En busca de una enorme fosa común en Escobar

Es un predio de diez hectáreas, en Maquinista Savio. Los testimonios de los testigos coinciden en señalar que durante la noche se descargaban cuerpos desde camiones militares y que a la mañana siguiente se emparejaba el terreno. 

 Martes, 22 de abril de 2008

LA JUSTICIA ORDENO INVESTIGAR UN PREDIO DONDE, SEGUN TESTIGOS, ENTERRABAN CADAVERES DURANTE LA DICTADURA
En busca de una enorme fosa común en Escobar 
En el territorio del ex comisario Luis Patti, un hombre que trabajaba en la recolección de residuos en el ’76-’77 declaró que: “A la noche traían los cadáveres en camiones de basura y los tiraban con una topadora hasta lo más hondo. A la mañana ya estaba todo tapado”.
Por Irina Hauser

El juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo ordenó las primeras medidas para investigar un predio ubicado en la localidad de Maquinista Savio, en Escobar, donde habría una enorme fosa común utilizada durante la última dictadura para enterrar los cuerpos de cientos de desaparecidos. En una resolución que firmó el jueves pasado como parte de la misma causa en la que pidió el desafuero del ex comisario Luis Patti, el magistrado solicitó la colaboración de la Gendarmería Nacional para hacer una pericia “de medición planimétrica” en el lugar, donde funcionaba un basural. La denuncia que permitió identificar el sitio fue hecha en 2005 por Guillermo Catalino Romero, que trabajaba en la recolección de residuos de la zona en los tiempos del Terrorismo de Estado.

 “Yo lo vi: a la noche traían los cadáveres en camiones de basura y los tiraban con una topadora hasta lo más hondo. A la mañana ya estaba todo tapado. Lo hicieron por lo menos durante un año, entre 1976 y 1977”,
le contó a Página/12.

En el oficio en el que requiere la colaboración de la Gendarmería, al que accedió este diario, Suares Araujo argumenta que en el “predio denunciado se encontrarían inhumaciones clandestinas por parte de las Fuerzas Armadas y/o de Seguridad producidas durante la última dictadura militar”. Entretanto, el juez busca desentrañar –vía intimaciones a la Municipalidad de Escobar– quiénes son los propietarios de esas tierras que, a simple vista, están abandonadas y que en un mapa aportado por el denunciante figuran como “José Pestarino y otros”. Al parecer, sólo vive allí un cartonero, a quien se citó a dar testimonio para pasado mañana. Guillermo Catalino Romero es un hombre humilde de 67 años, alto y delgado, de bigote negro finito, ojos vidriosos y piel curtida. En 1975 empezó a trabajar en la Delegación Maquinista Savio de la Municipalidad de Escobar, y en eso seguía cuando llegó el golpe de Estado. “Manejaba tractores y hacía la recolección de basura”, explica. “Y estaba este basural, que en la dictadura fue dividido: de un lado tiraban la basura los empleados municipales y del otro, separado con un alambre, arrojaba residuos la gente del Ejército.

Después de las ocho de la noche los militares no dejaban que nadie se acercara. Un día, un compañero me dice ‘vamos a ver qué hacen’, y fuimos a mirar desde la zona del monte. Ahí se me nublaron los ojos de lo que vi, y no me lo olvido nunca. Tiraban los cadáveres con una topadora a una fosa enorme y profunda. Los traían en camiones de basura, como de Manliba”, recuerda.

La fosa, según estima el denunciante, tenía algo más de cien metros de largo y cuatro de ancho. El predio sería de unas 30 hectáreas y, según su declaración ante el juez, fue utilizado por el Ejército hasta 1980 y luego quedó un puesto de custodia que desde hace tres años ya no está. “Los militares a veces tiraban basura, pero cuando los camiones venían de Los Polvorines o de Zárate-Campana generalmente traían cuerpos. De día excavaban y de noche rellenaban. Tenían maquinaria importante ahí, una excavadora, una topadora. Pero un día levantaron todo y se fueron”, dice.
Romero conoció hace varios años al abogado laboralista Eduardo Ramallo, que trabaja en la zona de Escobar. Había representado a su hermano en un juicio por un accidente de trabajo y fue quien lo ayudó, finalmente, a denunciar aquella imagen que lo tuvo aterrado durante años. Ayer se puso su mejor traje, de saco y pantalón celeste, y después de un periplo en colectivo llegó secándose la frente al centro porteño para ir con su abogado a la Asociación de Abogados Laboralistas a contar el caso y pedir respaldo. Allí, en una reunión especial, Romero dijo que durante mucho tiempo tuvo temor de contar lo que había visto porque “el Ejército amenazaba a los vecinos con que si hablaban les iba a pasar lo mismo que a la gente que estaba adentro de los pozos”. Ante el juez Suáres Araujo contó que él mismo sufrió la advertencia de parte de un sargento retirado.

En una carta que entregó a la Asociación, Ramallo sostiene que la fosa señalada por Romero sería “el mayor y más importante campo clandestino de inhumaciones” de la dictadura identificado hasta el momento en el país. También explica que a pedido del juzgado, en base a un requerimiento del Equipo Argentino de Antropología Forense, entregaron “fotografías y planos, a los fines de ubicar exactamente donde fueron inhumadas una cantidad considerable de seres humanos y que actualmente se registran como desaparecidos o NN”. Pese a que no hay –agrega– “alambrados perimetrales, ni cercos y muros y mucho menos división alguna que permita una identificación precisa, logramos mediante testigos ubicar precisamente los presuntos lugares de inhumación que se encontrarían a más de 12 metros de profundidad y fueron realizados con maquinaria pesada”.
Ramallo sospecha incluso que allí también hubo un centro clandestino de detención que fue demolido, según les dijo a sus colegas. Al juez, precisó, le pidió que investigue los túneles o mazmorras de cuyos ingresos también entregó imágenes fotográficas. Al encuentro con los Laboralistas fueron los diputados kirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel. Ramallo les reclamó recursos para los juzgados que están a cargo de las megacausas sobre los crímenes de la dictadura. Una de ellas es la que instruye Suáres Araujo, que indaga en 312 casos de desapariciones vinculadas al centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo y en la que Patti, que fue oficial subinspector en Escobar durante la dictadura, es uno de los procesados acusados de crímenes de lesa humanidad.
Esta no es la primera vez que Ramallo interviene como abogado en una denuncia sobre cadáveres NN. Fue quien patrocinó a Patricia Achu, la ex empleada del cementerio de Escobar, que descubrió allí un centenar de cuerpos sin identificar. Uno de los cuerpos, se pudo determinar, era el de Gastón Gonçalvez, por cuyo homicidio fue procesado Patti. El abogado le dijo a Página/12 que está convencido de que el predio de Maquinista Savio, ubicado a unos 15 kilómetros del centro de Escobar, “tendrá que convertirse a la larga en un lugar de la Memoria”. “Lo que más anhelo, además, es que los familiares de los desaparecidos tengan el día de mañana donde ir a llevar una flor a sus seres queridos.”

19.11.2012

"Podría ser algo inédito en la historia de la represión". . Entrevista a Eduardo Ramallo

Especialista de la APDH, ayudó a declarar a un testigo clave para la investigación. Representante de la APDH en el norte del Conurbano Bonaerense, Eduardo Ramallo vivió y trabajó en Escobar durante toda su vida como abogado laboralista. "Rumores sobre fosas clandestinas siempre había escuchado –explicó a Tiempo Argentino–, pero nunca pude hacer nada hasta cruzarme con testigos presenciales.

Esa fue la puerta de entrada." Para Ramallo, el hallazgo "podría ser algo inédito en la historia de la represión".

–¿Fue el momento en que conoció a Guillermo Romero?

–En realidad, primero lo conocí al hermano, que vino a consultarme por el caso de un accidente laboral. Un día saltó el tema, y me dijo que Guillermo había visto la manera en que los militares llevaban los cuerpos. Romero no se animaba a declarar, hasta que lo convencí para presentar la denuncia en un juzgado federal. 

–¿Qué fue lo que le contó?

–Que siempre veía movimientos, camiones, muchos autos, máquinas que hacían pozos profundos, y que en esos pozos descargaban bultos. El tema le intrigaba, hasta que una vez se asomó al arroyo y presenció todo. Se trataba de un campo privado pero abandonado, que se ve desde las vías del tren. Era lo que llamaban "La Quema". En una parte, varios municipios de la región descargaban basura, y la otra estaba reservada para los militares. Nuestra denuncia contiene un mapa muy claro del predio. Está señalado como "Campo Pestarino". A Romero le intrigaba mucho por qué, en la época de la dictadura, el lugar era completamente cercado de noche, y a ningún recolector como él le permitían entrar.

–Su muerte pareció estancar la causa. Pero, sin embargo, en las últimas semanas la investigación parece haber dado un vuelco positivo. ¿Qué pasó?

–Varias cosas. Hace dos meses conocí a Octavio Vicente, un testigo que apareció ahora y también vio aquellas inhumaciones clandestinas. Me lo presentaron Gabriela Carballo Díaz y su esposo Guillermo. Gabriela es docente en la Escuela Secundaria Nº 9 de Maquinista Savio, que realizó una excelente investigación como parte del proyecto Jóvenes y Memoria, de la Comisión Provincial por la Memoria que tiene sede en La Plata. Octavio vivía en Matheu, la estación vecina a Savio, y cada vez que el tren volvía a su casa, después de la medianoche, advertía los movimientos. Él habla de un "camino de luces", descripción que me parece extraordinaria. Se refiere a la iluminación que los camiones militares y los autos sin identificación hacían en el terreno, para descargar los bultos en las fosas. Cuenta que hasta el motorman, curioso, aminoraba la velocidad para asomarse por la ventanilla. Al otro día, bien temprano a la mañana y con plena claridad, desde el tren que se dirigía a la Capital notaban que las excavaciones ya habían sido cubiertas, y el terreno, emparejado.

–¿Qué características tenían los pozos, según esos testimonios? 

–Superaban los cinco metros en profundidad. Por supuesto, no eran fosas individuales sino colectivas. Un supermercado para el abastecimiento del horror, como yo lo llamo. Los huecos tenían casi 100 metros de largo por cuatro metros de ancho. Este nuevo testimonio de Vicente es muy importante, y a eso hay que agregar otro surgido por casualidad el día de la inspección ocular al terreno, cuando un vecino confirmó que vio restos humanos mientras hacía una perforación para tirar desechos sanitarios. Hay buena predisposición de la jueza para investigar, pero faltan algunas cosas, porque el paso del tiempo es terrible y nos está destruyendo las pruebas. Yo mismo acerqué a la justicia el caso de Mojón de Hierro, en Formosa, donde con la ayuda de un georadar se implementó la búsqueda de restos humanos enterrados, de la época de la represión ilegal. Aquí debería tomarse la misma medida. Y también se debería proteger el lugar con fuerzas federales del Estado Nacional, y no con efectivos municipales, como ocurre en estos momentos.

–¿Cómo describiría el tema, de comprobarse lo que esos testigos dicen que vieron?

–Como algo extraordinario, quizás de características inéditas en la Argentina. Me viene a la memoria lo ocurrido en las fosas de Katyn, durante la Segunda Guerra Mundial, donde fueron encontrados 5000 cuerpos de oficiales polacos. Estamos ante algo realmente trascendente, y por eso es necesaria la intervención urgente del Estado Nacional. Lo inmediato será tramitar pedidos de audiencia al ministro de Justicia, al titular de la Cámara Federal de San Martín, al presidente de la Corte Suprema y al Congreso Nacional. Porque, repito, el paso del tiempo es el enemigo más grande que tenemos.  «