Caso Aratirí: Alfie omitió en su informe un fallo del TCA que dio la razón al Estado uruguayo
16 de noviembre de 2020
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Por unanimidad, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dijo en 2015 que el Poder Ejecutivo podía no darle todos los beneficios fiscales que pedía la empresa.
El actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, participó en el juicio internacional que la minera Aratirí le hizo al Estado uruguayo al elaborar un informe que fue presentado en el juicio y posteriormente fue citado a declarar como experto. Lo hizo contratado por el estudio Ferrere, que defendió los intereses de la empresa minera en el litigio, y se defendió de las críticas que surgieron diciendo que su informe fue técnico y no entró “en el fondo ni [en la] sustancia” de la demanda.
El motivo del juicio era que Aratirí entendía que debía acceder a 100% de los beneficios impositivos que se prevén en la Ley de Inversiones, cuando el gobierno decidió que no lo hiciera. Previo a iniciar una demanda internacional por la violación al tratado de inversiones entre Uruguay y Reino Unido, donde residían los demandantes socios de Aratirí, la empresa recurrió la resolución del gobierno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Este martes el programa No toquen nada, de Del Sol, informó que ese fallo del TCA, que respaldó la postura del Estado uruguayo y no hizo lugar al reclamo de la firma minera, fue omitido por Alfie en su informe. Allí repasaron distintas declaraciones del actual jerarca, en las que explicaba que no había dos visiones sobre el tema y que Aratirí podía acceder al total de beneficios fiscales; sin embargo, los cinco ministros del TCA emitieron un fallo por unanimidad en el que plantearon una posición contraria.
El TCA no aceptó el recurso que presentó Aratirí contra la resolución del gobierno que le otorgó menores exoneraciones de las que pretendía, y consideró “admisible” que el Poder Ejecutivo utilice sus “potestades discrecionales, siempre que sea en un marco razonable y en forma legítima”, para resolver el nivel de los beneficios impositivos a dar a la minera.
El Estado uruguayo, a sabiendas de que Alfie había omitido el fallo del TCA, lo convocó al litigio, para refutar sus argumentos y evitar que lo establecido en el informe del actual director de la OPP fuera tomado por válido por el tribunal. En el programa radial se informó que Alfie en ese momento dijo ante el tribunal desconocer la existencia de la sentencia del TCA. Finalmente, en agosto de este año la Corte Permanente de Arbitraje no aceptó la demanda de Aratirí por cuestiones de forma y dio la razón a Uruguay.
Hace pocos días, una nota publicada por el semanario Búsqueda con fragmentos del informe que presentó Alfie refuta otra de sus explicaciones previas: su informe tuvo un rol fundamental para sostener los argumentos de la defensa de la empresa, cuando él había declarado no era así.
Luego de conocerse esto último, el Frente Amplio manifestó que el director de la OPP “faltó a la verdad ante la opinión pública” y que evaluaba tomar “acciones parlamentarias” en su contra. Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que el jerarca tiene todo su respaldo.
La minera describió al economista como un “experto de los demandantes” y citó sus conclusiones en 27 ocasiones en el documento que presentó para rebatir los argumentos del Estado.El abogado Derek Smith acababa de interrogar a Isaac Alfie en el marco del juicio multimillonario que Aratirí había entablado contra el Estado uruguayo. Una vez terminada la sesión, ambos subieron al ascensor.
—Creo que la cagué, ¿no? —le dijo Alfie
al abogado, según le contaría a otros testigos del juicio que se
desarrolló en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones, en Washington DC.
El interrogatorio
había sido intenso, ya que el abogado que representaba a Uruguay intentó
desarticular las conclusiones plasmadas por Alfie en un informe que
elaboró a pedido de los abogados de la minera. Es que la opinión del
actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) había
sido utilizada por Aratirí para intentar rebatir parte de la defensa del
gobierno, demostrar que la decisión del Estado de no otorgar beneficios
fiscales a su proyecto de megaminería había sido “imprevista e ilegal” y
“un componente fundamental de su fracaso”, según un documento
presentado por la compañía ante la Corte Permanente de Arbitraje y al
que accedió Búsqueda.
El experto de los demandantes
Aratirí presentó una demanda contra Uruguay por la presunta violación
del convenio entre el gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y el gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre el
Fomento y la Protección de Inversiones. En el marco de ese juicio, en el
que reclamó una indemnización millonaria, contrató a diversos expertos
para sustentar su reclamo.
En abril de 2019, el estudio Ferrere
contactó a Alfie, que entonces trabajaba para la actividad privada,
para que escribiera un informe en el que “describa el funcionamiento de
los regímenes de promoción de inversiones en el Uruguay”, que “describa
los incentivos otorgados por la última ley de inversiones (Nº 16.906) y
sus sucesivas reglamentaciones”, y “analice si el Proyecto Valentines
calificaba para recibir beneficios fiscales” (Búsqueda Nº 2.096).
El informe del exministro de Economía fue usado luego por Aratirí en el
juicio. En junio de 2019, la minera presentó un documento titulado
Réplica sobre el fondo en respuesta a la primera defensa que esgrimió
Uruguay a la demanda. Es un texto de 483 páginas en el que los abogados
de la compañía buscan desarticular los argumentos de la contraparte.
El informe de Alfie aparece citado de manera directa en 27 ocasiones,
según constató Búsqueda. Y pese a que el economista dijo públicamente
que su estudio no entró sobre el fondo del juicio, Aratirí usó sus
argumentos para intentar probar que Uruguay violó el tratado de
protección de inversiones.
La minera argumentó en su demanda
que el gobierno le había negado injustamente los beneficios fiscales
previstos en la ley de inversiones, lo que había sido controvertido por
el Estado en su escrito de respuesta. En la réplica, Aratirí señaló que
Alfie, en su informe, declaró que no tenía conocimiento “de ningún
proyecto de dimensión comparable que no haya recibido los beneficios en
Uruguay”. Y la compañía agregó en seguida: “Que Uruguay le denegara a la
minera Aratirí esos beneficios y modificara el régimen legal por el que
se rigen los beneficios fiscales disponibles para los inversores
constituyen violaciones del Tratado”.
Aratirí aseguró que su
Proyecto Valentines, que implicaba construir una serie de minas a cielo
abierto para extraer mineral de hierro y toda la infraestructura para
procesarlo, llevarlo hasta una terminal portuaria propia y exportarlo,
merecía esos beneficios a juzgar por el informe de Alfie.
Tal
como explica el experto de los demandantes, Isaac Alfie, exministro de
Economía y Finanzas, en su dictamen de experto: ‘Dada la ley uruguaya,
no encuentro motivos económicos y financieros para denegar la
declaratoria de promoción de inversiones a Aratirí como tal. Con base en
mi análisis y experiencia, de haber sido ministro de Economía y
Finanzas, y quien terminaba firmando las resoluciones autorizando los
beneficios fiscales, no advierto razones para negarlo, dada la
reglamentación y práctica usual’.
Tres expertos consultados por
Búsqueda dijeron que uno de los puntos más llamativos del informe de
Alfie fue, precisamente, el párrafo en el que argumentó que de haber
sido ministro no advertía razones para negar los beneficios.
En
agosto de este año, cuando el tribunal falló a favor de Uruguay, Alfie
fue consultado por Telemundo acerca de su participación en el juicio. En
esa oportunidad, dijo que no declaró “ni en contra ni a favor” y que su
informe fue elaborado en calidad de “experto”. Al respecto, añadió:
“Los expertos no son de parte, son del tribunal”.
En varios
pasajes, la réplica de Aratirí contrapone la defensa del gobierno con lo
que sostiene el informe del actual director de OPP. “Uruguay también
afirma que Minera Aratirí no tenía derecho a obtener beneficios
tributarios o fiscales. (…) Sin embargo, los demandantes observan que el
Sr. Alfie, exministro de Economía y Finanzas de Uruguay y un experto
reconocido a nivel nacional en materia de beneficios tributarios y
fiscales de Uruguay, ha declarado inequívocamente en su informe que no
conoce ningún proyecto que se acerque siquiera remotamente al tamaño del
Proyecto Valentines que, como sucedió con el proyecto, no haya recibido
ningún beneficio del gobierno”.
La empresa argumentó que la
negativa del gobierno a otorgar los beneficios fiscales “fue devastador
para el Proyecto Valentines”, lo que “tuvo el pernicioso efecto
secundario de alarmar a los inversores y disuadirlos de invertir en él.
La denegación imprevista e ilegal de beneficios para el Proyecto fue un
componente fundamental de su fracaso”.
Y más adelante Aratirí
escribió algo que sería retomado por el abogado que representaba a
Uruguay durante su interrogatorio a Alfie.
En opinión del Sr. Alfie, el gobierno debería haber otorgado los beneficios disponibles en virtud del decreto N° 477/008.
Sí
Alfie viajó en enero a declarar a Washington DC. Su participación en el
juicio causó polémica en Uruguay, al punto tal que dirigentes del
Frente Amplio solicitaron que no asumiera como director de la OPP una
vez que Lacalle Pou ocupara la Torre Ejecutiva.
La tensión se
trasladó a la capital de Estados Unidos, recordaron varios uruguayos que
participaron en el juicio. Alfie pidió que adelantaran su declaración
para poder volver antes a Uruguay, lo que fue aceptado por todas las
partes.
La abogada de Aratirí le hizo preguntas de modo de que
pudiera explicar el marco normativo vinculado al régimen de promoción de
inversiones en Uruguay. También le consultó si “en su experiencia” y
sin contar el caso de la minera “vio alguna vez una decisión del
Ministerio de Economía y Finanzas que niegue beneficios fiscales que
hayan sido solicitados al amparo del decreto 455”. Alfie respondió que
no.
—¿Vio usted alguna vez en su experiencia profesional alguna
decisión de la Comisión de Aplicación que haya rechazado
liminariamente, en principio, un proyecto sin analizar los indicadores y
ponderarlos de la manera que usted nos indicó antes? Fuera del caso
objeto de este arbitraje.
—No, que yo recuerde no vi nunca resoluciones de este tipo. Y en la página web que yo miré no había ninguna en realidad.
A su turno Derek Smith, integrante del bufete estadounidense Foley
Hoag, empezó el contrainterrogatorio. Smith dedicó buena parte de su
interrogatorio a intentar demostrar que el Poder Ejecutivo sí tiene
cierta discrecionalidad a la hora de otorgar los beneficios fiscales
previstos en la ley y que no necesariamente la Comisión de Aplicación de
la Promoción de Inversiones (Comap) debía emitir una resolución
favorable. El abogado contratado por Uruguay también quería que Alfie
dijera si en su informe había dicho que el gobierno debió conceder los
beneficios.
“Lo que digo es que tenían derecho a los beneficios
del decreto, ¿sí? Y más adelante, en otros párrafos, también digo como
que son canales separados. Una cosa es tener el derecho en función de la
ley y otra cosa es que el derecho efectivamente se usufructúe”, explicó
el economista.
—Y usted indica que, basado en el monto de la
inversión, Aratirí hubiera calificado para los beneficios. ¿Es correcto?
—preguntó el abogado en otra oportunidad.
—Sí.
BUSQUEDA -Montevideo - URUGUAY - 11 Noviembre 2020
El sol sale de noche
El respaldo personal y explícito del presidente de la república, Luis Lacalle Pou, al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, da una medida de la ética que defiende la coalición de gobierno, a la vez que constituye una señal inequívoca del alineamiento de los más destacados exponentes del gobierno con los intereses de las grandes corporaciones y los grandes inversores.
Isaac Alfie faltó a la verdad al explicar, en enero, su actuación durante el juicio que la minera Aratirí inició contra el Estado uruguayo. Alfie ocultó su verdadero protagonismo en el juicio, que implicó un respaldo técnico y político a los demandantes, protagonismo que el semanario Búsqueda dejó en evidencia al revelar el contenido del informe que el exministro de Economía y Finanzas y actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) redactó a pedido de la consultora Ferrere. El documento fue utilizado por los abogados de la minera para justificar el reclamo contra Uruguay, citando 27 veces en su alegato las opiniones de Alfie. Las revelaciones de Búsqueda desmontaron la justificación de Alfie, en el sentido de que su opinión no implicaba una toma de posición en el diferendo.
Por esa razón, la bancada de legisladores del Frente Amplio (FA) emitió una declaración en la que acusa a Alfie de «faltar a la verdad» y anuncia que tomará iniciativas parlamentarias. La declaración sostiene que la postura de Alfie es insostenible: por un lado, impulsa de manera inflexible una política que implica grandes sacrificios para la población y, por otro, respalda un reclamo que le habría costado cifras siderales al Estado. El senador Óscar Andrade adelantó el objetivo de las anunciadas medidas del FA al opinar que, a su juicio, Alfie debería renunciar a su cargo en la OPP.
Cuando el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, tomó el teléfono para transmitirle a Alfie su apoyo personal e institucional, aún no se conocían los detalles del testimonio oral de Alfie en el juicio que tuvo lugar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en Washington. Una nueva entrega de Búsqueda en su edición de ayer, jueves, revela que, al justificarse una vez más, Alfie exhibe una robusta piel de rinoceronte: «Dada la ley uruguaya, no encuentro motivos económicos y financieros para denegar la declaratoria de promoción de inversiones a Aratirí como tal. Con base en mi análisis y mi experiencia, de haber sido ministro de Economía y Finanzas, y quien terminaba firmando las resoluciones autorizando los beneficios fiscales, no advierto razones para negarlo, dada la reglamentación y la práctica usual». Como todavía no se conocían los detalles de su protagonismo a favor de Aratirí, Alfie tuvo el tupé de reiterar que su intervención «no fue ni a favor ni en contra».
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