La suma de los factores
Unidad especializada en DDHH de la Fiscalía se propone capacitar a los fiscales sobre el contexto histórico y político de la dictadura.
El fiscal Ariel Cancela, la fiscal penal Stella Llorente y la
fiscal adscripta María Carolina Rico dialogaron ayer con integrantes de
la organización de ex presos políticos Crysol sobre los desafíos de la
recientemente creada Unidad Especializada en Derechos Humanos, que
depende de la Fiscalía General de la Nación. Cancela recordó que el 14
de agosto la Fiscalía pasó a ser un servicio descentralizado y eso le
permitió adquirir “mayor autonomía”. Entre las nuevas competencias del
organismo está la de crear “unidades especializadas”, algo que se puso
en práctica pocos días después de que entrara en vigencia la nueva ley.
El fiscal dijo que si bien el nombre es una “simplificación”, el cometido de la nueva unidad abarca específicamente las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de “terrorismo de Estado”, es decir, desde junio de 1968 hasta el 1º de marzo de 1985. De esos hechos, existen en la actualidad 209 causas abiertas, dijo Cancela. La unidad pretende “dar respuesta” a la “falta de capacitación y especialización” en las fiscalías, pero Cancela aclaró que “no es una fiscalía especializada”, sino una “unidad de apoyo”. “Lo que diga no es vinculante. Serán los fiscales los que decidan en base a los insumos que se aporten”, agregó. Luego explicó que estas unidades están destinadas a recoger y analizar información, coordinar, capacitar en el contexto de caso y preparar a los fiscales para el cambio que implicará la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, en el que el fiscal actuará en dos áreas: será el encargado de la investigación y responsable de presentar la causa ante el juzgado, y deberá encargarse de la protección y la defensa de la víctima, que deja de ser un “objeto de derecho” para pasar a ser “sujeto de derecho”. Además de mantener un contacto fluido con los fiscales, la unidad tiene como cometido establecer un relacionamiento permanente con organizaciones sociales como Crysol y el Observatorio Luz Ibarburu, por ejemplo.
La fiscal Llorente expuso el plan de trabajo de la unidad, que pretende en el primer año “recoger información de todas las causas abiertas o cerradas, para sistematizar y hacer análisis de contenido posteriores”. Para esto, se elaboraron unos formularios que serán enviados a los distintos fiscales involucrados en casos específicos, para que “viertan información” que será “permanentemente actualizada”.
Los fiscales comunicaron que están trabajando en el Centro de Formación de la Fiscalía General de la Nación, en la calle Uruguay 1225, y se pusieron a disposición de los interesados.
En el diálogo con los presentes, surgieron varias preguntas relacionadas con la lentitud del trámite de algunas causas. Cancela explicó que la unidad va a trabajar para poner en contacto a los fiscales entre sí, porque no tienen “una estrategia en común”, algo que sí tienen los abogados defensores de los militares imputados. El fiscal relató que cuando hay un pedido de procesamiento, empiezan interponiendo un recurso sosteniendo la prescripción del delito en primera instancia. Luego de que el juez no hace lugar al recurso, apelan a un tribunal de segunda instancia y luego interponen un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Cuando este proceso termina y se habilita el pedido de procesamiento, los abogados inician la misma cadena de recursos sosteniendo la inconstitucionalidad. Esta estrategia, que es aplicada con precisión y en forma coordinada, genera que los procesos parezcan interminables, acotó.
Cancela fue consultado sobre si la unidad tiene potestades para pedir información a los organismos del Estado, y se puso como ejemplo el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). El fiscal respondió que además de investigar “con el material que aporten los fiscales”, también pueden “conseguir material” por medios propios, así como recibirlo de las organizaciones sociales. “Creo que tenemos facultades para ir y pedir información al MDN”, enfatizó.
Cancela insistió en que se va a trabajar en forma permanente en la capacitación de los fiscales, en particular para ponerlos al tanto del contexto histórico de los hechos: “Quiénes eran de tal y cual organización política, en qué momentos se decidió golpear a una y otra, y por qué”. “No sabemos si los fiscales manejan toda esa información histórica y política”, dijo Cancela.
Finalmente, informó que se mantienen en contacto permanente con la unidad auxiliar de la Justicia en materia de delitos de lesa humanidad del Ministerio del Interior y respondió, sobre los casos archivados, que a menos que una causa sea “clausurada”, los procesos siempre pueden ser reabiertos. Precisó que el nuevo Código de Proceso Penal establece que cuando un fiscal pide el archivo de un caso, la víctima puede solicitar que la decisión sea revisada por otro fiscal.
El fiscal dijo que si bien el nombre es una “simplificación”, el cometido de la nueva unidad abarca específicamente las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de “terrorismo de Estado”, es decir, desde junio de 1968 hasta el 1º de marzo de 1985. De esos hechos, existen en la actualidad 209 causas abiertas, dijo Cancela. La unidad pretende “dar respuesta” a la “falta de capacitación y especialización” en las fiscalías, pero Cancela aclaró que “no es una fiscalía especializada”, sino una “unidad de apoyo”. “Lo que diga no es vinculante. Serán los fiscales los que decidan en base a los insumos que se aporten”, agregó. Luego explicó que estas unidades están destinadas a recoger y analizar información, coordinar, capacitar en el contexto de caso y preparar a los fiscales para el cambio que implicará la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, en el que el fiscal actuará en dos áreas: será el encargado de la investigación y responsable de presentar la causa ante el juzgado, y deberá encargarse de la protección y la defensa de la víctima, que deja de ser un “objeto de derecho” para pasar a ser “sujeto de derecho”. Además de mantener un contacto fluido con los fiscales, la unidad tiene como cometido establecer un relacionamiento permanente con organizaciones sociales como Crysol y el Observatorio Luz Ibarburu, por ejemplo.
La fiscal Llorente expuso el plan de trabajo de la unidad, que pretende en el primer año “recoger información de todas las causas abiertas o cerradas, para sistematizar y hacer análisis de contenido posteriores”. Para esto, se elaboraron unos formularios que serán enviados a los distintos fiscales involucrados en casos específicos, para que “viertan información” que será “permanentemente actualizada”.
Los fiscales comunicaron que están trabajando en el Centro de Formación de la Fiscalía General de la Nación, en la calle Uruguay 1225, y se pusieron a disposición de los interesados.
En el diálogo con los presentes, surgieron varias preguntas relacionadas con la lentitud del trámite de algunas causas. Cancela explicó que la unidad va a trabajar para poner en contacto a los fiscales entre sí, porque no tienen “una estrategia en común”, algo que sí tienen los abogados defensores de los militares imputados. El fiscal relató que cuando hay un pedido de procesamiento, empiezan interponiendo un recurso sosteniendo la prescripción del delito en primera instancia. Luego de que el juez no hace lugar al recurso, apelan a un tribunal de segunda instancia y luego interponen un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Cuando este proceso termina y se habilita el pedido de procesamiento, los abogados inician la misma cadena de recursos sosteniendo la inconstitucionalidad. Esta estrategia, que es aplicada con precisión y en forma coordinada, genera que los procesos parezcan interminables, acotó.
Cancela fue consultado sobre si la unidad tiene potestades para pedir información a los organismos del Estado, y se puso como ejemplo el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). El fiscal respondió que además de investigar “con el material que aporten los fiscales”, también pueden “conseguir material” por medios propios, así como recibirlo de las organizaciones sociales. “Creo que tenemos facultades para ir y pedir información al MDN”, enfatizó.
Cancela insistió en que se va a trabajar en forma permanente en la capacitación de los fiscales, en particular para ponerlos al tanto del contexto histórico de los hechos: “Quiénes eran de tal y cual organización política, en qué momentos se decidió golpear a una y otra, y por qué”. “No sabemos si los fiscales manejan toda esa información histórica y política”, dijo Cancela.
Finalmente, informó que se mantienen en contacto permanente con la unidad auxiliar de la Justicia en materia de delitos de lesa humanidad del Ministerio del Interior y respondió, sobre los casos archivados, que a menos que una causa sea “clausurada”, los procesos siempre pueden ser reabiertos. Precisó que el nuevo Código de Proceso Penal establece que cuando un fiscal pide el archivo de un caso, la víctima puede solicitar que la decisión sea revisada por otro fiscal.
Lunes 17 de agosto de 2015
Curso de argumentación jurídica y técnicas de litigación oralEn la mañana del lunes 17 de agosto comenzó un curso intensivo de tres jornadas sobre argumentación jurídica y técnicas de litigación oral organizado por el Centro de Formación del Ministerio Público y la Embajada de Estados Unidos en Uruguay.
El curso, que se dicta de mañana y de tarde se está llevando a cabo en el Hotel Kolping de Montevideo.
En la apertura estuvieron presentes el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, Michelle Rivilling de la Embajada de Estados Unidos y Mariella Saettone del Centro de Formación.
Las docentes del curso son altamente capacitadas. Virginia Hernández Covington es desde hace 11 años Jueza Federal y anteriormente fue Fiscal Federal por 20 años y María Chapa es Fiscal Federal desde hace 15 años. Ambas realizaron cursos de capacitación sobre el proceso acusatorio a nivel internacional en Colombia, Chile y México, entre otros países. También colabora en el dictado del curso Nelson Vargas, jefe en Uruguay de la Agencia para el Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés).
Participan de la capacitación fiscales nacionales, departamentales, adjuntos y adscriptos de Montevideo y Canelones y oficiales del Ministerio del Interior.
El curso se inscribe en una política de capacitación conjunta entre ambas instituciones de cara a la implementación del nuevo proceso penal de carácter acusatorio, que está previsto que comience a regir en febrero de 2017.
Esta es la segunda vez que se realiza una capacitación de esta naturaleza.
http://www.fiscalia.gub.uy/innovaportal/v/73968/52/mecweb/curso-de-argumentacion-juridica-y-tecnicas-de-litigacion-oral?parentid=64689
>>> Adoctrinamiento de la embajada yanqui a fiscales uruguayos
>>> Se vuelve a las oficinas de "apoyo" que impuso el fiscal de corte Peri Valdez designado por Sanguinetti desde el año 1997.
El Partido Nacional se opuso a su designación y Sanguinetti no contó entonces con los tres quintos de votos en el Senado y se optó por la figura de Óscar Peri Valdez, que provenía de la justicia laboral y que se pensaba que iba a seguir la tradición de la Fiscalía de Corte.
Sin embargo, la realidad se distanció de las expectativas y Peri Valdez no sólo no siguió con la tradición, sino que introdujo un modelo de fiscal mediático y con enfrentamientos con el ministro de Educación y Cultura del gobierno de Sanguinetti, Yamandú Fau, y con los de la presidencia de Jorge Batlle, Antonio Mercader y Leonardo Guzmán.
Fue así que, por primera vez en la historia del país, el 10 de febrero de 2004 el Poder Ejecutivo resolvió iniciar un sumario administrativo a Peri Valdez, con separación del cargo de fiscal de Corte, por incurrir en un “exceso de poder” y “extralimitarse” en su función.
Así el gobierno resolvió frenar la polémica entre el jerarca y el ministro Guzmán.
Peri Valdéz denunció entonces ante el presidente Batlle que el ministro Guzmán lo perseguía y le reclamó al mandatario que respondiera a la situación. El Ejecutivo resolvió instruir a Peri Valdez un sumario con separación preventiva del cargo y retención de medio sueldos.
>>> Historia de la voluntad de los fiscales
Peri Valdez era un topo del fa que aspiraba a llegar al 2005 siendo fiscal de corte.
>>> Creo una oficina fiscal para engatuzar a los familiares
Pero respeto y hago respetar a muerte el pacto entre algunos tupas y milicos.
Negociaciones en el Club Naval. Los frentistas Juan Young y José Cardoso, el 6 de julio de 1984.
>>> Cambiar para que todo quede igual
Es ponerle un cerrojo al estatu quo querido por el gobierno. Es "ni un milico más preso". Ahora se asegura con las riendas bien firmes. El agente del Dpto de Estado Jorge Díaz manda, todos tranquilos.
Ese "grupo de apoyo"
huele a lo mismo que la "comisión de DDHH" creada por Tabaré, donde está
Macarena y el CC Israelista: abrir espacios donde se hace algo sin
hacer nada.
CRYSOL cada día se parece más al PITCNT. La misma línea "gobierno en disputa"
http://elmuertoquehabla.blogspot.nl/2014/11/colonizacion-juridica-en-uruguay.html.
Jueves 10 de setiembre de 2015
Fiscal de Corte crea Unidad Especializada en Derechos Humanos
El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, creó por resolución una
Unidad Especializada en Derechos Humanos para que asesore a la Fiscalía
General de la Nación en la investigación de los crímenes cometidos
durante la última dictadura (1973-1985).
La unidad está integrada por el Fiscal Adjunto de Corte, Ariel Cancela y por las fiscales penales María de los Ángeles Camiño, Ana María Tellechea y Stella Llorente. También integra la unidad la Fiscal Adscripta María Carolina Rico.
Se trata todos de fiscales que han intervenido en la investigación de causas de esta naturaleza que tienen particularidades debido a la cantidad de años que hace que sucedieron los hechos y a la sensibilidad que genera en víctimas y en la opinión pública en general.
Según la resolución "dada la complejidad que implica la investigación y tramitación de causas judiciales vinculadas a graves violaciones de derechos humanos perpetradas en el marco de la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado, resulta necesario adoptar medidas que permitan facilitar el desempeño eficiente y efectivo de los representantes de la Fiscalía General de la Nación en los procesos judiciales relativos a esos hechos".
En esa línea se entiende pertinente "crear una Unidad Especializada que pueda realizar asesoramientos, análisis, coordinaciones, capacitación y difusión de información en relación a tales hechos, tanto al Fiscal de Corte como a los distintos fiscales que intervienen en los referidos procesos judiciales".
El asesoramiento que preste la unidad tanto al Fiscal de Corte como a los fiscales penales no es vinculante.
Se adjunta el texto de la resolución.
La unidad está integrada por el Fiscal Adjunto de Corte, Ariel Cancela y por las fiscales penales María de los Ángeles Camiño, Ana María Tellechea y Stella Llorente. También integra la unidad la Fiscal Adscripta María Carolina Rico.
Se trata todos de fiscales que han intervenido en la investigación de causas de esta naturaleza que tienen particularidades debido a la cantidad de años que hace que sucedieron los hechos y a la sensibilidad que genera en víctimas y en la opinión pública en general.
Según la resolución "dada la complejidad que implica la investigación y tramitación de causas judiciales vinculadas a graves violaciones de derechos humanos perpetradas en el marco de la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado, resulta necesario adoptar medidas que permitan facilitar el desempeño eficiente y efectivo de los representantes de la Fiscalía General de la Nación en los procesos judiciales relativos a esos hechos".
En esa línea se entiende pertinente "crear una Unidad Especializada que pueda realizar asesoramientos, análisis, coordinaciones, capacitación y difusión de información en relación a tales hechos, tanto al Fiscal de Corte como a los distintos fiscales que intervienen en los referidos procesos judiciales".
El asesoramiento que preste la unidad tanto al Fiscal de Corte como a los fiscales penales no es vinculante.
Se adjunta el texto de la resolución.
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