El regocijo de los torturadores

Un golpe a los Derechos humanos

Celebran en la cárcel algunos torturadores, celebran -aún más- la mayoria que sigue impune.
La lista es conocida de la justicia: unos 200 sujetos: Barneix, Perdomo; Ferro; Lacasa son algunos de los notorios.

Jueves 14 de febrero del 2013

Militares: traslado de Mota demuestra que "aún se puede confiar en la Justicia"

Militares retirados calificaron el traslado de la jueza Mariana Mota como una "muestra" de que "todavía se puede confiar en la Justicia". "Aún hay gente que es independiente. Esto es una demostración clara de eso", aseguró a EL PAÍS digital el presidente del Círculo Militar, Guillermo Cedrez.
El militar retirado insistió en que Mota cometió "irregularidades de todo tipo" y aseguró que no era "imparcial", algo "inadmisible para un juez". "Discriminaba a las personas de nuestro sector cuando interrogaba. Pasó varias veces que eran indagados y los citaba como testigos para que no tuvieran asesoramiento legal durante el interrogatorio, y después los pasaba a indagados cuando ya estaba todo el pescado vendido", comentó el militar retirado.
La participación de Mota en la "Marcha del Silencio" y sus declaraciones al diario argentino Página 12, donde cuestionó al gobierno uruguayo porque, dijo, no promueve el esclarecimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos, fueron dos hechos que causaron revuelo y que, según Cedrez, pesaron en la decisión del traslado. "No creo que lo del avión (de Air Class) tenga nada que ver. Eso es una tontería", opinó.
El juzgado que tenía a su cargo Mota tramita unas 50 denuncias por casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La labor de Mota en relación a estos casos es destacada por los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales, al tiempo que ha sido duramente cuestionada por los centros sociales militares y los abogados de los oficiales que están siendo investigados.

El País Digital

Un enroque para frenar causas de DD.HH.

 Mota tramitaba cincuenta causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura. Estaba en la mira de militares que criticaron su participación en la marcha del silencio en reclamo por los desaparecidos.

Por Adrián Pérez

En un enroque que despertó la indignación de los organismos de derechos humanos, la jueza uruguaya Mariana Mota fue apartada del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 7º turno donde tramitaba cincuenta causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura. Anteayer la Suprema Corte de Justicia la destinó al fuero civil, donde reemplazará a Loreley Opperti, jueza ascendida al rango de ministra del Tribunal de Apelaciones. Beatriz Larrieu, por su parte, tomará el lugar de la jurista desplazada por motivos no explicados, pero cercanos a una sanción. “Se le habían sacado varias tarjetas amarillas. Era una cuestión de tiempo”, publicó el diario El Observador citando declaraciones de un ministro de la SCJ brindadas al semanario Búsqueda. En solidaridad con Mota, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, HIJOS Uruguay, la Asociación de Ex Presos Políticos Crisol y la Federación de Estudiantes Universitarios, más el Colectivo de Denunciantes Octubre de 2011, convocaron a concentrarse hoy a partir de las 10 frente a la Corte.

Aunque intempestivo, el desplazamiento de Mota es la crónica de una salida anunciada: estaba en la mira de militares críticos a los juicios por violaciones a los derechos humanos y de un sector de la prensa que suele amplificar voces como la de Guillermo Cedrez, difundida por el diario El País. “El militar retirado insistió en que Mota cometió ‘irregularidades de todo tipo’ y aseguró que no era ‘imparcial’, algo ‘inadmisible para un juez’”, cita el medio uruguayo, en su edición de ayer, al presidente del Círculo Militar. “Aún hay gente que es independiente. Esto es una demostración clara de eso”, afirmó a ese diario Cedrez. El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, señaló que el organismo entendió que la doctora Mota “ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera”. Y agregó: “Tuvo algunos sumarios, algunos de los que ya terminaron sin responsabilidad para ella”.
En marzo del año pasado, Página/12 conversó con la magistrada sobre el sistema jurídico uruguayo, en ocasión de una actividad organizada en la Facultad de Derecho, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Durante la entrevista, Mota resaltaba dilaciones en la investigación de los crímenes de la dictadura en su país. Por ese artículo, el diario Búsqueda la presentó enfrentada al gobierno del presidente José Mujica. También criticó su participación en la marcha del silencio, organizada por los organismos de derechos humanos que reclaman por sus desaparecidos.
Con la confirmación de su traspaso al fuero civil, este cronista conversó nuevamente con la jueza. Mota siente impotencia y mucha tristeza por esa medida y afirma que el punto es qué hace el Poder Judicial por las personas que reclaman justicia. “Entiendo que el sistema judicial no ha hecho lo suficiente por las víctimas de derechos humanos que reclaman, desde hace muchos años, para conocer la verdad”, evalúa. A su vez, se muestra emocionada por el apoyo recibido de los organismos de derechos humanos. No pidió traslado, no está sancionada, no pesa sumario en su contra. La Corte le avisó por teléfono que debe jurar hoy a las 11 en el juzgado de primer turno de Montevideo. “Con muchas audiencias complejas fijadas e investigaciones que avanzan, no es de buen proceder de una administración de justicia que saquen al juez que está en la causa”, completa.
La directora del Area de Litigio del CELS, Carolina Varsky, señala que el desplazamiento de la jueza del fuero penal es muy preocupante. La abogada recuerda que Mota estaba a cargo de más del 40 por ciento de las causas en las que se investigan crímenes de lesa humanidad durante la dictadura uruguaya. Su desplazamiento –considera– es un retroceso para el proceso de verdad y justicia, no sólo para Uruguay, sino para toda la región.
Desde el otro lado del río, Valentín Enseñat (HIJOS Uruguay) sostiene que si pudiera esperarse una señal del Poder Judicial, el desplazamiento de Mota sería de lo más negativa. “Ante el debe de justicia que el Uruguay aún mantiene, cuando un juez es sensible y responsable en este tipo de causas y que sea relegado no lo consideramos para nada serio. Sin duda, es la jueza que más complicaciones le ha traído al sistema de impunidad todavía instituido y lejos de ser quebrado del todo”, sentencia.
A fines del año pasado se creó un observatorio formado por organizaciones sociales, encabezado por la central sindical PIT-CNT, con el objetivo de realizar un seguimiento, desde las organizaciones sociales, de las causas de derechos humanos. Según Enseñat, desde que la Ley de Caducidad dejó de ser un impedimento jurídico para que las causas avancen, empieza a aparecer otro tipo de trabas: causas archivadas hace más de veinte años se reabren, pero no necesariamente se reactivan, porque el denunciante ya no está para retomar su seguimiento o la denuncia aparece en la cola de causas que ese juzgado tiene para analizar.
“Lo que hicieron con Mota es una vergüenza nacional. En primera instancia, lo que uno siente es indignación”, apura Oscar Urtasún. El integrante de la Asociación Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos cree que la salida de la jueza era de lo más lógico porque estaba todo orquestado para que sucediera. “La gente que se compromete en este tipo de tareas, tanto en lo jurídico como en lo político, dura poco. Ponen piedras en el camino. El Ministerio de Defensa es una vergüenza. Como que la impunidad está demasiado prendida en todos los estamentos”, asegura.
Asimismo, advierte cierta tristeza de los familiares por la decisión de la SCJ. “La jueza es una gran señora, sencilla, muy sensible, comprometida, no se merecía esto. Con su partida lo que más se resiente es la verdad y la justicia.” Como otros uruguayos, Urtasún lleva más de 35 años luchando por justicia. Adelanta que mañana asistirá a la protesta frente a la Corte. Y concluye: “La verdad y la justicia son imprescindibles para que nunca más estos bandidos se les ocurra quebrar las instituciones y aplicar el terrorismo de Estado”.

Mariana Mota y su "sospechoso" traslado

La jueza se mostró sorprendida por su traslado a un juzgado penal y dijo que nunca fue sumariada.

Este viernes a las 11:00 la Suprema Corte de Justicia le tomará juramento a los nuevos jueces, en ese acto Mota asumirá como magistrada civil. Afuera familiares de detenidos desaparecidos rechazarán el traslado.

En entrevista con La Diaria, Mota dijo que su traslado le resulta sospechoso y que es extraño que esto suceda cuando ella no lo pidió y tampoco cometió ninguna falta. Mota encabezaba investigaciones involucradas, por ejemplo, a violaciones a Derechos Humanos y a la caída del avión Air Class.

En los últimos meses la jueza se enfrentó con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, por no dejarla ingresar a una institución militar para tomar fotografías. Además, también tuvo diferencias por la búsqueda del Air Class.

 No seamos ingenuos

Oscar López Goldaracena

No conocemos los verdaderos motivos del traslado de la Dra. Mariana Motta, pero un hecho objetivo es que la magistrada penal fue objeto de hostigamiento permanente por parte de un sector de la sociedad que no quiere que se avance en las causas de violaciones a los derechos humanos y, lamentablemente, otro hecho objetivo es que como consecuencia de la decisión adoptada por la Suprema Corte, la jueza es ahora apartada de dichas causas judiciales. Hechos objetivos. Tan claros como la trayectoria de la Dra. Motta en su profesionalidad para la recopilación de pruebas, su sensibilidad con las víctimas y una fundamentada y avanzada idea del derecho que debe regir para crímenes de lesa humanidad. Por supuesto que molestaba a los indagados, a todos los que pregonan el olvido y a los que fueron poderosos, otrora tiranos desaparecedores de la democracia y de personas.
No seamos ingenuos. La Suprema Corte de Justicia ha afirmado que el traslado a sede civil debe verse como un ascenso en la carrera judicial de la Dra. Motta. Si hubieran querido darle un ascenso, la hubieran nombrado Ministra del Tribunal de Apelaciones. Por el contrario y a la luz de los hechos objetivos reseñados, cualquier observador puede legítimamente sospechar que, frente a las infundadas y reiteradas denuncias formuladas por interesados en obstruir las causas de derechos humanos, la Corte no adoptó ninguna resolución en su momento pero sin embargo ahora, en una etapa de “recambio de jueces”, todo queda disimulado y la “premian” con un “ascenso” (con vista a la Suprema Corte, ya que el juzgado donde asumirá está ubicado, precisamente, frente por frente al edificio de la Corte). Es llamativo que, inmediatamente, voceros de los exmilitares declararan su conformidad con la decisión.
No seamos ingenuos. Recuerdo el caso del juez Dr. Alejandro Recarey, actual juez en lo civil, quien siendo magistrado penal, en el año 2003 ordenó excavar en los cuarteles por la causa de Elena Quinteros. También lo trasladaron casi inmediatamente. Sigue siendo un excelente juez pero en materia civil. Este tipo de “ascensos” en el sistema judicial no solo conoce antecedentes en jueces. Tengo presente el reciente caso del Dr. Ricardo Percivale, fiscal de crimen organizado a cargo de causas muy sensibles, “trasladado” sin explicación por el Fiscal de Corte, de sede penal a sede civil.
No seamos ingenuos. Resulta sorprendente que la Suprema Corte adopte esta decisión de trasladar a la Dra. Motta cuando era inminente la finalización de la fase indagatoria en varias causas, entre ellas la del homicidio de Aldo Perrini (el “heladero de Carmelo”) que involucra al ex Gral. Barneix o las sádicas torturas a presos y presas en la base aérea de Boiso Lanza estando aun pendiente ubicar los restos de Arpino Vega.
Si el verdadero motivo de la Suprema Corte fue apartarla de la investigación y juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos, asistimos a un verdadero desprestigio del Poder Judicial y sería hora de repensarlo en su funcionamiento interno y en su cabeza, íntegramente. Es otro hecho objetivo que ningún ciudadano elije jueces (no estoy proponiendo la elección directa de jueces –aunque sería muy interesante su debate- sino en reflexionar sobre Democracia y Poder Judicial).
Si el verdadero motivo de la Suprema Corte fue –dicen sus voceros- otorgarle un ascenso en su carrera, se trató de una decisión notoriamente desafortunada, considerando el momento actual por el que transitan varias causas de derechos humanos.
Es lastimoso que la decisión de la Suprema Corte de Justicia genere este tipo de conjeturas.
Vaya si la Dra. Motta se merece un ascenso. Ojalá que algún día la podamos ver jurar como miembro de la Suprema Corte de Justicia. Sabrá cumplir con el legado de Jacinta Balbela de Delgue.
¿Qué pasará ahora con las causas de derechos humanos que tenía a su cargo? En cualquier cancha y con cualquier juez: las pruebas están, el derecho aplicable es clarísimo y las víctimas tienen razón. Pero no seamos ingenuos y estemos alerta.
Por otra parte, el debate sobre el Poder Judicial, su transparencia y democratización, lo está planteando la propia actitud de la Suprema Corte de Justicia.

Dr. Oscar López Goldaracena

CARTA ABIERTA SOBRE EL TRASLADO DE LA JUEZA
MARIANA MOTA DE UN JUZGADO PENAL A UN JUZGADO CIVIL

Como académicos interesados en el tema de la justicia transicional y los derechos humanos en América Latina, y con especial preocupación por el Uruguay, nos dirigimos a Ud. en relación al anuncio del traslado de la Juez Penal Mariana Mota del juzgado penal 7 al juzgado civil uno.

La Doctora Mota tenía a su cargo más de 50 causas de crímenes cometidos durante la última dictadura en el Uruguay. En 2010, la Juez condenó a prisión al ex dictador Juan Maria Bordaberry por su papel en llevar a cabo el golpe de estado de 1973.

El miércoles 13 de febrero la Juez Mota fue informada de la decisión de la Suprema Corte de su traslado a juzgado civil. Se desconoce la razón detrás de esta decisión. Aunque la ley uruguaya permite a la Corte llevar a cabo este tipo de acción, la falta de fundamento público de esa decisión sobre una juez cuyo trabajo ha sido reconocido por su imparcialidad frente a casos de suma complejidad, nos encontramos desconcertados. El cambio de la Juez Mota genera incertidumbre sobre el futuro de las investigaciones y los procedimientos judiciales de las causas de derechos humanos que ella tenía a su cargo.

En nuestra opinión como académicos, resulta extraño que se decida el traslado de un juez sin que éste lo haya pedido o haya cometido alguna falta. Mucho más grave en este caso específico es que, debido a la naturaleza y el alto número de causas de terrorismo de estado que la Juez tenía a su cargo, es altamente probable que estas causas se vayan a trancar y demorar muchísimo. Es asombroso que eso ocurra apenas unos meses después de que el parlamento uruguayo ratificara la imprescritibilidad de los delitos de lessa humanidad y derogara así la Ley de Caducidad de la Pretención Punitiva del Estado, que por más de veinte años permitió vivir en impunidad a asesinos, violadores, y torturadores. Con esta resolución de la Suprema Corte y a pesar de la condena de la Corte IDH en el caso Gelman vs. Uruguay, nuevamente se facilita la impunidad de los criminales. Aún mas grave, estos impedimentos han sido motivados desde la sede de Justicia que debería tener la responsabilidad de avanzar las causas y no entorpecerlas.

Es entonces de alta preocupación para los abajo firmantes, y para la comunidad internacional en general, que existan presiones de este tipo hacia jueces actuantes en causas notorias recientemente desarrolladas en derechos humanos. Además es altamente preocupante que se quiera alejar a una Juez competente, formada, y eficiente desde su juzgado, y de reconocida trayectoria.

Es fundamental para la libertad y la democracia en el Uruguay la preservación de su carácter republicano ampliamente conocido en el mundo. Y para lo cual es indispensable que se respete el trabajo independiente de los jueces abocados a estas causas rechazando las presiones que desde el orden público o la prensa se ejercen. Cualquier medida que se adopte siguiendo rumores de prensa o declaraciones del ejecutivo será interpretada como injerencia en la independencia del poder judicial y como en su triste pasado, Uruguay volverá a integrar la lista de naciones donde la libertad de acción y la independencia de la justicia son violadas, y el estado de derecho no es respetado.

Exigimos que la Corte Suprema de Justicia fundamente las razones del traslado de la Juez Mota. De no existir fundamentos válidos consideramos que debería continuar en su juzgado para permitir que siga investigando las causas de derechos humanos que hasta ahora permanezcan en la impunidad.

Atentemante,

Dra Francesca Lessa, Latin American Centre Universidad de Oxford (UK)
Dra Jo-Marie Burt, Profesora de Ciencias Políticas y Directora del Programa de Estudios Latinoamericanos, George Mason University (USA)
Dra Gabriela Fried Amilivia, Department of Sociology/ Latin American Studies Program, California State University. Los Angeles (EE.UU); Investigadora Asociada, Agencia Nacional de Investigacion (ANII) -Uruguay (USA/Uruguay)
Dra. Naomi Roht-Arriaza, Professor of Law, University of California, Hastings College of Law (USA)
Dra Mariana Achugar, Associate Professor of Hispanic Studies and SLA, Department of Modern Languages, Carnegie Mellon University (USA)
Dra Victoria Ruétalo, Associate Professor of Spanish and Latin American Studies, Department of Modern Languages and Cultural Studies, University of Alberta (Canada)
Dr. Henry Frank Carey, Dept. of Political Science. Georgia State University (USA)
Fabiana Larrobla, Lic. en Ciencia Política. Universidad de la República (Uruguay)
Francisco Soberón, Director-Fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y Presidente de la Asociacion Nacional de Centros (Perú)
Dra. Katherine Hite, Frederick Ferris Thompson Chair of Political Science, Vassar College (USA)
Dra Elin Skaar, Profesora de Ciencias Políticas y Investigadora, Chr. Michelsen Institute (Bergen, Noruega)
Dra. Victoria Sanford, Director, Center for Human Rights & Peace Studies, Lehman College & the Graduate Center at City University of New York (USA)
Dr Cara Levey, Teaching Fellow in Latin American Studies,Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies, School of Modern Languages and Cultures, University of Leeds (UK)
Dr María Soledad Montañez, Lecturer in Spanish and Latin American Studies, Division of Literature and Languages, University of Stirling (Scotland, UK)
Dr David Martin-Jones, Senior Lecturer in Film Studies, Director of the Centre for Film Studies, University of St Andrews (UK)
Dr. Julio Ríos Figueroa, Profesor Investigador, División de Estudios Políticos, CIDE (Mexico)
Dra. Karina Ansolabehere, Profesora-Investigadora,FLACSO-México
Dra. J. Patrice McSherry, Professor of Political Science and Director, Latin America and Caribbean Studies Program, Long Island University
Dr. Raul Molina, Adjunct Professor of History, Long Island University
Dra. Louise Mallinder, Transitional Justice Institute, University of Ulster, Northern Ireland (UK)
Julie Guillerot, consultora internacional en temas de justicia transicional (Francia/Peru)

Suprema Corte de Justicia está discutiendo la constitucionalidad de la tortura

Hay mayoría en la Suprema Corte contra la ley interpretativa de la Caducidad 
Los ministros debaten si se debe declararla inconstitucional o inaplicable 

La Suprema Corte de Justicia y los viejitos violadores

 Por Natalia Roba
En la Suprema Corte de Justicia (SCJ) hay una posición mayoritaria para fallar en contra de la ley interpretativa de la caducidad (ley 18.831) por la cual se eliminó la prescripción de los delitos cometidos durante de la dictadura para que los jueces pudieran seguir investigando y procesando a los militares. Sin dicha norma las causas debían archivarse al prescribir los delitos el 1° de noviembre de 2011, de acuerdo con la posición mayoritaria de la jurisprudencia.

Después de resolver la inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de la Tierra (ver página 7), los ministros se aprestan a fallar en otro polémico tema. Según supo El Observador, los magistrados vienen debatiendo los aspectos de la norma y más allá de que hay ministros que entienden que la ley es inconstitucional, hay también una posición que sostiene que la ley es inaplicable. Esta postura sostiene que el decreto del Poder Ejecutivo emitido en 2011, que dejó fuera de la ley de Caducidad a todos los casos de Derechos Humanos, revocó lo dispuesto por gobiernos anteriores que amparaban casos de militares en la ley de Caducidad. Según esta postura, ese decreto hace perder sentido a la ley interpretativa, porque con el decreto ya sería suficiente.

A su vez, los ministros están enfrascados en un análisis sobre la prescripción de los delitos de la dictadura. La SCJ ratificó en una sentencia –de fecha 6 de mayo de 2011– que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes y no de lesa humanidad por lo que prescriben. Tres de los cinco ministros que hoy integran la Suprema Corte de Justicia se mantienen firmes en esa posición.

A su vez, al menos esos tres ministros consideran inconstitucional los artículos 1 y 2 de la ley interpretativa (ver texto de la ley). Esos ministros le dan la razón al fiscal penal Enrique Rodríguez, quien también presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, donde señaló que se violan disposiciones constitucionales porque la ley penal no puede aplicarse retroactivamante.

Pero otro punto no menor del debate es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que se debe remover todo obstáculo que permita la impunidad y debe ser dejada sin efecto. Algún ministro ha planteado que de acuerdo a ese fallo los jueces nacionales deben adecuar el derecho interno a la sentencia de la SCJ. Coincidente con esa posición el fiscal de Corte, Jorge Díaz, ya opinó que la ley que anuló la caducidad es inaplicable. A juicio de Díaz la ley 18.381 no tiene razón de ser. Y en su opinión los casos se deben investigar al amparo de la setencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con todos los elementos sobre la mesa los ministros se aprestan a fallar en las próximas semanas. Pero uno de ellos aclaró que más allá de la posición mayoritaria no se puede decir que sea un caso cerrado.