Merendero “Puertas Abiertas a la Comunidad” asiste a más de 200 personas en situación de vulnerabilidad
Salto 14.09.2014
El Merendero “Puertas Abiertas a la Comunidad” fundado el pasado 30 de agosto por Sandra Pintos, junto a un grupo de madres voluntarias, padres y jóvenes lleva adelante este proyecto que asiste a casi a 200 personas, entre niños, madres solteras y ancianos.
Pintos informó que se está trabajando para poder brindar la merienda también los domingos y durante todo el año se organizan campañas de colaboración para atender los diferentes menesteres de las personas en situación de extrema vulnerabilidad.
LOS SÁBADOS
El merendero atiende todos los sábados a las 17:00 horas y la actividad comienza a las 10 de la mañana para hacer la merienda.
Actualmente atiende a 160 niños entre ellos con problemas de riesgo nutricional y desnutrición crónicas, a embarazadas y madres adolescentes en lactancia, jefas de hogares y adultos mayores.
Este está ubicado en el salón comunal del Bº Andresito I.
Se ha logrado una obra comunitaria, prestando servicio a la sociedad, con una población de contexto crítico y de vulnerabilidad.
Es necesario el apoyo de la comunidad y de los empresarios salteños para continuar con este beneficio y obra social asumiendo responsabilidad, dedicación, sirviendo y atendiendo a la población.
UNA OBRA SOCIAL POR EXCELENCIA
Felizmente se han recibido donaciones de varias personas que creen en la obra social, “ayuda por parte de Víctor Galli, el Contador Barla, que inclusive nos visitaron para ver de cerca todo lo que se hace” – afirmó Sandra Pintos.
Se reciben comestibles y prendas de vestir, calzados y juguetes. Los interesados en colaborar pueden comunicarse al 098768367 o 47379761.
Dirección: calle Andresito y Rafaela Villagrán vivienda C 9 Barrio Artigas.
OBRA SOCIAL COMUNITARIA
El proyecto comunitario abarca las zonas Barrio Andresito 1, Asentamiento Andresito 2,Complejo Habitacional Andresito 3 , Asentamiento Baypass, Asentamiento Manuel Oribe, zonas inundados y Barrio Uruguay; se brinda atención de niños, familias de contexto crítico y de vulnerabilidad. A su vez el proyecto lleva adelante el abordaje familiar, puntualizando situaciones de emergencia y de atención inmediata, explicó.
Se reciben donaciones de ropas de desuso, calzados, artículos de cocina, donaciones en efectivos y comestibles. Esta obra social comenzó con lo básico, ya que debido a la realidad no podía continuar esperando más tiempo, porque este apremia y los niños padecen situaciones críticas.
La población de esta zona Bº Artigas, Bº Uruguay, Bº Andresito 1, asentamiento Andresito 2, Complejo Habitacional Andresito 3, Asentamiento Manuel Oribe, Asentamiento By Pass y sector inundados.
Las familias dependen de las zafras (citricultura, arándanos, frutillas y cebollas), empleos temporales, peones de chacras, changadores, jornaleros, empleos domésticos y empleos privados.
SALTO LUIS PÉREZ sáb sep 20 2014
Amalia Silva llegó al Andresito II con sus
cuatro hijos y lo puesto. Nunca se olvidará de la fecha: 31 de diciembre
de 2013. Ese día había por lo menos 40 grados de temperatura y no
estaba de ánimo para festejar un nuevo año. Con ayuda de algunos vecinos
enterró unos palos y tiró un nylon para no estar a la intemperie. Y
allí se quedó.
"Quedé viuda hace dos años cuando mi esposo murió
aplastado por un camión en Canelones, había ido a trabajar en la zafra
de la uva. Quedé con los niños y una pensión que no llega a los dos mil
pesos y el Plan de Emergencia", contó a El País.
Como si fuera poco su hijo de 6 años tiene "un problema
de salud delicado" que le afectó los riñones. Por ello cada poco tiempo
tiene que viajar a Montevideo para que lo atienda un especialista.
"No recibo ayuda de nadie, no tengo vergüenza en
decirlo que pasamos hambre y muy mal con el frío y cuando llueve", dijo
la mujer.
El asentamiento se viene formando desde hace siete
años, está ubicado en el extremo este de la ciudad y se estima que viven
entre 2.300 y 2.500 vecinos. La mayoría de ellos se encuentran en
situación de extrema de pobreza.
Desde la comisión vecinal denuncian que por las
noches y los fines de semanas decenas de niños no tienen acceso a la
alimentación. También advierten que hay dificultades para realizar
controles de salud a las adolescentes embarazadas.
Elsa Martínez, más conocida como "La Negra", es quien
preside la comisión del asentamiento, advirtió a El país que la
situación de muchos vecinos "es lamentable" y fustigó a los políticos en
general por no colaborar con ellos para mejorar la calidad de sus
vidas.
"Hay noches que los niños no comen porque en sus
casas no hay para darles alimento, los fines de semana es peor.
Necesitamos urgente que nos donen algún material para fabricar un
comedor en el que se les pueda servir una taza de leche o un pan con
dulce aunque más no sea", acotó Martínez.
La mujer contó a El País que el CAIF de Aldeas SOS,
que está instalado en la zona, atiende a unos 300 niños. Los niños
"comen al mediodía y antes de irse se llevan una merienda en su pancita
porque muchos de ellos tienen que aguantarse así hasta el otro día",
dijo. "Hay niños que duermen en el piso y cuando llueve les pasa el agua
por debajo de los ranchos", agregó.
En el asentamiento Andresito I, vecino del Andresito
II, funciona el merendero "Puertas Abiertas a la Comunidad" que fue
impulsado por madres y vecinas voluntarias. A él concurren los niños del
Andresito II y otros de los alrededores a los cuales se le sirve una
copa de leche los sábados por la tarde existiendo la posibilidad de que
se extienda al día domingo.
"Lo hacemos solo un día porque no tenemos recursos.
Hemos advertida que las necesidades de una población con problemas que
se relacionan con el riesgo nutricional, desnutrición crónica y aquí
atendemos a 160 niños", dijo Sandra Pintos quien se desempeña en la zona
como trabajadora comunitaria.
"La realidad está bien visible, es realmente
preocupante las necesidades que hay en los asentamientos pero en
especial en el Andresito II", dijo Pintos y criticó el hecho de que
ahora que se avecina una contienda electoral algunos políticos se
arriman para demostrar preocupación y prometer soluciones.
"Después (que pasa la campaña) hay cero interés, si
hubiera un interés real, de lo contrario no estaríamos hablando de los
asentamientos que se han incrementado en Salto. Desde el gobierno
nacional no han respondido cuando tendrían que estar trabajando en
conjunto con el gobierno departamental. Ante la necesidad habitacional
la única solución posible para estas personas es el asentamiento", opinó
Pintos.
Adolescentes.
Por su parte, Martínez se mostró preocupada por el
alto número de adolescentes embarazadas y otras que ya son madres que
viven en condiciones de hacinamiento, sin controles médicos y con
evidentes padecimientos de riesgo nutricional.
Martínez hizo hincapié en la gran cantidad de madres
solteras y divorciadas que viven en este lugar y sin más ayuda que los
planes sociales oficiales en algunos casos pero sin ningún seguimiento
por parte de las autoridades de la salud o de organizaciones sociales.
Angelina es una adolescente de 17 años que no
estudia ni trabaja. Vive en el Andresito II desde el 24 de diciembre de
2012. "Somos ocho hermanos, cinco vivimos aquí con mi madre. Vivimos de
una pensión alimenticia que le pasa el padre de mi hermana más chiquita y
de una pensión por invalidez de un hermano. Aquí estamos abandonados,
ni siquiera tenemos una calle", comentó.
Riesgos.
El asentamiento tiene graves problemas en su
infraestructura, en particular porque los muchos vecinos están
"colgados" a los cables de UTE. "Esto es una bomba de tiempo porque
hay miles de metros de cables con energía eléctrica de conexiones
clandestinas que parten de un transformador a la entrada del barrio
apoyadas sobre precarios postes", advirtió la mujer.
En términos oficiales, al barrio no llegan los servicios de UTE y tampoco lo de OSE.
"El agua potable llega en su mayoría con tanques
cisternas de la Intendencia, no hay un contador de UTE y tampoco
alumbrado público", explicó Martínez a El País.
"Nadie hace nada para darle una contención a esta
gente que vive bajo unas chapas y con paredes de nylon o ranchos de
maderas", lamentó.
>>>Caso de 62 familias que ocuparon terrenos en Salto Nuevo expuso una situación de carencia e inacción gubernamental
El artículo 45 de la Constitución de la República establece que “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de (una) vivienda decorosa. (Y que) La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.
Acaso este fue el déficit más importante que ha tenido la actual administración de gobierno y si bien con el paso del tiempo los
asentamientos
se han ido levantando, sobre todo con la ayuda de los planes sociales
del Ministerio de Desarrollo Social, que han sido lanzados en los
últimos tiempos, sigue habiendo carencia de viviendas en el país y
mientras tanto, el Estado sigue enredado entre varios planes que buscan
tapar el agujero, entre ellos con el propio Plan Juntos, las situaciones
de ocupaciones de predios siguen existiendo y al menos en la zona sur
de nuestra ciudad, este tipo de casos pululan.
El último evento más notorio de esta naturaleza fue la ocupación de los predios que pertenecen a la Intendencia de Salto pero que están en manos del Club Salto Nuevo, por un comodato que le permite la explotación a la institución deportiva por 90 años.
La situación que causó alarma pública entre las autoridades por el importante número de personas que se vieron involucradas en este asunto, se registró el pasado fin de semana cuando al menos 62 familias, conformadas por unas 350 personas, ocuparon los terrenos que se ubican sobre la avenida Patulé pasando la avenida Solari, en las postrimerías del escenario deportivo que pretendía construir el club Salto Nuevo.
De buenas a primeras, mucha gente se vio sorprendida cuando vio que decenas de personas levantaban sus ranchos en el lugar, con costaneros, chapas de cartón, y hasta instalando carpas, con la finalidad de poder conformar su casa allí.
Sin embargo, conocida la situación y enterados los usufructuarios del predio, comenzaron los problemas. Primero fue el Club Salto Nuevo, cuya comisión directiva, no demoró más que unas horas en presentarse ante la Seccional Tercera de Policía para formular la denuncia y exigir el desalojo de los predios.
Aunque tras esto, la policía notificó a los ocupantes y les dijo que si el juez letrado de 4º Turno, Alejandro Asteggiante, ordenaba la salida del lugar de las personas que se encontraban haciendo sus casas precarias allí, los tendrían que sacar.
Si bien al parecer ese día las aguas se calmaron, aunque la comisión directiva de Salto Nuevo dio a conocer su preocupación por este hecho, horas más tarde, los problemas para los ocupantes se multiplicaron, ya que debieron enfrentar una nueva denuncia.
Esta vez, la de la Intendencia de Salto, cuya división jurídica entendió que las personas que se encontraban invadiendo los terrenos que la comuna le había cedido en comodato al Club Salto Nuevo, podían estar configurando el delito de usurpación, por lo cual solicitaron al juez penal de turno, el mismo que había recibido la del Club Salto Nuevo, que procediera al desalojo de estas personas de ese lugar.
En este caso la situación generó malestar entre los vecinos, ya que horas antes, al conocer esta nueva denuncia, habían sido visitados por las asistentes sociales de la comuna, quienes concurrieron al lugar para hacer un relevamiento de la situación de cada núcleo familiar.
Según pudo saber EL PUEBLO en aquella oportunidad, las profesionales les habrían manifestado que por el momento no serían sacados del lugar, pero que debían tener sus datos para saber cual era la situación socioeconómica que los distinguía.
Aunque se enteraron que horas después, otra área de la comuna fue la que tomó la iniciativa y viendo una flagrante violación a la ley, no se ciñeron por criterios políticos y procedieron conforme a lo que dicen las normas y las disposiciones vigentes.
Aunque al ser consultados por EL PUEBLO ese mismo día, los vecinos organizados en el lugar daban su versión de la situación, y si bien dijeron “no tener a nadie detrás que los esté organizando”, señalaron que acudieron al lugar por “iniciativa propia” al ver que los predios estaban desocupados y que ellos “no tenían dónde vivir”.
En base a su situación de carencia económica y manifestando tener la “mejor intención de mejorar el lugar, no robar servicios y cuidar la zona para construir un barrio”, aportando propuestas para poder “quedarse” en el lugar y hacer de esos terrenos baldíos, que tienen como propietario al erario público, su lugar donde vivir.
Pero al día siguiente de que la comuna presentara la denuncia penal y que los lugareños se vieran enfrentados a la policía por el desalojo en el lugar, el intendente de Salto, Germán Coutinho, arribó al lugar para conversar con los ocupantes y saber quiénes eran.
En ese momento, los ocupantes mantuvieron un diálogo que catalogaron como bueno con el jefe comunal y del cual salieron alentados a que era viable la posibilidad de encontrar una solución para quedarse.
Si bien Coutinho les dijo a los ocupantes que “no les prometía nada”, les animó diciendo que tenía que analizar la situación por la que estaban atravesando, para interiorizarse del asunto y en base a ello lograr una solución, esto operó como un aliciente para las personas que se apropiaron del terreno.
Además el jefe comunal les dijo que además esta situación era competencia de los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y del de Desarrollo Social. Pero en las últimas y horas y ante esta situación, el Mides indicó que “haría un relevamiento para conocer la situación de los vecinos del lugar”, aunque no anunció ninguna medida concreta.
En el Uruguay hay alrededor de 250 mil personas que viven en asentamientos irregulares. En Salto los números son importantes y preocupan mucho, pero por ahora la situación de los vecinos de la zona sur es desesperante.
Allí hasta las plazas de algunos barrios han sido ocupadas con casas precarias y hasta con carpas, sin embargo, las autoridades por el momento no se dan por aludidas. Si bien el problema se genera por la falta de viviendas, la ocupación en espacios públicos amerita una intervención del Estado, en este caso para reprimir la acción, pero la rapidez con la que actúan a estos efectos no es la misma con la que actúan para buscar una solución, algo que se ha visto en el común de los reclamos.
Por ahora las 62 familias que decidieron ocupar los predios en el barrio Salto Nuevo, esperan que quienes los denunciaron se apiaden de ellos y lleguen a una solución política, antes que jurídica y tengan que irse del lugar con las chapas en la mano.
Serán desalojados en cualquier momento, porque el edificio presenta un “riesgo inminente” de derrumbe
Dos familias, del casi centenar que vivía en el Complejo Habitacional Nº 20 de Montevideo, aún se resisten a irse
Dos familias, de las 96 que vivían en el Complejo Habitacional Nº 20 (CH 20) del barrio Sur de Montevideo, se resisten a dejar sus viviendas, tras rechazar las soluciones habitacionales propuestas por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
La ANV tiene previsto demoler el edificio debido a que presenta un “riesgo inminente” de colapso “por paneles”, según aseguró su presidenta Cristina Fynn, quien acotó que “puede haber un desprendimiento de la fachada”, con “riesgo de lesión o incluso de muerte” para las personas que se encuentren cerca. Sin embargo, el CH 20 sigue en pie y con dos familias resistiéndose a abandonarlo.
Las otras 94 familias aceptaron dejar el complejo: 49 fueron realojadas en viviendas compradas para dicho fin, al tiempo que las otras 45 aceptaron viviendas disponibles de la ANV.
Una de las familias “sobrevivientes” la componen un nieto y su abuela de 90 años, mientras que la otra está integrada por siete personas. La exigencia de los primeros es que le entreguen de inmediato los títulos de propiedad de la nueva casa, mientras que los segundos pretenden un apartamento de tres dormitorios, cuando se les ofreció una vivienda con una sola habitación.
ORDEN DE DESALOJO
La semana pasada, la ANV notificó a las dos familias que continúan en el edificio que se les otorgó “un último plazo para la desocupación voluntaria”, agregando que ya inició “los caminos legales correspondientes para la desocupación y posterior demolición” del complejo ubicado en Rambla República de Argentina y Cuareim. A pesar de todo, el organismo aclara que los desalojados no perderán la posibilidad de ser relocalizados.
Según la ANV, en uno de los casos nunca pudo tratarse directamente con la titular de la vivienda, por lo que todas las gestiones debieron realizarse con el nieto de la misma. “Esta persona, en el último plazo eligió una vivienda que fue reparada con su conformidad y se encuentra en perfectas condiciones de habitabilidad y sin ningún problema de humedades, pero ahora nos informa que no quiere la opción elegida y que pretende adquirir otra en el mercado”, afirmaron.
El otro caso, “se trata de un ocupante irregular, que en todo el proceso de negociación manifestó que el núcleo de integrantes de la vivienda eran él, su hermana y su sobrino, cuando según nuestros datos, vivía solo”, informó la propia Agencia. Para peor, “a fines de febrero dejó ingresar a la finca a un compañero de trabajo con sus cinco hijos, y ahora exige una vivienda de tres dormitorios, cuando el ofrecimiento de la ANV es de una unidad de un dormitorio, de acuerdo a las pautas definidas y en coincidencia con las soluciones adoptadas con los restantes habitantes del CH 20 en idéntica situación”.
En ambos casos se ofreció vivienda en el CAFE 11, un complejo habitacional ubicado en José Cabrera y 20 de Febrero (en el barrio Unión de la capital); pero mientras el nieto y su abuela podían acceder a un apartamento de tres dormitorios (ahora tiene dos), a la segunda familia se le ofreció solo una pieza. Ante su negativa, se le propuso otro apartamento de un dormitorio en Euskalerría (barrio Malvín Norte), pero también respondió negativamente.
El artículo 45 de la Constitución de la República establece que “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de (una) vivienda decorosa. (Y que) La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.
Acaso este fue el déficit más importante que ha tenido la actual administración de gobierno y si bien con el paso del tiempo los
asentamientos
se han ido levantando, sobre todo con la ayuda de los planes sociales
del Ministerio de Desarrollo Social, que han sido lanzados en los
últimos tiempos, sigue habiendo carencia de viviendas en el país y
mientras tanto, el Estado sigue enredado entre varios planes que buscan
tapar el agujero, entre ellos con el propio Plan Juntos, las situaciones
de ocupaciones de predios siguen existiendo y al menos en la zona sur
de nuestra ciudad, este tipo de casos pululan.El último evento más notorio de esta naturaleza fue la ocupación de los predios que pertenecen a la Intendencia de Salto pero que están en manos del Club Salto Nuevo, por un comodato que le permite la explotación a la institución deportiva por 90 años.
La situación que causó alarma pública entre las autoridades por el importante número de personas que se vieron involucradas en este asunto, se registró el pasado fin de semana cuando al menos 62 familias, conformadas por unas 350 personas, ocuparon los terrenos que se ubican sobre la avenida Patulé pasando la avenida Solari, en las postrimerías del escenario deportivo que pretendía construir el club Salto Nuevo.
De buenas a primeras, mucha gente se vio sorprendida cuando vio que decenas de personas levantaban sus ranchos en el lugar, con costaneros, chapas de cartón, y hasta instalando carpas, con la finalidad de poder conformar su casa allí.
Sin embargo, conocida la situación y enterados los usufructuarios del predio, comenzaron los problemas. Primero fue el Club Salto Nuevo, cuya comisión directiva, no demoró más que unas horas en presentarse ante la Seccional Tercera de Policía para formular la denuncia y exigir el desalojo de los predios.
Aunque tras esto, la policía notificó a los ocupantes y les dijo que si el juez letrado de 4º Turno, Alejandro Asteggiante, ordenaba la salida del lugar de las personas que se encontraban haciendo sus casas precarias allí, los tendrían que sacar.
Si bien al parecer ese día las aguas se calmaron, aunque la comisión directiva de Salto Nuevo dio a conocer su preocupación por este hecho, horas más tarde, los problemas para los ocupantes se multiplicaron, ya que debieron enfrentar una nueva denuncia.
Esta vez, la de la Intendencia de Salto, cuya división jurídica entendió que las personas que se encontraban invadiendo los terrenos que la comuna le había cedido en comodato al Club Salto Nuevo, podían estar configurando el delito de usurpación, por lo cual solicitaron al juez penal de turno, el mismo que había recibido la del Club Salto Nuevo, que procediera al desalojo de estas personas de ese lugar.
En este caso la situación generó malestar entre los vecinos, ya que horas antes, al conocer esta nueva denuncia, habían sido visitados por las asistentes sociales de la comuna, quienes concurrieron al lugar para hacer un relevamiento de la situación de cada núcleo familiar.
Según pudo saber EL PUEBLO en aquella oportunidad, las profesionales les habrían manifestado que por el momento no serían sacados del lugar, pero que debían tener sus datos para saber cual era la situación socioeconómica que los distinguía.
Aunque se enteraron que horas después, otra área de la comuna fue la que tomó la iniciativa y viendo una flagrante violación a la ley, no se ciñeron por criterios políticos y procedieron conforme a lo que dicen las normas y las disposiciones vigentes.
Aunque al ser consultados por EL PUEBLO ese mismo día, los vecinos organizados en el lugar daban su versión de la situación, y si bien dijeron “no tener a nadie detrás que los esté organizando”, señalaron que acudieron al lugar por “iniciativa propia” al ver que los predios estaban desocupados y que ellos “no tenían dónde vivir”.
En base a su situación de carencia económica y manifestando tener la “mejor intención de mejorar el lugar, no robar servicios y cuidar la zona para construir un barrio”, aportando propuestas para poder “quedarse” en el lugar y hacer de esos terrenos baldíos, que tienen como propietario al erario público, su lugar donde vivir.
Pero al día siguiente de que la comuna presentara la denuncia penal y que los lugareños se vieran enfrentados a la policía por el desalojo en el lugar, el intendente de Salto, Germán Coutinho, arribó al lugar para conversar con los ocupantes y saber quiénes eran.
En ese momento, los ocupantes mantuvieron un diálogo que catalogaron como bueno con el jefe comunal y del cual salieron alentados a que era viable la posibilidad de encontrar una solución para quedarse.
Si bien Coutinho les dijo a los ocupantes que “no les prometía nada”, les animó diciendo que tenía que analizar la situación por la que estaban atravesando, para interiorizarse del asunto y en base a ello lograr una solución, esto operó como un aliciente para las personas que se apropiaron del terreno.
Además el jefe comunal les dijo que además esta situación era competencia de los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y del de Desarrollo Social. Pero en las últimas y horas y ante esta situación, el Mides indicó que “haría un relevamiento para conocer la situación de los vecinos del lugar”, aunque no anunció ninguna medida concreta.
En el Uruguay hay alrededor de 250 mil personas que viven en asentamientos irregulares. En Salto los números son importantes y preocupan mucho, pero por ahora la situación de los vecinos de la zona sur es desesperante.
Allí hasta las plazas de algunos barrios han sido ocupadas con casas precarias y hasta con carpas, sin embargo, las autoridades por el momento no se dan por aludidas. Si bien el problema se genera por la falta de viviendas, la ocupación en espacios públicos amerita una intervención del Estado, en este caso para reprimir la acción, pero la rapidez con la que actúan a estos efectos no es la misma con la que actúan para buscar una solución, algo que se ha visto en el común de los reclamos.
Por ahora las 62 familias que decidieron ocupar los predios en el barrio Salto Nuevo, esperan que quienes los denunciaron se apiaden de ellos y lleguen a una solución política, antes que jurídica y tengan que irse del lugar con las chapas en la mano.
Serán desalojados en cualquier momento, porque el edificio presenta un “riesgo inminente” de derrumbe
Dos familias, del casi centenar que vivía en el Complejo Habitacional Nº 20 de Montevideo, aún se resisten a irse
Dos familias, de las 96 que vivían en el Complejo Habitacional Nº 20 (CH 20) del barrio Sur de Montevideo, se resisten a dejar sus viviendas, tras rechazar las soluciones habitacionales propuestas por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
La ANV tiene previsto demoler el edificio debido a que presenta un “riesgo inminente” de colapso “por paneles”, según aseguró su presidenta Cristina Fynn, quien acotó que “puede haber un desprendimiento de la fachada”, con “riesgo de lesión o incluso de muerte” para las personas que se encuentren cerca. Sin embargo, el CH 20 sigue en pie y con dos familias resistiéndose a abandonarlo.
Las otras 94 familias aceptaron dejar el complejo: 49 fueron realojadas en viviendas compradas para dicho fin, al tiempo que las otras 45 aceptaron viviendas disponibles de la ANV.
Una de las familias “sobrevivientes” la componen un nieto y su abuela de 90 años, mientras que la otra está integrada por siete personas. La exigencia de los primeros es que le entreguen de inmediato los títulos de propiedad de la nueva casa, mientras que los segundos pretenden un apartamento de tres dormitorios, cuando se les ofreció una vivienda con una sola habitación.
ORDEN DE DESALOJO
La semana pasada, la ANV notificó a las dos familias que continúan en el edificio que se les otorgó “un último plazo para la desocupación voluntaria”, agregando que ya inició “los caminos legales correspondientes para la desocupación y posterior demolición” del complejo ubicado en Rambla República de Argentina y Cuareim. A pesar de todo, el organismo aclara que los desalojados no perderán la posibilidad de ser relocalizados.
Según la ANV, en uno de los casos nunca pudo tratarse directamente con la titular de la vivienda, por lo que todas las gestiones debieron realizarse con el nieto de la misma. “Esta persona, en el último plazo eligió una vivienda que fue reparada con su conformidad y se encuentra en perfectas condiciones de habitabilidad y sin ningún problema de humedades, pero ahora nos informa que no quiere la opción elegida y que pretende adquirir otra en el mercado”, afirmaron.
El otro caso, “se trata de un ocupante irregular, que en todo el proceso de negociación manifestó que el núcleo de integrantes de la vivienda eran él, su hermana y su sobrino, cuando según nuestros datos, vivía solo”, informó la propia Agencia. Para peor, “a fines de febrero dejó ingresar a la finca a un compañero de trabajo con sus cinco hijos, y ahora exige una vivienda de tres dormitorios, cuando el ofrecimiento de la ANV es de una unidad de un dormitorio, de acuerdo a las pautas definidas y en coincidencia con las soluciones adoptadas con los restantes habitantes del CH 20 en idéntica situación”.
En ambos casos se ofreció vivienda en el CAFE 11, un complejo habitacional ubicado en José Cabrera y 20 de Febrero (en el barrio Unión de la capital); pero mientras el nieto y su abuela podían acceder a un apartamento de tres dormitorios (ahora tiene dos), a la segunda familia se le ofreció solo una pieza. Ante su negativa, se le propuso otro apartamento de un dormitorio en Euskalerría (barrio Malvín Norte), pero también respondió negativamente.
>>>Sin agua potable
Los surtidores abastecidos por camiones cisternas no dan abasto y se plantean conflictos entre vecinos
Quienes tenemos la posibilidad de abrir una canilla en nuestra casa y obtener todo el agua que necesitemos, sin duda debemos sentirnos privilegiados por esa situación y tal vez no podamos creer que todavía hay gente que no tiene esa misma posibilidad de acceder y hacer uso libremente de un bien vital tan preciado como el agua en estos días en que las altas temperaturas azotan la región.
En Salto, según informaron fuentes cercanas a OSE (Obras Sanitarias del Estado) no hay barrios propiamente sin agua potable, lo que hay son situaciones puntuales de personas que no están conectadas a la red en muchos barrios de la ciudad, así como asentamientos cuyos habitantes acceden al agua potable a través de diferentes tanques o surtidores que alimentan a toda una zona.
Sin embargo el jefe de la Unidad de Recolección de la Intendencia de Salto, Alberto Tripodi (sector encargado de la distribución del agua potable en la ciudad), aseguró que hay muchísimos lugares que no tienen agua y que los surtidores no dan a basto, sobre todo en los asentamientos donde “se crea una guerra interna por el agua”. A la distribución en estos barrios, además deben sumarse los casos puntuales de vecinos que no tienen una conexión a la red por diferentes motivos, así como algunas chacras cuyos pozos están secos y la Intendencia concurre a llevarles agua potable con una frecuencia semanal.
Un camión cisterna de 7.000 litros para todo Salto
El procedimiento para acceder a este servicio de distribución de agua potable, requiere de una solicitud en el departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, donde se corrobora la situación a los efectos de hacer el traslado de dicha solicitud al área de Recolección, quienes se encargan de distribuir el agua en camiones cisternas por lo menos una vez por semana según un cronograma de planillas previamente establecido.
Esta tarea que en principio correspondería que la realizara OSE, como organismo estatal responsable del abastecimiento de agua potable en toda la República Oriental del Uruguay, actualmente la realiza la Intendencia de Salto a razón de un convenio con dicho organismo y en cumplimiento de un fin social.
La Intendencia cuenta para realizar dicha tarea con un camión cisterna con una capacidad de 7.000 litros, y OSE a su vez cuenta con otro camión que tiene una capacidad de hasta 3 o 4 veces más, pero es un camión zonal, lo que implica que muchas veces no esté en Salto, ya que debe atender los requerimientos de los departamentos limítrofes, lo que hace que esta tarea sea llevada en forma casi exclusiva por la Intendencia de Salto.
La “guerra” por el agua en diferentes zonas de la ciudad
Entre las zonas de la ciudad que presentan mayores carencias de agua se encuentran algunos asentamientos como el Andresito 2, que día a día se transforma en una de las zonas más populosas de la ciudad con una estructura irregular y desordenada lo que dificulta la distribución de agua, similar situación se da en el barrio Ceibal Sur en las denominadas “viviendas del BPS” y en el Caballero Viejo.
- La situación en Andresito 2
En el primero de dichos casos, el Andresito 2, cuenta con tres tanques de aproximadamente 2.000 litros cada uno que abastecen a todo el asentamiento y que la Intendencia provee diariamente. Allí se da una verdadera “guerra” por el agua según dijo Tripodi, porque la gente va directamente al camión a surtir sus recipientes generándose inconvenientes y dificultades, esto se debe a que muchas veces se ensucian los tanques por parte de los propios vecinos, “hay gente que abre los tanques, roban las tapas, sacan agua directamente con baldes que están sucios, a veces tiran piedras y otras cosas para adentro y eso deja el agua sucia, los vecinos se quejan de que no llevamos agua potable y eso no es cierto, el agua que nosotros llevamos es potable”.
A esta situación un tanto descontrolada se agregan otros hechos que agravan aún más la problemática “hay gurises que abren la canilla y se bañan ahí mismo, hay gente que se cree dueña de eso”, relató Tripodi.
- Las viviendas del BPS en Ceibal Sur
En las “Viviendas del BPS” ubicadas en el Ceibal Sur se da la particularidad que no cuentan con ninguno de los servicios esenciales como agua potable y energía eléctrica, ya que son viviendas que no terminaron de construirse y algunas personas las ocupan para vivir; son alrededor de 12 viviendas que reciben agua potable distribuida por la Intendencia los días miércoles de cada semana con una frecuencia de hasta 5 o 6 viajes por día, y allí al no haber tanques surtidores, la distribución se hace a cada uno de los pobladores que concurren al camión cisterna a suministrarse de agua hasta en botellas de 1 y 2 litros para tratar de que les sea suficiente para toda la semana.
- El Barrio Caballero Viejo
El barrio Caballero Viejo si cuenta con un tanque surtidor con una capacidad de aproximadamente 5.000 litros, pero allí se dio un hecho insólito según comentó el jerarca del área consultado, el hecho consistió en que un camión cisterna con una capacidad de 7.000 litros no podía terminar de llenar el tanque de 5.000 litros existente en el lugar debido a que el mismo estaba abierto y tenía una bomba que le llevaba el agua directamente a la casa de un vecino, lo que demuestra hasta que punto llegan algunas personas en esa situación.
- Casos puntuales
El sector de recolección y barrido lleva una serie de planillas con algunas situaciones puntuales de vecinos que no tienen acceso al agua potable en varios puntos de la ciudad que pueden ir desde zonas como el Hipódromo, Colonia 18 de Julio, Garibaldi, a barrios como Salto Nuevo, Ceibal o Cerro, e incluso en algunas zonas muy próximas a la OSE como en las calles Saturnino Rivas o Atahualpa.
La Tarifa Social de OSE
OSE tiene a su cargo el abastecimiento de agua potable en todo el territorio nacional, por medio de un servicio que atiende alrededor de 2.996.750 habitantes a través de 756.282 conexiones, lo que significa una cobertura de la población nucleada de más del 98%, según datos que figuran en la página web del organismo.
Asimismo, ofrece una Tarifa Social, más económica, destinada a la población de bajos recursos: personas comprendidas en el Plan de Equidad y aquellas incorporadas a los programas Asistencia a la Vejez y Trabajo por Uruguay; asentamientos con redes de agua potable y saneamiento regularizadas a través del PIAI (Programa de Integración de Asentamientos Irregulares) del MVOTMA (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) o directamente por OSE con previo aval de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial o las Intendencias Departamentales; así como aquellos hogares considerados por la DINAVI, del MVOTMA, en situación de vulnerabilidad socioeconómica, los cuales generalmente corresponden a los realojos de familias en complejos SIAV y Núcleos Básicos Evolutivos.
En estos casos, por un consumo de hasta 15 m3 al mes el cliente abona por el servicio de agua potable 70,92 pesos y el consumo excedente se factura de acuerdo a la tarifa familiar; mientras que en pequeñas localidades del interior del país con gestión participativa cada cliente abona 59,10 pesos por un consumo de hasta 15 m3.
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