viernes, 5 de septiembre de 2014

La sentencia de los ogros

Héctor Raúl Acuña, "El Oso", al llegar a la audiencia de hoy en La Plata.



Después de 37 audiencias

Juicio La Cacha: primer alegato contra los 21 represores acusados

El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en este centro clandestino de detención se reanudó hoy y entra en su etapa final. Alegan los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández.


Con el alegato de la fiscalía, hoy el juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha entró en la recta final. Los fiscales federales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández, integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, empezaron un extenso alegato con las pruebas producidas en casi diez meses de juicio oral.
La fiscalía comenzó la audiencia de hoy organizando la cantidad de casos y delitos que se le atribuyen a cada uno de los 21 imputados (militares, policías y civiles) en el funcionamiento del centro clandestino de detención, que funcionó entre 1976 y 1978 en las antiguas instalaciones de Radio Provincia, en la localidad de Olmos.
En la jornada de hoy los fiscales continúan con su alegato. En las próximas semanas se escuchará el resto, y se cruzarán agravantes y atenuantes sobre los infiernos que vivieron las víctimas que pasaron por el centro en 1977 y otros dos homicidios vinculados en 1976, los de Marcelo Gabriel Bettini, hermano de Carlos, el embajador argentino en España, y su compañero de militancia, Luis Eduardo Sixto Bearzi.
Acusaciones contra el Destacamento 101 del Ejército
En el juicio están siendo juzgados ex miembros del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, considerado por la fiscalía como la cabeza de las operaciones clandestinas de la represión en la capital bonaerense.
-Carlos del Señor Hidalgo Garzón (69 años), acusado de 127 casos de privación ilegal de la libertad (PIL) y tormentos, más el homicidio agravado de Laura Carlotto y de Olga Noemí Casado.
-Jorge Héctor Di Pasquale (66) 22 casos de PIL y tormentos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
-Gustavo Adolfo Cacivio (70) 127 casos de PIL y tormentos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
-Ricardo Armando Fernández (74) 127 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
-Luis Orlando Perea (73) 124 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
-Miguel Ángel Amigo (68) 37 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
-Roberto Armando Balmaceda (66) 22 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
-Emilio Alberto Herrero Anzorena (70) 127 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
-Carlos María Romero Pavón (69) 113 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
-Anselmo Pedro Palavezzati (70) 127 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.
Personal civil de inteligencia (PCI), penitenciarios y policías
La fiscalía acusó al personal civil de inteligencia: Raúl Ricardo Espinoza (59) por 127 casos; a Claudio Raúl Grande (62) por 127 casos, y a Rufino Batalla (66) por 128 casos, más los homicidios de Carlotto y Casado.

 Imputado con crucifijo

También están imputados el ex guardia penitenciario Héctor Raúl Acuña (alias "El Oso"), acusado de 127 casos de PIL y tormentos; y el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Isaac Crespín Miranda por 128 casos de PIL y tormentos, más los homicidios de Carlotto y Casado); el ex jefe de la Armada en la zona, Juan Carlos Herzberg (86), acusado de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos de María Elvira Luis, José Luis Cavallieri y Esteban Alaye.
De la Policía bonaerense fueron acusados: el ex director general de Investigaciones, Miguel Osvaldo Etchecolatz (84), por los homicidios agravados de Marcelo Bettini y Luis Sixto Bearzi. Lo mismo que el ex subdirector general de Seguridad, Eduardo Gargano (83); el ex jefe de la Unidad Regional, Horacio Elizardo Luján (82), y el ex jefe del servicio de calle de esa unidad policial, Julio César Garachico (72).
La nómina de acusados se completa con el abogado Jaime Lamont Smart (78), ex ministro de Gobierno bonaerense, que fue acusado de 127 casos de PIL y tormentos, más los homicidios agravados de Carlotto, Casado, Bettini y Bearzi.
A lo largo de 37 audiencias –el debate oral empezó en diciembre de 2013- en la sede platense de la ex Amia, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus escucharon a 134 testigos e inspeccionaron el predio donde operó esa cárcel secreta: el mismo predio donde, simultáneamente y a pocos metros, funcionaban las Unidades 1 y 8 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
En el juzgado de instrucción N° 1 sigue un segundo tramo que indaga sobre los crímenes ocurridos en 1978, entre los que se encuentra el nacimiento en cautiverio y la supresión de identidad de Ignacio Guido Montoya Carlotto, restituido hace algunas semanas, que creció ajeno a su historia en un paraje rural de las afueras de Olavarría.
A lo largo de 37 audiencias –el debate oral empezó en diciembre de 2013- en la sede platense de la ex Amia, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus escucharon a 134 testigos e inspeccionaron el predio donde operó esa cárcel secreta: el mismo predio donde, simultáneamente y a pocos metros, funcionaban las Unidades 1 y 8 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La reconstrucción histórica no se terminará cuando el Tribunal Oral Federal N 1 dicte sentencia en unos tres meses. En el juzgado de instrucción N° 1 sigue instruyéndose un segundo tramo que indaga sobre los crímenes ocurridos en 1978, entre los que se encuentra el nacimiento en cautiverio y la supresión de identidad de Ignacio Guido Montoya Carlotto, restituido hace algunas semanas, que creció ajeno a su historia en un paraje rural de las afueras de Olavarría.
Quién mandaba en La Cacha
La Cacha no formó parte del llamado “Circuito Camps”, donde se agrupaban más de 20 centros clandestinos que funcionaban interconectados entre sí, con libre tránsito de torturadores y secuestrados, bajo los designios del jefe de la policía boanerense Juan Ramón Camps. Operó, quizás como ningún otro, bajo la sombra de la inteligencia militar, con su sede operativa en el Destacamento de Inteligencia 101, que funcionaba en el centro de la capital de provincia, remitía información al Batallón de Inteligencia 601 y al Primer Cuerpo de Ejército, obtenida de la tortura de prisioneros clandestinos y de la infiltración de sus dobles agentes en diversos ámbitos sociales. Entre los casos de La Cacha, se cuentan el cautiverio y homicidio de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España. También, la sustracción de los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos en 1977, mientras sus madres estaban secuestradas en ese lugar.
Se trata de "un hito histórico para las causas por crímenes de lesa humanidad en la jurisidicción, porque es la primera vez que llegan a esta instancia estructuras del Ejército y particularmente el rol de su área de inteligencia, representada en la ciudad por el Destacamento 101", declaró Schapiro al sitio Fiscales.
Disyuntivas a partir de la muerte de Blanco
Ayer falleció Manuel Blanco, el juez federal que demoró siete años en ordenar las primeras detenciones en esta causa (n° 16.419) y que debió elevarla en tramos separados para que no se siguieran muriendo las víctimas y los imputados. Blanco, además, subrogaba el juzgado federal criminal N° 3 desde la renuncia de su colega Arnaldo Corazza. Ahora la ciudad de La Plata se quedó sin jueces federales en lo criminal que investiguen los delitos de lesa humanidad en una de las ciudades más castigadas por el terrorismo de Estado. 
El paso del tiempo parece darle la razón así a los organismos de derechos humanos y al Ministerio Público Fiscal, que desde hacía meses reclaman el nombramiento de otro juez para evitar la acumulación de causas y el temido cuello de botella. La misma inquietud se traslada a los jurados de juicio, ya que el único tribunal que se encarga de este tipo de debates es el que preside Rozanski, y varias causas elevadas hace algún tiempo esperan su turno de ser sorteadas.

“Todas nuestras heridas profundas van a doler muchísimo menos” 

A las 14 horas el presidente del tribunal, Juan Carlos Reynaga, empezó a leer el veredicto ante una sala repleta de público. En la primera fila estaban sentados los cinco hermanos de Germán Cantos: María de los Ángeles, Irene, Ana Beatriz, Roberto y Gustavo. Junto a ellos sus hijos,  sostenían la foto en blanco y negro con el rostro sonriente de Germán. “Condenar a Jorge Alberto D’Amico a la pena de prisión perpetua”, fueron las palabras que hicieron estallar en gritos y aplausos a los presentes. Las manos que sostenían los retratos esta vez abrazaban y secaban lágrimas.
El juicio por el secuestro, torturas y homicidio de Germán Francisco Cantos empezó el 25 de julio. Hoy, en la sexta audiencia y a 38 años de su secuestro, se conoció la sentencia. Germán estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Combate 141 en la provincia de Santiago del Estero. El 3 de setiembre de 1976 debía salir de franco pero lo retuvieron. Dos testigos lo vieron entre ese viernes y el domingo vestido de civil esperando que D’Amico le firmara un documento. Después fue visto en el centro clandestino de detención que funcionaba en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. Desde entonces permanece desaparecido.
“Es una profunda toma de conciencia de que no estamos solos”, dijo Roberto Cantos. En la puerta del Tribunal Oral Federal (TOF) de la provincia de Tucumán, después de fundirse en abrazos con aquellos que llegaron a presenciar la audiencia, habló con Infojus Noticias. “Poder compartir esto todos juntos, aunque nuestros viejos no estén, es muy sanador”, reflexionó el integrante del dúo folclórico Coplanacu. “Todas nuestras heridas profundas van a doler muchísimo menos”, agregó.
Gustavo Cantos, el menor de los hermanos, tenía 9 años cuando Germán fue secuestrado. En audiencias pasadas había dicho que les había quedado pendiente construir una casita arriba del árbol del fondo de la casa. Sobre esa ‘casita del árbol’ Germán había escrito en una carta que logró enviar a su familia desde su cautiverio en el ex Arsenal. “Más vale que empiece a hacer los planos para la casita que construiremos cuando yo vuelva, arriba de la higuera, así puedo compartir con él su mundo”, decía esa carta que la familia preservó y se presentó como prueba durante el juicio. Hoy Gustavo dijo que sentía que podían confiar en la justicia.
“Yo creo que estamos en paz pero necesitamos encontrar sus restos para poder tenerlo, para poder visitarlo”, reflexionó Gustavo Cantos. Tanto él como el resto de sus hermanos tienen claro que la búsqueda no ha terminado. “Falta tener los restos de Germán, el cuerpo, para poder ponerlo en una tumba, tener una tumba y poder despedirlo en paz”, había dicho Roberto antes. “Hoy vamos a festejar pero tampoco nos vamos a quedar ahí”, concluyó el músico.
Tanto la fiscalía como la querella habían solicitado la pena máxima que establece el Código Penal. Además habían pedido que se considere el delito en el contexto de genocidio y como tal un crimen de lesa humanidad. Por su parte la defensa oficial planteó la nulidad de la acusación y la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua. Sobre estos dos puntos se realizaron las réplicas y las dúplicas durante la mañana.
Seguir buscando justicia
El tribunal resolvió no hacer lugar a los planteos de la defensa ni tampoco proceder con la solicitud de falso testimonio contra María Cristina Rodríguez Román de Fiad, una de las testigos que declaró en audiencias pasadas. La testigo, que compartió cautiverio en el ex Arsenales con Cantos expresó que no le preocupaba el pedido de falso testimonio. “Eran ellos (la defensa) los que tenían que demostrar que yo había cometido falso testimonio”, sostuvo para Infojus Noticias. “Yo había dicho la verdad y solamente lo que sabía. No agregué un dato más”, indicó. Cristina había contado al tribunal un diálogo con Germán en el que ella le preguntó si a él lo había secuestrado D’Amico. “Ese hijo de puta”, contó la testigo que le respondió el joven.
Los jueces Juan Carlos Reynaga, Hugo Norberto Cataldi y Mario Marcelo Juárez Almaraz condenaron a Jorge D’Amico por ser coautor del delito de privación ilegítima de la libertad y partícipe necesario de los delitos de tormento agravado y homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el fin de lograr impunidad (veredicto con la disidencia parcial del doctor Almaraz, respecto al delito de homicidio agravado).
El imputado escuchó la sentencia desde una sala contigua. Acompañado por su familia presenció el final del debate a través de una pared vidriada.

La audiencia contó con la presencia de Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Auat señaló que la mirada desde su función está puesta en continuar buscando justicia. “Nosotros tenemos una forma de mirar los procesos estos como ‘mirar la mitad del vaso vacío’, porque termina un juicio y tenemos que prepararnos para el que viene”, explicó. “No nos podemos quedar mirando lo que se hizo y sentirnos satisfechos”, opinó el funcionario.
La lectura de los fundamentos se realizará el día jueves 11 a las 14 horas. Tanto los fiscales Leopoldo Peralta Palma y Pablo Camuña como los abogados querellantes Inés Lugones, Julia Aignasse y Alvaro Pedro Orieta se mostraron conforme con el veredicto y esperan conocer los fundamentos la semana próxima.

En su alegato, los fiscales contaron el infierno de las víctimas de La Cacha 

Los secuestros eran generalmente de madrugada y en las casas de las víctimas. Con golpes y bolsas en la cabeza, en el baúl de Ford Falcon o Fíat Torino. Cuando llegaban a La Cacha, permanecían “encapuchados en el piso, en una colchoneta, con mucha gente", según los fiscales. La tortura era practicada en una casa apartada, más pequeña. 
Durante siete horas, en apenas la primera parte de un largo alegato que se extenderá por tres días, los fiscales federales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández, integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, describieron con lujo de detalles el infierno que fue morir y también sobrevivir en La Cacha 37 años atrás. Los fiscales reconstruyeron, apoyándose en el relato que dejaron los testigos en diez meses de audiencias, y el análisis minucioso de las pruebas documentales que hay en la causa, el contexto histórico, las condiciones de detención, el rol del Destacamento 101 de Inteligencia y comenzó a focalizar en el relato de cada caso. La etapa de alegatos del juicio, que arrancó acalorada, dejó además un cruce entre una sobreviviente y Héctor Raúl “el Oso” Acuña.
Los delitos: a quiénes y contra quiénes
La primera parte del alegato –que se extenderá, según informaron fuentes judiciales a Infojus Noticias, por dos jornadas más- comenzó a las once y media de la mañana. El fiscal Schapiro se anticipó para enumerar qué figuras delictivas, a quiénes se las imputaba y por cuántas víctimas, aunque no llegó a detallar las pruebas ni la cantidad de años de prisión que pedirá para los 21 sospechosos.
En general, a los trece hombres del destacamento de inteligencia –diez militares y tres civiles-, les atribuyó la privación ilegal de la libertad y tormentos por 127 víctimas, sumados a los homicidios agravados de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado, delitos incorporados –a partir de nueva prueba- cuando terminaron de desfilar los testigos.
Distinto fue para los policías bonaerenses, el marino Juan Carlos Herzberg y los agentes del Servicio Penitenciario provincial. El ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, su ex sub director general de Seguridad, Eduardo Gargano, el ex jefe de la Unidad Regional, Horacio Elizardo Luján, y el ex jefe del servicio de calle de esa unidad policial, Julio César Garachico, deberán responder –para la fiscalía- por los homicidios agravados de Marcelo Bettini –hermanos del actual embajador de España, Carlos Bettini- y Luis Sixto Bearzi. El ex jefe de la Armada en la zona, Juan Carlos Herzberg, fue acusado de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos de María Elvira Luis, José Luis Cavallieri y Esteban Alaye. Mientras que a Jaime Lamont Smart, por su responsabilidad como ex ministro de gobierno de Buenos Aires en aquél tiempo, se le achacaron los 127 casos de Pil y tormentos y los cuatro homicidios agravados: Carlotto, Casado, Bettini y Bearzi.

Al ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Isaac Crespín Miranda, le achacaron 128 secuestros y torturas, y los homicidios de Carlotto y Casado. Para su subordinado, el ex guardia penitenciario Héctor Raúl Acuña (alias "El Oso"), uno de los más crueles en la memoria de los sobrevivientes, quedaron las 127 privaciones ilegales de la libertad y los tormentos, sumados a los mencionados asesinatos de Carlotto y Casado. Pero no sería la única vez que su nombre se haría presente en la sede de la ex Amia de La Plata: durante un cuarto intermedio desafió a una ex detenida, los jueces del Tribunal pidieron la grabación y podrían denunciarlo por amenazas.
El horror cotidiano
Punto por punto, a través de lo que contaron los testigos que pasaron por el debate oral, los investigadores del Ministerio Público Fiscal recrearon el horror cotidiano que vivieron los cerca de 130 cautivos que pasaron por La Cacha durante 1977 (el tramo de 1978 aún está en etapa de instrucción).
Los secuestros eran, generalmente, de madrugada y en las casas de las víctimas. Con golpes y bolsas en la cabeza, en el baúl de Ford Falcon o Fíat Torino. A un secuestrado le sacaron el anillo y la pulsera antes de encapucharlo. Otra sobreviviente contó que le rodearon la casa, ella tenía 19 y hermano 14. A un joven “le tocaron timbre a la una de la mañana, le dijeron que era policía, contestó que se iba a vestir y casi le tiran la puerta abajo”. Entre los secuestradores, por haberlos visto o por fotografías, señalaron al Francés (Cacivio), a Héctor Acuña y Claudio Grande.
Cuando llegaban a La Cacha, permanecían “encapuchados en el piso, en una colchoneta, con mucha gente. Uno tuvo un paquete de yerba porque no había bolsa. Otro perdió la noción del tiempo por la oscuridad de la capucha: no había días ni noches, sólo terror. Un sobreviviente pasó 102 días acostado, encapuchado y atado un catre, se duchó 4 veces. “Era un método de locura”, dijo en el juicio.
La tortura –además de los castigos por faltas disciplinarias o pura crueldad, que se daban en el edificio principal-, era practicada en una casa apartada, más pequeña. Un ex detenido relató su enorme dolor, la bolsa en la cabeza, con las mismas preguntas que en su llegada, pero bajo tortura. Le aplicaron la picana en la garganta para que no gritara, pero siguió, “Se me hizo una costra de sangre que vomité a los días”, testificó. Era invierno, y como le rociaban agua, estaba más sensible a la electricidad. “Veía a través de la bolsas el brillo de la máquina y el humo que salía de mi piel, como pequeñas chimeneas”, dijo en la audiencia.
A otra víctima, la secuestraron allí dos días seguidos. El Francés dirigía la sesión. El segundo día participó Acuña. “Dejame hacer eso que hace mucho que no hago”. Era aplicar la corriente en el ano. Un punto aparte le dispensaron a los delitos sexuales ocurridos en el lugar. “Fue parte del plan sistemático de exterminio” concluyeron los fiscales.


101
Para la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, el Destacamento 101 de Inteligencia, que funcionaba en la calle 55 entre 7 y 8 del centro de La Plata, cumplió un papel determinante en la represión ilegal en toda la provincia. Schapiro y Fernández, enumerando los testimonios, demostraron que los cautivos sabían muy bien de la presencia de sus hombres y de la importancia en todas las tareas del chupadero.
Varios sobrevivientes mencionaron que una de las guardias rotativas –eran de distintas fuerzas- eran hombres más jóvenes y preparados, que utilizaban un lenguaje más refinado, incluso universitario, y que conocían vida y obra de los prisioneros que languidecían en los camastros del edificio. Varios, detallaron los fiscales, “fueron reconocidos por fotografías como integrantes de las guardias y también, en algunos casos, en los operativos de secuestro”.
“El destacamento 101 en La Cacha cumplía todas las funciones represivas: determinaba los blancos, indicaba y participaba de los operativos de secuestro, a través de sus oficiales de inteligencia dirigía los interrogatorios, garantizaba la detención de las víctimas a través de las guardias, analizaban la documentación de los allanamientos, y tenían injerencia en el destino final de las víctimas”, alegaron los acusadores del Estado. “Mixturaba funciones de inteligencia con funciones operativas”.
En una declaración judicial ante un tribunal militar, su jefe el coronel Arias Duval dijo que en marzo del ‘77 “además de los fines normales del destacamento, pasó a apoyar a la Brigada Décima en la lucha contra la subversión”, y se creó una pequeña sección que se llamó “Reunión de información”, donde participaron con entusiasmo varios de los civiles y militares imputados en el juicio.
“Ya te voy a agarrar a vos”
- ¿Y la custodia de los reos? ¿Qué hace este tipo acá?- preguntó una señora desde el público.
La sala estaba vacía en el cuarto intermedio de la lectura de los alegatos de parte de la fiscalía. En el corralito de los acusados, Héctor “el Oso” Acuña, condenado a prisión perpetua por los crímenes cometidos en la Unidad 9, desposado, hablaba plácidamente con su esposa. A dos metros, un penitenciario casi imberbe, menor de 30 años, dejaba transcurrir la conversación con aire desinteresado.
- ¡Zurda, hicieron mierda el país en diez años!- gritó el Oso.
- ¡Vos te vas a Marcos Paz! Ojalá que no salgas más.
Recién entonces, el joven agente penitenciario reaccionó. Con la ayuda de otros dos, pero con muy buenos modales, fueron llevándose a Acuña a la puerta que comunica al subsuelo y una sala contigua.
- Lo llenaron de droga, tarada- agregó a los gritos el reo,vestido con un equipo deportivo blanco y negro.
Cuando ya había desaparecido por el pasillo, todavía se escuchó su voz:
- ¿Qué vas a hacer dentro de tres o cuatro meses, vos? ¡Ya te voy a agarrar, a vos!
A unos metros de la escena, sobre el escenario, uno de los fiscales conversaba con un abogado querellante y una mujer de camisa y pantalón de vestir. Según confiaron fuentes judiciales, el Tribunal pidió la grabación del cruce, y podría denunciar a Acuña –que ya protagonizó varios incidentes con el público- por amenazas. Cuanto menos, ya no volvió a ocupar su lugar entre los reos el resto de la tarde.









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