Los represores de La Cacha

Provocaciones de los represores en el juicio

Jueves, 25 de septiembre de 2014

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo pidió penas de prisión perpetua para 16 de los 21 represores juzgados por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha, incluido el ex ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura Jaime Smart. El alegato ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata estuvo a cargo de los abogados Emanuel Lovelli y Colleen Torre, en representación de familiares de las víctimas María Rosa Tolosa, Graciela Quesada, Cristina Marroco, María Elena Corvalán, Olga Casado y Laura Carlotto. La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, presente en la audiencia, dijo haber concurrido “con la alegría de haber hallado a mi nieto pero reforzando una vez más que estos juicios son necesarios para cerrar ese pasado de tanto horror”. Los abogados consideraron que hay “pruebas contundentes” para condenar a perpetua por los casos que impulsa Abuelas a Anselmo Palavezzati, Carlos Romero Pavón, Isaac Miranda, Carlos Hidalgo Garzón, Jorge Héctor Di Pasquale, Ricardo Fernández, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Gustavo “el Francés” Cacivio, Emilio Herrero Anzorena, Héctor “Oso” Acuña, Rufino Batalla, Raúl Espinoza, Claudio Grande y Luis Perea.

TESTIGOS CONTARON COMO FUNCIONABA LA MATERNIDAD CLANDESTINA EN EL HOSPITAL DE CAMPO DE MAYO

“Nos aconsejaban ver, oír y callar”

 

 

En el juicio oral por los crímenes cometidos en el Hospital Militar, ex médicos y enfermeros confirmaron que, durante la dictadura, había mujeres embarazadas secuestradas en “un pabellón especial”. Dijeron que no se registraban sus datos ni los partos.

Por Ailín Bullentini

Algunos dijeron que “se comentaba”, otros lo corroboraron, ninguno lo negó: cuatro ex médicos del Hospital Militar de Campo de Mayo confirmaron ante el Tribunal Oral Federal 6 que en el lugar hubo, durante la dictadura, mujeres embarazadas “detenidas” en “un pabellón especial”, y cuyos datos no eran registrados; también ratificaron que allí dieron a luz a sus hijos y el trato diferencial que debían darles. “Las detenidas eran siempre llevadas a una habitación privada de un pabellón especial y no hablaban, no respondían a ningún interrogatorio”, contó, con dificultad, la partera Cristina Ledesma, en el marco del juicio que se les sigue a dos represores y tres ex funcionarios del hospital por delitos de lesa humanidad cometidos en la maternidad clandestina. A la obstetra Silvia Bonsignore de Petrillo le costó menos relatar aquello que probablemente no haya logrado sacarse más de la cabeza: “Atendí un parto de una de las mujeres del pabellón de Epidemiología. Llegué a la sala y estaba pariendo, tenía los ojos vendados”, se sacó rápido de encima. Las imágenes también lo persiguen al enfermero José Soria, quien aún ve “clarito” los números que una de las embarazadas secuestradas le dejó escritos con migas de pan en la mesa de luz de su camilla, y que él no alcanzó a descifrar: “Conmigo entraba la guardia militar, que vio antes los pedacitos de pan y los tiró a la basura”.

A diferencia de las dos primeras audiencias del juicio, la de ayer fue maratónica. Además de escuchar los cuatro relatos, el TOF otorgó el permiso de ausentarse en las audiencias a los represores Santiago Riveros y Reynaldo Bignone, los ex médicos militares Norberto Bianco y Eugenio Martín, y la partera Luisa Arroche de Sala García.
Cristina Ledesma se esforzó en hurgar en su memoria para responder cada una de las preguntas que las partes en juicio le formularon. En muchos casos, no obtuvo datos con los que responder y en otros bajó la mirada, como cuando la Fiscalía, a cargo de Martín Niklison, Nuria Piñol y Viviana Sánchez, la consultó acerca de si conocía a Arroche, y cuando le pidieron que contara qué sabía de los hijos de Bianco. “Fue obstétrica también, cómo no la voy a conocer si le entregaba las guardias los martes a la mañana”, respondió sobre el primer punto, aunque no pudo aclarar los años en los que ese encuentro sucedió: “Estuvo uno o dos años internada, estaba enferma de los pulmones”. Sobre el segundo punto, señaló: “Sí, Bianco tenía dos hijos, pero se decía que no eran de él”.
La ex partera, que se desempeñó en el hospital entre 1973 y 1987, reconoció haber atendido a por lo menos tres mujeres “detenidas”: relató que el “pabellón especial” donde estaban pudo haber sido el de infecciosos (el de Epidemiología), que no tenían nombre y que no respondían a ningún interrogatorio tomado “de buena manera”, aclaró, sin darse cuenta del espanto que provocaba. “No hablaban nada, no decían nada, mutismo total”, amplió. Las detenidas, que en realidad eran secuestradas clandestinas que llegaban al hospital de Campo de Mayo desde diferentes centros clandestinos, llegaron entre 1976 y 1979, recordó, y “siempre iban a una habitación privada, con baño privado, custodiada por un soldadito”. También corroboró que “no se registraba” a esas chicas “por orden de los militares, del doctor (jefe de Obstetricia, Julio) Caserotto”. No contaban las víctimas con historia clínica, ni sus partos eran anotados en el libro correspondiente. No obstante, la testigo reveló la existencia de “una hojita” en donde los médicos y las parteras anotaban los datos pertinentes, que luego ubicaban a los pies de la cama. “Se las trataba como NN”, dijo.
Tanto la Fiscalía como la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, e incluso la presidenta del tribunal, María del Carmen Roqueta, insistieron en saber si los médicos le habían comentado más sobre el origen, el estado o el destino de las embarazadas del pabellón especial y sus bebés: “A los civiles no nos contaban nada”, repitió la mujer. Le consultaron sobre si ella, frente a la incertidumbre, habló con compañeros de trabajo, pero la respuesta fue igualmente negativa. “En esa época a los civiles que necesitábamos trabajar nos aconsejaban ver, oír y callar”, dijo. La mujer nunca se acercó motu proprio a contar lo que había visto.

Ojos vendados

Hubo quienes sí se presentaron espontáneamente. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas recibió el testimonio del ginecólogo jubilado Carlos Raffinetti cuando los hechos aún eran recientes. De aquello, el ex médico recordó poco y nada. El testimonio de su colega de entonces Silvia Bonsignore de Petrillo fue bastante más rico, aunque lo ofreció a regañadientes.
“Declaré como 53 millones de veces, pero si querés te lo vuelvo a contar”, desafió la testigo ante los fiscales. Luego de que la presidenta del TOF le explicara la necesidad de su relato, soltó algunas prendas de valor. Aseguró que trabajó en el Hospital Militar hasta que se enteró “de lo que había pasado” y renunció. Se fue en 1982. ¿De que se enteró? “De que las mujeres habían desaparecido y a sus hijos se los habían robado.” –Cuente todo lo que sabe –le propusieron desde a Fiscalía.
–Una vez me llamaron para un parto. Entré en la sala, había una mujer que ya estaba pariendo y que tenía los ojos vendados. Se la llevaron internada al sector de Epidemiología, eso me dijeron. Y luego, cuando pregunté por ella, me dijeron que se había ido con su bebé. Caserotto y (la partera) Nélida Valaris atendieron el parto.
Pero no fue lo único que Bonsignore vio. Otra noche, en la que ella estaba de guardia pasiva –en su casa, aunque atenta a cualquier urgencia– la llamaron “porque había un sufrimiento fetal”. Se cambió y salió para el hospital: “Fui a buscar el caso al sector de Maternidad, pero no había nadie y me pareció raro. Fui a quirófano y me encontré en la puerta de la sala a Bianco, vestido de militar, y muchos soldados. Me dijo que era una paciente de la cárcel de encausados de Campo de Mayo. Operé y me fui, pero esa paciente no se quedó en el hospital”, contó. Según intentó precisar, ambos partos sucedieron en 1976. Respecto de la información que tuvo de esas mujeres, agregó poco más que Ledesma: “Los civiles éramos ciudadanos de segunda. La explicación que teníamos de esas mujeres era que eran presas a disposición del PEN en la cárcel de encausados, pero nunca porque nos lo dijeran los médicos militares, sino por versiones que circulaban de las parteras o los enfermeros”.
La ex ginecóloga apuntó que en terapia intensiva del hospital “había gente internada con heridas de bala producto de enfrentamientos” y que vio a un bebé y a un nene de aproximadamente dos años “en la Maternidad, se decía que los traían de los enfrentamientos”. Nunca supo a dónde fueron a parar. También aseguró que vio varias veces a Riveros “paseando por el hospital”.
De los cuatro testigos, el ex enfermero José Soria fue, quizá, quien más contacto tuvo con las víctimas del terrorismo de Estado en el Hospital Militar. Entre 1975 y principios de este siglo, Soria se desempeñó en el pabellón de Epidemiología, núcleo de los secretos a voces de los militares. “Les habían preparado unas habitaciones especiales en el pabellón. Allí llevaban a señoras que habían tenido familia por cesárea”, declaró Soria. Aseguró haber asistido a no menos de siete u ocho pacientes en esas habitaciones especiales.
Pero lo “especial” no era solo el lugar en que las confinaban: “Nunca tuve indicaciones escritas para tratarlas, nunca supe el nombre de las personas. Verbalmente, los médicos nos decían qué curaciones hacerles”, contó. Las órdenes, por lo general, las daba Caserotto, aunque “también venía el doctor Bianco a ver a las pacientes”. Las pacientes, como las llamó, estaban “con custodia militar” y tenían prohibido hablarles. No estaban internadas más de uno o dos días. Los registros, en el relato del enfermero, tampoco existieron. Soria no hablaba con nadie del tema, ni siquiera con su familia. “Estaba flotando la idea de que no había que hablar, no sé si por miedo, pero por respeto, no era adecuado”, dijo ante el tribunal.