El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería emitió una declaración pública con su postura frente a la situación actual del proyecto de Aratirí y las perspectivas de la campaña por el plebiscito nacional.
Complementa esa declaración un informe donde se analiza la trayectoria de Aratirí y el gobierno uruguayo frente a la evolución del mercado internacional del hierro y el fin del ciclo especulativo iniciado en 2008.
Copiamos abajo y adjuntamos ambos textos y solicitamos la máxima difusión.
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Declaración del Movimiento Uruguay Libre
SE HA
GANADO UNA BATALLA, PERO NO LA GUERRA
+ El obstáculo principal a Aratirí ha sido la
movilización social, no el precio del hierro.
+ Con el plebiscito nacional erradicaremos la
megaminería del país, la lucha continúa.
“Aratirí se enfría y queda para el próximo gobierno”, fue el titular que recorrió en los últimos días todos los medios de comunicación nacional y algunos internacionales también. La afirmación provenía del propio presidente de la República, José Mujica, y señalaba el fin de la urgencia del gobierno en firmar el contrato con la minera, pero no el abandono del proyecto.
Desde el primer momento, Aratirí se dedicó a generar falsas expectativas sobre las posibilidades económicas de su proyecto. Aunque Zamin Ferrous no tenía antecedentes mineros, autoridades y técnicos del gobierno uruguayo se prestaron al juego. Los cálculos oficiales nunca bajaron de 120 dólares por tonelada, inclusive cuando las previsiones internacionales ya eran de una caída por debajo de 100 dólares y hoy hablan de un nuevo piso de 70 dólares.
Para justificar concesiones fiscales e inversiones pagadas por los uruguayos se generó la ilusión de haber descubierto una gran riqueza, pero la minera no pudo vender “el negocio del hierro en Uruguay”. No obstante, si pasó la coyuntura que dio origen a Aratirí, no se puede asegurar que no se repita algo similar en el futuro y persisten los efectos negativos de los títulos y servidumbres mineras otorgadas, que pueden mantenerse hasta 12 años sobre los campos.
Desde Uruguay Libre impulsamos la realización de un plebiscito nacional que prohíba la minería metalífera a cielo abierto en el país. Este no es un país apto para la minería metalífera en gran escala, sus yacimientos de hierro, oro y otros metales son pobres. Explotarlos no genera una diversificación de la matriz productiva y destruye en cambio un rico ecosistema.
En lo fundamental, el proyecto de Aratirí se fue postergando y se volvió inviable por los uruguayos que lo cuestionaron desde el ángulo social y ambiental, pero también desde el ángulo económico y de la soberanía nacional, por ser un proyecto meramente extractivo y saqueador. Si no hubiera sido por esta actitud, el gobierno y la minera ya habrían firmado el contrato.
Innumerables actividades de esclarecimiento, marchas a pie y a caballo en la capital y el interior, recursos legales de todo tipo, decisiones de varios gobiernos departamentales, decenas de miles de firmas a nivel local y nacional fueron generando una conciencia pública y el rechazo a Aratirí y a la megaminería en general en un amplio espectro de nuestra sociedad.
El plebiscito nacional es una herramienta más para el esclarecimiento de la población y la vía para erradicar definitivamente la megaminería del país. Más de 50.000 ciudadanos han firmado las papeletas. No sabemos aún cuándo llegaremos a las 280.000 firmas requeridas para presentar a la Corte Electoral, pero si podemos asegurar que esta lucha no se detendrá.
Estamos a pocos días de una elección nacional de representantes al Parlamento y la Presidencia de la República. Uruguay Libre es un movimiento sostenido exclusivamente por los ciudadanos que lo integran, con independencia de cualquier partido o expresión ideológica y religiosa. Sean cuales sean los resultados de esta instancia electoral, seguiremos movilizados porque creemos que solo el pueblo consciente y vigilante podrá impedir la megaminería en el país.
Movimiento
Uruguay Libre
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17 de setiembre de 2014
Informe
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ARATIRÍ Y EL CUENTO DEL HIERRO
La
insistencia con que el factor determinante del “enfriamiento” del
proyecto de Aratirí es la baja momentánea del precio del hierro
esconde varias falsedades.
esconde varias falsedades.
La primera falsedad es que la baja del precio del hierro haya sido el dato nuevo y sorpresivo que determinó la inviabilidad económica del proyecto de Aratirí. No es un dato nuevo. Las variaciones del mercado internacional del hierro en el medio de un ciclo especulativo hacían perfectamente previsible que, en un corto plazo, se llegaría a este punto. Para ser serio, un proyecto con una duración de 20 a 30 años, como han dicho, debe basarse en previsiones sobre los precios que vayan más allá de las variaciones coyunturales en un ciclo de corta duración.
Desde el primer momento, Aratirí se dedicó a generar falsas expectativas sobre las posibilidades económicas del proyecto minero. Era natural que lo hiciera, es una empresa “vende proyectos”, creada para armar “un gran negocio” y conseguir el comprador. Hemos dicho reiteradamente que Zamin Ferrous no tiene antecedentes mineros y que este es un proyecto meramente especulativo. No obstante, autoridades y técnicos del gobierno uruguayo se prestaron al juego.
“En los próximos años el precio del hierro se mantendrá firme”, sostuvo el asesor del Ministerio de Economía, Andrés Masoller, ante la Comisión Multipartidaria en setiembre de 2011. El funcionario hizo sus proyecciones en base a los datos de Aratirí, suponiendo una producción de 18 millones de toneladas anuales (admitiendo llegar hasta 36 millones de toneladas) con una estimación de “largo plazo” del precio del hierro a 120 dólares por tonelada durante 30 años.
El estallido de dos grandes “burbujas financieras” en Estados Unidos y Europa había trasladado la especulación hacia los metales, que registraron un alza extraordinaria de su valor. En febrero de 2011, el hierro llegó a cotizarse a 187 dólares por tonelada, cinco veces más que en enero de 2008. Pero desde 2012 grandes operadores comenzaron a abandonar el mercado de materias primas y ninguna previsión seria podía basarse en esos precios excepcionales.
Los cálculos de las autoridades uruguayas nunca bajaron de 120 dólares por tonelada, inclusive cuando los consultores internacionales anunciaban una caída por debajo de 100 dólares y hoy hablan de un nuevo piso histórico de 70 dólares. Un informe del FMI en enero último avaló las cifras imaginarias declaradas por Aratirí y el gobierno nacional pero no pudo sostenerse ante las críticas fundadas de Uruguay Libre. ¿Simple ineptitud o complicidad con la minera?
Con el hierro a 90 dólares por tonelada o menos, los yacimientos uruguayos -pequeños y de bajo tenor, donde el mineral requiere un proceso de concentración para ser comercializado-, no son rentables a pesar de los beneficios exclusivos que el gobierno le brindó a Aratirí con la reforma del Código de Minería y la Ley de Minería de Gran Porte. Agregaron la regasificadora y el puerto de aguas profundas, para resolverle las necesidades energéticas y logísticas.
Para justificar concesiones fiscales e inversiones pagadas por los uruguayos, se generó la ilusión de que estábamos ante una gran riqueza. Pero esto solo le servía a una empresa aventurera que buscaba un negocio de ocasión. Sin Aratirí, esas obras son difícilmente sostenibles.
Cuando el dueño de Zamin Ferrous vino al país en agosto e hizo un planteo inaceptable –tener una terminal portuaria exclusiva en la playa de La Angostura- quedó claro que “el pescado se pudrió en el mostrador”. En otras palabras, Aratirí no logró vender a nadie “el gran negocio del hierro en Uruguay” y no puede hacer nada más por ahora. Por eso, afirmar que el “acuerdo con Aratirí depende de la evolución del precio del hierro” es solo una media verdad.
Si ya ha sido superada la coyuntura financiera que hizo aparecer a Aratirí y otras propuestas semejantes, nadie puede asegurar que no vuelva a ocurrir algo similar en el futuro. Cada 10 o 20 años aumentan los precios de los minerales debido a los ciclos especulativos y reaparecen las empresas “junior” (jóvenes) buscando un negocio de ocasión. Así, aunque momentáneamente no sean viables, sus proyectos pueden subsistir como una amenaza latente para el país.
A las mineras les cuesta muy poco retener sus concesiones y esperar una nueva oportunidad. En el Uruguay hay más de tres millones de hectáreas con pedidos de prospección. Por la reforma del Código de Minería de 2011, una minera puede conservar hasta 12 años los títulos de prospección y exploración, que imponen una servidumbre sobre el terreno y convierten al propietario en su rehén al impedirle el acceso a créditos bancarios con el campo como prenda.
En lo fundamental, las postergaciones sufridas por el proyecto de Aratirí fueron una consecuencia del cuestionamiento de los uruguayos, en primer lugar, desde el ángulo social y ambiental, pero también desde el ángulo económico y de la soberanía nacional, por tratarse de un proyecto meramente extractivo y saqueador. Si no hubiera sido por esa resistencia social en los últimos cuatro años, el gobierno y la minera ya habrían firmado el famoso contrato.
Esta no es una apreciación ajena a la realidad de la minería mundial. Un proyecto minero de gran envergadura no es factible sin el consentimiento de la población. Las empresas calificadoras de riesgos para la inversión lo llaman Licencia Social para Operar (LSO). Por los altos impactos de la megaminería a cielo abierto, a la LSO se le ha dado una creciente relevancia. Este año ocupa el tercer lugar entre los 10 mayores riesgos que enfrentan las inversiones mineras.
La resistencia a Aratirí y la megaminería adquirió una extensión y una diversidad sin precedentes en el país. Innumerables actividades de esclarecimiento, marchas a pie y a caballo en la capital y el interior, decenas de miles de firmas rechazando la megaminería, recursos legales de todo tipo, decisiones de gobiernos departamentales y la promoción de un plebiscito nacional han generado una conciencia pública sobre estos proyectos en un amplio espectro de la sociedad.
Es un esfuerzo vano pretender circunscribir el liderazgo de esta oposición a un solo sector o a un único agrupamiento social y político. También es infructuoso pretender reducir las expresiones de resistencia a una única forma de lucha válida. Sirven todas las formas de lucha que contribuyen a elevar la conciencia y la participación de los ciudadanos en el movimiento. Ha sido la diversidad de liderazgos y manifestaciones lo que ha dado la mayor fuerza a este rechazo.
Movimiento Uruguay Libre
17 de setiembre de 2014.
“En los próximos años el precio del hierro se mantendrá firme”, sostuvo el asesor del Ministerio de Economía, Andrés Masoller, ante la Comisión Multipartidaria en setiembre de 2011. El funcionario hizo sus proyecciones en base a los datos de Aratirí, suponiendo una producción de 18 millones de toneladas anuales (admitiendo llegar hasta 36 millones de toneladas) con una estimación de “largo plazo” del precio del hierro a 120 dólares por tonelada durante 30 años.
El estallido de dos grandes “burbujas financieras” en Estados Unidos y Europa había trasladado la especulación hacia los metales, que registraron un alza extraordinaria de su valor. En febrero de 2011, el hierro llegó a cotizarse a 187 dólares por tonelada, cinco veces más que en enero de 2008. Pero desde 2012 grandes operadores comenzaron a abandonar el mercado de materias primas y ninguna previsión seria podía basarse en esos precios excepcionales.
Los cálculos de las autoridades uruguayas nunca bajaron de 120 dólares por tonelada, inclusive cuando los consultores internacionales anunciaban una caída por debajo de 100 dólares y hoy hablan de un nuevo piso histórico de 70 dólares. Un informe del FMI en enero último avaló las cifras imaginarias declaradas por Aratirí y el gobierno nacional pero no pudo sostenerse ante las críticas fundadas de Uruguay Libre. ¿Simple ineptitud o complicidad con la minera?
Con el hierro a 90 dólares por tonelada o menos, los yacimientos uruguayos -pequeños y de bajo tenor, donde el mineral requiere un proceso de concentración para ser comercializado-, no son rentables a pesar de los beneficios exclusivos que el gobierno le brindó a Aratirí con la reforma del Código de Minería y la Ley de Minería de Gran Porte. Agregaron la regasificadora y el puerto de aguas profundas, para resolverle las necesidades energéticas y logísticas.
Para justificar concesiones fiscales e inversiones pagadas por los uruguayos, se generó la ilusión de que estábamos ante una gran riqueza. Pero esto solo le servía a una empresa aventurera que buscaba un negocio de ocasión. Sin Aratirí, esas obras son difícilmente sostenibles.
Cuando el dueño de Zamin Ferrous vino al país en agosto e hizo un planteo inaceptable –tener una terminal portuaria exclusiva en la playa de La Angostura- quedó claro que “el pescado se pudrió en el mostrador”. En otras palabras, Aratirí no logró vender a nadie “el gran negocio del hierro en Uruguay” y no puede hacer nada más por ahora. Por eso, afirmar que el “acuerdo con Aratirí depende de la evolución del precio del hierro” es solo una media verdad.
Si ya ha sido superada la coyuntura financiera que hizo aparecer a Aratirí y otras propuestas semejantes, nadie puede asegurar que no vuelva a ocurrir algo similar en el futuro. Cada 10 o 20 años aumentan los precios de los minerales debido a los ciclos especulativos y reaparecen las empresas “junior” (jóvenes) buscando un negocio de ocasión. Así, aunque momentáneamente no sean viables, sus proyectos pueden subsistir como una amenaza latente para el país.
A las mineras les cuesta muy poco retener sus concesiones y esperar una nueva oportunidad. En el Uruguay hay más de tres millones de hectáreas con pedidos de prospección. Por la reforma del Código de Minería de 2011, una minera puede conservar hasta 12 años los títulos de prospección y exploración, que imponen una servidumbre sobre el terreno y convierten al propietario en su rehén al impedirle el acceso a créditos bancarios con el campo como prenda.
En lo fundamental, las postergaciones sufridas por el proyecto de Aratirí fueron una consecuencia del cuestionamiento de los uruguayos, en primer lugar, desde el ángulo social y ambiental, pero también desde el ángulo económico y de la soberanía nacional, por tratarse de un proyecto meramente extractivo y saqueador. Si no hubiera sido por esa resistencia social en los últimos cuatro años, el gobierno y la minera ya habrían firmado el famoso contrato.
Esta no es una apreciación ajena a la realidad de la minería mundial. Un proyecto minero de gran envergadura no es factible sin el consentimiento de la población. Las empresas calificadoras de riesgos para la inversión lo llaman Licencia Social para Operar (LSO). Por los altos impactos de la megaminería a cielo abierto, a la LSO se le ha dado una creciente relevancia. Este año ocupa el tercer lugar entre los 10 mayores riesgos que enfrentan las inversiones mineras.
La resistencia a Aratirí y la megaminería adquirió una extensión y una diversidad sin precedentes en el país. Innumerables actividades de esclarecimiento, marchas a pie y a caballo en la capital y el interior, decenas de miles de firmas rechazando la megaminería, recursos legales de todo tipo, decisiones de gobiernos departamentales y la promoción de un plebiscito nacional han generado una conciencia pública sobre estos proyectos en un amplio espectro de la sociedad.
Es un esfuerzo vano pretender circunscribir el liderazgo de esta oposición a un solo sector o a un único agrupamiento social y político. También es infructuoso pretender reducir las expresiones de resistencia a una única forma de lucha válida. Sirven todas las formas de lucha que contribuyen a elevar la conciencia y la participación de los ciudadanos en el movimiento. Ha sido la diversidad de liderazgos y manifestaciones lo que ha dado la mayor fuerza a este rechazo.
Movimiento Uruguay Libre
17 de setiembre de 2014.
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