La SCJ y el derecho a la justicia

La Directora de América de la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH en Ginebra, María Clara Martin, durante el encuentro sostenido en la sede del Programa para tratar temas relacionados con derechos humanos.

 María Clara Martín,
Chief, Section Americas, Field Operations and Technical Cooperation
Division of the High Commissioner for Human Rights - OHCHR / UN, Ginebra 

 "...Y esta sentencia (de la SCJ uruguaya) entonces lo que hace en realidad es que les niega a las víctimas y sus familias el derecho a la verdad, la justicia y a la reparación y esto pone al Estado uruguayo en una situación de no cumplimiento de sus obligaciones internacionales [...]. Evidentemente la primera sugerencia es que encuentren una forma de cumplir con sus obligaciones internacionales, todo el Estado, no sólo el Gobierno. El Estado tiene una clara obligación de investigar. El derecho internacional se opone también a las amnistías y entonces el Estado tiene que encontrar una forma de cumplir con esa obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos. [...]"


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La alta comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pilay, expresó el domingo su grave preocupación por la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucionales dos artículos de la ley 18.831 que evitaba la prescripción y declaraba de lesa humanidad los delitos cometidos por la dictadura. En su declaraciones Pillay hizo referencia a esa decisión pero también al traslado de la jueza Mota.

Desde la oficina regional, María Clara Martín dijo que esa reacción fue en respuesta al mandato histórico del alto comisionado de la ONU, pero también a causa del encadenamiento de los sucesos de los últimos días. "Se dan dos cosas inmediatas, la jueza que está llevando la mayoría de causas se transfiere y también se dicta una sentencia en la Corte, que abre la puerta para que las causas no prosperen", afirmó.

Según Martín, no hay dudas de que Uruguay debe seguir investigando porque así lo obliga el derecho internacional. "Los Estados están obligados a investigar y las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia y reparación. Entonces, evidentemente, es muy preocupante. El derecho internacional prohíbe la amnistía por violaciones graves a los derechos humanos, ya sea amnistías legales o de facto, pero que impiden la investigación", sostuvo.