Viernes 13 de Julio, 2012
No defraudó
Ministerio de Economía descartó acusación de Impositiva contra Paco Casal
La casi totalidad de las acusaciones que la DGI imputaba a Casal, desde el año 2008, cayeron por tierra, al tiempo que el ministro de Economía Fernando Lorenzo, redujo de 10 a 5 años la prescripción para determinar los presuntos adeudos tributarios del indagado, según publica el diario El Observador. La prescripción implica que la deuda que Casal tendría –según la DGI- en impuestos cayó de US$ 100 millones, a US$ 10 millones. Los abogados de Casal no obstante, están apostando a que el Gobierno cierre definitivamente el caso y deje de lado cualquier pretensión de cobrarle impuestos atrasados a su cliente.
Fraude no hubo: Casal “convencido” de su buena fe La DGI pretendía cobrar el impuesto del IRIC al empresario, así como Impuesto a Patrimonio, todo lo que ascendía con moras y recargos a US$ 100 millones. La DGI planteó un juicio penal contra Casal pero no tuvo andamiento.
Casal interpuso un recurso de revocación y jerarquía ante la DGI. El Ministerio de Economía dio pase del recurso al fiscal de gobierno Migel Toma. Éste ante lo específico del asunto, asesoró que una consulta técnica independiente era lo más adecuado “para garantizar la objetividad de apreciación de hechos y el derecho aplicable”.
El Ministerio pidió un informe al doctor Juan Manuel Albacete, y aunque el fiscal lo reclamó, el ministerio no pidió pronunciamiento sobre la procedencia o no de lo que la DGI pretendía cobrar.
Un extenso informe de especialistas, todos a favor de Casal, concluyó que “no se configura defraudación tributaria” en el caso. Entre otros argumentos se sostiene la inocencia de Casal, porque estaba “convencido” que no debía pagar impuestos, con lo cual “el dolo y el fraude quedan desvirtuados”.
El dueño de la pelota
La visita "no oficial" del presidente a España se enmarcó en un interés de que lleguen al país potenciales inversores de la áreas de energía y regasificación. Mujica catalogó al viaje de "poco poético" pero necesario para decisiones que se deben tomar a principios del año que viene, relacionadas a licitaciones en el sector energético.
Junto a Mujica viajaron, además de Kreimerman, el director de Energía del Ministerio de Industria y Energía, Ramón Méndez, el presidente de Ancap, Raúl Sendic y el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla.
Domingo 28.11.2010
Mujica pide canal de TV para Casal
.
Paco Casal libre de culpa Contra lo que viene sosteniendo la Dirección General Impositiva (DGI) desde el año 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resolvió revocar las principales acusaciones y reclamos que el organismo recaudador viene planteando contra el empresario Francisco Casal.
La resolución, fechada el 1º de noviembre de 2011, y firmada por el ministro Fernando Lorenzo, desestima la acusación lanzada por la DGI acerca de que Casal había incurrido en defraudación y reduce de 10 a 5 años el plazo de prescripción para la determinación de los presuntos adeudos tributarios, lo cual estaría reduciendo esa deuda de US$ 100 millones a unos US$ 10 millones.
No obstante, los abogados del empresario esperan que el gobierno termine por cerrar el caso, eliminando toda pretensión de cobrar algún impuesto, informa El Observador.
Asimismo, el fiscal de gobierno recomendó iniciar una investigación administrativa ante la sospecha de desvíos en la acción de la DGI.
En octubre de 2010 Casal presentó un recurso de revocación y jerárquico ante los intentos de la DGI por cobrarle IRIC e Impuesto al Patrimonio, que con moras y recargos ascendía a unos US$ 100 millones. El organismo planteó incluso sin éxito un juicio penal contra el empresario.
El MEF le dio pase del recurso al fiscal de gobierno de segundo turno, Miguel Toma, quien en junio, ante la especificidad del asunto a tratar recomendó realizar una consulta técnica independiente “a fin de garantizar la objetividad de apreciación de hechos y el derecho aplicable que ilustre acerca de si la actividad descripta se encuentra o no gravada por IRIC y por ende si dicha actividad alcanza o no al IVA y al Impuesto al Patrimonio”.
También pidió que en ese informe técnico se indicara si la actuación de la DGI fue correcta, si existen elementos como para determinar la existencia de infracción de defraudación y si eventualmente habría prescripto la pretensión de la DGI “por no haberse verificado una causal de ampliación del plazo de prescripción de la deuda”.
Fue entonces que el MEF pidió un informe al doctor Juan Manuel Albacete, del estudio Guyer & Regules. Sin embargo, el MEF solo le pidió a Albacete que se pronunciara sobre si hubo defraudación tributaria y si, en caso de tener que pagar algún impuesto, el plazo aplicable era de 5 o 10 años.
Aunque el fiscal lo reclamó, el MEF no pidió a Albacete que se pronunciara acerca de si los impuestos que la DGI pretendía cobrar al empresario procedían.
En un extenso informe que recoge varios informes de especialistas todos favorables a Casal, Albacete concluye “de forma categórica que en el presente caso no se configura defraudación tributaria”. Entre otros argumentos señala que Casal, asesorado por expertos, estaba “convencido” de que no debía pagar impuestos, con lo cual “el dolo y el fraude quedan desvirtuados y no puede ser imputada infracción”.
En cuanto a “la prescripción de los tributos (si estos se hubieren generado) es de 5 años, contando a partir de la terminación civil en que se produjo el hecho gravado”, dijo Albacete.
En octubre, el informe de Albacete llegó a la Fiscalía de Gobierno. Si bien el informe de Albacete no se pronunció acerca de si Casal debe pagar algo por impuestos, puesto que eso no se lo había preguntado el MEF al especialista, el fiscal destaca en su informe que Albacete “plantea dudas acerca de si acaeció el hecho generador de los tributos reclamados y si nacieron las consiguientes obligaciones tributarias. Las dudas son serias y se sustentan en las apreciaciones de los especialistas llamados a opinar”.
Basado en este tipo de apreciaciones que los abogados de Casal esperan que de un momento a otro el gobierno emita un fallo que cancele definitivamente las pretensiones de cobrarle algo al empresario.
El fiscal sostiene que la acción de la administración aparece “seriamente comprometida por una inocultable desviación en la aplicación del derecho tributario formal y material”.
“Debemos concluir que las violaciones que nutren (los antecedentes del caso) no se ajustaron al principio de verdad material (..) con lo que se impondrá el consejo revocatorio en la medida y extensión que lo entienda pertinente”, añade. El fiscal aconseja iniciar una investigación administrativa para determinar si existieron hechos irregulares que llevaron a la DGI a proceder de esta forma.
Con el informe del fiscal de gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas revocó parcialmente las resoluciones de la DGI que imputaban a Casal un acto de defraudación y redujo de 10 a cinco años los plazos para calcular los impuestos que presuntamente el empresario adeuda.
En octubre de 2008, la DGI inició un juicio penal contra Casal por el delito de defraudación tributaria. El juez Carlos García le tomó declaraciones al empresario y sus socios, pero el caso fue finalmente archivado por el juez el 17 de julio de 2009, quien consideró, como la fiscal Dora Domenech, que Casal no cometió delito.
Con el juicio penal contra Casal cerrado, el juez envió el expediente a los juzgados especializados en crimen organizado para investigar la actuación del exdirector de Rentas, Eduardo Zaidensztat, en el proceso administrativo que inició contra el empresario. Ahora el fiscal de gobierno pidió que se investigue a la DGI para saber si hubo desvío o abuso de poder.
El 2 de abril, la jueza civil de Primer Turno, Loreley Opertti, embargó los bienes de Casal y de ocho socios del empresario por $ 518.737.533, lo que equivalía a US$ 25,6 millones. El embargo, solicitado por la DGI, también abarca a los contratistas Daniel Delgado, Jorge Chijane, José Herrera, Gonzalo Madrid, Carlos Aguilera, Sergio Hermida, el estudio del corredor de bolsa Ignacio Rospide y el contador Julio Szafran, exasesor del grupo.
En octubre de ese año, la DGI inició juicio penal contra Casal por el delito de defraudación tributaria. El juez Carlos García le tomó declaraciones a Casal y sus socios, pero el caso fue finalmente archivado por la fiscal Dora Domenech, quien no encontró pruebas de defraudación contra el empresario.
Con el juicio penal cerrado, el juicio civil, de todas maneras, continuó.
En setiembre de 2009, la DGI determinó que Casal debía más de US$ 86 millones por tributos impagos en el período 1998-2007.
Mientras que el organismo recaudador considera que el empresario debió pagar el Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio (IRIC) y el Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) por la venta de futbolistas al exterior, Casal sostiene que esa actividad no está gravada por esos tributos.
En noviembre de ese año, luego que Casal presentara una garantía de US$ 1,5 millones, el embargo se redujo al 17%.
.
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado