“Dejo prueba acumulada”

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2013


PEDIRÁN EXPLICACIÓN A CORTE POR TRASLADO DE LA JUEZA MOTA 

Varios de los casos de derechos humanos que se instruían en el Juzgado Penal de 7° turno y fueron paralizados con recursos y reclamos en el Poder Judicial tienen suficiente prueba acumulada como para dictar sentencia, afirmó la jueza Mariana Mota pocas horas después de ser trasladada a un juzgado civil por los miembros de la Suprema Corte de Justicia a quienes pedirán cuentas hoy las organizaciones sociales y familiares de las víctimas.

TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ / rogerrodriguez@adinet.com.uy



La jueza Mariana Mota recibió a Caras y Caretas el miércoles en el que hasta ayer fue su despacho como magistrado en lo penal de 7° turno, en el quinto piso del edificio judicial de la calle Misiones. Hasta entonces no había concedido ninguna entrevista, pero aceptó el diálogo condicionado a que no difundiríamos la nota hasta este viernes, en el que ella asumiría su nuevo cargo como jueza en lo civil.
La jueza será hoy acompañada por organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas que a las 10.00, poco antes de la jura de cargos, se convocaron en las puertas de la sede del Poder Judicial, en la plaza Cagancha, para rechazar el traslado y reclamar incluso la renuncia de los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia, quienes ya no les otorgan garantías de imparcialidad y credibilidad.
Mota estaba trabajando sola, como muchas veces lo hacía, sin ningún otro funcionario en el piso y rodeada de los complejos expedientes que le tocó enfrentar en ese juzgado al que llegó hace cuatro años y del que ahora se tiene que ir sin haberlo solicitarlo y sin querer hacerlo. Mota prefiere no dar opinión sobre su traslado, que llegó a calificar como una situación “desgraciada”. “Yo no pedí el traslado”, sintetiza.

RONY, EL PRIMER CASO
–¿Cuál fue el primer caso vinculado a los derechos humanos en el que le tocó actuar?
–En la muerte de Ronald Scarzella, a principios de 1993, cuando yo era jueza en Rocha –explica Mota.
–Scarzella era tupamaro y su muerte, rodeada de muchas cosas raras, permanece impune, pero entonces ya habíamos salido de la dictadura, ¿por qué lo vincula a esos delitos?
–Por el pasado político que tenía ese hombre y por la forma en que murió: lo encapucharon con su propio buzo, tenía cabellos en una mano y fue ejecutado con un disparo en la cabeza –describe.
–Los allegados de Rony Scarzella pretenden reabrir el caso hoy. Es un tema que se ha mencionado en algunos trabajos de investigación sobre la época y en algunos testimonios de aquellos tiempos de reinstitucionalización del país, cuando había mucha tensión entre Fuerzas Armadas y organizaciones políticas, aparecían bandas que robaban bancos y el MLN-Tupamaros formalizaba su ingreso al Frente Amplio.
‑El juzgado no pudo avanzar entonces más de lo que lo hizo, pero nunca me voy a olvidar de aquel caso. No hubo robo pero hubo lucha en la caja de aquel camión en el que hacía fletes.
–Luego de sus inicios en Rocha fue asignada como jueza de Paz en la localidad de Young y desde allí fue trasladada a distintas ciudades del interior del país: primero a San José, después a Paysandú y de allí a Dolores, donde pasó a desempeñarse como juez letrado.
–La de Dolores fue una experiencia muy importante, porque como letrado se tocan todas las materias. Llegan casos penales, civiles, de familia, uno debe tratar incluso algún tema de menores infractores…
–El juez tiene que sacarse un chip de la cabeza y ponerse otro… ¿Eso permitió que una de las áreas le gustara en particular para seguir su carrera?
–Sí, a uno le empieza a gustar más un área, pero en el sistema judicial nadie te pregunta qué es lo que te gusta. Por lo menos a mí nunca me preguntaron.
–Los trasladan siempre por “razones de servicio”, como ahora…
(Hace un gesto de que no va a contestar)
–Usted comenzó a tomar trascendencia pública cuando la enviaron al juzgado de Ciudad de la Costa, su cargo antes de llegar a Montevideo.
–Lo que más trascendió en los medios fueron unos casos vinculados a Aduanas, tres expedientes grandes que tuvieron repercusión pública, pero también hubo uno muy importante sobre remesas que salían para Estados Unidos. Se trataba de dinero que venía de Paraguay con origen no reconocido, pero no hubo prueba y fue otro caso que terminó archivado.

LA PRESIÓN POLÍTICA
Son más de cincuenta los casos de derechos humanos en los que Mota intervino desde que dejó el Juzgado Letrado de Ciudad de la Costa de 3er Turno para subrogar en Montevideo a Graciela Gatti, la jueza que había procesado con prisión al dictador Juan María Bordaberry, quien pasaba a desempeñarse en los flamantes Juzgados Especializados en Crimen Organizado. Mota modificó la tipificación imputada.

–Mi predecesora había procesado con otra calificación. Ella lo había procesado por homicidios y había desechado la imputación de atentado a la Constitución. En febrero de 2010, hace tres años, con la fiscal Ana María Tellechea tipificamos atentado a la Constitución y delitos de desaparición forzada y homicidios políticos –repasa Mota.
–Pero además de los delitos del dictador, su paso por ese juzgado le permitió enfrentar otros crímenes de lesa humanidad que se produjeron durante el mandato de Bordaberry, entre otros: la muerte de Leonardo de los Santos, el caso de los fusilados de Soca, el homicidio de Ubagésner Chávez Sosa tras la aparición de su cuerpo, que implicó el procesamiento de los aviadores Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero, y la desaparición de Santana e Insaurralde en Paraguay por el que fue encarcelado el coronel Carlos Calcagno. ¿Entonces ya comenzaron a sentirse las presiones extrajudiciales?
–A partir del procesamiento de Calcagno fue evidente.
‑En ese caso llegaron a salir en defensa del criminal de la dictadura el ex presidente Jorge Batlle, el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre y hasta el hoy ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro…
–Yo hasta entonces había evitado salir a decir nada públicamente. No hablaba, no hablaba, no hablaba… hasta que respondí a una tertulia de El Espectador que me resultó algo alevoso. Me condenaron, me trataron de loca, de histérica y otros calificativos…
–El tema de la supuesta autoincriminación.
–Es evidente que se quedaron con una frase de una sentencia que nunca leyeron. Es desconocer lo que es el análisis de prueba a nivel internacional, donde esto no pasa. El Estado pide la prueba y la demuestra.

CORTE A DISCRECIÓN
El caso Santana-Insaurralde y el procesamiento de Calcagno derivaron en una fuerte presión sobre la propia Suprema Corte de Justicia, a la que Batlle y Aguirre llegaron a pedir una audiencia para atacar a la jueza, pero las primeras acciones administrativas en contra de Mota se produjeron a partir de un artículo periodístico en el que se la ubicó en la Marcha del Silencio del 20 de mayo de 2011, convocada bajo la consigna “Verdad y justicia, derecho de todos”.

–Como declaré en su momento, yo iba a encontrarme con mi marido y quedé frente a la marcha… Hace poco fui a un curso en España y vi algo interesante. En medio de la situación económica que se sufre y los ajustes que se hacen, se decidió imponer un timbre que todos debían pagar en las causas judiciales. Ante eso, el Poder Judicial español salió a manifestar porque consideró que se le estaba negando el acceso a la justicia a la población. Marcharon los jueces, los fiscales, los abogados… No se consideró una acción política, porque se estaba manifestando en favor de la justicia –dice la jueza.
–Para muchos analistas e historiadores, el Poder Judicial uruguayo quedó sometido al poder político desde aquel 15 de abril de 1972 en el que se permitió que la justicia militar actuara sobre los civiles y, luego, cuando con la ley de caducidad los jueces tuvieron que consultar al Poder Ejecutivo sobre en qué casos podían actuar… ¿Los jueces sienten que aún hay resabios de la dictadura?
–Deberíamos recordar lo que pasaba con los jueces al inicio de la dictadura. Cuando una persona iba presa, cuando llegaba al juez quedaba libre porque no había mérito para procesarla. Los jueces reclamaban sus fueros y los defendían porque los estaban avasallando.
–Pero eso hoy no ocurre. Los jueces y los fiscales que actualmente ejercen fueron formados en los años de la dictadura…
–… Yo también…
–… y parecen permeables a los procesos políticos. La Suprema Corte de Justicia del gobierno de Julio María Sanguinetti dijo que la ley de caducidad era constitucional y el mismo organismo opinó lo contrario durante el mandato de Tabaré Vázquez. Eso debe incidir en los propios jueces, que según lo que hagan pueden sufrir un traslado o terminar en el juzgado de algún pueblito perdido del país. ¿Cómo se evita eso?
–Se evita modificando el sistema de designación y traslado de los jueces.
‑Hoy el juez joven teme que le paren el ingreso a Montevideo y el juez viejo sólo espera terminar su carrera en algún tribunal de apelaciones…
(Mota pestañea y hace silencio)

Mota volvió a sentir esa presión cuando al participar en un seminario en Buenos Aires hizo declaraciones en el diario Página 12. Le preguntaron cómo analizaba el apoyo del gobierno uruguayo al proceso de verdad y justicia en el país y respondió: “No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”.
Sus palabras motivaron entonces incluso alguna frase de parte del presidente y definieron el posicionamiento de Fernández Huidobro en su contra, sin sospechar las consecuencias que ello podría haber terminado teniendo. Mota volvería a tener un “choque” con el líder de CAP-L cuando no se le permitió sacar fotografías dentro del centro de torturas 300 Carlos durante una inspección a la unidad militar que lo cobijó. Su desencuentro con el Ñato culminaría durante la indagatoria del accidente del avión de Air Class, un caso que no está relacionado con los derechos humanos pero parece directamente ligado a la cultura de impunidad que subsiste en el ámbito militar y sus organismos de incidencia. Mota opta por no hablar del tema.

HACER JUSTICIA O HISTORIA
–¿Cuál será su último acto judicial en la sede de 7° turno?
–Responder un pedido de cierre y archivo de las actuaciones en el caso de muerte de Humberto Pascaretta.
–Ya trascendió que será subrogada por la jueza Beatriz Larrieu de las Carreras, que hasta hace poco se desempeñaba en Colonia. Junto a ella realizó la inspección del Cuartel de Infantería N° 4 donde fue asesinado Aldo Perrini, precisamente el caso que en forma polémica un tribunal de apelaciones y la Suprema Corte de Justicia le sacaron de las manos cuando se iba a tomar una decisión que podía implicar al general Pedro Barneix y a conocidos represores como el coronel José Baudean, José Puigvert y Washington Perdomo. ¿Cómo le puede legar toda su experiencia a su sucesora?
–Sólo en derechos humanos son unos cincuenta casos, de los cuales unos treinta están avanzados, pero tienen muchos legajos y en algunos casos quedaron formados con tres piezas cada una de 300 fojas.
–Parece difícil que quien la sustituye pueda leer e integrar tanta información con rapidez…
–Como nuestro sistema es escrito, casi desde el inicio de estos casos, yo misma me encargué de tomar los testimonios. En algún momento pensé que si las cosas terminaban enlenteciéndose, que quedaran acumulados todos los testimonios lo más completos posible. Esto no lo hace una persona sola, lo hacen muchas personas. Uno hace una parte. Mi parte ha sido acumular prueba. Está allí en cada expediente.
–¿Hay expedientes en los que ya se podía tomar decisión?
–Puede haber, pero se presentaron recursos que los derivaron a Tribunales o la Corte.
–¿Si la Corte sentencia que la Ley contra la prescripciones que se aprobó en octubre de 2011 es inconstitucional, todo volverá a fojas cero?
–No. Sólo habrá que esperar más tiempo. Será tremendo para las víctimas, pero en algún momento todo se va a saber. Sólo que en vez de juicios penales estaremos haciendo libros de historia, porque estarán muertos las víctimas, los testigos y los posibles responsables… Quizá sea eso lo que se busca.


Perfil de la jueza Mariana Mota