Bajan las defensas
Si se confirman procesamientos, sindicato de INAU
quitará asistencia jurídica a funcionarios denunciados por abusos en
centro Ser.
El fiscal de Pando, Leonardo Morales, pidió los procesamientos
sin prisión de seis ex funcionarios del centro Ser por “abuso de
autoridad” contra los jóvenes recluidos, según informó ayer El Observador.
Los pedidos de procesamiento -que se suman a una solicitud de
procesamiento con prisión realizada por el mismo fiscal contra un
funcionario que golpeó a un menor en el centro y quedó registrado en un
video- recaen sobre cuatro funcionarios del centro y sobre sus dos
últimos directores, Jessica Barrios y Alejandro Araújo.
El pedido de procesamiento de estos dos ex jerarcas se da porque, a entender del fiscal, hubo “omisión a la hora de detener y evitar las golpizas”, informó El Observador. El delito de “abuso de autoridad contra los detenidos” establece que “el funcionario público encargado de la administración de una cárcel, de la custodia o del traslado de una persona arrestada o condenada que cometiere con ella actos arbitrarios o la sometiere a rigores no permitidos por los reglamentos, será castigado con pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría”.
Los funcionarios denunciados están siendo defendidos por el abogado del sindicato de INAU, Juan Raúl Williman. El presidente del gremio, Joselo López, dijo a la diaria que esa asistencia jurídica se quitará en caso de que la jueza confirme los procesamientos, y que se los desafiliará en caso de que haya una sentencia en su contra. “Si estos funcionarios son culpables, evidentemente no van a poder seguir perteneciendo al sindicato”, indicó López. No obstante, aclaró que hasta entonces el gremio sigue “con la misma postura planteada desde el principio de toda esta situación”. “Creemos en el principio de presunción de inocencia, entendemos que si hay pedidos de procesamiento es porque algún elemento probatorio puede haber, pero por ahora lo que hay es pedido de procesamiento y no está avalado por la jueza actuante”, señaló.
Hacia la clausura
En este contexto, ayer Subrayado emitió una entrevista con el director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Ruben Villaverde, en la que el jerarca sostuvo que el centro Ser se cerrará, sin dar mayores detalles. El presidente de INAU, Javier Salsamendi, aclaró a la diaria que ese cierre no será “inmediato” y que se trata de una idea que existe desde “siempre”. “La idea es ir a mejores infraestructuras; en la medida en que puedas conseguir mejores lugares, obviamente siempre va a ser más conveniente trabajar en esas condiciones que en otras”, apuntó. En este sentido, destacó que el número de jóvenes recluidos en el centro Ser ha ido disminuyendo hasta llegar a una cantidad “óptima en estas condiciones” y acordada con la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Consultado sobre si hay fecha para el cierre del establecimiento, contestó: “No me animo a dar plazos, depende de las demás construcciones y de cómo evolucionen los ingresos y los egresos”. Estimó que en algún momento se llegará a una estabilización en el número de jóvenes recluidos que permita “saber exactamente cuál es el número con el que va a contar el sistema”. Acotó que el cierre “claramente es un tema para plantearse al inicio del próximo período”.
Según informó ayer El País, el sindicato de INAU envió hace un mes una propuesta a las autoridades para cerrar el centro Ser. López dijo a ese diario que sería importante transformar el establecimiento e incluso cambiarle el nombre, porque “está cargado de una historia bastante complicada y genera un estigma para los gurises que van allí y para los propios trabajadores”.
El pedido de procesamiento de estos dos ex jerarcas se da porque, a entender del fiscal, hubo “omisión a la hora de detener y evitar las golpizas”, informó El Observador. El delito de “abuso de autoridad contra los detenidos” establece que “el funcionario público encargado de la administración de una cárcel, de la custodia o del traslado de una persona arrestada o condenada que cometiere con ella actos arbitrarios o la sometiere a rigores no permitidos por los reglamentos, será castigado con pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría”.
Los funcionarios denunciados están siendo defendidos por el abogado del sindicato de INAU, Juan Raúl Williman. El presidente del gremio, Joselo López, dijo a la diaria que esa asistencia jurídica se quitará en caso de que la jueza confirme los procesamientos, y que se los desafiliará en caso de que haya una sentencia en su contra. “Si estos funcionarios son culpables, evidentemente no van a poder seguir perteneciendo al sindicato”, indicó López. No obstante, aclaró que hasta entonces el gremio sigue “con la misma postura planteada desde el principio de toda esta situación”. “Creemos en el principio de presunción de inocencia, entendemos que si hay pedidos de procesamiento es porque algún elemento probatorio puede haber, pero por ahora lo que hay es pedido de procesamiento y no está avalado por la jueza actuante”, señaló.
Hacia la clausura
En este contexto, ayer Subrayado emitió una entrevista con el director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Ruben Villaverde, en la que el jerarca sostuvo que el centro Ser se cerrará, sin dar mayores detalles. El presidente de INAU, Javier Salsamendi, aclaró a la diaria que ese cierre no será “inmediato” y que se trata de una idea que existe desde “siempre”. “La idea es ir a mejores infraestructuras; en la medida en que puedas conseguir mejores lugares, obviamente siempre va a ser más conveniente trabajar en esas condiciones que en otras”, apuntó. En este sentido, destacó que el número de jóvenes recluidos en el centro Ser ha ido disminuyendo hasta llegar a una cantidad “óptima en estas condiciones” y acordada con la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Consultado sobre si hay fecha para el cierre del establecimiento, contestó: “No me animo a dar plazos, depende de las demás construcciones y de cómo evolucionen los ingresos y los egresos”. Estimó que en algún momento se llegará a una estabilización en el número de jóvenes recluidos que permita “saber exactamente cuál es el número con el que va a contar el sistema”. Acotó que el cierre “claramente es un tema para plantearse al inicio del próximo período”.
Según informó ayer El País, el sindicato de INAU envió hace un mes una propuesta a las autoridades para cerrar el centro Ser. López dijo a ese diario que sería importante transformar el establecimiento e incluso cambiarle el nombre, porque “está cargado de una historia bastante complicada y genera un estigma para los gurises que van allí y para los propios trabajadores”.
Nueve funcionarios del centro Ser, el de máxima seguridad de la Colonia Berro, maltrataron y golpearon a adolescentes infractores allí internados. La directora del centro, Jéssica Barrios, era “promotora” y “avalaba” las golpizas. Luego, reunía a los funcionarios y los amenazaba para que no la denunciaran, con el argumento de que estaba vinculada a gente “de poder”. Eso fue lo que denunció el exfuncionario José Márquez en el juzgado penal de Pando. Márquez también presentó un video en el que se ve a “Popeye”, uno de los llamados “brazos gordos” del sistema, pegándole a un menor.
A raíz de esta denuncia y de otras similares, el fiscal Leonardo Morales le tomó declaración a los nueve funcionarios acusados, a otros trabajadores de la Colonia Berro, a los adolescentes agredidos y a sus familiares. Accedió además a investigaciones administrativas y sumarios realizados por el INAU sobre estas denuncias.
La semana pasada, el fiscal concluyó que seis trabajadores cometieron “abuso de autoridad contra los detenidos”, delito por el que pidió sus procesamientos.
El fiscal ya había solicitado en agosto el procesamiento con prisión de “Popeye” por participar en reiteradas golpizas a los internos. Una de esas golpizas fue registrada con la cámara de su celular por el exfuncionario Márquez.
Además, fuentes del caso informaron a El Observador que el fiscal pidió el procesamiento sin prisión, pero con medidas alternativas, de Barrios, la exdirectora del centro, y de Alejandro Araújo, su sucesor, que permaneció en la dirección por solo tres días. Si bien no se probó que estos jerarcas participaran directamente de episodios violentos, hubo omisión a la hora de detener y evitar las golpizas, informaron las fuentes.
La jueza de Pando Isaura Tórtora resolverá si hace lugar a esta solucitud en los próximos días.
Siguen en Colonia Berro
El sumario administrativo que investigó la participación de la exdirectora del hogar Ser en episodios violentos concluyó que las autoridades del INAU debían trasladarla a otra dependencia porque no era recomendable que siguiera cumpliendo funciones en ese centro. En medio de este proceso, Barrios salió con licencia por más de un mes. Al volver, fue trasladada a la División Arquitectura del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). Por ello, se la puede ver aún recorriendo algunos centros en reforma edilicia de la Colonia Berro.
Barrios fue separada del cargo el viernes 13 de junio. Ese día, Araújo asumió la dirección del centro Ser. Pero el funcionario duró poco en el puesto.
En un informe de Subrayado, uno de los internos contó que le daban “de bomba”, que le pegaban “sin ningún motivo” y que incluso Barrios protagonizaba las “palizas”. Luego de que se emitiera el informe, el adolescente recibió otro castigo, esta vez, por parte del sucesor de Barrios, Araújo.
La familia del menor lo denunció, primero en los medios y luego en el juzgado. Araújo fue separado del cargo tres días después de su desembarco en la dirección, el lunes 16 de junio, cuando las autoridades del INAU y el Sirpa resolvieron intervenir el centro Ser y designar a un nuevo equipo de extrema confianza para poner la casa en orden o, al menos, terminar con las golpizas.
De todas maneras, Araújo hoy cumple “tareas administrativas” en el centro Ser.
La Institución Nacional de Derechos Humanos, que denunció en varios informes los malos tratos recibidos por los internos en el centro Ser durante la dirección de Barrios, reconoció el 15 de setiembre en su último informe “cambios importantes favorables en cuanto al trato y las condiciones de internación” en el centro Ser, aunque constató la presencia de ratas.
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El Sindicato del Inau (Suinau) propuso “cerrar
definitivamente” el Centro Ser, como centro de máxima seguridad. Se
plantea transformarlo en un centro que incluya proyectos productivos
para la rehabilitación de adolescentes, como el hogar Ituzaingó. El
gremio sigue con atención el desenlace del proceso judicial por golpizas
y malos tratos contra varios funcionarios del Sirpa.
PUBLICADO
el Miércoles
24 de septiembre, 2014
El Sindicato del Inau (Suinau) propuso a las autoridades del
Instituto y del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa)
“cerrar definitivamente” el Centro Ser de la Colonia Berro, como centro
de privación de libertad de máxima seguridad, y transformarlo en centro
que incorpore proyectos productivos para la rehabilitación de los
adolescentes.Semanas atrás, representantes de Suinau entregaron una “propuesta concreta” a las autoridades para impulsar un cambio en el Ser, expresó el presidente del sindicato Joselo López: “Hoy por hoy, por primera vez en muchos años, están dadas las condiciones para cerrar definitivamente el Centro Ser” como centro de máxima seguridad, dijo López, a Caras y Caretas Portal.
López afirmó que la institución tiene “graves problemas de infraestructura”, pero la inversión que se está realizando, con la inauguración de nuevos centros y la consecuente generación de nuevas plazas, hace “viable” la propuesta. “La idea es cerrarlo como centro de máxima seguridad y transformarlo en un proyecto productivo para menores privados de libertad”, al estilo del hogar Ituzaingó, cuya gestión fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia y la OEA, entre otros organismos nacionales e internacionales, dijo.
La propuesta implica realizar algunas modificaciones edilicias -“que las pueden realizar los propios adolescentes, junto con los trabajadores”- para generar emprendimientos productivos que apuntalen el proceso de rehabilitación de los adolescentes, en base a la conformación de talleres de panadería, herrería o carpintería, entre otros.
El sindicalista destacó que la propuesta se presentó “por escrito” y “con todos los fundamentos”, y que el objetivo no es “tapar” las situaciones de malos tratos que se están investigando en la Justicia. “Creemos que no se debe dejar pasar esta oportunidad y que se requiere voluntad política para hacerlo”, afirmó. Esto permitiría que el “estigma que genera [el Centro Ser] a los adolescentes, trabajadores y la propia institución pueda ser modificado con un emprendimiento productivo”, dijo.
Pedidos de procesamiento
Joselo López afirmó que el sindicato sigue con “atención” el proceso judicial por golpizas y malos tratos en el Centro Ser, pero que aguardarán la resolución de la jueza Letrado de Pando, Isaura Tortara, para definir las medidas a adoptar con sus afiliados. “Hay que esperar la resolución de la jueza, si se da a lugar al pedido [de procesamiento], en base a eso actuaremos”, expresó López.
Sin embargo, el Suinau ya decidió que “aquellos funcionarios que están involucrados no van a seguir siendo asistidos por el sindicato”, y que posteriormente se analizará “si estos funcionarios van a seguir perteneciendo al sindicato o no”. “Mientras tanto hay que esperar la resolución de la justicia, en función de que siempre hemos sido fervientes defensores del principio de inocencia”, afirmó López.
En las últimas horas, el fiscal de Pando, Leonardo Morales, solicitó el procesamientos de seis funcionarios del Sirpa, entre ellos, dos ex directores del Centro Ser, por “abuso de autoridad contra los detenidos”, en relación a golpizas y malos tratos en dicho establecimiento. En el caso de uno de los funcionarios, conocido como ‘Popeye’, el pedido de procesamiento es con prisión.
En este sentido, López aseguró que estos hechos representan “un daño terrible” para el sindicato y para la propia institución, porque cuando se produce “se tiende a generalizar y eso pega fuerte en el conjunto de los trabajadores”. “El 99% de los trabajadores tienen un gran compromiso con la institución y son los que la han sostenido para que salga adelante y tenga un cambio radical en los últimos cuatro o cinco años”, pero estos hechos, por su gravedad, afectan la imagen de todos, valoró López.
PUBLICADO
el Miércoles
24 de septiembre, 2014
En la denuncia realizada en el juzgado penal de Pando, el
exfuncionario José Márquez sostuvo que funcionarios del centro Ser
golpeaban a los jóvenes, lo que era avalado por los ahora exdirectores y
que, uno de ellos, “promovía” y “avalaba” dichas golpizas.Márquez aportó además un video donde se ve a uno de los funcionarios, apodado “Popeye”, pegándole a un menor.
La semana pasada, el fiscal concluyó que seis trabajadores cometieron “abuso de autoridad contra los detenidos”, delito por el que pidió sus procesamientos. El fiscal solicitó el enjuiciamiento sin prisión de cinco de ellos, incluido, los dos ex directores del Centro Ser, al tiempo que requirió el procesamiento con prisión de “Popeye” por participar en reiteradas golpizas a los internos, según informó el diario “El Observador”.
En el caso de las autoridades del Centro Ser, no se probó que participaran directamente de episodios violentos, pero el fiscal entendió que hubo omisión a la hora de detener y evitar las golpizas, destaca el matutino.
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