Alternativa para ver el Uruguay

enviado por DrPablo Díaz

Observatorio de Política de Tierra

Universidad de la República

y Zurdatupa

2013: la Reforma Agraria y la siderúrgica nacional, a 50 años de la CIDE

Dr. Pablo Díaz, Observatorio de Política de Tierra, UDELAR.

“Que el Instituto Nacional de Colonización, ponga el principal latifundio de la zona (Aratirí,) a disposición de productores jóvenes con vocación por las tareas rurales, para que se radiquen en la zona .
“…Que se desarrolle un proyecto de minería responsable, a escala del Uruguay, como el del Ingeniero Bartol,[1] con presencia del Estado, que asegure hierro y trabajo por 100 años, con metalurgia nacional y valor agregado, no extractivismo a medida de una Empresa y por escaso tiempo”.
(Fragmento de la proclama de productores movilizados de la Mesa Ruta 7,
Cerro Chato, 17 de noviembre, 2013)

Después de 20 años quedará el agujero

El Instituto de Colonización (INC) bajo la gestión del Ing. Andrés Berterreche, partiendo de la intención de incorporar más de 200.000 há,  alcanzó las 38.000 há para Colonización mientras que desafectó 22.700 há a favor de colonos propietarios a raíz del conflicto suscitado con la “ley de repoblamiento de la campaña” (2007).[2] Aún no se dan a conocer cual es la cantidad precisa de solicitantes de tierras y de aspirantes inscriptos para fracciones que quedan disponibles, así como desde otros organismos públicos no se informa sobre qué origen tienen los titulares de las Sociedades Anónimas que acaparan tierras. Frente a lo cual resulta incierto valorar el impacto cuantitativo de la adquisición por parte del INC de casos aislados de campos a empresas multinacionales (que bajo la modalidad de Sociedad Anónima pueden estar participando en la propiedad del 40% del territorio nacional), o del “Programa específico para la Estabilidad del Lechero” del INC, que puede beneficiar a lo sumo unas 20 empresas lecheras por año, si se comprometieran 10 millones de dólares anuales de que dispone el INC solo para eso, y cada campo postulado alcanzara el valor fijado como tope.[3]

            En una reciente entrevista del Semanario Voces, intitulada “La Reforma Agraria es un cliché”,[4] Berterreche señaló que “lo que dice el Censo (MGAP) es que se perdieron doce mil productores del año 2000 al 2011. Las causas son diferentes en todo ese período. En estos últimos años, no se están perdiendo más y el Instituto sigue creciendo en productores. Hemos generado un montón de programas para que eso no suceda.”  (A. Berterreche, en Voces, 2013). Sin embargo al mismo ritmo de incorporación de tierras bajo la gestión de Gonzalo Gaggero (2005-2010) no se evidenció que el accionar del INC lograra evitar el éxodo rural reflejado en las citadas mediciones del Censo del MGAP (2000-2011) y en los datos oficiales del BPS (2005-2010) donde se constata la pérdida de 3.000 microempresas rurales.[5]

            No es extraño que este tipo de respuestas paliativas sean consideradas en buena parte de América Latina políticas sociales focalizadas en la pobreza rural, surgidas en la década del ’90 como respuesta preventiva y de contención del difundido conflicto agrario y por recursos naturales que enfrenta al capital con poblaciones indígenas y campesinas. En cambio históricamente en América Latina la “reforma agraria” ha sido utilizada como estrategia de desarrollo (en el enfoque estructuralista reformista o revolucionario), siendo el Río de la Plata inmune a su desenlace hasta el día de hoy.

            En mayo del año que termina se cumplieron 50 años de uno de los principales informes de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), donde la modificación de las estructuras agrarias era considerada tema central del desarrollo nacional. La expropiación de más de 3 millones de hectáreas para su re-distribución, la concentración parcelaria de los minifundios y la limitación de la extensión de la propiedad de la tierra según diversas zonas, permitiría una re-organización masiva del campo en pocos años.

            En un país donde el 90% del territorio nacional era  considerado “tierra útil”, como “situación de privilegio y excepción en el mundo” se entendía que “los problemas de estructura constituyen así el más serio obstáculo para el desarrollo futuro de la producción agropecuaria y su remoción es un prerrequisito para que el proceso de renovación tecnológica vaya adquiriendo un ritmo creciente, con la participación activa de sectores mayoritarios de productores” (…) “a los efectos de conservar los recursos naturales renovables del país y lograr, a través del buen uso de los mismos, acelerar el desarrollo agropecuario, a una tasa compatible con las metas económicas y sociales que el Plan propicia” (CIDE, 1º Objetivo del Plan de desarrollo Agropecuario, 1965, pág.12).

            Sin buscar “sofocar las fuerzas del mercado” desde la intervención estatal (marca propia de la influencia del “desarrollismo doctrinario” de la CEPAL, según Adolfo Garcé), el Estado planificaría y organizaría la actividad económica privada siendo la agropecuaria el horcón central del desarrollo.

            Pero también estaba prevista por la CIDE, tanto para la sustitución de importaciones como para la generación de divisas por exportación, dentro del desarrollo de industrias específicas la explotación del yacimiento de Valentines y la elaboración  de productos siderúrgicos (arrabio, alambre, etc.) para el mercado interno y la exportación, evitando un “agotamiento prematuro” de las reservas. Por ello se consideraba que “la producción de bienes  que incorporen el mayor valor agregado posible, está aconsejada por elementales exigencias de la economía interna. La exportación de materias primas y bienes semi-elaborados, debe constituir pues una solución de transición” (Ind., p. 244).

            A 50 años del principal planteo desarrollista del Uruguay moderno, la reforma agraria y la siderúrgica nacional continúan presentes en los debates nacionales. En  “Las propuestas para la transformación de la matriz productiva” de la “Plataforma Programática” del XI Congreso de la Central sindical (PITCNT 2011), por ejemplo, se promueven medidas para limitar la extranjerización de la tierra y promover su “racional subdivisión” en el proceso de transformación de las estructuras productivas dependientes hacia una “reforma agraria integral”, así como se considera a la minería metalífera como posible eslabón que impulsaría el “camino de industrialización avanzada”, si se enmarca “en un plan de desarrollo sustentable, que evite transferencias intergeneracionales negativas”, que permita la transferencia de riquezas a la sociedad tanto mediante impuestos como en la promoción de “reservas mineras para la explotación directa del estado”, “desde una perspectiva de soberanía nacional”.

            Por otra parte como señalaron las Conclusiones del Juicio Ciudadano sobre Minería de Gran Porte (2011) “no existen o no se conocen en el país hasta el momento planes o estrategias de desarrollo a mediano y largo plazo que permitan, en base a metas deseables del desarrollo, decidir cuáles inversiones se adaptan o no a nuestro país. Parece constatarse que, si existen planes son sectoriales y sin la conjugación necesaria que evite que se superpongan o se anulen entre sí.” [6]

La posición predominante del Estado uruguayo es la de no definir una política que limite la concentración y extranjerización de la tierra, al mismo tiempo que la propaganda oficial promueve la extracción del hierro para ser exportado como materia prima, comprometiendo la soberanía nacional, el agua, “los recursos naturales renovables del país” y aquella “situación de privilegio y excepción en el mundo” que el planteo de la CIDE protegía como motor del desarrollo.

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[1] http://www.cimu.org.uy/wp-content/uploads/MGP-Presentaci%C3%B3n-Julio-Bartol-sobre-industrializaci%C3%B3n-mineral-de-hierro.pdf

[2] Ver Informe Número 3 del Observatorio de política de Tierras. http://ssq.com.uy

[3] Ver Informe Número 2 del Observatorio de política de Tierras. http://ssq.com.uy

[4] http://mpp.org.uy/2011-12-07-22-57-14/todas-las-noticias/930-entrevista-a-andres-berterreche-en-semanario-voces

[5] http://www.elobservador.com.uy/noticia/158785/el-campo-pierde-gente-y-cada-vez-hay-menos-empresas-familiares-/

[6] http://www.juiciociudadano.org/libro/ 

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 Definir ahora el país que queremos en el futuro

29.12.13  El deseo de Mujica es avanzar en cada una de ellas para que el próximo gobierno no tenga opción y deba concretarlas sí o sí. “La idea es que antes de irnos la obra llegue a un punto que sea irreversible”, explicó a El Observador el asesor económico de Presidencia, Pedro Buonomo, en alusión al puerto de aguas profundas.

Los otros dos “paquetitos” tienen avances disímiles. Por un lado, la regasificadora entró en una etapa parecida a la que pretende el gobierno. Se adjudicó a la empresa franco-belga GDF Suez la construcción y operación. Se proyecta que las obras terminen en marzo de 2015, por lo que Mujica podría cortar la cinta. Hasta ahora, las principales dificultades fueron las críticas medioambientales, y algunos aspectos de diseño institucional, como la garantía estatal o la conformación de la sociedad anónima. Sin embargo, de las tres grandes obras que desvelan a Mujica, esa parece ser la que tiene un futuro exitoso asegurado.

La tercera es la más complicada. El gobierno diseñó desde el comienzo un esquema mixto para darle un impulso al nodo ferroviario con una empresa pública que opere bajo el derecho privado. De esa forma podría gestionar con pragmatismo y la inversión tendría otro impulso. Pero en el camino se encontró con el puño cerrado del sindicato.

La reestructura contempló algunas herramientas para reducir y renovar la plantilla. Pero tuvo consecuencias inesperadas. Con el nuevo sistema de retiros incentivados y la posibilidad de declarar excedentes a funcionarios que así lo deseen, la cantidad de empleados se redujo tanto que en algunas áreas casi desaparecieron.

A Brasil por dinero
El puerto de aguas profundas es, de los tres proyectos, el más ambicioso y a más largo plazo. El Parlamento aprobó una ley y el Poder Ejecutivo firmó un decreto por el cual se estableció el lugar de construcción, que comprende los balnearios Mar del Plata, El Palenque y San Francisco. Algunas tareas técnicas de investigación previa están por terminar y está pronto el diseño preliminar del puerto, pero faltan todavía algunas definiciones estratégicas. Una de ellas es la financiación. Según explicó Buonomo a El Observador, el presidente Mujica y el canciller Luis Almagro tomarán el consejo de Brasil y solicitarán financiación en marzo de 2014 al Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur. Uruguay pretende lograr cerca de 50% de los casi US$ 1.000 millones para asegurar el comienzo de las obras.

Regasificadora. La planta tendrá una capacidad de producción máxima de 10 millones de metros cúbicos por día de gas natural, y una capacidad de almacenamiento de 267.000 metros cúbicos de gas natural licuado. Las obras incluirán la construcción de una escollera de 1.800 metros a 2,5 kilómetros de la costa oeste de Montevideo.

Puerto de aguas profundas. Por ley y decreto se decidió instalar la obra en El Palenque (Rocha). Se trata de un puerto multipropósito con un área de 2.000 hectáreas que albergará acceso a la terminal por carretera y tren; áreas de operación, industria, acopio, administración, aduana, entre otras.

Ferrocarril. El gobierno legisló para trasladar el negocio de carga de AFE a una nueva empresa que funcione bajo el derecho privado, la cual tendrá 51% de las acciones en manos del ente ferroviario y el restante 49% será de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Aprobó herramientas para reducir personal, pero se le fue la mano: de los 980 funcionarios se irán 600, tanto por retiro incentivado como por excedencia.
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12.01.2011, 

A pesar de los esfuerzos oficiales y en particular de la administración del presidente José Mujica por mantener el tejido social en el interior, el campo sigue perdiendo gente y los emprendimientos familiares rurales son cada vez menos. Esa realidad quedó plasmada en un informe que elaboró Elvira Domínguez, directora por los empresarios en el Banco de Previsión Social (BPS), donde se estableció que actualmente hay unos 5.000 aportantes rurales menos que hace tres años. También cayó en más de 3.000 el número de microempresas rurales en 2010 en relación a 2005.
Para todos los rubros, el BPS cerró el año en agosto de 2010 con un aumento de 6.700 nuevas empresas en relación a igual período de 2009. Ese número fue menor a las 8.852 nuevas unidades surgidas entre 2008 y 2009.
En total había en agosto pasado 239.503 compañías –en esa cantidad están incluidas 51.399 servicios domésticos y 5.210 obras de construcción– que dieron empleo a 1.351.327 personas.
En Uruguay la estructura económica muestra que la gran mayoría (84%) de las compañías siguen siendo microemprendimientos, es decir que ocupan a menos de 4 personas y muchas de ellas son negocios familiares. Después están las pequeñas empresas (13%) que se definen por dar trabajo a entre 5 y 19 personas; las medianas (3%) ocupan a entre 20 y 99 personas; y las grandes que tienen a más de 100 empleados y representan 0,46% del total de empresas del país.
De acuerdo al relevamiento de la representación empresarial en el BPS –al que accedió El Observador– en los últimos años hubo cambios en el número de empresas rurales que hoy son 54.603 y representan 23% del total. En el año móvil agosto 2009-agosto 2010 se registró en el medio rural una caída cercana a 1% y la baja obedeció a una disminución de las empresas de menor tamaño. Las microempresas rurales eran en agosto de 2009: 47,791 y un año después bajaron a 47.204.
La directora Domínguez dijo a El Observador que una parte de esas microempresas rurales pudo haberse transformado y si tomaron más personal pasan a ser catalogadas como pequeñas empresas. De todos modos –dijo– “se percibe que gran parte de las empresas familiares que hay de menos en el campo puede haber desaparecido”. Una señal de eso fue que el número de personas aportantes rurales son hoy 176.102, cuando en diciembre 2007 eran 181.285.
Domínguez señaló que este escenario se da a pesar del esfuerzo que hizo el gobierno nacional en los últimos dos años subsidiando los aportes patronales del pequeño productor familiar rural.
Comentó también como “llamativo” el descenso de microempresas rurales entre diciembre 2005 y agosto 2010 donde se pasó de 50.221 micro empresas, con menos de 4 trabajadores, a 47.204, es decir que en esos años dejaron de aportar al BPS 3.017 unidades rurales. La jerarca insistió en que con los datos que se tienen “no se puede llegar a ciertas conclusiones, como afirmar que todas esas empresas desaparecieron, pero sí es un hecho que “de ser esa la tendencia se está perdiendo el tejido social del interior del país y se pone en riesgo la soberanía alimentaria”.
Además, en el campo, las grandes empresas fueron las que más aumentaron (5,55%) pasando de 54 a 57 en el año móvil estudiado.
En materia de salarios, las grandes firmas rurales pagan en promedio $ 12.000 y las micro $ 5.400 según las planillas de aportes al BPS.
INDUSTRIA Y COMERCIO.
Las empresas del rubro industria y comercio son la mayoría (53%) de las actividades inscriptas en el BPS y pagaron sueldos promedio del entorno de $ 12.000.
En ese sector el incremento porcentual de las empresas registradas en agosto de 2010 en relación a agosto 2009 fue inversamente proporcional al tamaño. Así las micro crecieron 3,51%; las pequeñas 3,95%, medianas 4,56% y las grandes 5,12%.
También está el servicio doméstico, que tuvo un incremento anual de casi 5% y a agosto eran 51.399 quienes aportan.
De acuerdo al informe de la representación empresarial, esos trabajadores reciben una remuneración promedio cercana a los $3.000 mensuales.
Dominguez señaló que en ese caso “existen altas cargas patronales asociadas a la contratación de domésticas, lo que determina un claro incentivo a la subdeclaración”, afirmó la jerarca del Banco de Previsión Social.