El Hogar SER es un campo de concentración

El Hogar SER Informe  de la comisionada de Naciones Unidas para los derechos del niño, Rosa María Ortíz.

Ni siquiera remueven autoridades.

.. La relatora de Naciones Unidas sobre derechos de la niñez, consideró “imperiosa” la clausura definitiva del Hogar Ser, el centro de detención juvenil del INAU de máxima seguridad. Rosa María Ortíz, la comisionada de la ONU para los derechos del niño, calificó este “hogar” de “campo de concentración”.
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05/09/2014

El Hogar Ser de la Colonia Berro es un “campo de concentración”

Así lo calificó la comisionada de Naciones Unidas para los derechos del niño, Rosa María Ortíz. Dijo que está en contra de bajar la edad de imputabilidad.
La relatora de Naciones Unidas sobre derechos de la niñez, consideró “imperiosa” la clausura definitiva del Hogar Ser, el centro de detención juvenil del INAU de máxima seguridad.
Rosa María Ortíz, la comisionada de la ONU para los derechos del niño, calificó este “hogar” de “campo de concentración”.
Ortíz presentó el informe final de su visita a Uruguay, destacando cambios positivos en materia de derechos humanos y en particular en el funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), salvo el Hogar Ser.
Sobre este último, valoró el comienzo del traslado de los internos a otros centros, pero reclamó su “inmediato cierre”.
La comisionada expresó su rechazo al plebiscito que propone bajar la edad de imputabilidad. Criticó la política de “mano dura o super dura”.
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Telenoche online:  Si bien el informe advierte algunas mejoras en varios hogares, continúa con fuertes críticas a los centros de reclusión como el Hogar SER.
“Por más buena voluntad y más allá de los esfuerzos y los cambios que uno puede ver, se puede observar el ejemplo muy positivo de (Hogar) Ituzaingó y, enfrente, el ejemplo de todo lo negativo, de lo que no debe ser: el Hogar SER. Entonces, uno puede ver el esfuerzo, se redobló el presupuesto y se duplicó el número de funcionarios, pero el desafío es que los niños no pasen a ese sistema. El sistema de protección y el sistema de justicia juvenil representan el fracaso de las otras políticas. Si los chicos entran ahí es porque fracasaron las otras políticas“, sostuvo Ortiz ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La observadora explicó que existen programas de inserción y sanitarios pero que la institucionalización en Uruguay es excesiva: “Setecientos adolescentes (infractores) privados de libertad y alrededor de tres mil niños en instituciones comen un presupuesto enorme, porque atenderlos implica tres turnos de funcionarios. Entonces, uno ve un hogar que tiene unos cuarenta o cincuenta niños y cincuenta funcionarios. Eso es muy costoso y a los niños no les sirve estar institucionalizados. Ahí no se aprende la vida cívica ni sobre las relaciones familiares. Ahí se aprende sobre la segregación, el maltrato y la exclusión. Los hijos de esos chicos terminan en las instituciones”, afirmó.

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En los últimos días la relatora sobre Derechos Humanos de la Niñez de la (CIDH), Rosa María Ortiz, visitó diversos hogares del INAU que albergan a adolescentes infractores y niños abandonados en condiciones de ser adoptados.

Sus conclusiones, si bien advierten mejoras en algunos centros, cuestionan duramente las condiciones de reclusión en el Hogar SER, que así suma un nuevo informe condenatorio. Antes lo hicieron la Institución Nacional de Derechos Humanos y unas treinta organizaciones sociales que, incluso, exigieron la renuncia del director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Ruben Villaverde.

"Por más buena voluntad y más allá de los esfuerzos y los cambios que uno puede ver, se puede observar el ejemplo muy positivo de (Hogar) Ituzaingó y, enfrente, el ejemplo de todo lo negativo, de lo que no debe ser: el Hogar SER. Entonces, uno puede ver el esfuerzo, se redobló el presupuesto y se duplicó el número de funcionarios, pero el desafío es que los niños no pasen a ese sistema. El sistema de protección y el sistema de justicia juvenil representan el fracaso de las otras políticas. Si los chicos entran ahí es porque fracasaron las otras políticas", sostuvo Ortiz el pasado miércoles cuando compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

El Hogar SER, junto a otros del Sirpa, ha estado a lo largo del año cuestionado por informes y denuncias judiciales que aluden a golpizas, torturas, hacinamiento y pésimas condiciones para los internos.

En su visita al país, Ortiz fue acompañada por el director adjunto de Derechos Humanos de la Cancillería, Gabriel Winter. El funcionario fue más explícito aun al hacer uso de la palabra en el Parlamento.

"Hay una cosa que nos llamó la atención con la relatora. Precisamente, en la visita a los establecimientos de privación de libertad encontramos el hogar Ituzaingó, que es un modelo y cruzando la calle, a 100 metros, el hogar SER. En el mismo establecimiento conviven dos modelos absolutamente opuestos. Eso muestra que lo que hablamos es posible. En ambos casos se trata de menores infractores del interior y de Montevideo, con distintas tareas. En un mundo se convive sin rejas, manipulando cuchillas de hojas de 25 y 30 centímetros sin que pase nada, estaban haciendo ravioles en clara armonía. Incluso, había un chico del interior que se dedicaba a tareas de agroproducción. No había ningún problema. El otro caso (Hogar SER), lamentablemente, es un depósito humano".

Críticas.

Ortiz cuestiona una tendencia excesiva del Estado a institucionalizar niños y adolescentes, con el destino de un enorme presupuesto que no revierte las causas sociales que llevaron a esos jóvenes a estar allí y la ausencia de coordinación entre la políticas sociales estatales.

"Hoy en día, luego de visitar las instituciones, soy consciente de su mejoramiento en muchos aspectos pero, lastimosamente, es triste ver que recursos tan grandes se inviertan en un reducido número de niños, que son menos de cinco mil (en condiciones de ser adoptados). La cantidad de recursos que se invierte ahí debería dedicarse, sobre todo, a los lugares de donde vienen estos niños. Los sistemas de protección tienen que ser la alerta para decir: "De tal lugar están viniendo tales problemas que precisan ser atendidos para prevenir". Y no solamente tiene que apuntarse a mejorar eso otro, aunque es cierto que la atención tiene que ser adecuada, que no debe haber una revictimización. De cualquier manera, la revictimización empieza en el momento en el que el niño entra al sistema, ya sea de protección o de adolescentes en conflicto con la ley. Entrar a ese sistema, aunque le llamemos de protección, significa un costo muy fuerte para los niños", afirmó.

Según Ortiz, pese a los cambios del marco jurídico destinado a proteger a la infancia y la adolescencia, "siguió la fuerte apuesta a una institución tipo patronato que se ocupa de los niños con problemas y no operó la fuerza del cambio en el sentido de comprender que atender a los niños no implica solo atender a los que tienen problemas. Atender a los niños tiene que ver con atenderlos antes y para que no tengan problemas. Y esto otro tiene que ser una parte muy reducida del presupuesto que se invierta".

Si bien destacó la existencia de políticas educativa, sanitarias y el programa "Uruguay Crece Contigo", sostuvo que "todavía sobresale en Uruguay la fuerza tan grande" de la institucionalización. "Setecientos adolescentes (infractores) privados de libertad y alrededor de tres mil niños en instituciones comen un presupuesto enorme, porque atenderlos implica tres turnos de funcionarios. Entonces, uno ve un hogar que tiene unos cuarenta o cincuenta niños y cincuenta funcionarios. Eso es muy costoso y a los niños no les sirve estar institucionalizados. Ahí no se aprende la vida cívica ni sobre las relaciones familiares. Ahí se aprende sobre la segregación, el maltrato y la exclusión. Los hijos de esos chicos terminan en las instituciones", afirmó.

El Estado está "para atender a las familias que no saben cómo hacerse cargo de sus niños, en lugar de que esas familias tengan el servicio del Estado en la comunidad", explicó.

Según Ortiz "es absurdo gastar tanto dinero para dar una atención que perjudica a un niño en lugar de destinarlo a la familia, para que tenga apoyo en una buena guardería, soporte psicológico o ayuda en la búsqueda de trabajo".

También apuntó a la "desarticulación" de los programas sociales y la ausencia de coordinador. "No es que no existan, sino que no hay comunicación entre ellos. Los programas de atención a los niños no se vinculan estrechamente con los programas de prevención", dijo.

Informe sobre situación de la niñez en el INAU

El martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe "Derechos del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo poniendo fin a la institucionalización en las Américas". El trabajo cuestiona aspectos de las políticas estatales de Uruguay hacia la niñez.

Se señala que en Uruguay, así como en Guatemala, México y Paraguay, la Comisión tuvo conocimiento "de situaciones en las cuales niños y niñas de diversas edades compartían instalaciones y servicios con personas adultas ingresadas en el mismo centro; este tipo de situaciones han sido detectadas en particular en establecimientos residenciales que prestan cuidados a personas con algún tipo de discapacidad o con alguna condición médica".

En el caso concreto de Uruguay, alude a una institución "que aloja a más de 80 personas con discapacidad de todas las edades; en su mayoría ingresan siendo niños o adolescentes pero permanecen allí aún alcanzada la mayoría de edad dadas las escasas posibilidades de integración familiar y comunitaria. Al respecto, la Comisión enfatiza la necesidad de que existan secciones especializadas para el tratamiento y atención de la población infantil y adolescente, separadas de las secciones y de las instalaciones para adultos.

La comisión señala que Uruguay, así como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y República Dominicana, ha sido observado en reiteradas ocasiones por "la excesiva utilización de la institucionalización de niños".

La Comisión celebra que Uruguay haya aprobado legislación que establece un plazo máximo de permanencia de los niños pequeños en las instituciones.

Experta en DD.HH.

La Comisión Interamericana la designó como Relatora para los Derechos Humanos de la Niñez el 26 de enero de 2012. Se graduó en comunicación social y es experta en los derechos de niños y niñas. Fue vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y asesora de Derechos Humanos y Diversidad Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República del Paraguay. Es fundadora y miembro de varias organizaciones de derechos humanos, como Decidamos, Global, Tekoha, Callescuela y Taller de Comunicación y Educación Popular. En 2003 recibió el premio Mujer Paraguaya de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia.

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