Detenciones en inteligencia

Ni milicos, ni mentiras 6% YA 

El pasamontañas policial

En tanto el Frente Amplio intenta salir ileso de los conflictos presupuestales en la educación, el Ministerio del Interior repite prácticas de represión y judicialización de la protesta social. La Policía se infiltró en la ocupación e intenta imponer su versión de lo ocurrido el 22 de setiembre en el codicen. 

“Esta es la verdad”, dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, como si después de sus palabras quedara todo más claro. Lo hizo el lunes 28, en una conferencia de prensa que buscó asentar la versión oficial de lo sucedido durante el de-salojo de un grupo de liceales, que ocuparon por cuatro días las oficinas centrales del Codicen. Pero desde el episodio, que ocurrió hace más de una semana, una brumosa disputa mediática no cesa de opacar los hechos. La discusión sobre el presupuesto para la educación fue relegada a un segundo plano, mientras en los tribunales de la Ciudad Vieja desfilaban militantes estudiantiles y sindicales en un festín judicial.



En ese marco la Policía, que por ahora no fue imputada por la justicia, lideró las investigaciones que desembocaron, hasta el cierre de esta edición, en el procesamiento sin prisión por atentado agravado a nueve militantes, que deberán cumplir 200 horas de trabajo comunitario. La falta de imputados policiales responde, según supo Brecha, a que la justicia no ha podido dar con los funcionarios que cometieron abusos durante la represión desatada fuera del Codicen; los videos que circularon muestran el exceso, pero sus cascos ocultan sus rostros e impiden que sean identificados. La Policía trabaja para identificar a aquellos que tiraron piedras, reúne las pruebas, los detiene, los lleva ante la fiscal Ana María Telechea y la jueza Ana de Salterain. Y la justicia procesa. Quiénes fueron los policías que actuaron en el operativo y quiénes se excedieron es un misterio, porque no hay ningún indicio sobre aquello que la Policía evita investigar.
La propia actuación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) contribuyó a plantar esa escena. El informe que realizó su presidente, Juan Faroppa, motivó fuertes controversias en la interna de la institución ya que, por un lado, se hizo público antes de que algunos de sus miembros accedieran a él, pero además dos de sus integrantes no están de acuerdo con las conclusiones presentadas. En el documento Faroppa concluyó que el “clima fuera del edificio ocupado, generado por manifestantes que no eran estudiantes” “presagiaba una definición violenta de la situación”. Pese a todo, el presidente de la Inddhh también reconoció que “lo anterior no significa que no se hayan observado casos puntuales por parte de algunos efectivos policiales que mostraron, en forma innecesaria, un uso abusivo de la fuerza”. Según dijeron algunos manifestantes, lo que fue confirmado por el propio Faroppa, otros términos se le escucharon durante la represión: “Es un desastre total, al abogado lo cagaron a palos en el piso, yo lo vi”, le dijo a la senadora del Mpp Ivonne Passada, que estaba del otro lado del celular.


"Al abogado lo cagaron a palos, yo lo vi"


La Inddhh, que recibió una carta de “reconocimiento” del Ministerio del Interior (MI) por su participación en el de-salojo, ahora parece matizar su primera impresión. El miércoles emitió un comunicado en el que se explicita que el informe responde a la pluma de su presidente, como quien deslinda el carácter institucional del texto, y adelanta que se investigará con base en las denuncias recibidas, que no son pocas.
Por ejemplo, la institución analiza una foto donde se deja constancia que un agente de la Republicana utilizó una cachiporra con punta metálica, hecho que parece contradecir una de las afirmaciones del informe: “no se utilizaron elementos de mayor fuerza agresiva”. Faroppa explicó a Brecha que la información fue recibida luego de la difusión del informe, y apenas conocida (el miércoles) fue “remitida de inmediato al ministro del Interior, a los efectos de que se investigue esta situación. No sé bien lo que es, si es una cachiporra, pero ese tipo de cachiporra es un arma que no está autorizada por la ley de procedimiento policial”.

NO PRUEBA. Durante la conferencia del lunes se distribuyeron grabaciones de las cámaras que los oficiales del Grupo de Reserva Táctica llevaban adheridas a sus uniformes. Aunque el propio ministro aseguró que había por lo menos cinco cámaras, únicamente se reproduce lo captado desde una de ellas.

Bonomi insistió en afirmar que cuando la Policía ingresa al edificio los estudiantes ya no estaban. En consecuencia, aportó la filmación como prueba. “Una Policía democrática es una Policía que puede demostrar lo que dice que hace”, se jactó. Lo cierto es que el video no prueba la afirmación inicial del ministro ni contradice la versión de los estudiantes, quienes sostienen que se encontraban en el edificio cuando la Policía ingresó. Las imágenes sólo muestran a policías efectivos entrando por el estacionamiento a las oficinas del Banco de Seguros del Estado y de ahí al hall del edificio por Avenida del Libertador. Pero los estudiantes dicen que otro grupo intentó pasar hacia la puerta de Colonia, sin éxito porque había una manguera de bomberos obstruyendo el ingreso. Es en ese momento que los ocupantes perciben la presencia policial y, según los testimonios, desocupan por Colonia gracias a los manifestantes que, del lado de afuera, custodiaban esa puerta. Las imágenes difundidas no alcanzan a negar que otros agentes hayan seguido recorridos diferentes y se hayan topado con los jóvenes.
Consultado sobre las denuncias de los primeros 12 detenidos por maltrato en dependencias policiales, Bonomi arriesgó y repitió “no la creo”, aunque no argumentó sus motivos, una actitud que el ministro ha adoptado otras veces en que su cartera (el organismo público más denunciado por violar los derechos humanos en el país, según la propia Inddhh) fue señalada por prácticas de abuso policial.

DÉJÀ VU. En medio de la guerra de videos desatada entre el ministerio, los estudiantes y algunas organizaciones que acompañaron la ocupación, los legisladores oficialistas se lamentan por no haber estado en el lugar de los hechos, lo que les habría permitido contar con una versión de primera mano. En esta línea, y en diálogo con Brecha, Passada dijo que fue “un error no haber estado presente”, mientras que Sebastián Sabini, diputado del mismo sector, evaluó que hubo “un error de comunicación”.
Pero mientras el Frente Amplio encuentra dificultades para lidiar con formas de protesta social que alguna vez apoyó, el Ministerio del Interior repite la estrategia utilizada en agosto de 2013, cuando infiltró policías en manifestaciones estudiantiles e intervino abiertamente en las actuaciones judiciales. De hecho, infiltró la ocupación en el Codicen con el mismo policía que en la marcha del 14 de agosto de aquel año. El agente en cuestión, John Giménez, quedó en evidencia el lunes pasado luego de intentar detener a Marcelo Hospitale, momento en el que fue registrado por una cámara de celular. Hospitale se había separado de la multitud que esperaba fuera del juzgado para ir a un almacén. En ese momento fue interceptado por un automóvil blanco del que se bajaron dos policías vestidos de civil. Como se resistió al arresto porque los efectivos no tenían una orden judicial, sus compañeros se acercaron. Allí fue que algunos militantes de Ades repararon en Giménez y recordaron las conversaciones que habían mantenido con él dentro del Codicen, cuando se presentaba como un militante de la Feuu, contaron a Brecha. El agente de inteligencia tiene 28 años y en 2013 declaró a la justicia que fue “asignado al servicio de la manifestación y marcha por lo de Líber Arce”, “íbamos por el interior de la marcha hasta que en determinado momento notamos una conducta violenta”, según el expediente judicial al que accedió este semanario (véase Brecha del 26-XII-14).




También el lunes, un dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Taxi (Suatt) que estaba en la concentración fuera del juzgado fue interceptado por tres autos y dos motos cuando iba a comprar comida a una panadería. Oficiales vestidos de civil le solicitaron que ingresara a uno de los vehículos para dirigirse a “hablar con la jueza”. Lo capturaron sin orden de la justicia y fue llevado a la sede de la Dirección de Inteligencia en la calle Maldonado, donde le revisaron el celular y recabaron datos de todos sus documentos (incluyendo la libreta de propiedad del vehículo, libreta de conducir y carné sindical). Lo llevaron posteriormente al juzgado y fue uno de los procesados por “atentado”. Al ser liberado, según dijo a este semanario, fue acompañado por oficiales de inteligencia con pasamontañas (excepto el funcionario al mando) y agentes del Grupo de Reserva Táctica, junto a otra  imputada por los mismos hechos, a la que los policías acosaron haciendo chistes por handy.
Al día siguiente otros militantes del mismo sindicato se dirigían en un auto a Radio Fénix, donde emiten un programa, cuando dos vehículos los encerraron en plena calle. Se llevaron a uno de ellos, nuevamente sin orden de la justicia. Pasó la noche en la sede de inteligencia y declaró al día siguiente. De la misma forma se apresó a dos militantes más, incluyendo al secretario general de la organización, Carlos Silva, que en el momento en que se dirigía a una asamblea del sindicato fue abordado por oficiales encapuchados. El día anterior, dijeron desde el gremio a este semanario, vecinos del barrio Santa Catalina –donde vive Silva– fueron interrogados por funcionarios del MI, que también usaban pasamontañas, acerca del paradero del sindicalista. Otra coincidencia: el mismo mecanismo fue utilizado por el MI en los acontecimientos del 14 de agosto de 2013, que entonces denunció Brecha. “Si la jueza precisa hablar con alguno de los dirigentes del sindicato, es cuestión de mandar una citación. Nosotros no nos vamos a dar a la fuga, somos personas públicas. Parece bastante planificado, es un día cada uno, también como forma de desgastar la movilización del sindicato”, contó a este semanario uno de los procesados.
No es nuevo: a pesar de que la Policía comete excesos, sólo son procesados los manifestantes. El operativo de desalojo del Codicen y las detenciones que vinieron después siguen ese patrón.

Decretazo

Con respecto a la desocupación, Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad Social (Mtss), fue persistente. En la conferencia del lunes declaró que las instancias de negociación que prevé el decreto 354 de 2010, previamente al desalojo, habían sido agotadas en el momento de recurrir a la Policía. Pero el único intento de negociación del Mtss fue “una mesa de diálogo” que se concretaría si los estudiantes desocupaban todas las oficinas de Libertador. La intimación fue rechazada porque no contemplaba las demandas iniciales de los gremios pero, minutos antes de la represión, se hizo una contrapropuesta: desalojarían todas las oficinas salvo las del Codicen a cambio de la misma mesa de negociación que antes. Las autoridades no aceptaron y procedieron al desalojo, lo que explica que los estudiantes se encontraran en el tercer piso cuando ingresó la Policía, evitando así los sectores que no pertenecían al organismo de la Anep. Sin embargo, el ministro les atribuyó carácter de “negociación”, e incluso de “negociación frustrada”, a las reuniones que los estudiantes mantuvieron un día antes de la desocupación con algunos legisladores. Sebastián Sabini e Ivonne Passada del Mpp, participantes de esas instancias, hablaron con Brecha y negaron que los encuentros hayan sido “negociaciones”, como sostiene Murro. “La reunión no estaba planteada en esos términos”, dijo Sabini, alegando que  “al Parlamento no le compete negociar contra una medida de fuerza.”

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