El ejército de Brasil en agosto inició la Operación Ágata contra el tráfico de armas y drogas
Preocupa a Brasil el ingreso de aviones con cocaína en Uruguay
Narcotráfico. Brasil desplegó por quinta vez en un año a 17.000 efectivos en sus fronteras desde Bolivia a Uruguay. En Uruguay operan oficiales de enlace norteños con la Brigada Antidrogas
EDUARDO BARRENECHE
A Brasil le inquieta el aterrizaje en Uruguay de aviones con cocaína, el lavado de dinero, el corrimiento hacia el país de narcos pesados y el tráfico de precursores químicos en las fronteras de ambos países.
La importancia que le da Brasil a Uruguay no queda muy rezagada en comparación con otros países de la región. De todas formas, las prioridades para el gobierno norteño es cortar el enorme flujo de cocaína proveniente de Colombia, Bolivia y Perú, países que tienen límites con el gigante norteño.
A partir de agosto del año pasado, Brasil incrementó sus movimientos de tropas en sus fronteras en operaciones denominadas Ágata. Los despliegues incluyen la utilización de aviones cazas y drones (aparatos no tripulados), marina y unos 17.000 efectivos de infantería.
Según fuentes policiales, una de las principales preocupaciones de Brasil es el ingreso de cocaína a su territorio proveniente de Uruguay.
Oficiales antidrogas uruguayos estiman que son cientos las pistas clandestinas existentes en Uruguay a poca distancia de la frontera con Brasil. Si bien el radar ubicado en Durazno capta el ingreso de aparatos no identificados, el tiempo de respuesta de los aviones no es eficaz. Ello permite a estos aparatos cruzar otra vez la frontera.
La importancia de Uruguay llevó a Brasil a instalar en su embajada a oficiales de enlace antidrogas, los cuales intercambian informaciones con sus pares de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.
Otro tema que genera preocupación a los norteños es el trasiego en la región de precursores químicos que permiten a laboratorios clandestinos transformar la pasta base en cocaína. En varias ocasiones policías de Uruguay y Brasil realizaron controles sorpresivos de precursores químicos que permiten elaborar cocaína, afirmaron fuentes de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas a El País.
Policías uruguayos y brasileños también hacen trabajos de inteligencia para seguir el ir y venir de narcos brasileños y colombianos a través de la frontera Uruguay-Brasil.
Según las fuentes, las policías de ambos países intercambian datos sobre organizaciones de traficantes que operan en los dos lados de las fronteras. Un ejemplo este tipo de procedimiento fue la Operación San Francisco que involucró en 2007 a las policías de Brasil y Uruguay y la participación de oficiales antidrogas de Estados Unidos, Holanda y España. Un cartel colombiano compró una estancia en Salto y pensaba trasladar cocaína en contenedores de frutas hacia Holanda.
"Con la policía brasileña se trabaja caso a caso. En estos movimientos que se hacen hay una integración con la Policía Militar y la Policía Federal de Brasil. También hay intercambio de información con Brasil. Esa es la mejor manera de actuar porque los delincuentes no conocen los límites de los países", dijo a El País el subdirector de la Policía Nacional, inspector general (r), Raúl Perdomo.
En tanto, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, afirmó a El País: "Brasil tiene derecho a instrumentar medidas y a desplegar tropas en sus fronteras. En este momento sufre una fuerte presión de grupos de narcos. También quiere cortar el tráfico de armas destinado a organizaciones criminales".
PRESIÓN. Brasil tiene fronteras con Colombia, Perú y Bolivia que son los principales productores de cocaína del mundo.
Tras constatar un aumento del consumo de cocaína por la bonanza económica, el gobierno de Dilma Rousseff se embarcó en una nueva estrategia militar y policial de persecución del narcotráfico. Para aplicar esa política elaboró el Plan Estratégico de Frontera a mediados del año pasado.
En el marco de este plan, durante 15 días de este mes, Brasil desplegó tropas (17.000 efectivos) en sus 3.900 kilómetros de fronteras, desde Bolivia hasta Uruguay en el marco de la Operación Ágata 5, según informó el diario argentino La Nación.
"Con la Operación Ágata estamos marcando cada vez más la presencia del estado brasileño en la región de frontera", dijo el ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorín, el martes 22.
El megaoperativo derivó en la incautación de seis toneladas de drogas y fueron arrestadas 31 personas. Las fuerzas militares brasileñas también decomisaron 117.000 kilos de explosivos, 40.000 reales (unos US$ 20.000) en billetes falsos y 182 vehículos y embarcaciones usadas por criminales.
VIOLACIÓN. La presencia de la policía brasileña en la frontera con Uruguay es obvia.
A fines de abril, un helicóptero de la Policía Rodoviaria irrumpió en el espacio aéreo uruguayo e interceptó en el paraje La Puente de Rivera a dos camiones con mercaderías. Según los dueños de los camiones, los policías brasileños revisaron los vehículos y eran conscientes que estaban dentro de Uruguay.
La Policía brasileña también efectuó intervenciones en las fronteras de los departamentos de Rocha y Cerro Largo. En Aceguá la presencia de efectivos de la Policía Militar brasileña ha ocasionado tensiones con vecinos y comerciantes de esa localidad de Cerro Largo.
Meses atrás, un "drone" (avión no tripulado) de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) persiguió un avión que sobrevoló la frontera con Uruguay sin identificarse y aterrizó en una pista de la ciudad de Uruguayana. La policía brasileña cree que se trataba de un avión perteneciente a un cartel narco.
Problema regional
A través de mecanismos de cooperación de lucha antidrogas, Brasil está incrementando su injerencia en países de América del Sur. Hace 15 días, unos 35 efectivos de la Policía Federal de Brasil con sede en Tabatinga (estado de Amazonas) realizaron una misión en suelo peruano. En la operación denominada "Trapecio" -por la triple frontera que comparten Brasil, Colombia y Perú-, también participaron agentes peruanos, colombianos y de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos). Fueron destruidos 100 hectáreas de cultivos de coca que hubieran servido para producir unos 700 kilos de cocaína y se desmantelaron 10 laboratorios. El operativo contó con el visto bueno del gobierno peruano. Sin embargo, Bolivia -otro productor de cocaína en la región- dijo que no aceptará la presencia de policías antidrogas brasileños dentro de su territorio, pese a que ambos países firmaron convenios de cooperación.Según el gobierno de Brasil, la bonanza económica tuvo un efecto colateral: un consumo disparatado de cocaína y derivados que lo llevó a volcar la represión hacia las fronteras para tratar de disminuir el tráfico de cocaína desde sus países vecinos. El jefe del combate del crimen organizado de la Policía Federal brasileña, Oslain Santana, dijo que Brasil "está creciendo económicamente y a mayor renta, mayor consumo de drogas. En el sur y sureste de Brasil se concentra el 60% de la población y el 75% del PIB brasileño, y es ahí donde se consume cocaína".
En números absolutos, Brasil es considerado, por detrás de Estados Unidos, el segundo consumidor mundial de cocaína y crack.
El País Digital Viernes 24.08.2012
Operativo Ágata. Desplazó 7.000 soldados y policías contra crimen organizado
Investigan a exjefe de Policía y veinte efectivos por tráfico de armas
Se trata de unas 200 armas que desaparecieron entre 2010 y 2012. La Policía de Brasil había denunciado posible negocio con narcos
La desaparición de las armas fue denunciada en junio por la Policía Federal de Brasil, luego de la detención de un narcotraficante que portaba un arma de la Policía uruguaya. El entonces jefe de Policía, Tabaré Gordiola, denunció que habían desaparecido ocho armas, pero fue relevado de su puesto en julio y lo sustituyó el inspector mayor Ricardo Pérez.
El Ministerio del Interior realizó una denuncia penal y así tomó parte en el caso la jueza Ada Siré y la fiscal Sandra Fleitas. Según informa El País, las armas que faltan son unas 200, y vienen desapareciendo desde 2010. La mayoría son pistolas (marca Glock y Browning) y revólveres Astra, indica el matutino. Su precio puede estar entre US$ 500 y US$ 1.100, pero en el mercado negro puede valer hasta cinco veces más.
Una de las hipótesis que se manejan es que se trate de una red organizada de traficantes de armas que comercie con grupos criminales de Brasil. Según publica El País, si esa hipótesis se llega a confirmar, “no se podrán disponer procesamientos por el delito de tráfico de armas, ya que esa figura no existe en la legislación uruguaya”. El delito que correspondería es el contrabando.
La jueza y la fiscal indagan en estos días a unos veinte policías y unos cuatro civiles que también podrían estar vinculados. Según El País, ayer se tomó declaraciones en el juzgado durante toda la jornada.
El Observador 6 de noviembre 2012
Justicia investiga a una Jefatura por tráfico de más de 200 armas
Treinta y Tres. Hay cerca de 20 policías
indagados, entre ellos el exjefe Gordiola | Se especula con una red que
envía armas a grupos criminales de Brasil | Fiscal pedirá
procesamientos en estos días
PABLO MELÉNDREZ
La Justicia de Treinta y Tres investiga el faltante de unas 200 armas de la Jefatura de Policía de ese departamento. Hay cerca de 20 policías en calidad de indagados, entre ellos, el exjefe Tabaré Gordiola, quien fue cesado en julio por este caso.
En junio, la Policía Federal brasileña detuvo a un narcotraficante y le incautó un arma. La indagatoria sobre su origen llevó a las autoridades del vecino país hasta la Jefatura de Policía de Treinta y Tres, por lo que los investigadores brasileños dieron cuenta de la situación al Ministerio del Interior.
El jefe de Policía de Treinta y Tres, inspector general (r) Tabaré Gordiola, que fue relevado de su cargo en julio y reemplazado por el inspector mayor Ricardo Pérez, puso en conocimiento del director nacional de Policía, Julio Guarteche, la desaparición de ocho armas.
Guarteche derivó el caso a la Dirección General de Información e Inteligencia (DGII) que recabó más información, en base a la cual luego el Ministerio del Interior presentó una denuncia penal.
Según dijeron a El País fuentes cercanas a la investigación, hasta el momento se detectó el faltante de unas 200 armas pertenecientes a la Jefatura de Policía de Treinta y Tres. De ese total, la tercera parte desapareció de 2010 a la fecha.
Las fuentes dijeron que el número podría aumentar ya que se está verificando la situación de todo el arsenal policial y los registros de cada arma.
Las armas desaparecidas son, en su mayoría, pistolas (marca Glock y Browning) y revólveres Astra que pueden valer entre US$ 500 y US$ 1.100, aunque en el mercado negro el precio se quintuplica.
Los informantes indicaron que por ahora no es posible determinar el período de tiempo por el cual se ha realizado la maniobra. "Por ahora sabemos que las armas faltan y que no hubo control", dijeron.
Fuentes del Ministerio del Interior dieron por descontado que habrá policías procesados, a la vez que dijeron que otros jerarcas deberán enfrentar procesos administrativos por la ausencia de controles.
HIPÓTESIS.
Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas, la posibilidad de que se trate de una red organizada dedicada al envío de armas a grupos criminales de Brasil, dijeron las fuentes.
Sin embargo, si esa hipótesis se confirma, no se podrán disponer procesamientos por el delito de tráfico de armas, ya que esa figura no existe en la legislación uruguaya. En todo caso, se deberá imputar el ilícito de contrabando.
La jueza Siré y la fiscal Fleitas están indagando a unas 20 personas, en su mayoría policías aunque también hay cuatro civiles que se estima podrían estar implicados en la colocación de las armas.
Ayer, en el juzgado de Treinta y Tres, las magistradas tomaron declaraciones durante casi toda la jornada. Los policías que están declarando como indagados son defendidos por defensores de oficio, abogados particulares y en algunos casos se presentaron con abogados del Ministerio del Interior. Gordiola, exjefe de Policía de Treinta y Tres, ya declaró ante la jueza Siré y la fiscal Fleitas.
La indagatoria seguirá en los próximos días, pero la intención es que en el corto plazo la representante del Ministerio Público pueda pronunciarse sobre la responsabilidad de las personas en torno a las cuales considere que existen los elementos suficientes.
PRESIONES.
En tanto, el sindicato policial de Treinta y Tres presentó en julio una denuncia penal contra el entonces jefe Gordiola y el director de Seguridad, José Sem, a quienes acusaron de haber presionado a funcionarios policiales que declararon por la desaparición de armas en ese departamento.
"Consideramos que estos atropellos son parte de la costumbre que genera la función en la jerarquía policial; se acostumbran a abusar de determinadas responsabilidades, determinada autoridad y bueno, cuando llegan a jefe piensan que sigue siendo lo mismo y tienen que entender que la Jefatura es política", explicó en su momento Richard Ferreira, dirigente de la Unión de Sindicatos Policiales.
Gremio: denunció que hubo presiones de los jerarcas policiales sobre el caso de las armas.
El País Digital
Esta película ya la vi, es lo que pasa en México, Honduras, atrás está la embajada; el objetivo no es Uruguay sino los recursos del Brasil. Ya se como acaba..
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