Lunes 23 de julio de 2012
Informes de OEA y ONU
Las políticas de mano dura, como la rebaja de la edad de imputabilidad, agravaron la violencia en América Latina
Las políticas de "mano dura" emprendidas en algunos países de Latinoamérica agravaron la violencia porque restaron apoyo a planes de prevención y favorecieron la aparición de escuadrones de la muerte, según dos informes presentados este lunes en Honduras por la OEA y la ONU.
. En los últimos años, la respuesta de los gobiernos frente a la delincuencia y el crimen organizado -sobre todo el narcotráfico- ha sido a través de políticas represivas como la rebaja de la edad punible y la militarización de las sociedades, según los informes “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos” y “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”, presentados por Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).“La falta de una adecuada respuesta del Estado ante la violencia y el delito en ocasiones ha conducido a (…) la estigmatización de personas o grupos” y favorecido la aparición de “grupos de ‘limpieza social’, como ‘escuadrones de la muerte’ o grupos parapoliciales y paramilitares”, destacó el documento “Seguridad Ciudadana”.
Según datos incluidos en los informes, mientras la media mundial es de unos ocho asesinatos por cada 100.000 habitantes, en América Latina las tasas promedios oscilan entre 20 y 30 por cada 100.000 en las regiones del Caribe, Sudamérica y Centroamérica -señalada por la ONU la zona más violenta del mundo sin conflicto bélico-.
“De cada diez homicidios en América Latina y el Caribe, siete son víctimas los jóvenes”, lamentó Ortiz.
El asesor de Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas en Honduras, Antonio Maldonado, comentó por su lado que las medidas de “mano dura” no llevó a la reducción de la criminalidad, sino al “agravamiento de los problemas”, por el aumento de la intolerancia y la limitación de libertades.
La violencia en América Latina “puede y debe ser revertida comenzando por asegurar los estándares de protección que requieren aquellas personas en especial situación de vulnerabilidad ante la violencia y el delito como son los niños y adolescentes“, advirtió Ortiz.
Además de los costos en vidas humanas, en América Latina la violencia impacta significativamente sobre la economía: se ha estimado que el costo de la violencia fluctúa entre el 2% y el 15 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Entre las recomendaciones, los informes señalan “la necesidad urgente” de priorizar la prevención de la criminalidad y la violencia sobre aquellas políticas de exclusiva represión.
Era sabido. También era sabido que la política de la derecha SIEMPRE ES VIOLENTA, aplica violencia, genera violencia y se basa en la violencia para IMPONER POR LA FUERZA SUS INTERESES, como minoría social qué son. La única respuesta de la derecha a los problemas sociales es LA VIOLENCIA. Así ha sido siempre. Lo qué no siempre ha sido así es que la izquierda haga suyos estos métodos represivos violentos contra los sectores populares. En lugar de levantar una alternativa propia la izquierda ha adoptado la variante de la derecha, para demostrarse capaces de gobernar (a los ojos de la derecha y el imperio) y para no perder, o para ganar votos. Ahora, organismos de la OEA y la ONU explican que la "mano dura" agravó la violencia y hasta "favorecieron la aparición de escuadrones de la muerte". Por lo tanto ya es hora de qué el progresismo y el gobierno cambien de línea.
Miércoles, 25 de julio de 2012 “La mano dura agrava el delito”
En los informes Seguridad Ciudadana y Justicia
Juvenil, la CIDH afirma que las políticas de mano dura en lugar de
solucionar agravaron el delito en toda América. Sostiene que los costos
del punitivismo, además, alcanzan al 15 por ciento del PBI.
Las
políticas de “mano dura” aplicadas en algunos países de América latina,
en lugar de aportar soluciones “agravaron la violencia” porque para
poder aplicar esos planes “se restó apoyo a las medidas de prevención
del delito”, expresaron en forma coincidente dos informes presentados
por la ONU y la OEA en Tegucigalpa, Honduras. “La falta de una adecuada
respuesta del Estado ante la violencia y el delito en ocasiones ha
conducido a (...) la estigmatización de personas o grupos”, favoreciendo
“la aparición de grupos de ‘limpieza social’, como ‘escuadrones de la
muerte’ o grupos parapoliciales y paramilitares”, dijo la ONU en un
documento titulado “Seguridad ciudadana y derechos humanos”. En ese
marco de violencia institucional, en América latina y el Caribe “siete
de cada diez víctimas de homicidio son jóvenes”, dijo la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su documento “Justicia
Juvenil y DD.HH.”.
En el encuentro se puso de manifiesto que en los últimos años, para
enfrentar la delincuencia y el crimen organizado –sobre todo el
narcotráfico–, se aplicaron “políticas represivas”, como la baja de la
edad de punibilidad o la militarización de las grandes ciudades.La paraguaya Rosa María Ortiz, relatora sobre derechos de la niñez de la CIDH, lamentó que países de América latina, en especial los del triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) hayan registrado “los índices de criminalidad más altos en el mundo”. Según datos incluidos en los informes, mientras la media mundial es de unos ocho asesinatos por cada 100.000 habitantes, en algunos países de América latina las tasas promedio oscilan entre 20 y 30 por cada 100.000.
El asesor de DD.HH. de la ONU en Honduras, Antonio Maldonado, comentó que las medidas de “mano dura” no llevaron a la reducción de la criminalidad, sino al “agravamiento de los problemas”, por el aumento de la intolerancia y “la limitación de libertades”. Por esas razones, los informes señalaron “la necesidad urgente de priorizar la prevención de la criminalidad y la violencia sobre aquellas políticas de exclusiva represión”.
Según Ortiz, la violencia en América latina “puede y debe ser revertida comenzando por asegurar los estándares de protección que requieren aquellas personas en especial situación de vulnerabilidad ante la violencia y el delito, como son los niños y adolescentes”. Además del costo en vidas humanas, la violencia impacta significativamente sobre la economía, al punto que se ha estimado que el gasto de la aplicación de políticas represivas fluctúa entre el 2 y el 15 por ciento del PBI.
Ortiz resaltó que un “ejemplo palpable” de violencia y desigualdad es que “la población joven” en la región “muere en cantidad de 40 por cada 100.000, cuando la tasa mundial es de ocho por cada 100.000 habitantes”. Agregó que a pesar del avance que significó la Convención sobre los Derechos del Niño, “hay muchas debilidades (...) por la distancia entre el discurso normativo y la realidad que enfrentan los niños”.
Los informes denuncian que la policía “trata a menudo de forma discriminatoria a la infancia y adolescencia”, arrestando de manera selectiva “a quienes son más pobres, pertenecen a minorías, o a quienes por su apariencia son considerados miembros de ciertos grupos” asociados al delito. Recomiendan a los Estados miembros de la CIDH disponer medidas administrativas o legislativas para garantizar la seguridad de los niños y jóvenes que “no son responsables de la violencia que algunos sectores pretenden atribuirles, sino que más bien son víctimas”.
No es lo mismo un enemigo que un oponente, no señor...
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