La corte de los milagros

por Edmundo Gomez Mango


Se llamaba “Corte de los milagros” a ciertos espacios clandestinos de los barrios de París ocupados por “falsos mendigos” : al llegar la noche, se despojaban de sus disfraces, abandonaban sus imaginarios males, y como por “milagro” desaparecían sus pretendidas incapacidades e insuficiencias de todo tipo. Víctor Hugo, en su novela Notre Dame de Paris, describió una de ellas de manera inolvidable.

No pude dejar de asociar con ella la última sentencia de la llamada Suprema Corte de Justicia. Ese organismo judicial logró por un malabarismo leguleyo y tramposo, una especie de “milagro” : en un país cuyo gobierno es ejercido por el Frente Amplio, vasta coalición de fuerzas de izquierda, los atroces delitos cometidos por el terrorismo de Estado dejaron de ser crímenes de lesa humanidad para transformarse en delitos comunes.

Los que violaron a hombres y mujeres, los que robaron niños recién nacidos, los que ultrajaron e hicieron desaparecer cadáveres, podrían ser considerados, al cesar la imprescriptibilidad de sus crímenes, como “por milagro”, ciudadanos normales.

Esa sentencia declara inconstitucional los artículos 2 y 3 de la ley 18831, aprobada en octubre 2011, que permitía el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura militar. Aún sin la cultura jurídica necesaria para analizarla exhaustivamente, cualquier ciudadano, incluso los que estamos lejos del país, se siente indignado por lo que ella encierra de incomprensible y escandaloso.

Después del traslado arbitrario de la jueza Mariana Mota, esta sentencia que refuta lo decretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Uruguay – Gelman, no es una gota que desborda el vaso, sino un chorro de lodo que mancha la dignidad nacional, un acto repudiable que envuelve en una apariencia de decisión de justicia, el retroceso más importante de la democracia uruguaya desde que esta volvió a funcionar en el Uruguay.Ya vendrán los análisis de los catedráticos, de los hombres y mujeres de derecho que argumentaron límpidamente la justicia de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la necesidad absoluta, para que el régimen de derecho uruguayo pueda subsistir, de aplicarla cabal y completamente.

Cabe preguntarse, en la zozobra de la noticia recién llegada : ¿quién gobierna en el Uruguay de hoy?, ¿quién rige los destinos de la democracia uruguaya?, ¿el gobierno frenteamplista elegido libremente por el pueblo en las últimas elecciones democráticas o una camarilla que está trampeando al poder, que está llevando al Uruguay a seguir siendo un país donde la impunidad es más fuerte que la justicia y que los Derechos Humanos?

La responsabilidad del Frente Amplio es decisiva. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( marzo 2011) y la ley 18831 interpretativa de la de Caducidad, permitieron recobrar la esperanza de proseguir indagando la responsabilidad de los verdugos y de sus actos criminales que avasallaron los cuerpos y las vidas de tantos militantes antidictatoriales. Recordamos aún con bochorno las presiones no disimuladas del poder ejecutivo sobre el poder legislativo, cuando este, casi unánimemente, se aprestaba a abolir la ley de caducidad (mayo de 2011).

Sabemos de la existencia de “iluminados” que pretenden haber encontrado un “ábrete sésamo” mágico para la reconciliación de todos los uruguayos, civiles y militares, víctimas y opresores, sin mirar para atrás, sin tener en cuenta la dolorosa historia reciente, burlando y eludiendo a la justicia. Son los mismos que sostienen la teoría de los “dos demonios”, y que ignoran el sufrimiento de todo un pueblo víctima del terrorismo de Estado ; ese dolor no pertenece solo a algunos porque es de todos, y por eso nadie en su nombre puede intentar negociarlo.

Ninguna corte de justicia, salvo la de los “milagros”, transformará a un terrorista de Estado en simple delincuente.Podemos preguntarnos : ¿ se han establecido oscuros compromisos entre el ministerio de Defensa, el poder ejecutivo y los militares golpistas involucrados en el terrorismo de Estado, y el poder judicial, para que la causa de los Derechos Humanos en Uruguay no solo no avance sino que retroceda de forma tan espectacular?

Es difícil imaginar que estas arremetidas de los hombres de la sombra, del crimen y de la impunidad contra la justicia, puedan obtener logros de este tipo sin maniobras invisibles pero eficaces que las favorezcan.

La responsabilidad del Frente Amplio, de las fuerzas políticas que lo integran, está una vez más puesta en jaque por la burda maniobra carnavalesca de la SCJ que invierte los valores, que insiste en decretar un mundo al revés, cuando se convierte, como por “milagro”, en defensora de los asesinos y condena a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad.

Se corre el peligro que, sin una reacción decidida y contundente, las fuerzas políticas del Frente Amplio seguirán perdiendo batallas decisivas por la causa de los Derechos Humanos, y terminarán perdiendo la guerra ante los enemigos de la democracia. No se puede decir que se gobierna con el pueblo y para el pueblo, cuando al mismo tiempo se están favoreciendo los intereses de sus peores enemigos.

Es necesario que nuevamente se ponga en marcha la justicia en el Uruguay, que se respete a los familiares de las víctimas y desaparecidos, a los ex - presos y presas torturados, que siguen contemplando hoy a sus verdugos impunes. La insostenible, la escabrosa alianza de los “supremos jueces” contra los Justos debe cesar.

La derrota de la impunidad sólo será arrancada por el Frente Amplio cuando este tenga el coraje político de enfrentar a los enemigos de los Derechos Humanos de afuera y a los de adentro.

La historia del pueblo uruguayo y de América latina es el supremo tribunal que condenará a los cobardes que hoy ultrajan, desprecian y humillan a los Derechos Humanos y a quienes los defienden.