta vez de manera completa para que se juzge y condene a los criminales de lesa humanidad que hoy han sido declarados impunes. Para que se sepa la suerte de los desaparecidos, de los bebés robados, y que sean juzgados los responsables de asesinatos, de asesinatos de prisioneros, de las torturas, las violaciones y los saqueos.

Se necesita una amplia unidad. Para hacerla posible - como ha sido siempre en nuestra historia - es el pueblo mismo el que tiene que ser el protagonista y quien decida, no frentes cuoteados partidariamente, debe de ser un movimiento amplio, desde abajo, para tener presencia permanente en la calle marcando a fuego al fascismo al que si no se lo detiene ahora después costará enormes esfuerzos y luchas prolongadas. Los desaparecidos,los bebés robados, los asesinados , los torturados, no pueden ser moneda de cambio para satisfacer intereses politiqueros partidarios y menos aun electoralistas. Debe de ser un movimiento auténtico cuyos únicos fines son las indicadas banderas de Verdad y Justicia.

Jorge Zabalza por el Blog Zurdatupa
Alberto Cabrera por el Blog El Muerto 
Alberto Vidal por el Blog Noticias Uruguayas

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DECLARACIÓN PÚBLICA

El Servicio Paz y Justicia de Uruguay manifiesta la más profunda consternación e indignación frente al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831 que habilitaba al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

Esta decisión constituye un gravísimo retroceso a la aplicación de la justicia frente a los horrores ocurridos en nuestro pasado reciente e incumple manifiestamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman que obliga al Estado uruguayo a garantizar la investigación y a juzgarlos.

Así como en 1987 apoyamos los valientes pronunciamientos de la Dra. Jacinta Balbela y el Dr. Nelson García Otero declarando la inconstitucionalidad de Ley de Caducidad queremos destacar, en esta oportunidad, el fallo discorde del Dr. Ricardo C. Pérez Manrique que no dio lugar a la inconstitucionalidad de los artículos arriba mencionados. Por último, reafirmamos que no renunciaremos a la búsqueda de verdad y justicia ante las violaciones a los derechos humanos y a nuestra permanente lucha contra la impunidad.

Montevideo. 22 de febrero de 2013

"La Parda"