EL PUEBLO DE TACUAREMBÓ DECLARÓ AL DEPARTAMENTO LIBRE DE MEGAMINERÍA METALÍFERA Y DIAMANTINA Y TAMBIÉN DEL PROCEDIMIENTO DE HIDRO FRACTURA.
En un pozo de tristeza, de lo que son capaces
Los especialistas en Derecho José Korzeniak, Ruben Correa Freitas y Juan Pablo Cajarville presentaron sendos informes al Parlamento, coincidiendo en considerar inconstitucionales los decretos 20 y 21 de la Junta Departamental de Tacuarembó, señaló a LA REPÚBLICA el diputado de Asamblea Uruguay (AU), Jorge Orrico, quien será el miembro informante por la mayoría cuando el tema sea tratado en el plenario de la cámara baja.
El tema viene siendo analizado por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados. Está previsto que sea analizado por el plenario en las primeras sesiones del mes de julio.
“El informe que vamos a presentar es a favor de los recurrentes, que piden la nulidad de esos decretos, en la medida que una junta departamental o un gobierno departamental no tienen competencia alguna en la materia en la que se han pronunciado”, sostuvo el legislador.
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Aplanadora de diputados frenteamplistas contra Tacuarembó
"Cuando viene una inversión borramos toda la importancia de lo ambiental"
“La Junta Departamental de Tacuarembó actuó en función de un reclamo de 13 mil ciudadanos que solicitaron ese tipo de medidas, encabezados por la Comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua”.
La "disciplina partidaria" del FA hoy en día tendrá efectos funestos para TODOS los uruguayos en el futuro. Queda registrado!
Enterrados
Diputados revocó los decretos departamentales que prohibían la explotación minera en Tacuarembó.
Sólo
con los votos del Frente Amplio (FA), la Cámara de Representantes hizo a
lugar el recurso de apelación y dejó sin efecto los decretos 20/13 y
21/13 de la Junta Departamental de Tacuarembó, que prohibían la
explotación minera metalífera de gran porte y declaraban reserva
ambiental a toda la zona rural del departamento.
El representante del FA, Jorge Orrico, basó su argumentación en favor de la revocación en los informes presentados por los abogados constitucionalistas José Korzeniak, Ruben Correa Freitas y Juan Pablo Cajarville, en la Comisión de Constitución y Códigos. Orrico aclaró que no estaba en discusión “si la minería es buena o mala, sino quién decide sobre determinado territorio”, y en ese sentido citó a Korzeniak para afirmar “Uruguay es un país unitario, no federal” y por lo tanto la decisión de permitir o prohibir la actividad minera en el territorio corresponde al gobierno nacional. “Ninguna disposición constitucional o legal da competencia a la Junta Departamental para regular sobre esta materia, puede hacer declaración política pero no dictar un decreto de obligatoriedad”, afirmó. Por otra parte, alegó que el artículo 47 de nuestra Constitución “establece que es la ley la que reglamentará” la disposición de proteger el medio ambiente y “no los decretos de la Junta Departamental”.
El diputado colorado Gustavo Cersósimo, previo a defender el mantenimiento de los decretos, se quejó de que los informes surgidos en la Comisión, a favor y en contra de la revocación, “no se pusieron a disposición de los legisladores” con tiempo para ser estudiados. Cersósimo sostuvo que en los decretos “no hay prohi- bición de la minería en general sino en el territorio específico de Tacuarembó”, y agregó que fueron elaborados “como directrices del departamento sobre desarrollo territorial sustentable y no referente a minería”. Siguiendo esta línea, indicó que en el artículo 16 de la ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible se establece que es competencia de los Gobiernos Departamentales “elaborar y aprobar las directrices” que determinen “las principales decisiones sobre el proceso de ocupación, desarrollo y uso” de su territorio. Estas directrices, dice el texto, “tienen como objeto fundamental planificar el desarrollo integrado y ambientalmente sostenible del territorio departamental, mediante el ordenamiento del suelo y la previsión de los procesos de transformación del mismo”.
En tanto, el diputado nacionalista de Tacuarembó, Antonio Chiesa, planteó “como vecino y representante del departamento” una “lectura de alarma” ante los emprendimientos mineros en “zonas muy fértiles del país”. No obstante, Edgardo Rodríguez, diputado del FA por Tacuarembó, señaló que en el departamento “no hay ningún proyecto minero”, y manifestó que la importancia está en el “contexto de por qué estamos discutiendo estos decretos acá: tenemos que tener claro cuál es la normativa que rige, si la departamental o la nacional”. Rodríguez refutó que estos decretos refieran al ordenamiento territorial, porque las directrices sobre esta materia de “la propia intendencia establecen otros criterios que no son la prohibición de la actividad minera” sino que “hablan de regulación”.
El diputado socialista Yerú Pardiñas afirmó que “acá hay juego político” porque “hace muchos años en este país está establecido que la riqueza mineral del territorio pertenece al Estado y por lo tanto no hay ningún gobierno departamental que pueda impedir que éste use esa riqueza que es de todos”.
El representante del FA, Jorge Orrico, basó su argumentación en favor de la revocación en los informes presentados por los abogados constitucionalistas José Korzeniak, Ruben Correa Freitas y Juan Pablo Cajarville, en la Comisión de Constitución y Códigos. Orrico aclaró que no estaba en discusión “si la minería es buena o mala, sino quién decide sobre determinado territorio”, y en ese sentido citó a Korzeniak para afirmar “Uruguay es un país unitario, no federal” y por lo tanto la decisión de permitir o prohibir la actividad minera en el territorio corresponde al gobierno nacional. “Ninguna disposición constitucional o legal da competencia a la Junta Departamental para regular sobre esta materia, puede hacer declaración política pero no dictar un decreto de obligatoriedad”, afirmó. Por otra parte, alegó que el artículo 47 de nuestra Constitución “establece que es la ley la que reglamentará” la disposición de proteger el medio ambiente y “no los decretos de la Junta Departamental”.
El diputado colorado Gustavo Cersósimo, previo a defender el mantenimiento de los decretos, se quejó de que los informes surgidos en la Comisión, a favor y en contra de la revocación, “no se pusieron a disposición de los legisladores” con tiempo para ser estudiados. Cersósimo sostuvo que en los decretos “no hay prohi- bición de la minería en general sino en el territorio específico de Tacuarembó”, y agregó que fueron elaborados “como directrices del departamento sobre desarrollo territorial sustentable y no referente a minería”. Siguiendo esta línea, indicó que en el artículo 16 de la ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible se establece que es competencia de los Gobiernos Departamentales “elaborar y aprobar las directrices” que determinen “las principales decisiones sobre el proceso de ocupación, desarrollo y uso” de su territorio. Estas directrices, dice el texto, “tienen como objeto fundamental planificar el desarrollo integrado y ambientalmente sostenible del territorio departamental, mediante el ordenamiento del suelo y la previsión de los procesos de transformación del mismo”.
En tanto, el diputado nacionalista de Tacuarembó, Antonio Chiesa, planteó “como vecino y representante del departamento” una “lectura de alarma” ante los emprendimientos mineros en “zonas muy fértiles del país”. No obstante, Edgardo Rodríguez, diputado del FA por Tacuarembó, señaló que en el departamento “no hay ningún proyecto minero”, y manifestó que la importancia está en el “contexto de por qué estamos discutiendo estos decretos acá: tenemos que tener claro cuál es la normativa que rige, si la departamental o la nacional”. Rodríguez refutó que estos decretos refieran al ordenamiento territorial, porque las directrices sobre esta materia de “la propia intendencia establecen otros criterios que no son la prohibición de la actividad minera” sino que “hablan de regulación”.
El diputado socialista Yerú Pardiñas afirmó que “acá hay juego político” porque “hace muchos años en este país está establecido que la riqueza mineral del territorio pertenece al Estado y por lo tanto no hay ningún gobierno departamental que pueda impedir que éste use esa riqueza que es de todos”.
FZ - La Diaria
Comunicado
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