Justicia allanó domicilio del coronel Castiglioni

Justicia allanó domicilio del coronel Castiglioni 
Samuel Blixen
3 der octubre 2015

Como resultado se incautaron decenas de cajas con documentos, lo que verosímilmente es una parte sustantiva del archivo militar de la dictadura hasta ahora inubicable. El coronel Castiglioni, ex oficial de inteligencia, ex docente del Calen, falleció el 19 de setiembre pasado.

En un operativo que duró ocho horas, la jueza penal Beatriz Larrieu y el fiscal Carlos Negro allanaron, el viernes 2, el domicilio del coronel Elmar Castiglioni e incautaron lo que verosímilmente es una parte sustantiva del archivo militar de la dictadura, aquella parte que hasta ahora era inubicable. El coronel Castiglioni, ex oficial de inteligencia, ex docente del Calen, falleció el 19 de setiembre pasado.
Asistidos por personal policial, de policía técnica y peritos, los magistrados revisaron decenas de cajas con documentos. “Llenaron una camioneta con las cajas”, dijo una fuente que confirmó el episodio. La jueza también ordenó el traslado de las computadoras personales del coronel a un lugar reservado, ordenando altas medidas de seguridad.
En el domicilio del coronel Castiglioni, en la calle Luis Alberto de Herrera, al momento del allanamiento, estaba presente su esposa; el hijo, cadete del Liceo Militar, estaba ausente. La fuente consultada indicó que, por el examen somero de los materiales incautados, entre los documentos apareció también lo que puede calificarse como el archivo del tío del coronel, el también fallecido inspector Víctor Castiglioni, figura central de la inteligencia policial antes y durante la dictadura. Fuentes judiciales indicaron que se comenzará inmediatamente el estudio profundo de los materiales, que podrían convertirse en insumos decisivos para las numerosas causas judiciales en curso sobre los crímenes de la dictadura y la responsabilidad de oficiales de las Fuerzas Armadas y personal policial de la época.
La presunción de que un alto oficial de la inteligencia escondía en su domicilio el inubicable archivo militar del Sid y la Ocoa, fue denunciada por Brecha el 29 de enero pasado. En dicho informe se establecía que un operativo de contrainteligencia estuvo a punto de realizar el allanamiento, que se concretó siete años después. José Bayardi, quien sustituyó a Azucena Berrutti al frente del Ministerio de Defensa Nacional, fue informado de la planificación de ese operativo, pero toda la documentación —que quedó en el escritorio ministerial cuando el relevo de ministros— fue archivada y el allanamiento de contrainteligencia fue “congelado”. El siguiente ministro, Eleuterio Fernández Huidobro, no se dio por enterado de aquel proyecto.
El coronel Castiglioni, vocero del Foro Libertad y Concordia, con una profusa actividad de defensa y reivindicación de los criminales de la dictadura, habría utilizado en ocasiones la información que escondía en su domicilio, para operativos políticos. En varias ocasiones se sindicó a Castiglioni como “cercano” al ex presidente Julio María Sanguinetti.

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Un allanamiento en la casa del ex coronel Elmar Castiglioni, recientemente fallecido, permitió obtener documentación que podría revelar las circunstancias de la muerte del militante comunista Fernando Miranda, asesinado en 1975.
Se trata de un hecho que no tiene precedentes en materia de investigación de violaciones a los derechos humanos en dictadura. A tales efectos, la Fiscalía General de la Nación creó una unidad para investigar estos casos.
El operativo en el domicilio del exmilitar fue llevado a cabo por el fiscal Carlos Negro y la jueza penal Beatriz Larrieux.
Con la asistencia de un perito experto en el tema se incautaron unas 60 cajas con documentos que comenzarán a ser analizados en los próximos días.
El procedimiento se llevó a cabo el viernes 2 de octubre entre las 9 y 30 y las 14 horas en una casa ubicada en el barrio La Blanqueada. En el operativo estuvo presente la abogada de la familia Rosanna Gavazzo, informó la Fiscalía General de la Nación en su sitio web.
El hecho se produce justo cuando el presidente del Centro Militar, Carlos Silva, denunció que en el entorno de los Derechos Humanos se ha generado "una industria" para que las víctimas del terrorismo de Estado "cobren dinero" y encarcelar a militares que actuaron en los años 60 y mediados de los 80.
La víctima del asesinato, seguido de desaparición, era el padre del actual secretario de Derechos Humanos de Presidencia, Fernando Miranda.
Había sido detenido en forma irregular el 30 de noviembre de 1975 y sus restos aparecieron en 2006 en el Batallón 13. Se estima que Miranda murió entre 1º y el 2 de diciembre de 1975.
Fernando Miranda Pérez nació el en la localidad de José Batlle y Ordóñez, departamento de Lavalleja, el 5 de julio de 1919.
Era escribano, fue profesor titular de Derecho Civil de la de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y secretario de la Junta Electoral de Montevideo hasta el año 1973.
Además, era dirigente del Partido Comunista y del Fidel (el Frente Izquierda de Liberación Nacional). En 1971 resultó electo edil de la Junta Departamental de Montevideo, representando a la Lista 1001.
El militar, cuya casa fue allanada, era el coronel (r) Elmar Castiglioni, líder del grupo "LIbertad y Concordia" que comenzó a hacerse público en 2011 y que reunió a decenas de militares retirados que no se sentían representados por la nueva oficialidad.
En declaraciones a Búsqueda en el año 2013, Castiglioni, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, calificó como “insignificante” la cantidad de fallecidos entre el 73 y el 85 en Uruguay. Comparó esa cantidad de muertes con las que ocurren una mañana en Afganistán y otras zonas de guerra.
Este oficial era, además, sobrino del exjefe de inteligencia policial en la dictadura, Víctor Castiglioni.
Estuvo en actividad hasta el año 2006, cuando fue destituido de su cargo en la División I de Inteligencia, enfocada al terrorismo y a analizar información de los medios de comunicación.
En su momento se dijo que fue cesado por haber cumplido los seis años en el puesto, pero según informó La República previo a su salida había sido arrestado por su jefe directo, el también recientemente fallecido Gral. Pedro Barneix.
Según trascendió, Castiglioni contradijo informaciones del gobierno sobre la estampida de violencia en la protesta de grupos radicales ante la presencia en el país del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez.
Mientras el ministro del Interior, José Díaz, dijo que el gboierno no estaba enterado de lo que iba a pasar, el informe deslizado por Castiglioni indicaba que Inteligencia había notificado a las autoridades de la acción de grupos como Plenaria Memoria y Justicia dos días antes de que se produjeran los episodios de violencia.


FOTO: A la derecha el excoronel (r) Elmar Castiglioni, a la izquierda el exmilitante comunista, Fernando Miranda.

El coronel retirado Elmar Castiglioni (derecha) durante la reunión de represores en Buenos Aires en agosto de 2014. Foto: Sudestada

En un procedimiento que duró al menos 8 horas, la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Carlos Negro –secundados por un grupo de policías de confianza–lograron verificar que el material documental encontrado refiere a diversos hechos sucedidos durante el período de Terrorismo de Estado.


El material contiene documentación catalogada de secreta y reservada por las Fuerzas Armadas durante los años en que usurparon el poder de gobierno.


Aunque la verificación no pudo ser exhaustiva, en esas horas se logró acopiar todo lo que se creyó relevante para la investigación y se lo guardó en cajas. El volumen del material es tal que la camioneta al servicio del Poder Judicial fue llenada hasta el tope. Luego partió custodiada por vehículos policiales rumbo a un depósito reservado sobre el que se mantiene vigilancia estricta.


El allanamiento se produjo en la mañana del viernes 2, en una casa de Luis Alberto de Herrera y Thompson, donde hasta hace algunas semanas vivía el coronel retirado Elmar Castiglioni, que falleció a los 62 años.


Este militar fue subdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales y jefe la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, quien en su momento tildó de “insignificantes” las cifras de muertos a manos del Estado durante la dictadura uruguaya. Era sobrino de uno de los más grandes homicidas de las décadas de 1960 y 1970, el jefe de Inteligencia policial, Víctor Castiglioni, también fallecido.


Elmar Castiglioni robó parte de los archivos de Inteligencia del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID) y lo guardó en su casa, de acuerdo a una investigación de contrainteligencia realizada en 2007 por orden de la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti.


El proceso político interno en el Ministerio de Defensa que derivó de aquella acción de contrainteligencia, una vez que la ministra dejara el cargo el 3 de marzo de 2008, fue narrado por el periodista Samuel Blixen en un artículo del semanario Brecha.


El expediente quedó sobre el escritorio del ministro sucesor, José Bayardi, que en un año y medio de gestión –se fue el 31 de agosto de 2009– no activó los mecanismos que Berruti preveía poner en práctica para recuperar los archivos y procurar que se hiciera justicia, según los datos reunidos por Blixen.


"En la concepción de Berrutti la inteligencia militar era un objetivo prioritario en una especie de descentralización, que permitiera a militares y civiles realizar la tarea de inteligencia por fuera de la cadena de mando. El objetivo se alcanzó plenamente en el último tramo de 2007 cuando se puso en ejecución una delicada tarea de contrainteligencia para ubicar el archivo completo del Sid y del Ocoa, cuya versión parcial –y depurada– había incautado la ministra en 2006. Dos coroneles fueron responsables de la investigación que implicaba, naturalmente, investigar a colegas. Finalmente, cuando la búsqueda arrojó resultados, fue directamente informado el comandante del arma, el general Jorge Rosales", escribió Blixen en
Brecha.


Y añadió:
"El trabajo de contrainteligencia había detectado que un coronel de inteligencia en actividad había sustraído un archivo militar (decenas y decenas de miles de fojas, carpetas, fotografías y microfilmaciones) y que lo había ocultado en su domicilio particular. La contrainteligencia estaba, en enero de 2008, en condiciones de allanar la casa del coronel –ya en situación de retiro– cuando se produjo una situación política que obligó a la ministra Berru­tti a elevar su renuncia al presidente Vázquez. Explicada la renuncia por razones de salud, la misma demoró en concretarse por pedido de Vázquez. El subsecretario Bayardi quedó a cargo del ministerio y fue confirmado en el puesto el 3 de marzo de 2008. A la ministra Berrutti y a sus asesores les preocupaba el expediente de contrainteligencia, en tanto los oficiales a cargo aguardaban una orden para actuar, que el ministro interino demoraba. Como resultó imposible coordinar, la doctora Berrutti solicitó una entrevista con Vázquez. Concurrió con sus asesores, y ante el presidente y el secretario Fernández detalló la delicada y peligrosa situación. Vázquez se lamentó de la inacción de Bayardi, pero, que se sepa, el episodio no avanzó, ni con Bayardi ni con su sucesor Fernández Huidobro".

Por Defensa también pasaron los ministros Gonzalo Fernández (2009-2010), Luis Rosadilla (2010-2011) y Eleuterio Fernández Huidobro, que se mantiene hasta el presente.


El allanamiento de la justicia se produce en el marco de una investigación que se encontraba archivada pero que se reabre por la nueva información que llegó al juzgado, y que propició la orden de allanamiento.


Las fuentes se mantienen reservadas en el proceso, pero la prueba fundamental para que la justicia irrumpiera en la casa de Castiglioni fue aquel informe de contrainteligencia ordenado por Berruti.


Las fuentes de la investigación consultadas por
Sudestada, dijeron que se presume que entre los cientos de documentos confiscados se encuentra el llamado archivo “Víctor Castiglioni”, del que supuestamente no se conocía el paradero en la vieja Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

>>> La nota de Blixen salida el 29 de enero, 2015

Más secretos de la represión

Cada vez se hace más imperioso justificar la inacción respecto de los crímenes de la dictadura. La defensa presidencial del ministro Fernández Huidobro –“ha hecho lo imposible por saber más”–, y en general las actitudes gubernamentales, no soportan la evidencia de los hechos, entre ellos algunos episodios que recién ahora se conocen.

Nunca imaginó el ministro Eleuterio Fernández Huidobro que una más de las ingeniosidades irreverentes de su vasto repertorio podía provocar tan inesperadas e indeseadas consecuencias. A los pocos días del anuncio de Tabaré Vázquez sobre su doblete (el del Ñato), el Frente Amplio debió montar a las apuradas un sainete para demostrar que aquel que pedía autorización para torturar estaba profundamente comprometido con la causa de los derechos humanos. El presidente electo, como corresponde, no opinó y menos aun rectificó su decisión (aunque las “filtraciones” facilongas dicen que “lo está esperando”). Pero como las repercusiones siguen, el presidente José Mujica se sintió en la obligación de multiplicar la defensa. Utilizó algunos argumentos, ¿cómo se pueden calificar?, extravagantes, imperfectos, vulnerables, que no parecen ayudar a la causa. El Pepe desechó de un plumazo el informe lapidario de la Comisión Internacional de Juristas: “Es gente que está allá, en Ginebra, cobrando bien”. Y justificó al Ñato diciendo: “Cuando lo calientan es feroz, es una cuestión de temperamento. Además, se dice cada pavada, como el síndrome de Estocolmo, en gente que no estuvo ni media hora adentro de un calabozo”.
Los argumentos (y éste en especial) se desflecan y no logran el objetivo de desviar el centro de la discusión: ¿por qué los gobiernos frenteamplistas eluden la responsabilidad de investigar los crímenes de la dictadura? Al respecto hay algunas afirmaciones del presidente que revelan hasta dónde el gobierno siente la presión social: “El ministro (Fernández Huidobro) ha hecho lo imposible por saber más”, una opinión que enfrenta a todas las organizaciones de derechos humanos y sociales que respaldaron al Serpaj. Y en términos más generales explicó: “Es un secreto a voces que quienes manejan información no la ponen arriba de la mesa, tal vez pensando en su seguridad o tal vez por acuerdo colectivo. El grueso de la información que hemos recabado viene por caminos de muy abajo, viene por corajeadas de gente que no tenía ninguna responsabilidad. Nosotros hacemos lo que humanamente podemos en las circunstancias en las que estamos, y no somos magos”.
Aunque resulte tedioso desbrozar la paja del trigo, se imponen algunas precisiones. Hay que decir que el grueso de la información que los jueces usaron como insumos para investigar los hechos fue aportado por los familiares de las víctimas y compañeros de militancia; el gobierno no hizo ningún aporte significativo; más aun, el gobierno (el Ministerio de Defensa en este caso) negó información a los juzgados.
Por otra parte, los soldados mencionados por el presidente ofrecieron sus conocimientos parciales a los jueces, a los familiares, a los abogados, a los antropólogos. Muchas veces fueron expuestos ante los militares que habían sido sus responsables en los tiempos en que se asesinaba en los cuarteles y se ordenaba enterrar los cuerpos en tumbas clandestinas; fueron obligados a un “manyamiento” con el consentimiento expreso del ministro Fernández Huidobro. El presidente Mujica, que alude a la condición humilde de esos informantes, nunca tomó medidas para impedir tales “manyamientos” ni tomó medidas con el ministro que los permitía.
El pacto de silencio –en la argumentación oficial– se erige como un muro infranqueable, por lo que, como sugiere el presidente, habrá que “recorrer otros caminos”, dice, seducido por la experiencia sudafricana, donde los criminales quedaban en libertad y absueltos de todo castigo en la medida en que confesaran públicamente sus crímenes, con lujo de detalles. En la versión charrúa fue lo que propuso el entonces secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, cuando sugirió –en una reunión secreta– a los oficiales directamente implicados en los crímenes que entregaran “algunos huesitos”, que el resto “se arregla”.
Sin embargo, prevalece la sensación de que el pacto de silencio sería menos espeso y menos infranqueable si el gobierno tuviera verdadera intención de investigar, si se involucrara efectivamente en la búsqueda de la información. No siempre hubo una actitud pasiva: la ministra de Defensa Nacional del primer gobierno de Tabaré Vázquez, Azucena Berrutti, con su estilo de abuelita dulce, fue inflexible en ciertos criterios básicos. Por ejemplo, en las instancias de promoción de nuevos generales, la ministra invariablemente solicitaba a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos sus antecedentes sobre eventuales implicancias en crímenes de lesa humanidad; por ejemplo, en la remoción del comandante en jefe Carlos Díaz, ni bien se enteró de que el general se había reunido con Julio María Sanguinetti, Yamandú Fau, y los generales Pedro Aguerre y Miguel Dalmao, sin su consentimiento; por ejemplo, en la celeridad con que incautó un archivo de inteligencia militar en el antiguo cuartel del Cgior, por otra parte el único, de origen militar, localizado hasta el momento. Sin embargo, el mayor aporte de la ministra Berrutti fue la decisión de incorporar personal civil a las estructuras más sensibles del ministerio y la promoción en tareas clave de oficiales que exhibían un auténtico sentido de profesionalidad.
Recientemente el actual ministro de Trabajo, José Bayardi, cuestionó, en una extensa y dura carta a los lectores, el contenido de una nota del periodista Sergio Israel sobre Fernández Huidobro, publicada en Búsqueda en la edición del 31 de diciembre. Israel sostuvo que “Bayardi primero, y Fernández Huidobro después, desmontaron los esfuerzos de la primera ministra de Defensa del Frente, Azucena Berrutti, destinados a dotar a la secretaría de Estado de una sólida estructura civil”. Bayardi, quien fue subsecretario de Defensa y después titular del ministerio, rechazó tajantemente que él hubiera desmontado lo hecho por Berrutti. Habrá que determinar, en forma detallada, la cuota de responsabilidad de Bayardi en el desarme de la estructura civil, cuyo último capítulo fue el decreto 156/012, firmado por Mujica y Fernández Huidobro, por el que la estructura de inteligencia pasa a funcionar dependiendo del mando militar.
En la concepción de Berru-tti la inteligencia militar era un objetivo prioritario en una especie de descentralización, que permitiera a militares y civiles realizar la tarea de inteligencia por fuera de la cadena de mando. El objetivo se alcanzó plenamente en el último tramo de 2007 cuando se puso en ejecución una delicada tarea de contrainteligencia para ubicar el archivo completo del Sid y del Ocoa, cuya versión parcial –y depurada– había incautado la ministra en 2006. Dos coroneles fueron responsables de la investigación que implicaba, naturalmente, investigar a colegas. Finalmente, cuando la búsqueda arrojó resultados, fue directamente informado el comandante del arma, el general Jorge Rosales.
El trabajo de contrainteligencia había detectado que un coronel de inteligencia en actividad había sustraído un archivo militar (decenas y decenas de miles de fojas, carpetas, fotografías y microfilmaciones) y que lo había ocultado en su domicilio particular. La contrainteligencia estaba, en enero de 2008, en condiciones de allanar la casa del coronel –ya en situación de retiro– cuando se produjo una situación política que obligó a la ministra Berru­tti a elevar su renuncia al presidente Vázquez. Explicada la renuncia por razones de salud, la misma demoró en concretarse por pedido de Vázquez. El subsecretario Bayardi quedó a cargo del ministerio y fue confirmado en el puesto el 3 de marzo de 2008. A la ministra Berrutti y a sus asesores les preocupaba el expediente de contrainteligencia, en tanto los oficiales a cargo aguardaban una orden para actuar, que el ministro interino demoraba. Como resultó imposible coordinar, la doctora Berrutti solicitó una entrevista con Vázquez. Concurrió con sus asesores, y ante el presidente y el secretario Fernández detalló la delicada y peligrosa situación. Vázquez se lamentó de la inacción de Bayardi, pero, que se sepa, el episodio no avanzó, ni con Bayardi ni con su sucesor Fernández Huidobro. El expediente seguramente permanece en algún lugar del despacho ministerial; y el archivo –que, se asegura, es el original, el completo– probablemente siga en el domicilio del coronel retirado, seguramente alimentando pequeños juegos de espías y operativos cercanos al chantaje.
No sólo las confesiones de los responsables podrán dilucidar los secretos de la represión; también los documentos, pero para ello hay que ubicarlos, y para ubicarlos debe haber voluntad política.

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Sábado 3 de octubre de 2015

Incautan documentación sobre la dictadura en allanamiento

El fiscal penal Carlos Negro y la jueza penal Beatriz Larrieu incautaron voluminosa información sobre la dictadura (1973-1985) en un allanamiento realizado en el domicilio del fallecido coronel retirado Elmar Castiglioni.
El allanamiento se produjo a solicitud del denunciante en el marco de la causa que investiga el homicidio de Fernando Miranda, cuyos restos fueron hallados en un predio militar en marzo de 2006.
El procedimiento se llevó a cabo el viernes 2 de octubre entre las 9 y 30 y las 14 horas en una casa ubicada en el barrio La Blanqueada. En el operativo estuvo presente la abogada de la familia Rosanna Gavazzo.
Con la asistencia de un perito experto en el tema se incautaron unas 60 cajas con documentos que comenzarán a ser analizados en los próximos días.
La Fiscalía General de la Nación está comprometida con la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en el marco del terrorismo de Estado. Para ser más eficaz en la persecución de estos delitos se creó una unidad especializada con ese fin