jueves, 8 de noviembre de 2012

Bloquean cuentas de 40 represores prófugos


Lecciones para un Uruguay impune de los crímenes de la dictadura
 
Unidad de Información Financiera

Bloquean las cuentas de 40 represores prófugos

Lo dispuso el titular de la Unidad de Información Financiera. La medida busca estrechar el cerco sobre los fugados y ya contribuyó con dos capturas. Paralizó además las cuentas de American Data, empresa sospechada de financiar la vida en la clandestinidad del segundo jefe de la ESMA, entre 1976 y 1980.


lunes, 05 de noviembre de 2012  La política, como la vida, está llena de paradojas. Y esta nota comienza, justamente, con una paradoja. En diciembre de 2011, tras un largo debate, se sancionó la Ley 26.734, que modificó el Código Penal para incluir la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y que enseguida se hizo famosa por el nombre con el que la bautizaron: Ley Antiterrorista. El artículo 6 de esa ley faculta a la Unidad de Información Financiera (UIF) a ordenar, a través de una resolución administrativa, el congelamiento de cuentas bancarias y tarjetas de crédito de aquellas personas físicas o jurídicas que hayan cometido delitos definidos como terrorismo y que se encuentren en condición de prófugos.

En aplicación de esa potestad, el titular de la UIF, José Sbattella, firmó hace dos semanas una resolución que congeló los movimientos bancarios y de tarjeta de crédito de alrededor de 40 represores acusados de delitos de lesa humanidad que se encuentran prófugos de la justicia. La paralización de las cuentas no es un hecho menor porque esa medida, lo prueba la realidad, puede contribuir a la captura de los fugados. Eso fue lo que sucedió con Héctor Gianola (comisario retirado de la policía de Santa Fe) y con Sebastián Nicolás (ex personal civil de Inteligencia del Ejército, destacamento 121 de Rosario). Ambos fueron detenidos en la provincia de Santa Fe (el primero en Rosario, el segundo en la localidad de Olivera), hace quince días.

El bloqueo de cuentas bancarias, la incapacidad de comprar a crédito con tarjeta, incluso la restricción para retirar dinero de cuentas sueldo, son obstáculos que complican la vida cotidiana de cualquiera. Pero para un represor que está prófugo de la justicia y que hace años que se mantiene oculto bajo otra identidad, o que viajó fuera del país con documentos falsos, la imposibilidad de usar dinero "bancarizado" supone una dificultad adicional, que puede llevarlo a cometer un error: es probable que el acusado de crímenes de lesa humanidad que busca la justicia intente retirar dinero del banco o envíe a una persona de su confianza para hacer la gestión. Esas decisiones pueden ser clave en el avance de la investigación.

Una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que forma parte la Argentina –que además es miembro del G-20–, es que los Estados deben "limitar la capacidad de movimientos y de funcionamiento económico" de las personas u organizaciones con actividades terroristas. En la Argentina, con la dramática experiencia del terrorismo de Estado, la legislación exigida por el GAFI puede utilizarse –y de hecho se está avanzando en ese sentido– para juzgar a los represores que cometieron violaciones, secuestros, asesinatos, robos de bebés. De hecho, aunque haya sido duramente cuestionada por los organismos de Derechos Humanos, la Ley 26.734 contiene un artículo que, a juzgar por los resultados, está siendo clave para localizar a los prófugos de crímenes de lesa humanidad.

Se trata del artículo 6º de la ley, donde se plantea, textualmente, que la UIF "podrá disponer mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal, conforme la reglamentación lo dicte". El artículo 306 del Código Penal, de reciente incorporación, es el que sanciona con una pena de cinco a diez años de cárcel y una multa de dos a diez veces el monto de la operación a quien "directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero con la intención de que se utilicen o sabiendo que serán utilizados para la comisión del delito" de terrorismo. Mantener escondido a un represor buscado por la justicia, con una identidad falsa que le permite seguir prófugo, cuesta dinero. Para hacerlo se necesitan recursos y una estructura, logística y hasta empresarial. Y esa complicidad, siempre que haya protección de otras personas, implica además un delito: el penado por el artículo 306.



EL BOTÍN DE GUERRA, COBERTURA PARA LOS PRÓFUGOS. El procedimiento para congelar las cuentas por parte de la UIF fue reglamentado, tras la promulgación de la Ley 26734, a través del decreto 918/2012. Allí dice que la UIF, como órgano administrativo, tiene la potestad de congelar los movimientos bancarios por seis meses, y con una única renovación de seis meses como máximo. Si el juez interviniente en la causa decide ratificar el bloqueo bancario –las opciones son ratificar o rectificar– la medida puede seguir en vigencia por un lapso mayor. El congelamiento de cuentas, tarjetas de crédito y débito, plazos fijos, cobro de cuentas sueldos o de pensiones, es esencial para el avance en las causas de lesa humanidad. Entre los investigadores existe la certeza casi absoluta de que los represores utilizaron los bienes –inmuebles, efectivo, acciones de empresas– robados a los desaparecidos para crear empresas y sociedades que, hoy, con 29 años de democracia, permiten mantener a los militares acusados de crímenes de lesa humanidad que siguen prófugos.

La UIF ya lleva firmados varias resoluciones que ordenan a los "sujetos obligados" (un término técnico, producto de la legislación antilavado, que incluye a bancos, escribanías, inmobiliarias, comercializadoras de tarjetas de crédito) para que congelen las cuentas y bloqueen los movimientos de una larga lista de represores buscados por la justicia: el congelamiento también alcanza, en algunos casos, a presuntos cómplices que habrían facilitado una estructura económica para dar cobertura a los prófugos. El viernes 31 de agosto, por ejemplo, Sbattella ordenó bloquear los movimientos bancarios de Jorge Ernesto Vildoza (que integró el Servicio de Inteligencia Naval en tiempos de Raúl Alfonsín) y Rodolfo Fernando Giromini (ex piloto del Ejército entre 1978 y 1983, hoy en Aerolíneas Argentinas). Lo mismo dispuso con respecto a las cuentas de American Data SA, empresa vinculada a servicios de esparcimiento relacionados con juegos de azar y apuestas, ubicada en Fondo de la Legua al 2900, Villa Adelina.

De acuerdo con la acusación de la UIF, Vildoza y Giromini, presidente y vice de American Data SA, estarían financiando con los recursos de la empresa al padre del primero, Jorge Raúl Vildoza, para que pueda mantenerse en la clandestinidad a pesar de que lo busca la justicia. Vildoza padre fue el segundo jefe de la ESMA entre 1976 y 1980. Está acusado de robar bienes de secuestrados y, también, de apropiarse de un bebé nacido en cautiverio, Javier Penino Viñas, hijo de Cecilia Viñas y Héctor Penino, ambos desaparecidos. La esposa de Jorge Raúl Vildoza, Ana María Grimaldos, también imputada por la apropiación del bebé, fue detenida el 3 de julio pasado. El segundo de la ESMA fue acusado por sus ex colaboradores de haber construido una estructura empresarial a partir de los bienes robados a los desaparecidos. Un ex abogado de la empresa American Data, Oscar Beccaluva, incluso lo acusó de blanquear dinero robado a las víctimas a través de los casinos de Tierra del Fuego.

El congelamiento de los movimientos bancarios de Vildoza y Giromini fue ratificado por el juez Norberto Oyarbide, a cargo de la investigación. Los movimientos de la UIF en el caso Vildoza pueden ser un caso testigo para la tarea que aún tiene por delante: la Unidad de Búsqueda de Ofrecimiento de Recompensas de Prófugos en causas de lesa humanidad del Ministerio de Justicia tiene registrados alrededor de 40 represores que siguen siendo buscadas por la justicia. En esa lista, que se va actualizando periódicamente (ayer se conoció una lista de ocho nuevos acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad en Santa Fe, Buenos Aires, Misiones y Tucumán que permanecen prófugos), figuran rostros emblemáticos del terrorismo de Estado que luego supieron cómo reconvertirse en hombres de negocios, de la mano de la seguridad privada o los contactos con el mundo empresario. Entre ellos se podría citar al teniente coronel (RE) Héctor Mario Schwab, ex miembro de las patotas de Antonio Domingo Bussi, quien luego fundó la empresa de investigaciones privadas Scanner SA, o a Eduardo Alfonso, quien fuera jefe de la secretaría general del Ejército durante las presidencias de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde

(Fuente: Tiempo Argentino)



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