El fantasma de la dictadura en la SCJ

El fantasma de la dictadura quedó en las imágenes de la protesta en la sede de la Suprema Corte de IN-Justicia

El desacato de la Suprema Corte de Justicia uruguaya

 

La Suprema Corte de Justicia es la última instancia del poder judicial uruguayo y por lo tanto el ápice claramente político, en interacción con los otros poderes del estado, de dicho poder. Su politicidad sin embargo incluye la declaración constante y deshonesta de apoliticidad, como si cargo de tanta responsabilidad en relación al gobierno y la constitución pudiera librarse fantasmagóricamente de tal responsabilidad en alguna abstracción autosupresora. Los integrantes de la SCJ no deberían mentir declarando su función como apolítica sino que deberían reconocer que su función es la de dirimir políticamente los procesos judiciales y de interpretar las acciones de los demás órganos de gobierno  en relación a la constitución, lo cual viene a ser la más difícil y políticamente comprometida actividad que pueda existir en un estado de derecho. Que se declaren apolíticos y se laven las manos en esta supuesta apoliticidad de las consecuencias políticas de sus decisiones, mientras que no las discuten con la ciudadanía sino que se declaran meros interpretadores de la existencia legal, es su peor pecado.


Ultimamente esta fanfarria de neutralidad no ha podido ser mantenida por parte de los integrantes de la SCJ. Ellos están frente a una demandante ciudadanía y a un atento poder periodístico que los tiene bajo la lupa. Tres gestos realizados o en vias de realizarse por la SCJ con insolencia y sin explicaciones, a puertas cerradas y bajo la capa falsa de la neutralidad interpretativa, han hecho que la SCJ perdiera su lustre y quedara expuesta con deshonestidad. Estos tres gestos existen y son más que significativos políticamente hablando como para que la pátina de la neutralidad insolente resista un momento. En primer lugar han decidido desplazar sin motivo sólido alguno, con la soberbia del poder que no declara sus propósitos, a una jueza que se especializaba en casos de terrorismo de Estado, desplazamiento de su cargo que enlentecerá las investigaciones respectivas, que quita a una persona idónea del marco en que se especializaba, y que se muestra como un subterfugio desgraciado  contra la real persecución del crimen y el logro de la justicia, en lugar del abstracto y falso de una jerarquia judicial que no parece interesarse por tal meta.
http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/21051/scj-fue-desalojada-y-la-jueza-mota-firmo-su-traslado

También, en los mismos días hemos sabido que la SCJ declarará inconstitucional un impuesto  que fue creado por el poder ejecutivo sobre los grandes terratenientes con la justa finalidad de que a través de ese impuesto ellos compensaran a la comunidad uruguaya por los beneficios que han obtenido en su seno colaborando con el mantenimiento y mejoramiento de la caminería que ellos mismos usan, finalidad que todas las intendencias, de todos los partidos, entendieron con tal justicia y razonabilidad. La SCJ, en cambio, guiada por abstractos preceptos vacíos, hace caer este intento de justa compensación, mostrando que en su seno el poder del tecnicismo es superior a la idea de justicia, cuando no algo peor como la realización de servicios ideológicamente guiados a aquellos terratenientes.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/243645/mujica-si-icir-es-inconstitucional-hay-que-reformar-la-constitucion/

El tercer gesto que está en proceso y que revelaría con claridad que el desplazamiento de aquella jueza no ha sido casual sino más que premeditado, es el gesto de declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la caducidad de la pretensión punitiva del estado, que fue y sigue siendo una ley de impunidad para crímenes de estado. Lo peor de este tercer gesto es que contravendría la sanción que ha recibido el estado uruguayo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha mandatado se suprima todo obstáculo que impida juzgar los crimenes terroristas cometidos bajo el amparo de las instituciones secuestradas por la dictadura militar no contra un enemigo interno que ya habia sido derrotado sino contra toda la ciudadanía.

http://www.elpais.com.uy/130215/ultmo-696008/ultimomomento/scj-declararia-inconstitucional-ley-interpretativa-de-caducidad/

Fernando Gutiérrez Almeira, docente de Filosofía y Matemática.
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"Un conspirador contra la Memoria, la Verdad y la Justicia opera desde el gobierno. También contra la jueza Mariana Mota. Nada menos que en el ministerio de Defensa. Su nombre: Eleuterio Fernández."