La prudencia del fiscal

>>>> Información incautada sobre la dictadura: Fiscal de Corte pide prudencia

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. 6 oct. 2015
Jorge Díaz llama a “no generar expectativas que luego terminen en una nueva frustración”.
El pasado viernes 2 de octubre voluminosa información sobre la última dictadura cívico-militar fue incautada en el domicilio del fallecido coronel retirado Elmar Castiglioni. Los responsables del operativo fueron el fiscal penal Carlos Negro y la jueza penal Beatriz Larrieu.

El allanamiento se produjo a solicitud de Javier Miranda, denunciante en la causa que investiga el homicidio de su padre, Fernando Miranda.

Entrevistado en Televisión Nacional, el Fiscal de Corte Jorge Díaz dio detalles sobre el procedimiento y explicó que la documentación está a disposición judicial. Además, afirmó que “no se sabe cuál es el contenido” de las 60 cajas incautadas, y que se ignora si su contenido será útil en las investigaciones sobre el terrorismo de Estado.

En tal sentido, opinó que no es conveniente “generar expectativas que luego terminen en una nueva frustración”.

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Operación desaliento y una amenaza velada

por Hugo Bruschi en el Año contra la Impunidad

El reciente "hallazgo" de la Justicia en casa del fallecido ex-militar E. Castiglioni, ha despertado espectativas entre quienes seguimos en la búsqueda de datos, que nos permitan llegar hasta nuestros hermanos desaparecidos. Dichas expectativas tal vez respondan más al orden de la voluntad y los deseos, que al de la realidad. Aún así, jamás rechazaremos a priori cualquier oportunidad por insignificante que parezca, de conocer datos que nos puedan ayudar a recomponer este rompecabezas. Al momento de escribir estas reflexiones, 6/10/15, leemos en El Observador unos comentarios del Sr. Gabriel Pereira que no pueden pasar inadvertidos para nadie. Mucho menos para la Justicia, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En dichos comentarios se mencionan cosas muy graves que el Pueblo tiene derecho a conocer y será deber de los poderes correspondientes, arrojar claridad sobre los mismos.

"Es muy poco probable que la documentación tenga datos relevantes" dijeron al Observador "varios ex-oficiales que trabajaron en inteligencia". Es evidente a todas luces que esta información de ser cierta, tiene toda la intención de rebajar las espectativas y de algún modo decirle a la Justicia que no pierdan el tiempo. Esta gente sabe más de la cuenta...... Luego agregan que "los documentos que Berruti no encontró (OCOA) fueron hechos desaparecer por el Ejército. Es evidente que las fuentes del Observador algo saben y a esta altura la búsqueda en cuestión sólo será una pérdida de tiempo y un gasto innecesario de horas extras. Pero la información también da cuenta de otros aspectos, de los que no sospechábamos. "En la DGDI, luego DINACIE quedó información de escasa relevancia, como por ejemplo registro de vicios y comportamientos de algunos dirigentes políticos" agregando más adelante "que hay algo que está causando preocupación y es el nombre de los informantes, algunos de los cuales son personas allegadas a la izquierda y cuya tarea no terminó con el fin de la dictadura, sino que continúan en el presente". Luego sigue con el relato. "Tanto DINACIE como el Serv. de Inteligencia del Ejército manejan fondos con los que se paga a los informantes". Más adelante nos dice que" un militar retirado dijo que esa información estaba en poder de E. Castiglioni, pero que los informantes pueden permanecer tranquilos, dado que en los recibos de pago sólo figuran con el apodo".

A esta altura de los acontecimientos, deberemos reconocer que El Observador maneja información que la Justicia desconoce y por tanto tendría que ser convocado a aportar lo que sabe. El país entero tiene derecho a saber que es lo que está pasando y en que se destinan los dineros públicos. Pero no somos ingenuos: esto no es más que un burdo intento de desorientar la búsqueda, una suerte de operación desaliento y por sobre todas las cosas hacerle saber al mundo político, que poseen información sobre ellos y que por lo tanto no les conviene hacer demasiado ruido con el "hallazgo" en casa de E. Castiglioni.

Amparado en el secreto periodístico que protege a la fuente de información - cosa en la que creemos y defendemos - El Observador no proporcionará el nombre de los ex-oficiales así como tampoco del militar retirado. Tampoco nos dirá si fueron ellos quienes tomaron contacto con el diario o si fue al revés. La Vidriera cree en la primera opción y conociendo como entiende El Observador el periodismo, estamos casi seguros que así fue. Pero aquí existe la voluntad inequívoca de dejar un mensaje bien claro a "quien corresponda": Miren que sabemos mucho, mucho más de lo que Uds. imaginan. De otro modo no tendría sentido esa revelación sobre los pagos a informantes. Como quiera que sea, tanto unos como otros manejan información que la Justicia y los otros poderes del Estado desconocen, por lo que no estaría demás que alguien preguntara por lo menos, de que se trata todo esto. DE LO CONTRARIO, SEGUIREMOS EN MANO DE ALGUNOS POCOS DE CADA BANDO, QUE TIENEN LA VERDAD SECUESTRADA Y LA EMPLEAN COMO REHÉN.