La ocupación Nuevo Comienzo de Santa Catalina

 

SOLIDARIDAD CON LA OCUPACIÓN DE SANTA CATALINA.

La atomización de los medios de comunicación y los operadores políticos nos quieren hacer pensar que la crisis económica y social arranco en marzo con la llegada del COVID 19. La clase obrera vive en crisis permanente.
Esta crisis se expresa cuando no logramos pagar el alquiler, la luz, el agua, cuando a nuestros hijos un día le damos arroz y al otro día fideos. La crisis para la clase obrera arrancó cuando nos mandaron primero al seguro de paro y luego nos despidieron. Nuestra crisis se profundizó el día que pasamos de marcar tarjeta a ocupar un paño en la feria del barrio para vender las herramientas de trabajo y la ropa que ya le queda chica a los gurises.
En marzo es cuando el capitalismo decide que ya no puede seguir perdiendo ganancias y decreta un nuevo ajuste de cuentas que trajo como resultado millones de obreros desempleados a nivel mundial.
En Uruguay esta situación empujó a la clase obrera a levantar a lo largo y ancho del país ollas populares que alimentan a miles de personas que ya no tienen nada.
A partir de marzo las grandes superficies comienzan a facturar mas ganancias con la venta de comida en 24 cuotas y la almacen de la esquina comienza a fundirse.Ya no hay changa ni para el que corta el pasto.
Esta crisis que nos enferma y nos margina tiene un responsable, el capitalismo. Ese sistema perverso donde un grupito acumula distintos tipos de capital. Acumulan la tierra, manejan el negocios de la producción agrícola, ganadero y fabril. Son dueños de bancos, de las grandes empresas constructoras. Son esos que aportan a las campañas de los partidos cada 5 años. Son los defensores de la propiedad privada. La ocupación de Santa Catalina es el resultado del sistema capitalista.
La clase obrera al ser gobernada por los representantes de turno de los capitalistas nunca va a lograr que sus intereses de clase sean puestos en práctica por los gobernantes. A los gobiernos de turno sólo les interesa aceitar los mecanismos del estado para que las multinacionales puedan hacer sus negocios. De esta forma la clase obrera está condenada a vivir en la pobreza y ser utilizada por los gobernantes de turno según sus interese. Hoy este problema lo vemos clarito en la pérdida de fuentes de trabajo y en el problema de acceso a la vivienda. El estado no se hace cargo de los miles de obreros que ya no tienen changa ni de los miles que no tienen un techo. Sin embargo, cuida que las propiedades tapeadas en los barrios no sean ocupadas por los obreros que ya fueron expulsados a la calle y reprime al que se le ocurre ocupar tierras como en el caso del Santa Catalina.
Mientras sigamos viviendo bajo el capitalismo estaremos condenados a vivir en pésimas condiciones y a que cada 5 años los representantes y defensores de este sistema perverso nos quieran engañar con espejitos de colores y discursos que hablan de "humanizar el capitalismo".
Quienes pretenden humanizar el capitalismo en verdad lo que buscan es hacernos creer que no hay otro sistema mejor y que eternamente viviremos como hasta ahora.
Hoy la represión avanza contra los ocupantes de Santa Catalina, contra los jóvenes, contra los obreros.
 
A PARARLE LA MANO DURA AL GOBIERNO!
A RODEAR A LOS QUE RESISTEN!
 
QUE VIVA LA OCUPACIÓN DE SANTA CATALINA!
CO.VI.UN.VE 2010
COOPERATIVA AFILIADA A FUCVAM. 

 

Un operativo policial en la zona de Santa Catalina (Montevideo) terminó con ocho personas detenidas debido a la apropiación ilegal de terrenos. Este operativo policial se enmarca en un caso que surgió en enero, cuando cientos de familias ocuparon terrenos privados en la zona para construir viviendas allí.

En el operativo de este jueves se registraron 15 viviendas y se detuvo a ocho propietarios, mientras que las otras siete viviendas se encontraban abandonadas.

De los ocho detenidos siete fueron imputados en la noche de este jueves por el fiscal Diego Pérez.

Diego Pérez dijo a Montevideo Portal que a seis se los formalizó por usurpación de terrenos y robo de energía.

Otra persona fue formalizada por usurpación y otra persona quedó en libertad.

Ninguno tenía antecedentes penales. Además, se les dio 15 días de plazo para abandonar el lugar.

En enero, la Fiscalía imputó a once personas por ocupaciones de terrenos en el barrio Santa Catalina. Desde el principio se presumía que una organización delictiva estaba detrás de las ocupaciones.

Este jueves, la diputada frenteamplista Cecilia Cairo manifestó en rueda de prensa que mediante un trabajo conjunto la Intendencia de Montevideo (IM) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) llegaron a un acuerdo para dar una solución habitacional a las familias.

"El asentamiento se llama Nuevo Comienzo. Este asentamiento surgió en enero, es un terreno privado y se plantearon los desalojos, pero más allá del tema judicial, lo que trabajamos desde la Comisión de Vivienda e incluso con los vecinos del barrio es una solución alternativa", dijo y explicó que es necesario desalojar el lugar porque allí "los servicios son muy difíciles de llevar y además es un terreno privado" que consta de 13 padrones, lo que "tiene un costo muy importante".

En este sentido, Cairo explicó que el trabajo conjunto consta de una serie de terrenos para realojos que la IM puso a disposición y una canasta de materiales que el MVOT facilitaría para hacer las construcciones.

Cairo manifestó que la intervención policial de este jueves no estaba en los planes, pero la solución habitacional contaba con el acuerdo de la IM y el MVOT. Según dijo, el fiscal Pérez desconocía este acuerdo, por lo que ahora intentarán contactarse con él para narrarle la situación.

Según explicó, un censo reciente de la Universidad de la República (Udelar) indica que serían 200 las familias que actualmente viven en esos terrenos.

Montevideo Portal

 

Sergio Sommaruga

Sin dinero, no hay derechos.
La negación de derechos es el secreto mejor guardado de la economía de mercado: en este sistema no entran todos!!
200 familias tienen 15 días para irse.
¿A dónde? No se sabe.
Tampoco importa.
15 días es el plazo de la orden de desalojo a las familias que ocupan un terreno en santa Catalina.
¿Están ahí por qué quieren?
No, claro que no. Estàn ahì porque no tienen a dónde ir.
Allí podrá haber algún puñado minoritario de oportunistas, que aun siendo víctimas buscarán aprovecharse de los más débiles, y serán la excusa predilecta que el sistema usará para tapar su lacra.
Para tapar como dejan a la intemperie a decenas de niños y niñas, y a veteranos ya sin fuerza y a las madres jefas de hogar.
Todos, de nuevo, en el más profundo desamparo.
Sin trabajo.
Sin casa.
Los pobres siempre son los herederos del desamparo y de la violencia de los de arriba. Los mismos que con ruin indolencia saldrán mañana por la tele, hablando de la importancia de “cuidarnos entre todos”, de que los niños son el futuro del país y que los viejos son divinos tesoros.
El secreto mejor guardado por el sistema está a la vista de todos y todas: a la hora de la verdad, sin dinero no hay derechos.
Ayer, 200 familias fueron intimidadas con la policía a dejar libre un terreno que no es de su propiedad.
Porque para el sistema, lo único que es de su propiedad, es el desamparo.

 

 Un fiscal enemigo de los pobres.
El fiscal Diego Pérez (así se llama y hay que retener su nombre) ordeno un operativo policial de registro de viviendas precarias construidas por ocupantes de un terreno en Santa Catalina, que lo hicieron demandando una solución al problema de falta de vivienda.
 
Son unas 200 familias las ocupantes desde hace varios meses.
 Así se registraron 15 viviendas y se detuvieron a 8 moradores, de los cuales 7 fueron imputados por el Fiscal.
A 6 se le imputó usurpación de terrenos y robo de energía eléctrica.
Al restante, sólo usurpación.
Ninguno tenía antecedentes penales.
Esto último lo decimos, no porque la presencia de antecedentes justifique atropellar los derechos y la dignidad de una persona (de ninguna manera) sino por la campaña de enchastre que siempre se hace ("hay malandras" "alguien los mandó" "hay una mano detrás", etc.).
Conocemos el paño....
Según parece, (basándonos en una crónica de Montevideo Portal) ya había negociaciones y un trabajo conjunto entre la IMM y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, donde se habría llegado a un acuerdo (no está claro si es solo entre ambas instancias gubernativas o además implica al conjunto de vecinos ocupantes)
Una edila oficialista (Cecilia Cairo) dijo que la IMM puso a disposición un conjunto de terrenos para realojos y una canasta de materiales que el MVOT facilitaría para hacer las construcciones.
Señaló, además, que esos terrenos que se ocupan actualmente "deberían ser desalojados una vez conseguida una solución, pues es muy difícil llevar a ellos los servicios y además es un terreno privado". (sic)
Dijo además, que eso no tiene nada que ver con el registro realizado por el Fiscal Diego Pérez, con sus imputaciones a personas y con los 15 días de plazo que les dio al conjunto de ocupantes para desalojar el terreno.
Especuló con que posiblemente dicho Fiscal desconocía las conversaciones realizadas y las soluciones que se están manejando.
Con este panorama queda claro el proceder intempestivo, prejuicioso e insensible de este Fiscal.
Imputar "robo de energia", daría para reírse, cuando sabemos que UTE misma, sabe de la existencia de casos de miles de personas que están colgadas de la red eléctrica en asentamientos y no ha procedido a solicitar ningún procesamiento por ello.
Sabiendo que en la inmensa mayoría de los casos hay una realidad social de pobreza y falta de ingresos personales.
Parece claro que el Fiscal no actuó en esa imputación por un pedido del Ente afectado (UTE) sino de "motu propio".
Un autoritarismo siempre dirigido contra los pobres.
No veremos a los Diego Pérez preocuparse por imputar a los Sres. Fernandez, ex propietarios de FRIPUR por la deuda de 800.000 dólares que tenían con UTE (y que UTE había entrado en pleito con los mismos para cobrarla, cosa que no sabemos si al día de hoy lo ha logrado)
Cosa que no ha impedido que UTE les comprara energía eléctrica de origen eólico, actividad en la que ahora incursionaba al menos uno de los Fernández, al amparo de la Ley del Marco Regulatorio del Mercado Eléctrico, sancionada en 1993 y que los gobiernos del FA jamás derogaron.
Los Sres. Fernández pueden deber 800.000 dólares a UTE, pero ningún fiscal los va a imputar, pero van si a buscar a una familia que saca un poco de energía eléctrica para alumbrarse y tener un refrigerador donde seguramente no habrán los alimentos y delicias que gastan en su mesa los más ricos del país.
"Apropiación de terrenos" es el otro delito.
No nos dé por escarbar demasiado como se han constituido algunas propiedades inmobiliarias en este país, y como algunos han usufructuado durante años terrenos de elevado valor pagando "chirolas" (como el caso del exclusivo Club de Golf en Punta Carretas) gracias a la complicidad de muchos gobiernos departamentales.
Hay muchos otros ejemplos.
Es lamentable, vergonzoso y repudiable lo que hacen fiscales como el aludido.
No siquiera en su celo se molestó en averiguar si había alguna gestión de solución (¿o quizás ya lo sabía y no le importó?)
Habrá que estar atentos.
Operadores de este tipo cobran importancia en una América Latina donde el Poder Judicial se está tratando de usar como una palanca de criminalización de la pobreza y la rebeldía de los pueblos en lucha por sus derechos.
 
JORGE MAIKI.