Brasil expulsó a un millar refugiados durante la dictadura

Brasil expulsó a un millar refugiados en dictadura, según documentos secretos

Sao Paulo, 4 nov Brasil expulsó a más de 1.000 refugiados sudamericanos durante la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985, en un acuerdo secreto entre diferentes países del Cono Sur, según documentos de la ONU divulgados hoy la prensa brasileña. Según el diario O Estado de Sao Paulo, que afirma que tuvo acceso en Ginebra al archivo de Naciones Unidas, el acuerdo para la expulsión de los refugiados fue pactado por 78 militares brasileños y argentinos con el apoyo de otros países vecinos como Chile y Uruguay y de la propia Cancillería de Brasil.

El Gobierno brasileño devolvió a opositores a sus países de origen, situación que es considerada por la ONU como una violación de los derechos humanos, y rechazó peticiones que tenían el aval de la organización. Brasil recibió entre 1977 y 1982 a 3.300 latinoamericanos que buscaban asilo político, pero ese estatus de refugiado sólo se lo concedió a 1.380 personas, todas ellas transferidas a otros lugares, y esa situación fue denunciada en 1979 por el entonces representante regional de ACNUR, Rolf Jenny. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en comunicados internos de la época a los que el diario brasileño dice que ha tenido acceso, dijo varias veces que "Brasil no aplica en la práctica la ley de asilo nacional para la izquierda y los no europeos" y que mantenía así una "posición extraoficial".

Las autoridades alegaron, según los textos, que Brasil "no era más un país de inmigración y que una integración de refugiados era difícil", lo que la ONU refutó con el argumento que los inmigrantes portugueses que huían de Angola después de la descolonización eran recibidos con todas las prerrogativas en territorio brasileño.

Brasil expulsó a más de mil refugiados en el apogeo de la dictadura en el Cono Sur 
 En el punto álgido de la represión en el Cono Sur, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los opositores militares buscados por los  regímenes en los países vecinos, decenas de Peticiones fueron rechazadas de las Naciones Unidas para dar asilo a las familias que estaban siendo amenazados y perseguidos e incluso obligó a la organización a buscar un salida de estos refugiados a otros países. En general, en tan sólo cinco años, el régimen brasileño en la práctica expulsó a más de 1.000 argentinos, chilenos y uruguayos en el país, siempre con la colaboración de la diplomacia brasileña.

Los datos son parte de los cientos de telegramas, informes y cartas que se guardan en los archivos de las Naciones Unidas en Ginebra y que el Estado podría consultar con exclusividad.

En total, 3.300 latinoamericanos llegaron a Brasil entre 1977 y 1982 como solicitantes de asilo que huían de la  tortura y la cárcel. Pero la condición de refugiado se dió sólo a 1380 y todos ellos, sin excepción, fueron trasladado a locales "seguros"  de la ONU  a la petición del gobierno de Brasil. Casi el 90% de ellos eran argentinos y uruguayos.

En muchos telegramas de sus oficinas en Río de Janeiro, Buenos Aires y con sede en Ginebra, el Alto Comisionado para los Refugiados dieron alerta por la negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y el gobierno brasileño a aceptar que estos adversarios deberán permanecer en el país de forma permanente.

"El gobierno sigue negándose a conceder asilo o cualquier otra visa de residente permanente a nuestros refugiados en Brasil", se quejó el 25 de junio 1979 Rolf Jenny, representante regional adjunto del ACNUR en Buenos Aires. Según la ley internacional, devolver a los regímenes dictatoriales donde estaban siendo perseguidos políticamente se considera un crimen de lesa humanidad. "Brasil no se aplica en la práctica la ley nacional de asilo  a izquierdistas o no europeos", informó la ONU en las comunicaciones internas.

De acuerdo con el telegrama del 25 de junio, Jenny confirmó que la organización estaba operando en una "posición oficial extra" en el país, por exigencia del régimen militar brasileño y un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además de sus actividades en secreto, otra condición impuesta por el régimen que la ONU fue "hacer todo lo posible" para darle un destino a los refugiados que entraban en el país, es decir, sacarlos de Brasil.

A cambio, el gobierno se aseguraró darle  un plazo de seis meses para que estos refugiados permanezcabcen en la condición de "personas en tránsito". Más que eso, los documentos revelan que en el Ministerio de Relaciones Exteriores había  querido advertir que no habría garantías de seguridad.

Para justificar su negativa de prestar asistencia a esas personas, el Gobierno explicó a la ONU que Brasil "ya no es un país de inmigración y la integración de los refugiados es difícil". El argumento se repite en varias comunicaciones internas ya través de encuentros entre diplomáticos brasileños y las misiones de las Naciones Unidas que, durante años, trató de convencer a Brasil para cambiar de posición.

En efecto, ya en 1984, una reunión entre la ONU y el entonces director del Departamento de Organizaciones Internacionales, Marcos Azambuja, el diplomático de nuevo antes de explicar que las "circunstancias económicas del país, el aumento del desempleo, el elevado número de personas que ya ilegales en Brasil y en los miles de kilómetros de frontera con monitor de Brasil, el Gobierno considera que no es apropiado permitir una estancia permanente de refugiados frente a una posible invasión. "

La ONU no quedó conforme con el argumento, y ni en el 84 ni en el 70. Para fundamentar la explicación dada por la Cancillería, el organismo internacional destacó como el portugués que huyó proceso de descolonización de Angola  y que fueron aceptados como inmigrantes en el país. "Hay que señalar, sin embargo, que en los últimos años, decenas de miles de portugueses han llegado y es difícil admitir que exista la posibilidad de que algunos otros cientos de refugiados", advierte la entidad en un telegrama de 1978.

Acuerdo. Si en los pasillos de los diplomáticos de la Cancillería trató de de presentar  posiciones, los documentos de la entidad revelan que, detrás de las escenas, Brasil contribuyó activamente en la persecución de los refugiados de los países vecinos hasta finales de los años 70 y estuvo a punto de firmar   acuerdos formales para ayudar a militares argentinos persiguiendo opositores al régimen en Buenos Aires que habían cruzado la frontera con Brasil.

En un telegrama de fecha 28 de marzo de 1979, según la ONU había advertido de que dos refugiados argentinos habían sido perseguidos en Brasil tratando de solicitar asilo. Uno de ellos había reconocido a uno de los agentes de inteligencia argentinos, que los seguían. El representante del sistema de Buenos Aires era la misma  persona que la que se encontró cuando era militante, meses antes, y se encontraba en una prisión de la capital argentina.

"Es obvio que nuestra colonia de refugiados en tránsito en Brasil está más que preocupados por los acontecimientos", dijo la ONU. En el mismo mensaje, los informes del ACNUR como una forma de buscar la ayuda de emergencia de la embajada holandesa en Brasil para aceptar el argentino Horacio dos de la Paz y Laura de Carli, como refugiados en Amsterdam.

Pero el testimonio fue más allá de los argentinos. Según la ONU, "se supo de varios argentinos que fueron secuestrados en Brasil y devueltos a sus países de origen".

En otro informe de un refugiado argentino proveniente de la ONU,  señala de la existencia de la colaboración ofrecida por el Brasil a  militares argentinos. Jaime Ori, un miembro del Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero , fue informado de que contaban todavía en prisión en su país "la colaboración directa de las autoridades brasileñas en el secuestro de los refugiados argentinos en Brasil". "Pude ver las carpetas con documentos e imágenes brindadas por las autoridades militares brasileñas al II Cuerpo de Ejército de los militares, en Rosario", dijo Ori a la ONU.

"Él (Ori) cuentó cómo el ejército argentino había llegado a un acuerdo con Brasil y  que el Grupo de Tareas transferiría  a Rosario  si se encontraran operando en Río  en el exilio", dijo el documento de la ONU. "Con ese objetivo, los militares brasileños facilitaron con esta maniobra, con que los casos de explotación, protección legal y militar a las fuerzas argentinas", agrega el informe. Según la carta, el acuerdo tendría un valor a partir de marzo 78.

Ya en una carta de fecha 2 de enero de 1979, la oficina de la ONU en Río informa su sede en Ginebra que "milagrosamente evitada" el regreso de Brasil de un estudiante por los militares argentinos en Buenos Aires.

Un telegrama del 28 de marzo 1979 revelan cómo, en enero de ese año, el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía un amplio conocimiento de las operaciones de represión. Diplomáticos brasileños en contacto en caso de emergencia con la ONU para pedir a la entidad para organizar la salida inmediata de los tres argentinos que eran rivales en Brasil por "cuestiones de seguridad". "Después de insistir, en el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que las Fuerzas Armadas (Brasil) no será permitido", indicó el telegrama.

En dos semanas, Eduardo Elizondo, Hugo Lambertucci y Pierro Hugo sería trasladado a los Países Bajos y Suecia. "El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que la preocupación era que si había una solución rápida, estos sistemas de protección contra la deportación de refugiados a su país de origen, Argentina, no se pudo mantener", señaló la ONU.

La entidad considera que la actitud del Ministerio de Relaciones Exteriores puso diplomacia brasileña en una situación complicada, ya que trata de demostrar que el país cumplió con sus acuerdos. Pero necesitaba actuar a las órdenes de los militares. "El Ministerio de Relaciones Exteriores, obviamente, se había enfrentado a un grave conflicto interno con las fuerzas de seguridad", evaluó la ONU.

De todas las formas, citando a una fuente en la Argentina, la entidad advirtió que "la colaboración entre los servicios de inteligencia podría ser una realidad y que la seguridad de los refugiados en tránsito en Brasil podría ser precaria".

Una única solicitud de evacuación de emergencia se repite incluso en el caso de dos uruguayos que se encontraban en Porto Alegre y fueron amenazados con la deportación. La ONU seguirá insistiendo Brasil para dar el estatus de exiliado político a estas personas perseguidas. Sin embargo, un tramo de un telegrama de finales de los 70, la ONU no disimula la total frustración en el "rotundo no" por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia en relación con la autorización para estos refugiados permanecen en el país


(traducción automática del portugués)

 

  Internacional, 5.11.12

Jair Krischke. / (archivo, junio de 2011) Foto: Victoria Rodríguez

Sin fronteras ideológicas 

Ejércitos de Argentina y Brasil colaboraron activamente en la represión durante sus dictaduras.

Brasil se negó a dar refugio y a asilar a los perseguidos por las dictaduras de los países vecinos pese a las solicitudes en este sentido de las Naciones Unidas, e incluso permitió que el Ejército argentino instalara dos bases para identificar y capturar a los argentinos opositores que se ocultaban en su territorio.

Documentos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) a los que accedió el diario brasileño O Estado de São Paulo revelaron que durante las últimas dictaduras militares sudamericanas el gobierno castrense brasileño rechazó refugiar a los perseguidos políticos de Uruguay, Argentina y Chile y expulsó a más de 1.000 que deberían haber recibido el estatus de asilados.

Todo indica que en el marco del Plan Cóndor, en virtud de un acuerdo entre los dos gobiernos, Brasil devolvió a sus países de origen a cientos de exiliados políticos -lo que es considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una violación a los derechos humanos- y rechazó solicitudes de resguardo respaldadas por Acnur.

De toda América Latina fueron unas 3.300 personas las que buscaron asilo en Brasil entre 1977 y 1982, 90% de ellas argentinas y uruguayas. Sólo 1.380 obtuvieron el estatus de refugiado político, con la condición de que la ONU los trasladara a “refugios seguros” fuera del país. Brasil concedía seis meses a la Acnur para que les encontrara mejor destino, período durante el cual las denominaba “personas en tránsito”.

“El gobierno continúa rechazando dar asilo o cualquier otra forma de residencia permanente a nuestros refugiados en Brasil”, se quejaba el vicepresidente de Acnur, Rolf Jenny, en 1979. En distintos documentos consta que la dictadura norteña conocía la represión a la que eran sometidos los opositores en sus países. Aun así, se negaba a darles amparo y recomendaba a Acnur que los dirigiera a otros sitios, para evitar hacerse responsable de ellos.

Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, indicó en entrevista con la diaria que su país “no daba el estatus de refugiado o exiliado a ningún latinoamericano”, aunque sí lo hacía, por ejemplo, con cubanos disidentes. Recordó que en 1981 presentó junto con Acnur una solicitud de refugio para cuatro familias -una uruguaya, una chilena, una argentina y una paraguaya- que “hasta el día de hoy no tienen respuesta”.

El gobierno brasileño argumentaba que ya no era un país de inmigración y que integrar a los refugiados era difícil. “Con las circunstancias económicas del país, el aumento del desempleo, el ya alto número de personas ilegales en Brasil y los millones de kilómetros de frontera que Brasil tiene que monitorear [para evitar la inmigración ilegal], el gobierno considera que no es adecuado permitir una estadía definitiva de refugiados”, argumentó en 1984 ante Acnur un diplomático brasileño.

En los comunicados internos de Acnur a los que accedió O Estado figuran las denuncias de personas “en tránsito” que fueron perseguidas en Brasil. Por ejemplo, los argentinos Horacio de la Paz y Laura de Carli, que denunciaron que militares de su país los persiguieron en territorio brasileño. La Acnur reaccionó pidiéndole a Holanda que los recibiera.

“Argentina tenía dos bases en Brasil, una en Río de Janeiro y otra en San Pablo”, señaló Krischke, y en Uruguayana (limítrofe con Argentina y Uruguay) “era cuestión de cruzar el puente”. La existencia de bases argentinas en Brasil también consta en los documentos de la Acnur.

En otro de los comunicados la oficina especializada de la ONU denuncia que una pareja de uruguayos en Porto Alegre atraviesa una situación similar a la de los argentinos. Ellos fueron amenazados con ser enviados nuevamente a Uruguay, hasta que la Acnur los envió a otro destino. Krischke indicó que se tiene información del caso de estos dos uruguayos pero se desconocen sus identidades.

Aun así, el activista por los derechos humanos señaló que el único caso que se conoce de un uruguayo que fue devuelto a Uruguay es el de Óscar Pérez, quien fue detenido por el Ejército brasileño y entregado “bajo recibo” a la Policía uruguaya. Además, dijo que el movimiento que lidera no tiene documentos sobre uruguayos que hayan desaparecido en Brasil, excepto los casos concretos de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez, que luego de ser secuestrados por militares uruguayos en Porto Alegre en 1978, iban a ser llevados nuevamente a Montevideo. Pero la intervención de los periodistas de la filial gaucha de la revista Veja hizo fracasar el operativo al presentarse en el lugar tras recibir un dato y publicar posteriormente la información.

Andrea Martíne