Desde el colectivo de agronomía social suma sarnaqaña, te invitamos a conocer este video, que es en cierta medida, conocer un poquito más de nosotros mismos y de la producción de alimentos en el Uruguay
El Proyecto “Rescate y Revalorización de
las Semillas Criollas” busca conocer, socializar y reconstruir los
saberes culturales, rescatando el vínculo existente entre los
productores familiares y la producción de semillas y alimentos. Rescatar
este vínculo implica desentrañar sus características y conocer cómo se
inició el proceso, cómo se lo desarrolló y cómo ocurre en la actualidad
este vínculo. Cómo conservan y cómo siembran las semillas los
productores, y cómo cosechan los productos, fueron los principales
procesos relevados para tres cultivos con historia en nuestro
territorio: el poroto “Caupí” (Artigas, Salto), el poroto “Chícharo”
(Canelones) y el maíz “Catete” (Tacuarembó).
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24/05/2013
Alta y baja política
Un día antes de que asumiera la nueva directiva de INIA, el instituto público privado cofinanciado por el Estado y los productores firmó el mentado acuerdo con la multinacional Monsanto de origen norteamericano.
El mismo exige a Uruguay a cambiar leyes vigentes y le prohíbe vender soja a algunos países.
Los delegados que asumieron su representación enla Juntade INIA –desde ahora en minúscula- se encontraron con los hechos consumados, también la opinión pública, los legisladores y el sistema político general que sigue profundamente dormido en un tema que es estratégico para el desarrollo del país, que determina el rumbo hacia donde vamos como país, si a la dependencia extrema y creciente o a ser libres y soberanos.
Cabe recordar que este convenio forma parte de un cambio institucional propiciado por el ing. Enzo Benech, viceministro actual del MGAP, cuando fue presidente de la referida institución. El mencionado técnico apuntaló el criterio de devolver a cada rubro lo que aporta para el funcionamiento de inia. Es de estimar que el criterio es aceptado también por el Ministerio de Ganadería, dadas las continuas reuniones que se hicieron entre ambos organismos con el fin de elaborar el plan quinquenal del instituto.
Con ese norte de devolverle servicios a las empresas sojeras lo que pagan con el impuesto del 1 por mil a las ventas, es que se inscribe este convenio firmado, se debe entender que es la voluntad del actual gobierno que tiene mayoría dentro de la junta de inia, por lo tanto absoluta responsabilidad política por su acción.
Volver
La investigación nacional había dejado de investigar en soja en la década del noventa, ya hace veinte años, una ventaja que es difícil de superar, máxime los grandes avances que se han generado en materia de transgénicos en esta especie, tecnología en la que ha sido líder la norteamericana Monsanto. No hay que tenerle miedo a la multinacional, si respeto por sus fortalezas, su poderío económico y muchas veces la falta de escrúpulos para lograr sus fines, generalmente alejados de las preocupaciones o de lo que debería perseguir un país para sus productores.
Nadie señaló si esto fue una demanda de las empresas sojeras, en su mayoría argentinas que trabajan en el país, o el cambio se genera con el objetivo de ser “serviciales” con el sector que ha dinamizado de modo sustancial el campo en Uruguay.
Lo concreto es que INIA retomará su investigación en soja.
Misión vieja
Inia tiene como misión: «generar tecnologías que puedan ser aplicadas por los productores uruguayos con el objetivo de mejorar sus esquemas productivos, que los hagan sustentables y que determinen mejoras en la calidad de vida de la gente». En ese marco fundacional la clave es que se generen tecnologías que puedan ser aplicadas por el universo de los productores del país, que sean a su vez difícil de apropiar por las multinacionales, que ya tienen sus propios procesos de investigación financiados con mucho más dinero de lo que pude invertir nuestro instituto, que ponen en el mercado y por las que el empresario paga sin protestar. Y está bien que así sea pues en ese canal el conocimiento es un negocio que se transa como cualquier otro servicio. Pero inia fue creado para otra cosa, sus objetivos no son las de competir en el agronegocio, aunque sería mejor denominar la acción del instituto como agromalnegocio.
La letra chica
En ningún momento se hizo público, antes de firmar el acuerdo, la letra chica del contrato firmado, que es lo más grave y que puede tener repercusiones para las generaciones futuras.
Hace unos días en el CAR Treinta y Tres se informó cómo era el arreglo, pocas posibilidades de aportar sobre algo que ya estaba firmado.
De todos modos hay varias puntas que deberán tener aprobación del sistema político, esperamos que por lo menos los legisladores estén atentos e informados sobre este crucial tema.
Con el convenio se busca mandar 2 a 3 variedades de soja de Uruguay a Estados Unidos, a un laboratorio que indique Monsanto para introducir los eventos RR2 y Bt, esto es introducir los genes referidos en las variedades uruguayas, luego de 2 a 3 años esos materiales volverán a nuestro país, con los eventos instalados y se utilizarán como «donantes» para comenzar los cruzamientos, puede llevar de 8 a 10 años generar estos materiales que luego deberán competir con los que lance al mercado la referida compañía, la que por supuesto tendrá opciones de punta, ¿cuánto mejorarán en diez años sus propios materiales? Difícil de imaginar, pero lo que no es complicado es estimar que serán las preferidas por los empresarios.
Según ha trascendido el costo será de 400 mil U$S/año, cifra menguada para un programa de mejoramiento, pero para Uruguay no es poco, hay que pensar que se saca de fondos que se destinaban a otros programas.
Grave
Lo grave está en las condiciones que exige Monstanto a INIA y al país, para llevar adelante el proyecto. Ya está firmada la aceptación de estas condiciones, ¿el país puede decir que no, luego de que el instituto oficial aceptó esas condiciones que comprometen a todos los uruguayos? ¡Bravo por el que se arrojó tal derecho! Muy democrática, participativa, inclusiva, comprometido con el bien común y humilde su accionar.
Montanto exige que Uruguay modifique el marco legal vigente, que se genere una norma que legalice el comercio de genes dentro del país, lo que en la actualidad no está permitido. Esto es que no sólo se puedan cobrar derechos de autor sobre los materiales generados sino sobre los genes que estos tienen. Un aspecto de la realidad que es muy amplia y que incluye en su abordaje temas éticos, de visión que cada uno y que la sociedad tiene sobre la vida misma, y que tiene mucha relación con la soberanía, dado que Uruguay es un país que posee un patrimonio genético vegetal inconmensurable, principalmente en las especies silvestres que tienen en sus genes la solución a quién sabe cuántos problemas.
No sólo relacionados al tema agronómico sino también a industriales y médicos. Estamos dispuestos a que esto sea vendible o regalable, pues hasta un tonto sabría la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos: ¿Quiénes serán los que podrán aislar y patentar esos genes? Sin duda que las pobres empresas que necesitan del santo auxilio de los orientales.
Pero hay más
De los muchos no que tiene el contrato de INIA con Monsanto hay uno que llama la atención, pues también compromete al país, y es la exigencia de que no podrá comercializar soja con países en los que no esté vigente una ley que permita la mentada comercialización de genes, similar a la que se exige sea aprobada en nuestro territorio. De este modo el convenio ya firmado establece la prohibición del comercio del producto a algunos mercados.
Cuántas veces hemos escuchado a las gremiales hablar del libre comercio, a los políticos señalar que Uruguay necesita apertura de mercados. Quizá hoy esto pueda no ser muy importante, pero qué puede pasar en el futuro, imaginemos un país emergente que tenga otra postura en este tema y que en unos años se pueda convertir en importante comprador de soja a nivel mundial, pues no le podríamos vender, por este compromiso con una multinacional que se las trae en todo el mundo.
El Mundo según MonsantoColumna semanal por Vicky Peláez
Controla el petróleo y controlarás naciones; controla los alimentos y controlarás pueblos (Henry Kissinger)
En cada ciclo histórico la potencia dominante de turno siempre trata de establecer el control casi absoluto de una región de interés geoeconómico buscando diferentes instrumentos para dirigir todos los aspectos de la sobrevivencia humana.
En esta era globalizada se trata ya no del dominio de una región seleccionada por la única superpotencia existente sino del planeta entero. El uso de la maquinaria bélica y de los recursos energéticos no ha sido suficiente para el control completo de la voluntad de los pueblos. Se necesita algo más y este “algo más” resulta ser la comida diaria en el planteamiento de uno de los más siniestros globalizadores, David Rockefeller.
Durante la guerra en Vietnam el otro político maquiavélico, Henry Kissinger incorporó la idea de Rockefeller en la agenda diplomática de Washington. La comida se convirtió en un arma frecuentemente más poderosa que las armas de destrucción masiva. También jugó un papel muy importante para llevar a cabo el golpe militar contra el gobierno legítimo de Salvador Allende en Chile en 1973.
Al comienzo de los años 1980 los globalizadores iluminados llegaron a la conclusión que el control de la alimentación habría que comenzarlo desde las semillas, reduciendo las variedades regionales y nacionales tradicionales para crear simultáneamente una o varias variantes de semillas para cada cultivo universal pero controladas por un reducido número de las transnacionales.
Así, se inició la época de los Organismos Genéticamente Modificados (GMO) basada en la manipulación genética, y crearon finalmente lo que el estudioso y escritor norteamericano, F. William Engdahl llamó en su libro “Seeds of Destruction: Hidden Agenda of Genetic Manipulation”, “semillas de la destrucción”. México, Brasil, Colombia y Argentina fueron seleccionados como países con grandes recursos para iniciar los primeros pasos en la implementación de la agenda del “dominio usando alimentos”. La llegada de Carlos Menem al poder en Argentina con su agenda neoliberal y su ambición de ser aceptado en el club de los ricos y poderosos del planeta llevó a David Rockefeller a la conclusión de iniciar los primeros experimentos con semillas genéticamente modificadas en Argentina.
Las corporaciones Monsanto, Cargill Inc., DuPont decidieron transformar la agricultura argentina haciendo énfasis en la soja, para esto inventaron el pretexto de que el sistema de monocultura agrícola y dijeron que aportaría grandes dividendos al país por la exportación de soja, lo que facilitaría el pago de la deuda externa de Argentina que estaba ya en el límite impagable. Así según William Engdahl, “desde 1991 antes que la Modificación Genética (GM) fuera aceptada en los Estados Unidos, Argentina se convirtió en un laboratorio secreto para el desarrollo de los cultivos genéticamente modificados y su población fue utilizada sin su conocimiento como “conejillos de Indias”.
Para facilitar los experimentos con semillas GM de maíz, trigo, algodón, girasol y soja, el gobierno de Menem entregó 569 grandes extensiones de tierra cultivable a las transnacionales. La Comisión Nacional Asesora sobre Biotecnología Agropecuaria (Conabia) que fue formada para el control sobre los experimentos se reunía secretamente y sus conclusiones jamás fueron divulgadas. Y no podía ser de otra forma porque sus miembros eran empleados de Monsanto, DuPont, Syngenta, Dow AgroSciences y otros gigantes del GMO. Como los resultados eran muy prometedores, las grandes corporaciones internacionales, como Seaboard Co., Cargill y Quantum Fund de George Soros dieron inicio a la compra apresurada de grandes extensiones de tierra cultivable en Argentina y posteriormente en el Brasil, Paraguay, Colombia, México, Guatemala y Uruguay.
En una década la agricultura, Argentina fue transformada radicalmente. Si en 1970 la soja se sembraba en 9,500 hectáreas ahora su superficie de siembra supera 18 millones de hectáreas produciendo más de 35 millones de toneladas de soja al año. Actualmente Argentina es el primer productor en el mundo de aceite y harina de soja y el tercero de granos. A la vez el país dejó de ser tanto en el mercado externo como interno proveedor de alimentos de naturaleza diversificada. Prácticamente el 100 por ciento de la soja producida en el país es GM RR resistente al herbicida glifosato y ocupa el 50 por ciento de la tierra cultivable.
El impacto del uso de 200 millones de litros de glisofato anualmente, de las fumigaciones, el desmonte, el desplazamiento de campesinos, la falta de alimentos, las nuevas enfermedades, las inundaciones y las sequías son el precio que paga el pueblo por la “sojización” de la agricultura. En su libro “Las semillas de la Destrucción”, William Engdahl lanza una advertencia al gobierno de Argentina: “a este paso la tierra cultivable en el país va a ser destruida en unos 50 años”. ¿Pero a quién le interesa en este mundo globalizado e individualizado lo que pasará en el futuro?
Mientras tanto las ganancias de las transnacionales GMO están creciendo desmesuradamente junto con el control sobre la producción de semillas en el mundo. Ya poseen tecnología “Terminator” que permite modificación genética de las plantas para producir semillas estériles usando un inductor químico llamado “Traitor” para “activar” o “desactivar” algunos rasgos genéticos del cultivo y para controlar la esterilidad de las semillas. En Guatemala, Brasil, Argentina y México el maíz GN RR contaminó el maíz original orgánico y lo mismo está sucediendo con el algodón, la alfalfa, el trigo, girasol y otros cultivos. Se estima que actualmente los cultivos GM ocupan el 25 por ciento de la tierra productiva en el mundo.
El poder de la Monsanto y otras transnacionales de GMO llegó hasta Washington convenciendo al departamento de Estado de ser promotor de la agenda global de la industria de biotecnología. De acuerdo a la ONG “Food & Water Watch”, el departamento de Estado ha hecho cabildeo en gobiernos extranjeros para adaptar políticas y leyes amigables hacia la biotecnología. Según cables de WikiLeaks, el gobierno norteamericano trató de influir sobre el tema de la biotecnología a 113 países del total de 193 miembros de las Naciones Unidas entre 2004 y 2009. Lo que trata de hacer Washington es incentivar el consumo de esos alimentos en todo el mundo con el argumento falso de combatir el hambre y crear condiciones para el desarrollo.
Otro de los países que se ha convertido en el paraíso para la industria transgénica es México. Allí la Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience, Bayer y PHI México no solamente están implantando el uso de las semillas GM, sino las mismas transnacionales ya tomaron bajo su control la producción y comercialización de los alimentos, lo que significa la pérdida de la soberanía alimentaria en el país. Precisamente lo que en los años 1980 planificó el gobierno de Ronald Reagan elaborando el plan del dominio del mundo a través de los alimentos: “los países que son amigos recibirán los alimentos y se les denegará a los que se rebelan”.
En el mismo Estados Unidos ya entró en vigencia una clausula legal que permite a Monsanto, Syngenta, DuPont –Pioneer, Dow, Bayer y Basf estar por arriba del sistema judicial, ignorando las órdenes de jueces de suspensión de siembra de cultivos transgénicos inclusive por evidencias científicas que señalan daños a la salud de la población. Actualmente Estados Unidos es el primer productor de la soja en el mundo con 63 millones de toneladas métricas al año y el 90 por ciento de este cultivo es producido con las semillas GM RR. La misma tendencia se observa con el maíz y alfalfa haciendo peligrar las plantas orgánicas y las granjas familiares con la siembra de Monsanto GE alfalfa. Sin embargo, según la conclusión del departamento de Agricultura, a los consumidores no les interesa si los alimentos orgánicos o la leche que consumen tengan o no tengan componentes genéticos.
Así de simple funciona el sistema moderno globalizado del dominio del mundo a través del uso de las “semillas de destrucción”. Los “iluminados” tienen su agenda, científicos a su disposición y los medios de comunicación para convertir una mentira en la verdad con el propósito de confundir la opinión pública. Ni les interesa la reciente declaración del Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Agricultura (FAO) que indicó que “la monopolización por unas cuantas empresas transnacionales de la tecnología de creación, de organismos genéticamente modificados (GMO) representa una grave amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos”.
El fin justifica los medios. Monsanto, DuPont Pioneer, Dow, Syngenta, Bayer, Basf son simplemente un brazo del poder global para minar la soberanía de los 193 países del mundo aprovechando la ignorancia e individualismo de sus pueblos y la docilidad de sus gobiernos que creen que son del uno por ciento y para el uno por ciento.
Además, el INIA asegura que la utilización de tal tecnología se
encuentra en proceso de “desregulación para su uso a nivel comercial en
Uruguay y está siendo validada en el marco de acuerdos entre INIA y
Monsanto”.
Sin embargo, representantes de la Comisión de Fomento Rural presentaron en las últimas horas a las autoridades del INIA sus reparos con el acuerdo firmado para producir soja transgénica.
La Comisión de Fomento Rural presentó a las autoridades del INIA un documento en el que plantea una serie de disconformidades con el funcionamiento del INIA, pero por sobre todo el rechazo a la firma del convenio con Monsanto y piden “explicaciones”.
En ese encuentro estuvieron presentes el presidente del INIA, Álvaro Roel y el director Alfredo Picerno, y por la CNFR, Mario Buzzalino, y el integrante de la Mesa Ejecutiva de la gremial y también representante en la Junta Directiva del INIA Joaquín Mangado.
Según publicó La Diaria, el convenio consiste en “el envío de tres variedades de soja a un laboratorio de Estados Unidos que trabaja para Monsanto, para que se les introduzcan los dos genes resistentes, uno a herbicidas y otro a insectos. Este trabajo demoraría unos tres años y el INIA deberá abonar 6.000 dólares por cada variedad”
Buzzalino dijo al mismo medio que “luego de los tres años de investigación, el INIA utilizaría esas variedades como fuente del material genético y de continuarla, en unos años más, se podrían generar variedades adaptadas al medio local. Esta segunda fase es la que no ha sido negociada aún. La patente del gen RR1, que actualmente se utiliza en Uruguay y que es propiedad de Monsanto, cae en 2014”.
“Es claro que Uruguay tiene que crecer en tecnología y la investigación genética es muy cara, pero sabemos que el mercado mundial de semillas lo manejan cinco empresas y estamos en contra de ese tipo de monopolios, porque se parece mucho a regalar la independencia, dijo Buzzalino.
En ese marco, el diputado por Tacuerembó, Edgardo Rodríguez (Movimiento de Participación Popular) remitió al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y al Instituto Nacional de Semillas un pedido de informes para conocer “en profundidad los alcances y las consecuencias del convenio”.
En la solicitud de informes, el legislador oficialista interroga por “los argumentos de la firma del convenio, sobre los derechos que adquiere Monsanto y qué participación va a tener la empresa con respecto a la semilla generada porque es necesario saber quién será el propietario de esa patente y por cuánto tiempo”.
Asimismo, la agrupación “REDES – Amigos de la Tierra Uruguay (REDES – AT)”, -organización que trabaja desde la perspectiva de la ecología social-, se manifestó contraria al acuerdo. La organización expresa en forma enfática su oposición a la firma del “convenio confidencial”, y alerta sobre “una nueva ofensiva de la empresa Monsanto en la región para la privatización de recursos fitogenéticos y el cobro de regalías”.
Las flores de Malinche se abren en Uruguay
Tiempo Agrario | 9 julio, 2012En cada ciclo histórico la potencia dominante de turno siempre trata de establecer el control casi absoluto de una región de interés geoeconómico buscando diferentes instrumentos para dirigir todos los aspectos de la sobrevivencia humana.
En esta era globalizada se trata ya no del dominio de una región seleccionada por la única superpotencia existente sino del planeta entero. El uso de la maquinaria bélica y de los recursos energéticos no ha sido suficiente para el control completo de la voluntad de los pueblos. Se necesita algo más y este “algo más” resulta ser la comida diaria en el planteamiento de uno de los más siniestros globalizadores, David Rockefeller.
Durante la guerra en Vietnam el otro político maquiavélico, Henry Kissinger incorporó la idea de Rockefeller en la agenda diplomática de Washington. La comida se convirtió en un arma frecuentemente más poderosa que las armas de destrucción masiva. También jugó un papel muy importante para llevar a cabo el golpe militar contra el gobierno legítimo de Salvador Allende en Chile en 1973.
Al comienzo de los años 1980 los globalizadores iluminados llegaron a la conclusión que el control de la alimentación habría que comenzarlo desde las semillas, reduciendo las variedades regionales y nacionales tradicionales para crear simultáneamente una o varias variantes de semillas para cada cultivo universal pero controladas por un reducido número de las transnacionales.
Así, se inició la época de los Organismos Genéticamente Modificados (GMO) basada en la manipulación genética, y crearon finalmente lo que el estudioso y escritor norteamericano, F. William Engdahl llamó en su libro “Seeds of Destruction: Hidden Agenda of Genetic Manipulation”, “semillas de la destrucción”. México, Brasil, Colombia y Argentina fueron seleccionados como países con grandes recursos para iniciar los primeros pasos en la implementación de la agenda del “dominio usando alimentos”. La llegada de Carlos Menem al poder en Argentina con su agenda neoliberal y su ambición de ser aceptado en el club de los ricos y poderosos del planeta llevó a David Rockefeller a la conclusión de iniciar los primeros experimentos con semillas genéticamente modificadas en Argentina.
Las corporaciones Monsanto, Cargill Inc., DuPont decidieron transformar la agricultura argentina haciendo énfasis en la soja, para esto inventaron el pretexto de que el sistema de monocultura agrícola y dijeron que aportaría grandes dividendos al país por la exportación de soja, lo que facilitaría el pago de la deuda externa de Argentina que estaba ya en el límite impagable. Así según William Engdahl, “desde 1991 antes que la Modificación Genética (GM) fuera aceptada en los Estados Unidos, Argentina se convirtió en un laboratorio secreto para el desarrollo de los cultivos genéticamente modificados y su población fue utilizada sin su conocimiento como “conejillos de Indias”.
Para facilitar los experimentos con semillas GM de maíz, trigo, algodón, girasol y soja, el gobierno de Menem entregó 569 grandes extensiones de tierra cultivable a las transnacionales. La Comisión Nacional Asesora sobre Biotecnología Agropecuaria (Conabia) que fue formada para el control sobre los experimentos se reunía secretamente y sus conclusiones jamás fueron divulgadas. Y no podía ser de otra forma porque sus miembros eran empleados de Monsanto, DuPont, Syngenta, Dow AgroSciences y otros gigantes del GMO. Como los resultados eran muy prometedores, las grandes corporaciones internacionales, como Seaboard Co., Cargill y Quantum Fund de George Soros dieron inicio a la compra apresurada de grandes extensiones de tierra cultivable en Argentina y posteriormente en el Brasil, Paraguay, Colombia, México, Guatemala y Uruguay.
En una década la agricultura, Argentina fue transformada radicalmente. Si en 1970 la soja se sembraba en 9,500 hectáreas ahora su superficie de siembra supera 18 millones de hectáreas produciendo más de 35 millones de toneladas de soja al año. Actualmente Argentina es el primer productor en el mundo de aceite y harina de soja y el tercero de granos. A la vez el país dejó de ser tanto en el mercado externo como interno proveedor de alimentos de naturaleza diversificada. Prácticamente el 100 por ciento de la soja producida en el país es GM RR resistente al herbicida glifosato y ocupa el 50 por ciento de la tierra cultivable.
El impacto del uso de 200 millones de litros de glisofato anualmente, de las fumigaciones, el desmonte, el desplazamiento de campesinos, la falta de alimentos, las nuevas enfermedades, las inundaciones y las sequías son el precio que paga el pueblo por la “sojización” de la agricultura. En su libro “Las semillas de la Destrucción”, William Engdahl lanza una advertencia al gobierno de Argentina: “a este paso la tierra cultivable en el país va a ser destruida en unos 50 años”. ¿Pero a quién le interesa en este mundo globalizado e individualizado lo que pasará en el futuro?
Mientras tanto las ganancias de las transnacionales GMO están creciendo desmesuradamente junto con el control sobre la producción de semillas en el mundo. Ya poseen tecnología “Terminator” que permite modificación genética de las plantas para producir semillas estériles usando un inductor químico llamado “Traitor” para “activar” o “desactivar” algunos rasgos genéticos del cultivo y para controlar la esterilidad de las semillas. En Guatemala, Brasil, Argentina y México el maíz GN RR contaminó el maíz original orgánico y lo mismo está sucediendo con el algodón, la alfalfa, el trigo, girasol y otros cultivos. Se estima que actualmente los cultivos GM ocupan el 25 por ciento de la tierra productiva en el mundo.
El poder de la Monsanto y otras transnacionales de GMO llegó hasta Washington convenciendo al departamento de Estado de ser promotor de la agenda global de la industria de biotecnología. De acuerdo a la ONG “Food & Water Watch”, el departamento de Estado ha hecho cabildeo en gobiernos extranjeros para adaptar políticas y leyes amigables hacia la biotecnología. Según cables de WikiLeaks, el gobierno norteamericano trató de influir sobre el tema de la biotecnología a 113 países del total de 193 miembros de las Naciones Unidas entre 2004 y 2009. Lo que trata de hacer Washington es incentivar el consumo de esos alimentos en todo el mundo con el argumento falso de combatir el hambre y crear condiciones para el desarrollo.
Otro de los países que se ha convertido en el paraíso para la industria transgénica es México. Allí la Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience, Bayer y PHI México no solamente están implantando el uso de las semillas GM, sino las mismas transnacionales ya tomaron bajo su control la producción y comercialización de los alimentos, lo que significa la pérdida de la soberanía alimentaria en el país. Precisamente lo que en los años 1980 planificó el gobierno de Ronald Reagan elaborando el plan del dominio del mundo a través de los alimentos: “los países que son amigos recibirán los alimentos y se les denegará a los que se rebelan”.
En el mismo Estados Unidos ya entró en vigencia una clausula legal que permite a Monsanto, Syngenta, DuPont –Pioneer, Dow, Bayer y Basf estar por arriba del sistema judicial, ignorando las órdenes de jueces de suspensión de siembra de cultivos transgénicos inclusive por evidencias científicas que señalan daños a la salud de la población. Actualmente Estados Unidos es el primer productor de la soja en el mundo con 63 millones de toneladas métricas al año y el 90 por ciento de este cultivo es producido con las semillas GM RR. La misma tendencia se observa con el maíz y alfalfa haciendo peligrar las plantas orgánicas y las granjas familiares con la siembra de Monsanto GE alfalfa. Sin embargo, según la conclusión del departamento de Agricultura, a los consumidores no les interesa si los alimentos orgánicos o la leche que consumen tengan o no tengan componentes genéticos.
Así de simple funciona el sistema moderno globalizado del dominio del mundo a través del uso de las “semillas de destrucción”. Los “iluminados” tienen su agenda, científicos a su disposición y los medios de comunicación para convertir una mentira en la verdad con el propósito de confundir la opinión pública. Ni les interesa la reciente declaración del Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Agricultura (FAO) que indicó que “la monopolización por unas cuantas empresas transnacionales de la tecnología de creación, de organismos genéticamente modificados (GMO) representa una grave amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos”.
El fin justifica los medios. Monsanto, DuPont Pioneer, Dow, Syngenta, Bayer, Basf son simplemente un brazo del poder global para minar la soberanía de los 193 países del mundo aprovechando la ignorancia e individualismo de sus pueblos y la docilidad de sus gobiernos que creen que son del uno por ciento y para el uno por ciento.
Sin embargo, representantes de la Comisión de Fomento Rural presentaron en las últimas horas a las autoridades del INIA sus reparos con el acuerdo firmado para producir soja transgénica.
La Comisión de Fomento Rural presentó a las autoridades del INIA un documento en el que plantea una serie de disconformidades con el funcionamiento del INIA, pero por sobre todo el rechazo a la firma del convenio con Monsanto y piden “explicaciones”.
En ese encuentro estuvieron presentes el presidente del INIA, Álvaro Roel y el director Alfredo Picerno, y por la CNFR, Mario Buzzalino, y el integrante de la Mesa Ejecutiva de la gremial y también representante en la Junta Directiva del INIA Joaquín Mangado.
Según publicó La Diaria, el convenio consiste en “el envío de tres variedades de soja a un laboratorio de Estados Unidos que trabaja para Monsanto, para que se les introduzcan los dos genes resistentes, uno a herbicidas y otro a insectos. Este trabajo demoraría unos tres años y el INIA deberá abonar 6.000 dólares por cada variedad”
Buzzalino dijo al mismo medio que “luego de los tres años de investigación, el INIA utilizaría esas variedades como fuente del material genético y de continuarla, en unos años más, se podrían generar variedades adaptadas al medio local. Esta segunda fase es la que no ha sido negociada aún. La patente del gen RR1, que actualmente se utiliza en Uruguay y que es propiedad de Monsanto, cae en 2014”.
“Es claro que Uruguay tiene que crecer en tecnología y la investigación genética es muy cara, pero sabemos que el mercado mundial de semillas lo manejan cinco empresas y estamos en contra de ese tipo de monopolios, porque se parece mucho a regalar la independencia, dijo Buzzalino.
Pedido de informes
Pero las voces de alerta sobre la firma del convenio también partieron desde el propio Frente Amplio.En ese marco, el diputado por Tacuerembó, Edgardo Rodríguez (Movimiento de Participación Popular) remitió al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y al Instituto Nacional de Semillas un pedido de informes para conocer “en profundidad los alcances y las consecuencias del convenio”.
En la solicitud de informes, el legislador oficialista interroga por “los argumentos de la firma del convenio, sobre los derechos que adquiere Monsanto y qué participación va a tener la empresa con respecto a la semilla generada porque es necesario saber quién será el propietario de esa patente y por cuánto tiempo”.
Asimismo, la agrupación “REDES – Amigos de la Tierra Uruguay (REDES – AT)”, -organización que trabaja desde la perspectiva de la ecología social-, se manifestó contraria al acuerdo. La organización expresa en forma enfática su oposición a la firma del “convenio confidencial”, y alerta sobre “una nueva ofensiva de la empresa Monsanto en la región para la privatización de recursos fitogenéticos y el cobro de regalías”.
Monsanto es una empresa multinacional con sede en Estados Unidos, proveedora de productos para la agricultura. Es conocida por producir el “glifosato”, un popular herbicida, bajo la marca “Roundup”, y también es productora de semillas genéticamente modificadas.
A la lo largo de su larga histórica ha generado controversias debido riesgo potencial o real de sus productos.
Las flores de Malinche se abren en Uruguay
Alta y baja política
Un día antes de que asumiera la nueva directiva de INIA, el instituto público privado cofinanciado por el Estado y los productores firmó el mentado acuerdo con la multinacional Monsanto de origen norteamericano.
El mismo exige a Uruguay a cambiar leyes vigentes y le prohíbe vender soja a algunos países.
Los delegados que asumieron su representación enla Juntade INIA –desde ahora en minúscula- se encontraron con los hechos consumados, también la opinión pública, los legisladores y el sistema político general que sigue profundamente dormido en un tema que es estratégico para el desarrollo del país, que determina el rumbo hacia donde vamos como país, si a la dependencia extrema y creciente o a ser libres y soberanos.
Cabe recordar que este convenio forma parte de un cambio institucional propiciado por el ing. Enzo Benech, viceministro actual del MGAP, cuando fue presidente de la referida institución. El mencionado técnico apuntaló el criterio de devolver a cada rubro lo que aporta para el funcionamiento de inia. Es de estimar que el criterio es aceptado también por el Ministerio de Ganadería, dadas las continuas reuniones que se hicieron entre ambos organismos con el fin de elaborar el plan quinquenal del instituto.
Con ese norte de devolverle servicios a las empresas sojeras lo que pagan con el impuesto del 1 por mil a las ventas, es que se inscribe este convenio firmado, se debe entender que es la voluntad del actual gobierno que tiene mayoría dentro de la junta de inia, por lo tanto absoluta responsabilidad política por su acción.
Volver
La investigación nacional había dejado de investigar en soja en la década del noventa, ya hace veinte años, una ventaja que es difícil de superar, máxime los grandes avances que se han generado en materia de transgénicos en esta especie, tecnología en la que ha sido líder la norteamericana Monsanto. No hay que tenerle miedo a la multinacional, si respeto por sus fortalezas, su poderío económico y muchas veces la falta de escrúpulos para lograr sus fines, generalmente alejados de las preocupaciones o de lo que debería perseguir un país para sus productores.
Nadie señaló si esto fue una demanda de las empresas sojeras, en su mayoría argentinas que trabajan en el país, o el cambio se genera con el objetivo de ser “serviciales” con el sector que ha dinamizado de modo sustancial el campo en Uruguay.
Lo concreto es que INIA retomará su investigación en soja.
Misión vieja
Inia tiene como misión: «generar tecnologías que puedan ser aplicadas por los productores uruguayos con el objetivo de mejorar sus esquemas productivos, que los hagan sustentables y que determinen mejoras en la calidad de vida de la gente». En ese marco fundacional la clave es que se generen tecnologías que puedan ser aplicadas por el universo de los productores del país, que sean a su vez difícil de apropiar por las multinacionales, que ya tienen sus propios procesos de investigación financiados con mucho más dinero de lo que pude invertir nuestro instituto, que ponen en el mercado y por las que el empresario paga sin protestar. Y está bien que así sea pues en ese canal el conocimiento es un negocio que se transa como cualquier otro servicio. Pero inia fue creado para otra cosa, sus objetivos no son las de competir en el agronegocio, aunque sería mejor denominar la acción del instituto como agromalnegocio.
La letra chica
En ningún momento se hizo público, antes de firmar el acuerdo, la letra chica del contrato firmado, que es lo más grave y que puede tener repercusiones para las generaciones futuras.
Hace unos días en el CAR Treinta y Tres se informó cómo era el arreglo, pocas posibilidades de aportar sobre algo que ya estaba firmado.
De todos modos hay varias puntas que deberán tener aprobación del sistema político, esperamos que por lo menos los legisladores estén atentos e informados sobre este crucial tema.
Con el convenio se busca mandar 2 a 3 variedades de soja de Uruguay a Estados Unidos, a un laboratorio que indique Monsanto para introducir los eventos RR2 y Bt, esto es introducir los genes referidos en las variedades uruguayas, luego de 2 a 3 años esos materiales volverán a nuestro país, con los eventos instalados y se utilizarán como «donantes» para comenzar los cruzamientos, puede llevar de 8 a 10 años generar estos materiales que luego deberán competir con los que lance al mercado la referida compañía, la que por supuesto tendrá opciones de punta, ¿cuánto mejorarán en diez años sus propios materiales? Difícil de imaginar, pero lo que no es complicado es estimar que serán las preferidas por los empresarios.
Según ha trascendido el costo será de 400 mil U$S/año, cifra menguada para un programa de mejoramiento, pero para Uruguay no es poco, hay que pensar que se saca de fondos que se destinaban a otros programas.
Grave
Lo grave está en las condiciones que exige Monstanto a INIA y al país, para llevar adelante el proyecto. Ya está firmada la aceptación de estas condiciones, ¿el país puede decir que no, luego de que el instituto oficial aceptó esas condiciones que comprometen a todos los uruguayos? ¡Bravo por el que se arrojó tal derecho! Muy democrática, participativa, inclusiva, comprometido con el bien común y humilde su accionar.
Montanto exige que Uruguay modifique el marco legal vigente, que se genere una norma que legalice el comercio de genes dentro del país, lo que en la actualidad no está permitido. Esto es que no sólo se puedan cobrar derechos de autor sobre los materiales generados sino sobre los genes que estos tienen. Un aspecto de la realidad que es muy amplia y que incluye en su abordaje temas éticos, de visión que cada uno y que la sociedad tiene sobre la vida misma, y que tiene mucha relación con la soberanía, dado que Uruguay es un país que posee un patrimonio genético vegetal inconmensurable, principalmente en las especies silvestres que tienen en sus genes la solución a quién sabe cuántos problemas.
No sólo relacionados al tema agronómico sino también a industriales y médicos. Estamos dispuestos a que esto sea vendible o regalable, pues hasta un tonto sabría la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos: ¿Quiénes serán los que podrán aislar y patentar esos genes? Sin duda que las pobres empresas que necesitan del santo auxilio de los orientales.
Pero hay más
De los muchos no que tiene el contrato de INIA con Monsanto hay uno que llama la atención, pues también compromete al país, y es la exigencia de que no podrá comercializar soja con países en los que no esté vigente una ley que permita la mentada comercialización de genes, similar a la que se exige sea aprobada en nuestro territorio. De este modo el convenio ya firmado establece la prohibición del comercio del producto a algunos mercados.
Cuántas veces hemos escuchado a las gremiales hablar del libre comercio, a los políticos señalar que Uruguay necesita apertura de mercados. Quizá hoy esto pueda no ser muy importante, pero qué puede pasar en el futuro, imaginemos un país emergente que tenga otra postura en este tema y que en unos años se pueda convertir en importante comprador de soja a nivel mundial, pues no le podríamos vender, por este compromiso con una multinacional que se las trae en todo el mundo.
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