Sargento al calabozo por denunciar corrupción

Las maniobas en Censo Agropecuario 

Lunes 28 de noviembre de 2011 |

CUESTION DE HONOR. FUE DENUNCIADA POR MILITARES DE LA PROPIA UNIDAD; JEFES ESTARIAN INVOLUCRADOS

Descubren maniobra en batallón con fondos del Censo Agropecuario

Un grupo de militares del Ejército denunció en su propia unidad una maniobra de presunta estafa con fondos provenientes del Censo Agropecuario, según la cual se hizo figurar más personal y vehículos que los utilizados.

Escrito por: MARCELO FALCA

Lunes 28 de noviembre de 2011 |La irregularidad fue detectada en el Batallón “Rincón” de Infantería Mecanizada Nº 9 con asiento en la ciudad de Fray Bentos.
El censo comenzó en forma simultánea en todo el país el pasado 15 de agosto y contó, en esta edición con la participación de unos 640 efectivos del Ejército provenientes de unidades de todo el país, a los que se les pagó un viático por su desempeño como empadronadores, supervisores zonales y departamentales, así como al personal militar de apoyo logístico, bajo las órdenes de operarios de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En la actividad -que concluiría por estos días-, está previsto que se visiten en total unos 60 mil establecimientos agropecuarios en todo el país. El costo del censo fue estimado en unos U$S 3 millones.

La denuncia

El Batallón “Rincón” Nº 9 de Fray Bentos es una de las unidades que contribuyó con personal (alrededor de 18 efectivos) y vehículos y que, al 2 de noviembre, llevaba relevados un total de 776 de establecimientos (un 71% del total del área asignada), según el parte remitido por el oficial a cargo del Censo Agropecuario, capitán Cléber Techera.
Militares del propio cuerpo de tropa descubrieron que sus nombres figuraban en las planillas del personal afectado a las tareas de censo, sin haber sido convocados y acompañados por firmas falsificadas.
Los damnificados, entre los cuales hay un suboficial, pusieron al tanto de estos hechos a las autoridades del cuartel. Sin embargo, con asombro y perplejidad, se enteraron que habían sido éstas las que habían dado la orden de adulterar los reportes. Las irregularidades también abarcarían a otros rubros, como vales de combustibles y vehículos utilizados en el traslado del personal militar hacia los establecimientos a censar. En este caso, en la planilla de progresos diarios del censo agropecuario se declara una cantidad de vehículos superior al que realmente se empleó. LA REPÚBLICA tuvo acceso a toda la documentación con el membrete del batallón, copias de listados con las firmas adulteradas, así como los nombres del personal damnificado y el monto de lo que, mes a mes, reportaba el ilícito, todo lo cual está a disposición de las autoridades competentes.
También accedió al testimonio -de seis carillas- de uno de los denunciantes, cuyo nombre se mantiene por el momento en reserva, quien está dispuesto a declarar, llegado el caso, “por mi honor y por mi país, para que no se vuelva a repetir en mi unidad ni en todo el Ejército”. Fue este uniformado quien tomó la decisión de denunciar la maniobra, primero, como correspondía, a través del conducto natural del mando.
En respuesta, el denunciante recibió “amenazas y presiones” de sus superiores, todo lo cual también relató en un informe que remitió a LA REPÚBLICA (véase recuadro).

"De comunista, no"

“Mire, mi sargento, si sigue de comunista, le voy a arrancar la cabeza a tipasos (sanciones); de comunista acá dentro, no”, le advirtió el capitán C.T. al denunciante, palabras más, palabras menos. El mencionado capitán figura como oficial a cargo ante el Censo Agropecuario en la unidad y este diálogo, según el testimonio, ocurrió en el despacho del oficial el pasado 22 de noviembre a la hora 9.30. Este había sido el segundo contacto que el denunciante había mantenido con el oficial por este tema. El primer encuentro había tenido lugar el 19 de octubre a la hora 10. El propio capitán le había hecho saber “en tono agresivo” que figuraba en la lista del personal que trabajaba en el Censo Agropecuario 2011 con 14 días en el mes de setiembre y octubre y que tenía ganada la suma de $5.900 en tickets alimentación. Sin embargo, le aseguró que “no los iba a cobrar ya que el mayor J.R. (2º jefe del Batallón) había firmado por mí” en las taloneras y recibos correspondientes y “se los había quedado para él”. Agregó que fue el propio C.T. quien le exhibió la documentación con las firmas adulteradas. El oficial también le dijo que él había puesto su nombre así como el de otros cuatro militares más en las planillas, sin sus conocimientos, “por orden del señor segundo jefe y del jefe del Batallón”. También le confió que la maniobra abarcaba a los vales de combustible. Sorprendido ante esta revelación, le espetó al capitán que pondría al descubierto la maniobra, sobre lo cual el capitán le advirtió que “no hable nada si quiere conservar su grado y su trabajo”.

El viernes 21 de octubre, a la hora 10, el denunciante procedió a poner en conocimiento de lo ocurrido al 2º jefe. En respuesta, solo recibió “silencio y una sonrisa”. El martes 22 de noviembre a la hora 10, concurrió al despacho del propio jefe del Batallón, a quien le relató lo ocurrido, así como la amenaza recibida. “Mire mi sargento, acá yo soy el jefe, y sé todo lo que entra y sale y todo lo que se hace y se deja de hacer es por orden mía” le advirtió. Confirmó que él había dado la orden de que se pusiera más personal en el Censo Agropecuario, que el personal no iba a trabajar. También indicó que maniobras como esa se estaban realizando en unidades militares de otros departamentos.
En un segundo encuentro, ese mismo día, pero a la hora 13.30, el comandante le informó que tomó cartas en el asunto por la amenaza y que “mañana a primera hora a esa gente que figuraba de más se le iba a pagar”. El denunciante se mantuvo firme y le respondió que “no iba a firmar y a cobrar nada que no le correspondiera ya que no había trabajado”. La respuesta fue: “Si usted no firma, otro sargento lo hará y cobrará los tickets”. Al otro día, el jefe de la unidad convocó a una reunión a la hora 10 en el casino de oficiales de la unidad, a la plana mayor del Batallón y al personal que figuraba en las planillas.
Les hizo saber que él tenía conocimiento de la situación, al igual que el 2º jefe, que el oficial a cargo del censo y otro sargento y reiteró que el objetivo no había sido perjudicarlos a ellos sino “sacar más plata al Ministerio y al Estado”. “Pero como ustedes se enteraron les vamos a pagar y que esto no salga de esta reunión”, agregó. El denunciante respondió que todo el personal del Batallón está enterado y le reiteró que él no firmará ni cobrará dinero alguno porque no había trabajado y exigió que se lo borre de la lista. El jefe de la unidad preguntó entonces al sargento presente si quería firmar por él y llevarse los tickets, lo que efectivamente hizo. El resto de los presentes, a excepción del denunciante, también firmó, luego que el comandante se los ordenó.

Ver informe completo:

Diputada del MPP defiende a militares sancionados

 

La diputada Graciela Cáceres del MPP se convirtió en la defensora pública de los jerarcas del Batallón 9 de Fray Bentos. Los militares fueron sancionados porque se detectaron irregularidades con los fondos del censo agropecuario y el Ejército los relevó por faltas consideradas “graves”. La diputada los defendió cuando se denunció el tema y ahora volvió a hacerlo. Cáceres negó que hayan sido sancionados, con el argumento de que los conoce y los cree honestos.

 La diputada Cáceres del MPP los cree honestos

 15 de febrero de 2012

 

Graciela Cáceres, diputada del MPP por Río Negro, defiende desde hace dos meses a los militares sancionados y relevados de sus cargos. En especial al ex jefe del Batallón 9 de Fray Bentos, el teniente coronel Gustavo Meirelles.

La situación se tornó tan insólita que una murga se burla en el carnaval de Fray Bentos, pero el MPP no se pronuncia sobre la postura individual de su legisladora. La defensa de los militares sancionados comenzó pocas horas después de que se conoció la noticia. Cáceres dijo que la denuncia era “una gran mentira” y aclaró que ella tenía “la verdad”.

La semana pasada, la diputada volvió a referirse al tema en Visión FM de Fray Bentos. Ante la pregunta del periodista Walter Robledo, en base a una nota publicada en 180, Cáceres sostuvo que el relevo de los militares fue un hecho normal. “El teniente coronel Meirelles va a estar encargado de una parte de los médicos y usuarios del Hospital Militar. Si estuviera con una falta grave no lo mandarían a ese lugar. Siempre que hay un acto administrativo, hay un relevo, pero le dieron el tiempo de cumplir los dos años reglamentarios. Yo les aconsejo, para que tengan las dos partes, es que lo llamen al teniente coronel Meirelles. Porque hay toda una familia detrás y hay un montón de cosas que cuidar. Para nosotros en la sociedad trabajaron muy bien, quedaron con muchas relaciones de amistad y nosotros los rionegrenses no somos quién para seguir hablando de ellos”, dijo.

180 trató de entrevistar a Meirelles el año pasado, pero el ex responsable del Batallón nos dijo que no le permitían hacer más declaraciones.

También intentamos hablar con Cáceres, pero no quiso darnos declaraciones. En la nota con Visión FM, la diputada señaló que 180 era un medio “sensacionalista, que la había perseguido para que hablara”. En esa nota aclaró que ella “sólo daba notas a medios que consideraba más o menos serios, porque si no tinelliza su persona”.

La historia

Este caso se dio el año pasado, a partir de la denuncia que hizo un sargento de Fray Bentos en No toquen nada a fines de noviembre. El militar dijo que varios de sus superiores realizaron una maniobra con los tickets y vales de nafta que les dieron para realizar el Censo agropecuario. Según explicó, se incluía en las planillas del personal que trabajaba en el censo a muchos militares que no realizaban la tarea y se les falsificaba la firma. A él se le falsificó la firma y por eso se dio cuenta.

El Ejército inició una investigación y se detectaron irregularidades cometidas por los superiores. Pedro Aguerre, comandante en jefe del Ejército, decidió relevar a los superiores porque consideró que las faltas administrativas cometidas eran demasiado graves como para que continuaran en sus puestos. Además, se ordenó arresto de rigor para los tres militares y se pidió que al sargento que realizó la denuncia no se lo sancionara. Aguerre entendió que el sargento había hecho los reclamos correspondientes y no fue escuchado. Por eso se vio obligado a decirlo en la prensa.

“Los tres jefes del Batallón de Infantería fueron relevados porque cometieron faltas graves, pero no está comprobado si cometieron delitos, a eso lo va a determinar la Justicia. No es común que se releve a una persona por una falta disciplinaria. Hay una escala de sanciones que van desde una amonestación a su relevo y el pase a la Justicia. Las faltas eran demasiado graves como para que se mantengan en los puestos que están ocupando, sobre todo el jefe y el segundo jefe de la unidad”, explicó el coronel Mario Estevenasi, encargado de relaciones públicas en el Ejército.

Los relevos de dos de los militares se hicieron efectivos el miércoles 8 de febrero. Uno era el teniente coronel Gustavo Meirelles, jefe del Batallón 9 y el otro fue el sub jefe, Mayor Jesús Rodríguez, que pasó a retiro. El Capitán Clever Techera, que era el responsable directo del censo agropecuario fue relevado ya el año pasado. 

Prisión para militar que denunció maniobras en Censo Agropecuario. 
"Omisiones en el servicio". Antecedentes pasaron a la justicia ordinaria.

Charles Silva, el sargento del Ejército que en 2011 denunció maniobras con fondos del Censo Agropecuario en el Batallón de Infantería Mecanizada Nº 9 de Fray Bentos, terminó preso en un calabozo de la propia unidad. Tras casi un año de actuaciones, la Justicia Militar lo procesó por el delito de “omisiones en el servicio”.

La falsificada: la firma del sargento Charles Siva


El subsecretario de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, dijo al respecto que la dependencia del Estado “no hará comentarios por el momento” debido a que la sentencia de la Justicia Militar conocida ayer “no es aún la definitiva, sino que es la de primera instancia”.
El jerarca ministerial adelantó que “posiblemente” cuando la sentencia contra el sargento Silva esté consolidada” “es probable que desde el ministerio de Defensa hagamos algún comentario. Por el momento, no es lo más prudente”, evaluó Menéndez.
En tanto, el presidente del Supremo Tribunal Militar (STM), general (r) Julio Halty, explicó que el sargento Charles Silva fue procesado con prisión por el delito de “omisiones en el servicio”, previsto en el artículo 47, literal L del Código Penal Militar (véase recuadro).
Según Halty, el sargento realizó acciones “que son dignas de ser calificadas como delito militar”, por cuanto el Código Penal Militar establece que “nadie puede hacer algo que no fuera ordenado o dispuesto por un superior, y que no está dentro de su competencia”.
En tanto, los restantes oficiales investigados, entre ellos, el ex jefe del Batallón Rincón, el segundo jefe y un capitán, fueron exonerados por la Justicia Militar, ya que no se encontró motivo para procesarlos. “El juez entendió que no existían delitos militares, en virtud que, además, desde el punto de vista administrativo, los oficiales fueron todos sancionados, por el comandante en jefe, Pedro Aguerre”, explicó Halty. En aquel momento, el Tte. Cnel Gustavo Meirelles estaba al frente de la unidad.
El caso pasará ahora a estudio del juez de Instancia, que hará un nuevo estudio del expediente, para la dilucidación de la eventual condena o la absolución del sargento involucrado. En caso de disponerse la condena, el oficial tiene la posibilidad de apelar la decisión para su análisis ante el STM y posteriormente, presentar un recurso de revocación ante la Suprema Corte de Justicia, señaló. Halty reconoció que “hay elementos que inducen a pensar que se podría haber cometido un delito común”.


La denuncia
En noviembre del año pasado, Silva denunció que su nombre figuraba en planillas del personal afectado al Censo Agropecuario 2011, siendo que él nunca había participado en el relevamiento. Asimismo, descubrió que en uno de los comprobantes de cobro de haberes su firma había sido falsificada (ver facsímiles). No era el único caso. También figuraban con la firma fraguada otros militares. En una de las planillas, a las que tuvo acceso LA REPÚBLICA, Silva aparecía como personal de apoyo con 22 días trabajados, entre el 16 de octubre y el 15 de noviembre de 2011, a $400 el jornal y un total de $ 8.800 percibidos, que nunca cobró. Silva decidió denunciar la maniobra, primero, a través del conducto natural del mando, aunque no encontró eco. Según su versión, las propias autoridades de la unidad estaban al tanto de la maniobra. En la denuncia se sumó también que se cometían irregularidades con el registro de vales de combustible y vehículos utilizados en el traslado del personal militar hacia los establecimientos a censar, declarándose una cantidad superior a la que realmente se empleaba. Preguntado por qué había sido procesado, Silva reconoció que “se me juzgó por las medidas que yo tomé: de sacar información a la prensa, de interrogar al personal”. El sargento permanecerá con prisión preventiva hasta que el juez militar actuante dicte la sentencia definitiva. El delito se castiga con un mínimo de 4 meses a un máximo de 4 años de reclusión.
 “Muy tranquilo”
En diálogo con LA REPÚBLICA, Silva dijo ayer estar muy tranquilo y dispuesto a asumir las consecuencias por sus actos. No obstante, el militar se preguntó: “¿En qué Ejercito estamos, qué reglamentos estamos aplicando, cómo es posible que se sancione a un subalterno por decir la verdad y no sea delito militar, por ejemplo, falsificar las firmas del personal?”.
Aclaró que “si tuviera que volver a denunciar, lo haría y de la misma forma: primero ante mis superiores, como lo hice, y ante la falta de respuesta, lo haría a través de la prensa: no quiero un Ejército manchado”. El sargento dijo que desde hace un año se convirtió en la “oveja negra” del Batallón y sostuvo que espera que la Justicia ordinaria aclare este tema.
“Lo que tenía que hacer ya lo hice, lo denuncié para que no se vuelva a repetir en otro lado”, decía un año atrás. “Desde mi punto de vista, se trataba de una estafa con fondos de todos lo que se venía haciendo, pero todo el mundo quedaba callado”; él sentía que “no podía hacer eso”.

 

Los curiosos avatares de la justicia castrense

Mientras tanto el subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional declinó hacer comentarios al respecto en tanto la sentencia “no es aún la definitiva” sino en primera instancia.
El sargento Silva –que descubrió su propia firma falsificada en las planillas de pago del Censo, junto a la de otros soldados, como habiendo cobrado $8.000 que nunca recibió- está ahora en prisión preventiva hasta que el juez dicte sentencia que podría llevar a un mínimo de 4 meses y un máximo de 4 años de reclusión. No obstante tiene posibilidades de apelar.
Silva, dijo al diario La República que está tranquilo, pero se preguntó: “¿En qué Ejército estamos, qué reglamentos estamos aplicando, cómo es posible que se sancione a un subalterno por decir la verdad y no sea delito militar, por ejemplo, falsificar las firmas del personal?… No quiero un Ejército manchado”, enfatizó asegurando no estar arrepentido y dispuesto a denunciar “de la misma forma: primero ante mis superiores como lo hice y ante la falta de respuesta lo haría a través de la prensa”.