Malos tratos

Nacional 8.7.14

De callado

Abogada defensora de jóvenes del Sirpa sostuvo que Salsamendi le pidió no hacer públicas denuncias de maltratos para evitar un “escándalo” antes de las elecciones.

La abogada defensora de jóvenes recluidos en los centros del Sistema de Rehabilitación Penal Adolescente (Sirpa), Sandra Giménez, relató en su última comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes dos reuniones que mantuvo con autoridades de gobierno, en las que relató los maltratos y torturas a las que son sometidos los jóvenes en los centros de reclusión.
Una de ella fue en marzo de este año, con el presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Javier Salsamendi. Según la versión taquigráfica de la sesión del 2 de julio, a la que accedió la diaria, Giménez relató que le llevó a Salsamendi copia de las denuncias y le planteó que "era muy importante que realmente tomaran cartas en el asunto". "Expresamos que nos parecía sano que el sistema investigara lo que estaba pasando dentro de los centros y que esa gente fuera separada del cargo. Entendíamos que no era posible que hubiera denuncias desde marzo de 2013 y que a ninguno de los diez o doce funcionarios que permanentemente eran denunciados ni siquiera se les hubiera iniciado un sumario administrativo porque las denuncias se habían extraviado", contó Giménez. La abogada continuó: "El doctor Salsamendi me pidió que no presentara ninguna denuncia, para evitar la prensa y el escándalo antes de las elecciones -después se me dijo que en año electoral no se podían investigar estas cosas-, para poder hacerlo de forma tranquila y que las madres realmente vieran que se estaban haciendo cosas y que existían cambios, y me pidió una semana para darme una respuesta". Transcurrido el tiempo, la abogada no tuvo más novedades del INAU.

Intranquilas

La diputada del MPP Orquídea Minetti también se refirió en sala a la intervención del centro Ser de Colonia Berro por parte de las autoridades del Sirpa, y reconoció que ni ella ni la diputada frenteamplista Daniela Payssé (Asamblea Uruguay) se quedan "tranquilas con esa intervención, porque está intervenido por los malos funcionarios que tendrán que hacerse cargo". "Pero es un juez el que tiene que decirle a los malos funcionarios que se hagan cargo", agregó. Minetti reconoció que hay "malos funcionarios" que "abusan" de su poder. "Lamentablemente, eso es así, y es lo que el Poder Judicial tiene que resolver. Nosotros podemos escuchar y no podemos hacer absolutamente nada más, pero eso tiene que resolverse. Porque esto data de muchos años atrás: los funcionarios del Consejo del Niño hace años, Iname después, ahora INAU, e inclusive funcionarios policiales, hacen abuso de poder, tienen deformaciones, malas costumbres. Y nosotros debemos exigir al Poder Judicial que termine con eso", manifestó.

Meses atrás, en noviembre de 2013, Giménez tuvo una reunión en el Juzgado de Menores Infractores con la fiscal y el juez letrado de Menores Infractores de 3er Turno, y con el presidente del Sirpa, Ruben Villaverde, a quien le presentó "todo lo que estaba pasando, inclusive en centros de Montevideo", según contó en comisión. "Él me dijo que si para mí las cosas se resolvían tan sencillamente mediante una denuncia penal, me daba las llaves de la Colonia Berro y que me arreglara con los chicos que estaban ahí adentro", relató Giménez. Villaverde dijo también que era "muy difícil estar permanentemente negociando con el sindicato, que dentro de Suinau el sindicato de los trabajadores del INAU la Lista 10 era muy fuerte y que esas eran prácticas difíciles de erradicar; que si yo quería, él me entregaba las llaves del centro y que yo lidiara, esa fue la palabra que usó‑ con el sindicato", relató Giménez.
Esto motivó que la diputada frenteamplista Orquídea Minetti (Movimiento de Participación Popular) comentara que ella no estaba allí para "escuchar los dichos o entredichos que tuvo" la abogada con Villaverde. "Para eso está la Justicia y es esta la que debe actuar. Si en este caso el Director se manejó de determinada forma frente a un Juez y un Fiscal, supongo que son ellos quienes tienen que defendernos; yo no soy abogada. Así que lo que dijo Villaverde en aquel momento no me interesa, pero sí que si el Director de INAU, el Director del Sirpa, las personas que tienen responsabilidades políticas en esos ámbitos, están haciendo las cosas mal, sea el Juez que lo diga", sostuvo.
El diputado frenteamplista Felipe Michelini, en tanto, indicó que no veía que el relato de esa reunión tuviera "vinculación" con los hechos de maltratos.

07.07.2014, 

"Nos están acosando para que no hablemos”, dijo a El Observador la madre de un adolescente privado de libertad en el hogar Ser del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que la semana pasada asistió junto a otras madres a la comisión de Derechos Humanos de Diputados para denunciar las torturas que presuntamente sufren sus hijos en la institución.
La declarante –que prefirió mantener su nombre en reserva para que no “maten a palos” a su hijo– señaló que las diputadas frenteamplistas Daniela Payssé (Asamblea Uruguay) y Orquídea Minetti (MPP) las presionaron por haber hablado con los periodistas sobre estos incidentes porque la prensa es “amarillista” y “agranda las cosas”.
La madre explicó que durante la reunión en lugar de buscar una solución a los problemas que plantearon, se les advirtió que no hablaran con la prensa. “Payssé y la otra estaban enojadísimas, la Orquídea (Minetti) esa se puso a gritar también”, contó la señora que describió como en determinado momento el diputado colorado, Gustavo Espinosa, presidente de la comisión, las respaldó. Les dijo que estaba bien que hablen con la prensa “porque al fin gracias a la prensa están consiguiendo cosas que antes no conseguían como jabones, pastas de dientes, cepillos de dientes”, manifestó la madre.
“Ellos (los diputados) nos contaron lo que habían visto cuando fueron a los hogares. Que ellos tenían material para trabajar para que se cumplieran los reglamentos y después siguió la discusión por la prensa”, insistió la denunciante.
La madre de uno de los menores que denunciaron golpizas afirmó: "No es que no nos trataran bien, sino que nos citaron ahí para decirnos que no habláramos con la prensa, que estaba la prensa esperando y que no habláramos con ella. Y afuera estaba la prensa esperando y les dijimos que no. No hablamos porque ella (Payseé) nos dijo que no”.
“Respondiendo a Payssé, nuestra abogada (Sandra Giménez) dijo que cuando fuimos a la prensa ya habíamos agotado todos los recursos y nadie nos daba corte. Y la prensa ayudó. Estamos desde julio del año pasado haciendo denuncias y no salimos en la tele ni en ningún lado”, dijo la madre.
Consultada por El Observador sobre estas denuncias, Payssé negó rotundamente que ella haya actuado de esa manera y dijo valerse de las actas para demostrarlo.
Por su parte, Espinosa, afirmó a El Observador que el “tema de la prensa estuvo planteado en la reunión” y comentó que en las primeras intervenciones de los legisladores oficialistas “se empieza a hablar del tema”.
Consultado sobre si los comentarios de las diputadas fueron negativos, Espinosa aseguró: “Obvio, eso sí. Fueron comentarios críticos y que señalaron matices. No puedo juzgarlos como una presión porque no sería objetivo”.
En tanto, el diputado nacionalista Pablo Abdala –que asistió a la reunión en calidad de oyente– dijo a El Observador que sí se habló del “tema de la prensa”. “Hubo referencias a que esto no es conveniente tirarlo por la prensa (…) Existió referencia de algún diputado del Frente Amplio de que si el tema se ventila por la prensa la cosa se politiza. Pero quedó claro y lo dijeron varios diputados, que en un país libre y democrático, hablar con la prensa es un derecho que todos tenemos”.
Recordó que una de las diputadas oficialistas hizo algún reproche a la abogada de las madres, por una situación que se había dado. Sin embargo, consideró que el tema de la prensa fue "lateral".
http://www.elobservador.com.uy/noticia/282610/denuncian-a-legisladoras-del-fa-de-presionar-a-madres-de-infractores-para-que-no-hablen-con-la-prensa/

Los malos tratos contra internos de los centros de privación de libertad para adolescentes son responsabilidad de un grupo de funcionarios que viene siendo denunciado desde hace más de un año, dijo a Caras y Caretas la abogada Sandra Giménez, representante de algunas familias. Si las autoridades hubieran actuado a tiempo, toda esta situación se podría haber evitado, agregó.
Por Mauricio Pérez
Foto: Dante Fernández

PUBLICADO el Sábado 21 de junio, 2014

¿Cómo se entera de las primeras denuncias de malos tratos en el Sirpa?

El primer contacto que tuve con una denuncia fue de un muchacho que estaba alojado en el local de la calle Burgues. Fue el primero que me dijo que durante la noche, le había pegado un funcionario que era guardia de seguridad del centro y boxeador retirado. Lo colgó de un fierro, desnudo, y lo empezó a usar como bolsa de boxeo. Esa fue la primera denuncia. Fue en abril o mayo de 2013.

¿La sorprendió la denuncia, creyó en lo que le decía el joven?

Me sorprendí, y primero no lo creí. Pensé que era una fantasía del chiquilín, pero por otro lado es un botija bastante serio, creíble en lo que dice, que cuando hace algo, lo reconoce. Pero me sorprendió.

¿Cuándo recibió las primeras denuncias sobre el centro Ser?

A partir de junio o julio de 2013, por estos mismos chiquilines, porque una vez que efectivamente se confirmaba por parte de la Justicia la imposición de medidas socioeducativas, eran trasladados a los centros del Sirpa, entre ellos, el Ser. Las madres se enteraban de lo que sucedía cuando iban a visitarlos los sábados o domingos, y les contaban. A los gurises que estaban más golpeados automáticamente se les suspendía la visita. La comunicación de la suspensión de visitas a esas madres se hacía en la propia puerta del centro. Cuando esto pasaba, uno de los chicos le contaba a su madre que su compañero no estaba sancionado sino que se les había pasado la mano con los golpes, y que no estaba en condiciones de que su madre lo viera. Ahí empiezan con las denuncias en el propio Sirpa.

¿Cómo fue la reacción de las autoridades ante estas denuncias?

Dijeron que iban a investigar.

¿Se investigó?

Recién ahora, después de lo que pasó, se resolvió separar del cargo a estos funcionarios. Son los mismos funcionarios que vienen siendo denunciados desde julio de 2013. Las denuncias son contra un grupo de funcionarios del centro Ser, no contra todos, no son todos iguales. Es más, hay funcionarios que una vez que entró esta dirección [se refiere a la ex directora Jessica Barrios] aguantaron sólo unos días y después pidieron el pase.

Estos funcionarios identificados por los internos y con denuncias penales y administrativas, ¿siguen trabajando en el centro Ser?

El que estaba quedando era Alejandro Araújo (actual director del centro Ser), porque según dijo el director del Sirpa, Jorge Gago, no les constaba que tuviera denuncias en su contra. Sería bueno que revisaran en Jurídica sus propios expedientes, porque Araújo está mencionado.

¿Cuándo comenzó a operar este grupo?

Cuando comenzó la gestión de Jessica Barrios; son las personas de confianza de la ex directora. Ella se rodea de estos funcionarios para trabajar allí. Ahí empieza el encierro permanente, el engrillado y el esposado para todos los traslados dentro del centro. Estaban permanentemente esposados y engrillados. Cada vez que las madres presentaban una denuncia ante Jurídica del Sirpa, los gurises se daban cuenta porque esa noche les tocaba a algunos la golpiza. Los golpeaban y los lastimaban, duchas de agua helada, o los dejaban horas parados de plantón a la intemperie, esas eran las torturas. Hubo un joven que estuvo quince días desnudo en una celda.

¿Esa gestión fue tolerada por las autoridades del Sirpa?

Tienen que estar enterados, porque si la asesora letrada personal del presidente [del Sirpa], Rubén Villaverde, recibe denuncias de madres que le relataban todas estas situaciones, se lo tiene que haber informado.

¿La respuesta de las autoridades fue tardía?

Sí, claro. Tendrían que haber parado esto hace un año.

¿Por qué no se paró?

Sé por qué no se paró este año; no sé por qué no se paró el año pasado.

¿Por qué no se paró este año?

Porque es año electoral, y era inoportuno e improcedente comenzar a investigar esto ahora. Se trata de una gestión que era intachable, que había terminado con las fugas; por primera vez se habían hecho las cosas bien, por lo que no era momento de sacar esto a la luz. Eso fue lo que me dijeron.

¿Considera que desde el sistema político existe un rechazo a meterse en lo que sucede en el centro Ser?

Creo que hay un sindicato muy fuerte, con gente que siempre se manejó así dentro del INAU y que hoy es difícil comenzar a sacarlos. Se llegó a una negociación, un intermedio, entre las autoridades y el sindicato.

¿Cómo ha sido la respuesta judicial?

Se está investigando, con los tiempos de la Justicia.

¿Cómo evalúa la reacción de la sociedad ante estas denuncias?

Considero que la sociedad está preocupada. Hay desinformación sobre algunas cosas. Por ejemplo, en Uruguay los jóvenes son penalmente responsables desde los 13 años y pasan a medidas desde los 15. Hay preocupación por lo que está pasando ahí adentro, porque esos chiquilines regresan a la sociedad, y uno como miembro de esta y en un Estado de Derecho pretende que esos gurises que cometieron delitos puedan encauzarse y que el día de mañana sean útiles. Algunos, por diversos motivos, van a volver a delinquir, porque hay diversas causas que hacen que una persona continúe en la carrera delictiva. Pero si estos gurises llegan al juzgado y les dicen que están libres, y no tienen nada, no estudiaron, no trabajaron, los tuvieron 24 horas encerrados, y se le suma todo esto, necesariamente, salvo que exista una fuerte contención de la familia, van a volver a delinquir.

¿Existe cierta tolerancia de parte de la sociedad?

En los últimos días escuché a periodistas preguntar si se pretendía que estuvieran en un hotel cinco estrellas. Debe de haber gente que lo tolera, pero como seres humanos, racionalmente, no se puede tolerar una tortura, no se puede tolerar que un ser humano realice actos de tortura contra otro que no se puede defender. ¿Cuál es peor: el que robó una moto o el que está torturando?

ALGUNOS HECHOS

La primera denuncia penal por malos tratos en dependencias del Sirpa que patrocinó la abogada Sandra Giménez fue presentada el 6 de noviembre de 2013, y refería a la golpiza que recibió un joven en el Centro de Privación de Libertad (antes Hogar Puertas) ubicado en Burgues y Espinillo. Ese fue su primer contacto con situaciones de violencia en los centros de adolescentes. La última la presentó el lunes 16, contra el actual director del centro Ser, y refiere a la golpiza que se le propinó a un joven por las declaraciones que realizó a Subrayado.

Durante el último año, Giménez recibió diversas denuncias por malos tratos contra los internos del Sirpa, particularmente en el Ser, donde las madres están organizadas. Golpizas con palos de goma y picanas eléctricas, largas sesiones de plantón, baños con agua helada, son sólo algunas de las prácticas denunciadas. En todas ellas están involucrados los mismos funcionarios, hombres y mujeres. “Se sintieron tan omnipotentes que hicieron todo tipo de desmanes”, afirma Giménez.

El director del Sirpa, Jorge Gago, desacreditó la denuncia presentada contra el director del Ser y en declaraciones a La Diaria dijo que existe una “campaña contra el Sirpa”. Pese a estos dichos, sobre las últimas horas del lunes 16, el presidente del Sirpa, Rubén Villaverde, dispuso una investigación de urgencia y la intervención del centro Ser. La gestión del centro Ser quedó al mando del equipo interventor y se dispuso el traslado al Hogar Piedras del joven que denunció malos tratos.

* Publicado en Caras y Caretas el jueves 19 de junio de 2014.

 

http://www.carasycaretas.com.uy/practicas-cotidianas-2/



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José Luis Perera López

Hay en este relato varias cosas que son realmente inconcebibles;

1 – El presidente del INAU que pide que no se presente ninguna denuncia para evitar la prensa y el escándalo en año electoral, pero que no movió un dedo ante las denuncias que se le presentaron a él mismo. Le preocupan más la prensa y el escándalo que las torturas a los menores.

2 – El mismo presidente (Villaverde) que le dice a la abogada que hace las denuncias que “si quiere le entrega las llaves del centro y que ella lidiara con el sindicato”. No señor Villaverde, a quien se le paga un salario para lidiar con las cuestiones del INAU es a usted, no a la abogada que presenta denuncias por maltrato, no sea nabo.

3 – La diputada Orquídea Minetti (MPP), que dice que no está allí para escuchar lo que hizo o dijo Villaverde, y que es el juez quien debe decir si hay responsabilidades; olvidando que el cargo de Villaverde es un cargo político, y que si su gestión es mala la responsabilidad de mantenerlo allí o no es de los políticos como ella, y que se termina en la justicia cuando el sistema político que ella integra no da las respuestas que debe dar.

4 – Felipe Michelini, para quien no ve vinculación entre el relato de la abogada y los hechos de maltratos, desconociendo (o haciéndose el que desconoce) que la abogada está relatando la nula receptividad que tuvieron sus denuncias de maltratos ante las autoridades del INAU La verdad, da asco todo esto. Dan asco las torturas de quienes se supone que están para reencauzar a los menores, dan asco las autoridades que se muestran absolutamente incompetentes para resolver esos problemas, y dan asco los políticos a quienes les preocupan más sus mullidas poltronas que el presente y el futuro de los niños.