>>> Aratirí retomó negociación con el gobierno y revive proyecto minero
Por Martín Viggiano Octubre 23, 2015
La minera de capitales indios constató en el gobierno una mayor apertura a firmar un contrato que le permita comenzar a extraer hierro de la zona de Valentines
La discusión sobre el proyecto Aratirí lleva varios años y pudo avanzar poco y nada
A un mes para que expire el plazo establecido por ley para que el gobierno y la empresa minera Zamin Ferrous (Aratirí)
firmen o no un contrato de extracción de hierro, las negociaciones se
retomaron y el viento cambió a favor de la firma de origen indio. Al
menos así lo interpreta la parte privada, que constató un renovado
interés de actores del gobierno para que el negocio se concrete.
Mientras que en la etapa final del período de José Mujica todo quedó en
el freezer, desde que asumió Tabaré Vázquez en marzo y con el reinicio
de los contactos se abre ahora una posibilidad cierta para que el
polémico proyecto de megaminería a cielo abierto se pueda concretar.Según pudo saber El Observador, directivos de la firma india se reunieron hace algunos días con el subsecretario de Economía y Finanzas (MEF), Pablo Ferreri, para plantear una puesta a punto del proyecto que pretende extraer 18 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro –durante 20 años– con destino a la exportación, en distintos predios que tienen como centro la localidad de Valentines (Treinta y Tres).
De ese encuentro también participó el director de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Andrés Masoller. Hasta el momento habían sido muy pocos los contactos de Aratirí con el gobierno. En agosto El Observador informó que desde el gobierno habían recibido unas "cartas" de la empresa para "ganar tiempo" en la negociación, y que Aratirí esperaba más contactos del Poder Ejecutivo para poder avanzar en el tema.
El 23 de setiembre Ferreri disertó en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) en el hotel Sofitel Montevideo, en Carrasco. Directivos indios se encontraban alojados allí en ese momento y fue por ello que siguieron en primera fila la disertación del subsecretario. La presencia de los indios pasó desapercibida para los demás espectadores, pero no para Ferreri, quien les dedicó un pasaje de su discurso. "Día a día continuamos viendo expresiones de interés con respecto a inversiones. Lo vemos con inversiones domésticas, lo vemos con inversiones extranjeras. Hay nuevas inversiones: saludamos aquí a quienes están interesados en continuar con la megaminería en Uruguay", dijo Ferreri, señalando a los aludidos. Su disertación siguió, y los representantes de Aratirí sintieron esa mención como un espaldarazo a su proyecto.
Por otra parte, los negociadores de la empresa también mantienen contactos con el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma. Entre otros asuntos a considerar con ese funcionario está el plazo establecido en la ley de megaminería, que fue modificada el año pasado para permitir que las negociaciones entre Aratirí y el gobierno continúen. En principio, la norma daba un año para que el privado pueda negociar con el Ejecutivo y acordar los detalles del contrato. Pero cumplido ese plazo, el Parlamento aprobó un proyecto del gobierno para estirar esa fecha un año más. Por eso el próximo 20 de noviembre se cumple la prórroga.
Se estima que la inversión de Aratirí sería de US$ 2.770 millones, para lo cual la empresa debería presentar una garantía de mantenimiento de contrato equivalente a US$ 139 millones, algo que no hizo y que junto a algunos aspectos ambientales, había trabado la negociación.
La firma de capitales indios asegura también que encontró disposición desde el gobierno para que su terminal portuaria en Rocha –para sacar la producción de hierro– se pueda construir en La Angostura, cuando en realidad se definió por ley que el puerto de aguas profundas se debe construir unos kilómetros más cerca de La Paloma, en El Palenque. Aratirí también pudo completar los trámites de notificación de las expropiaciones, un proceso que le llevó tiempo e incluso atrasó parte del cronograma de traba
El fiscal Viana había expresado que en el contrato de inversión con Aratirí “se facilitarán salvaguardas, prebendas y privilegios de todo tipo a la mencionada empresa privada o a sus sucedáneos” y que el “proyecto Aratirí significará escalas de destrucción y contaminación difíciles de imaginar”.
La SCJ estuvo de acuerdo con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, al considerar que Viana no acreditó “la probabilidad próxima” de las consecuencias que Aratirí ocasionará para el medioambiente, razón por la que desestimó la solicitud del fiscal. La Corte fundamenta su fallo en dos pilares: que la ley “impone la protección y el respeto por el medio ambiente” y que el contrato entre el Estado y Aratirí “aún” no fue firmado.
“El Estado aún no ha suscrito contrato alguno para la explotación minera a cielo abierto con la empresa a la que refiere el excepcionante, o, lo que es igual, no existe aún principio de ejecución de la ley atacada”, dictaminó Díaz.
>>> ¿Casualidad o está flechado?
El Fiscal General de la Nación opera en favor de los intereses de las multinacionales extractivistas y contaminantes.
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