Denuncian que Embajada uruguaya en Argentina acogió cárcel de la dictadura
El edificio de la Embajada y el Consulado de Uruguay en Buenos Aires contaba supuestamente con varias celdas clandestinas y pudo ser usado como centro de detención y represión en tiempos de la dictadura uruguaya (1973-1985) y del Plan Cóndor, según denunció el diputado Luis Puig.
Puig, del oficialista Frente Amplio, señaló que a través de denuncias realizadas por uruguayos residentes en Argentina, tomó conocimiento de la existencia de tres celdas en el subsuelo del edificio, propiedad del Estado uruguayo, que fueron construidas entre los años 1974 y 1975.
“Recibimos la denuncia y fuimos a comprobar. Efectivamente comprobamos la existencia de esas celdas y recogimos testimonios que dicen que en esa época militares entraban y salían constantemente del edificio sin que se supiera el motivo aparente”, indicó.
La dictadura uruguaya dejó 38 desaparecidos en este país, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003. En Argentina, que fue sometida a un régimen dictatorial entre 1976 y 1983, se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos.
Las desapariciones fueron en muchos casos el resultado del Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación de los órganos represivos de las dictaduras de esos dos países y de Paraguay, Brasil y Chile en aquella época.
El edificio de la Embajada uruguaya en Argentina se encuentra en el corazón del exclusivo barrio porteño de La Recoleta.
Recientemente, el Gobierno del presidente José Mujica ordenó su venta con el argumento de que apenas tiene utilidad práctica y es muy oneroso de mantener debido a que cuenta con nueve plantas.
Puig señaló que mañana martes se presentará una denuncia ante la Justicia uruguaya para que se inicie una investigación sobre el uso que se dio a esas celdas en una sede diplomática.
“Nosotros no podemos afirmar que hubo un centro de detención, por eso queremos que la Justicia investigue por qué se hicieron celdas allí, en una época de coordinación represiva entre ambos países y en un lugar donde los militares entraban libremente”, indicó Puig.
El diputado destacó que de comprobarse que efectivamente hubo un centro de detención ilegal en el recinto diplomático, un local que depende de la Cancillería uruguaya, quedaría plasmado una vez más el conocimiento que tenía el ministro de Exteriores de la época, Juan Carlos Blanco, de los crímenes que cometía el Gobierno.
“Tenía un centro de detención ilegal en una embajada al tiempo que daba instrucciones a los diplomáticos uruguayos para que negaran la existencia de desaparecidos”, razonó.
Juan Carlos Blanco, ex canciller de la dictadura y actualmente procesado por coautoría en los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Foto: FEDERICO GUTIÉRREZ - 1992.
Juan Carlos Blanco, de 77 años, se encuentra en prisión desde 2006 por varios casos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos la desaparición de la maestra Elena Quinteros, quien fuera secuestrada en 1976 en los jardines de la Embajada de Venezuela en Montevideo en un incidente que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países hasta la restauración democrática en Uruguay en 1985.
También fue condenado por los asesinatos del entonces senador uruguayo Zelmar Michelini y del presidente de la Cámara de Diputados del país Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurridos en mayo de 1976 en Buenos Aires. .
Inmunidad carcelaria
Diputado Luis Puig presenta denuncia por centro clandestino en consulado uruguayo en Buenos Aires.
Hoy,
a las 14.00, el diputado Luis Puig, del Partido por la Victoria del
Pueblo (PVP), presentará una denuncia ante el juez penal de 2º Turno,
Pedro Salazar, vinculada a la existencia de una “construcción carcelaria
clandestina” en el edificio del consulado uruguayo en Buenos Aires.
Puig viajó a la capital de Argentina a raíz de un planteo de uruguayos residentes en ese país y comprobó la existencia de tres celdas con puertas de acero en el primer subsuelo, que fueron construidas entre 1974 y 1975. Estos celdarios están conectados al segundo subsuelo, donde funciona el garaje de la sede diplomática. “El comentario que siempre circuló en la embajada era que por ahí entraban y salían militares uruguayos. Son terribles construcciones, claramente no eran para guardar escobas”, explicó Puig a la diaria.
El diputado frenteamplista presentará material fotográfico y le pedirá al juez que investigue para qué fueron construidas estas tres celdas en dicho edificio, ubicado en Las Heras y Ayacucho, durante la dictadura. La sospecha del denunciante es que allí estuvieron detenidos en forma clandestina ciudadanos uruguayos que eran secuestrados en Buenos Aires, algo que militares y diplomáticos debieron concretar “con muchísima reserva”, según especuló Puig.
El diputado del PVP solicitará ante Salazar el envío de un exhorto al Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya está al tanto de la denuncia. “Voy a esperar el informe oficial de nuestro embajador en Buenos Aires [Guillermo Pomi] y, más allá de las cuestiones de inmunidad de jurisdicción, que son claves para la defensa de la soberanía de un Estado, descarto que el gobierno de Uruguay va a actuar con la mayor disponibilidad para que se investigue cualquier situación que haya podido significar un tipo de violación a los derechos humanos”, comentó ayer el canciller interino, Roberto Conde. Dijo que el gobierno uruguayo estudiará “con cuidado” temas vinculados a la inmunidad de la jurisdicción, aunque garantizó “la mejor voluntad” para investigar estos hechos.
En la sede diplomática esta situación que hoy denunciará Puig ya se venía comentando desde hace varios años. “Era como un gran misterio que había ahí, es un tema que incluso he conversado con antecesores míos. La primera impresión es que se trata de calabozos, no tenía sentido que fueran otra cosa. Daba toda la sensación de que fueron construidos para eso”, dijo a la diaria Juan Raúl Ferreira, que fue embajador en Argentina durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. El actual director de la Institución Nacional de Derechos Humanos recordó que durante su pasaje por esa sede diplomática las tres celdas eran usadas como depósitos. “Pero no era un lugar muy apto para guardar cosas, porque tenías que pasar por un lugar muy lúgubre. Nunca antes había visto un depósito con rejas. Por eso siempre generaron sospecha, porque eran una cosa rara”, manifestó Ferreira.
Puig viajó a la capital de Argentina a raíz de un planteo de uruguayos residentes en ese país y comprobó la existencia de tres celdas con puertas de acero en el primer subsuelo, que fueron construidas entre 1974 y 1975. Estos celdarios están conectados al segundo subsuelo, donde funciona el garaje de la sede diplomática. “El comentario que siempre circuló en la embajada era que por ahí entraban y salían militares uruguayos. Son terribles construcciones, claramente no eran para guardar escobas”, explicó Puig a la diaria.
El diputado frenteamplista presentará material fotográfico y le pedirá al juez que investigue para qué fueron construidas estas tres celdas en dicho edificio, ubicado en Las Heras y Ayacucho, durante la dictadura. La sospecha del denunciante es que allí estuvieron detenidos en forma clandestina ciudadanos uruguayos que eran secuestrados en Buenos Aires, algo que militares y diplomáticos debieron concretar “con muchísima reserva”, según especuló Puig.
El diputado del PVP solicitará ante Salazar el envío de un exhorto al Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya está al tanto de la denuncia. “Voy a esperar el informe oficial de nuestro embajador en Buenos Aires [Guillermo Pomi] y, más allá de las cuestiones de inmunidad de jurisdicción, que son claves para la defensa de la soberanía de un Estado, descarto que el gobierno de Uruguay va a actuar con la mayor disponibilidad para que se investigue cualquier situación que haya podido significar un tipo de violación a los derechos humanos”, comentó ayer el canciller interino, Roberto Conde. Dijo que el gobierno uruguayo estudiará “con cuidado” temas vinculados a la inmunidad de la jurisdicción, aunque garantizó “la mejor voluntad” para investigar estos hechos.
En la sede diplomática esta situación que hoy denunciará Puig ya se venía comentando desde hace varios años. “Era como un gran misterio que había ahí, es un tema que incluso he conversado con antecesores míos. La primera impresión es que se trata de calabozos, no tenía sentido que fueran otra cosa. Daba toda la sensación de que fueron construidos para eso”, dijo a la diaria Juan Raúl Ferreira, que fue embajador en Argentina durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. El actual director de la Institución Nacional de Derechos Humanos recordó que durante su pasaje por esa sede diplomática las tres celdas eran usadas como depósitos. “Pero no era un lugar muy apto para guardar cosas, porque tenías que pasar por un lugar muy lúgubre. Nunca antes había visto un depósito con rejas. Por eso siempre generaron sospecha, porque eran una cosa rara”, manifestó Ferreira.
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